{"id":103012,"date":"2026-07-02T17:55:35","date_gmt":"2026-07-02T17:55:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103012"},"modified":"2026-07-02T17:55:35","modified_gmt":"2026-07-02T17:55:35","slug":"stc16614-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16614-2019\/","title":{"rendered":"STC16614-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16614-2019
\nRadicaci\u00f3n N.\u00ba 11001-02-04-000-2019-01944-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de diciembre dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido el veintid\u00f3s de octubre de dos mil diecinueve por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela promovida por Julio Rojas Ortiz contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, actuaci\u00f3n a la cual se orden\u00f3 vincular a las autoridades judiciales, intervinientes y dem\u00e1s partes del proceso donde se origina la queja. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, toda vez que afirma que la autoridad convocada trasgredi\u00f3 tales garant\u00edas, pues en el tr\u00e1mite de la denuncia que instaur\u00f3 por el delito de fraude procesal contra Pedro Nel Ochoa y Hernando Lozano Mora, el 27 de julio de 2017, el Juzgado Penal del Circuito de El Espinal \u2013Tolima, decret\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n por prescripci\u00f3n. Determinaci\u00f3n frente a la cual interpuso los recursos de reposici\u00f3n y subsidiario de apelaci\u00f3n, al afirmar que no se hab\u00eda analizado lo relativo a la cancelaci\u00f3n de los registros obtenidos fraudulentamente a t\u00edtulo de restablecimiento del derecho; el primero fue denegado y el segundo no se concedi\u00f3 por indebida sustentaci\u00f3n. <\/p>\n

Ante lo ocurrido el tutelante interpuso acci\u00f3n de tutela, contra el despacho de instancia. La Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada; pero en sede de impugnaci\u00f3n la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 26 de octubre de 2017 revoc\u00f3 tal determinaci\u00f3n y orden\u00f3 al juzgado accionado que emitiera un auto adicional, a trav\u00e9s del cual deb\u00eda estudiar lo pertinente en relaci\u00f3n con el restablecimiento del derecho a la v\u00edctima y la eventual cancelaci\u00f3n de registros obtenidos fraudulentamente. <\/p>\n

El despacho accionado el 28 de noviembre de 2017, supuestamente emiti\u00f3 la decisi\u00f3n en la que obedeci\u00f3 lo dispuesto en el fallo de tutela, pero all\u00ed se determin\u00f3 que no hab\u00eda lugar a acceder a la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n No. 18 del certificado de Registro e Instrumentos P\u00fablicos No. 357-176 relacionado con el Registro de la Escritura 1193 del 13 de mayo de 1992. Atendiendo lo dispuesto en la mencionada decisi\u00f3n, el tutelante ha considerado que no hubo cumplimiento de lo ordenado en sede constitucional, ya que afirma que de haber sido as\u00ed, se habr\u00eda accedido a su solicitud, raz\u00f3n por la cual inici\u00f3 incidente de desacato, el 12 de julio del presente a\u00f1o, el que se orden\u00f3 archivar en auto del 29 de agosto pasado por la autoridad accionada, la que no revis\u00f3 su se\u00f1alamiento \u00abdel abuso del derecho perpetrado por el Sr. Juez, y si dedicarse a FUSTIGAR la sentencia STP17607-2017 con opiniones subjetivas, sali\u00e9ndose de los l\u00edmites y facultades del juez en el tr\u00e1mite incidental de desacato\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que el Tribunal accionado de forma err\u00f3nea considera que la labor del Juez Primero Penal del Circuito de El Espinal era solamente estudiar si los registros fraudulentos se pod\u00edan o no cancelar, circunstancia que carece de sentido, ya que al existir un fraude, era evidente que \u00e9stos se deb\u00edan cancelar. <\/p>\n

En consecuencia, pretende que se revoque el auto del 29 de agosto de 2019, para que en su lugar se d\u00e9 apertura al tr\u00e1mite incidental. [Folios 1 a 10, c. 1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Como quiera que el tutelante es acreedor de Pedro Nel Rojas Ochoa y pretend\u00eda reintegrar al patrimonio de \u00e9ste el inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria No. 357-176 para recaudar su acreencia, inici\u00f3 proceso ejecutivo en el Juzgado 3\u00b0 Civil Municipal de el Espinal -Tolima. <\/p>\n

Lo anterior porque mediante escritura 1193 del 13 de mayo de 1992, su deudor vendi\u00f3 a Hernando Lozano Mora el bien referido, pese a que se encontraba fuera del comercio con ocasi\u00f3n del embargo decretado en el proceso ejecutivo. Para materializar dicho negocio jur\u00eddico, fue falsificado el oficio 996 a trav\u00e9s del cual, supuestamente se hab\u00eda cancelado la medida cautelar y se inscribi\u00f3 en el folio 17 del respectivo certificado de libertad y tradici\u00f3n, posteriormente se registr\u00f3 la venta en el folio 18. <\/p>\n

2. Como quiera que se estableci\u00f3 la falsedad del oficio mencionado, se adelant\u00f3 proceso penal ante el Juzgado 2\u00b0 Penal del Circuito de Ibagu\u00e9, el que concluy\u00f3 el 15 de mayo de 1997 con sentencia condenatoria contra Pedro Nel Rojas Ochoa por los delitos de falsedad material en documento p\u00fablico y estafa. A su vez, se orden\u00f3 invalidar el registro por medio del cual se levant\u00f3 el embargo del inmueble. <\/p>\n

3. Por su parte, el tutelante formul\u00f3 denuncia contra Pedro Nel Ochoa y Hernando Lozano Mora por el delito de fraude procesal, tr\u00e1mite en el cual la Fiscal\u00eda 23 Seccional del Espinal solicit\u00f3 audiencia de preclusi\u00f3n por prescripci\u00f3n, pedimento que fue decretado el 27 de julio de 2017 por parte del Juzgado 1\u00b0 Penal del Circuito de Conocimiento del mismo municipio. <\/p>\n

4. El accionante interpuso reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, toda vez que en la decisi\u00f3n mencionada no se estudi\u00f3 el restablecimiento del derecho a favor de la v\u00edctima. La autoridad judicial decidi\u00f3 no reponer la determinaci\u00f3n y tampoco concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n por indebida sustentaci\u00f3n, en tanto no se atac\u00f3 el fondo de la determinaci\u00f3n adoptada. <\/p>\n

5. El actor acudi\u00f3 ante la jurisdicci\u00f3n constitucional por estimar quebrantados sus derechos fundamentales, al considerar que el juzgado deb\u00eda realizar oficiosamente la cancelaci\u00f3n de los registros obtenidos fraudulentamente, como restablecimiento de su derecho como v\u00edctima de la conducta punible, espec\u00edficamente la anulaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n 18 que contiene la escritura 1193, a trav\u00e9s de la cual se efectu\u00f3 la venta fraudulenta del inmueble con matricula inmobiliaria 357-172, pues tal omisi\u00f3n lo afecta como acreedor hipotecario al no poder embargar a su deudor, dado que la no cancelaci\u00f3n de los registros posteriores al n\u00famero 17 ha permitido que el bien contin\u00fae comercializ\u00e1ndose irregularmente. <\/p>\n

6. Surtido el tr\u00e1mite previsto en el ordenamiento jur\u00eddico para la acci\u00f3n de tutela en primera instancia, el 11 de septiembre de 2017 la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, deneg\u00f3 el amparo invocado al considerar que no se cumpl\u00eda con el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n

7. Inconforme con lo resuelto el tutelante interpuso impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

8. El 26 de octubre de 2017 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de instancia y en su lugar concedi\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, ordenando al Juzgado Primero Penal del Circuito del Espinal -Tolima que dentro de los 10 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, emitiera auto adicional, a trav\u00e9s del cual deb\u00eda estudiar lo pertinente en relaci\u00f3n con el restablecimiento del derecho a la v\u00edctima y la eventual cancelaci\u00f3n de registros obtenidos fraudulentamente teniendo en cuenta las consideraciones aqu\u00ed contenidas. <\/p>\n

9. El Juzgado Primero Penal del Circuito de el Espinal \u2013Tolima en decisi\u00f3n del 28 de noviembre de 2017 adicion\u00f3 la decisi\u00f3n de 27 de julio de 2017, mediante la cual se decret\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n a favor de Pedro Nel Ochoa y otro, por la presunta conducta punible de fraude procesal, en el sentido de negar la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n 18 de la matr\u00edcula inmobiliaria 357-176 relacionada con el registro de la escritura p\u00fablica No. 1193 de 13 de mayo de 1992. <\/p>\n

A la anterior decisi\u00f3n arrib\u00f3, luego de concluir que no pod\u00eda invalidad una escritura sobre un negocio jur\u00eddico que se dio desde el a\u00f1o 1992, en el cual se encuentra de por medio un tercero de buena fe, como lo es Hernando Lozano Mora, \u00abquien seg\u00fan se desprende de la sentencia penal del Juzgado 2\u00ba Penal del Circuito, fue v\u00edctima de los hechos denunciados, y quien logr\u00f3 finiquitar el negocio de la compraventa del inmueble negociando, con los acreedores del se\u00f1or PEDRO NEL ROJAS, v\u00edctimas tambi\u00e9n en ese proceso y con ello finalmente entrar en plena posesi\u00f3n del mismo, cuando se declara ahora como v\u00edctima no tuvo ninguna injerencia en los hechos de ese entonces y menor puede pedir haya un pronunciamientos adicional frente a una presunta omisi\u00f3n de una sentencia en donde no tuvo ninguna participaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

10. Inconforme con lo resuelto el quejoso interpuso los recursos de reposici\u00f3n y subsidiario de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

11. El 19 de enero de enero de 2018 el juzgado de instancia confirm\u00f3 su determinaci\u00f3n. <\/p>\n

12. El 20 de abril de 2018 la Sala Penal del Tribunal de Ibagu\u00e9 resolvi\u00f3 de forma adversa a los intereses del quejoso el recurso de apelaci\u00f3n, al concluir que de anular la anotaci\u00f3n No. 18 del folio de matr\u00edcula No. 357-176, se presentar\u00edan muchos problemas, m\u00e1xime si se observa la anotaci\u00f3n 36, donde se registra la escritura 3258 del 14 de julio de 2012 de la Notar\u00eda 73 de Bogot\u00e1, \u00abacto jur\u00eddico donde JORGE HUMBERTO TRONCOSO \u00c1LVAREZ y su esposa, cancelan la hipoteca que les confiri\u00f3 Pedro Nel Rojas Ochoa, muy seguramente a petici\u00f3n de parte, del se\u00f1or Hernando Lozano Mora, para sanear a sus compradores referidos en la anotaci\u00f3n No. 30. En efecto, se podr\u00eda pensar, que el se\u00f1or JORGE HUMBERTO TRONCOSO y se\u00f1ora no pod\u00edan cancelar la garant\u00eda hipotecaria, m\u00e1xime cuando hab\u00edan cedido sus derechos litigiosos en favor de HERNANDO LOZANO MORA en el juzgado de conocimiento del ejecutivo hipotecario. Sin embargo, por sustracci\u00f3n de materia se entiende que esta actuaci\u00f3n est\u00e1 orientada por la principal v\u00edctima de la estafa, se\u00f1or HERNANDO LOZANO MORA, quien ya se advirti\u00f3, pag\u00f3 el inmueble \u2026 vendido y negoci\u00f3 y sane\u00f3 a los acreedores hipotecarios HUMBERTO TRONCOSO y se\u00f1ora\u00bb. <\/p>\n

13. En cuanto a los tr\u00e1mites incidentales promovidos por el tutelante, solicit\u00f3 que se diera apertura al incidente de desacato, contra el Juzgado Primero Penal del Circuito de El Espinal -Tolima, el 25 de enero de 2018, la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 se abstuvo de iniciar el tr\u00e1mite incidental solicitado por el tutelante contra el juzgado, por cuanto la autoridad judicial mediante prove\u00eddo del pasado 28 de noviembre, dio cumplimiento al citado fallo de tutela, en el entendido que neg\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n 18 consignada del folio de matr\u00edcula inmobiliaria 357-176, relacionada con el registro de la escritura p\u00fablica 1193 del 13 de mayo de 1992. <\/p>\n

14. A trav\u00e9s de interlocutorios proferidos el 22 de febrero y 3 de julio, ambos de 2018, la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 tambi\u00e9n se abstuvo de dar tr\u00e1mite al incidente de desacato propuesto por el tutelante, porque \u00abla decisi\u00f3n adoptada en segunda instancia al interior de la acci\u00f3n constitucional, no implica que el juzgado demandado deba emitir un pronunciamiento favorable a sus puntuales pretensiones\u00bb. <\/p>\n

15. Mediante autos de sustanciaci\u00f3n expedidos el 6 y 10 de julio de 2018, el se\u00f1alado cuerpo colegiado, con ocasi\u00f3n de las insistencias exteriorizadas por el tutelante, dispuso estarse a lo resuelto en las determinaciones anteriores, adoptadas en el tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n

16. Inconforme con las providencias dictadas por la mencionada Colegiatura, el tutelante instaur\u00f3 una segunda demanda de amparo, pues, en su criterio, constituyen v\u00edas de hecho, porque el Juzgado Primero Penal del Circuito de El Espinal \u2013Tolima, ha desacatado el mandato judicial contenido en el referido fallo de tutela, por cuanto dej\u00f3 de valorar las consideraciones de esta \u00faltima decisi\u00f3n. <\/p>\n

17. Surtido el tr\u00e1mite correspondiente para la acci\u00f3n de tutela el 18 de septiembre de 2018 la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n, deneg\u00f3 el amparo tras concluir que las decisiones por medio de las cuales se orden\u00f3 archivar el incidente de desacato no luc\u00edan arbitrarias o antojadizas. <\/p>\n

18. El 12 de julio de 2019 el tutelante, invoc\u00f3 de nuevo al Tribunal de Ibagu\u00e9 la apertura de incidente de desacato contra el Juzgado 1\u00b0 Penal del Circuito de El Espinal -Tolima, a trav\u00e9s de auto del pasado 29 de agosto esa autoridad orden\u00f3 el archivo de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 15 de octubre de 2019 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folios 66 y 67, c. 1] <\/p>\n

2. De manera oportuna la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 manifest\u00f3 que no es la primera vez que el tutelante solicita el inicio del incidente de desacato, \u00abv\u00e9ase que en prove\u00eddos del 25 de enero y 22 de febrero de 2018, acudi\u00f3 a id\u00e9ntico procedimiento y en ambos casos esta Corporaci\u00f3n se abstuvo de sancionar al funcionario incidentado con base en similares razones de hecho y de derecho, decisiones contra las cuales impetr\u00f3 el mismo mecanismo constitucional ahora activado, el cual le fue resuelto desfavorablemente por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en decisi\u00f3n No. STP-5904 del 07 de mayo de esa misma anualidad, radicaci\u00f3n No. 98,167\u00bb. [Folios 74 y 75, c. 1] <\/p>\n

La Fiscal\u00eda 23 Seccional de Espinal \u2013Tolima se\u00f1al\u00f3 que de su parte no ha vulnerado los derechos del tutelante, pues las decisiones que motivan su censura no han sido dictadas por tal autoridad. [Folios 77 a 79 c.1]. <\/p>\n

3. En sentencia de 22 de octubre de 2019, el fallador de instancia deneg\u00f3 el amparo, tras determinar que la decisi\u00f3n por medio de la cual la autoridad convocada se abstuvo de iniciar el incidente de desacato no era irregular. Resalt\u00f3 que, el error del tutelante se encuentra en pensar en que la orden dictada al juzgado, consist\u00eda en acceder a la petici\u00f3n de suspensi\u00f3n de los registros obtenidos fraudulentamente, pues en la decisi\u00f3n de tutela del 26 de octubre de 2017, solamente se dispuso estudiar tal pedimento. [Folios 90 a 94 c.1]. <\/p>\n

4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la queja la impugn\u00f3. En procura de sustentar su inconformidad se\u00f1al\u00f3 que la sentencia de primera instancia resulta incongruente, porque no se ajusta a los hechos y antecedentes que motivaron el amparo. [Folios 110 a 114 c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

2. Por su parte, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, el que se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto.
\n3. En este orden, en el caso puesto a consideraci\u00f3n, es preciso aclarar que si bien el quejosa ha interpuesto con esta, tres (3) acciones constitucionales contra la autoridad ac\u00e1 convocada, lo cierto es que cada una ha sido ejercida para cuestionar diferentes decisiones.
\nEn la primera, se censur\u00f3 la decisi\u00f3n del 27 de julio de 2017 dictada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de El Espinal \u2013Tolima, ya que si bien se dispuso la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n por prescripci\u00f3n, lo cierto es que no hubo pronunciamiento sobre los registros fraudulentos, amparo que fue concedido el 26 de octubre de 2017 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, por lo que tal autoridad revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de instancia y en su lugar concedi\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, ordenando al Despacho de conocimiento pronunciarse en relaci\u00f3n con este punto.
\nEn la segunda, se debati\u00f3 los autos del 25 de enero, 22 de febrero y 3 de julio de 2018, a trav\u00e9s de los cuales el Tribunal accionado, se abstuvo de iniciar el tr\u00e1mite incidental solicitado por el tutelante contra el juzgado, al considerar b\u00e1sicamente que la autoridad judicial mediante prove\u00eddo del pasado 28 de noviembre, dio cumplimiento al citado fallo de tutela, en el entendido que neg\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n 18 consignada del folio de matr\u00edcula inmobiliaria 357-176, relacionada con el registro de la escritura p\u00fablica 1193 del 13 de mayo de 1992, amparo que fue denegado el 18 de septiembre de 2018 por la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n, tras concluir que esos prove\u00eddos no luc\u00edan arbitrarias o antojadizas. <\/p>\n

En la tercera, es decir, en el amparo que ac\u00e1 se promueve, se debate la providencia del pasado 29 de agosto, dictada por el Tribunal de Ibagu\u00e9, que deneg\u00f3 la apertura de incidente de desacato contra el Juzgado 1\u00b0 Penal del Circuito de El Espinal \u2013Tolima y orden\u00f3 el archivo de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n

2. Una vez aclarado el anterior punto, se debe precisar como ha sostenido la jurisprudencia, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

3. De igual modo, ha reiterado esta Sala la impertinencia del amparo constitucional para atacar decisiones proferidas dentro de un incidente de desacato, toda vez que en esos tr\u00e1mites \u00abno se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional\u00bb (CSJ SC, 29 Nov. 2006, Rad. 2001-01927). <\/p>\n

Sin embargo, tambi\u00e9n se ha establecido, que de manera excepcional es procedente este mecanismo, cuando en la tramitaci\u00f3n se ha desconocido flagrantemente la garant\u00eda constitucional al debido proceso de los intervinientes. Seg\u00fan se ha dicho, \u00ab[…] en el evento en que durante el curso del incidente se advierta desconocimiento del derecho al debido proceso y como consecuencia de ello se constituya una v\u00eda de hecho, es perfectamente admisible que quien considere vulnerado su derecho acuda a la acci\u00f3n de tutela en procura de obtener protecci\u00f3n constitucional. Ser\u00e1 el juez de tutela, entonces, el que entre a valorar si en el caso concreto se configuran los presupuestos para la procedencia de la acci\u00f3n contra providencias judiciales y si se configura o no una v\u00eda de hecho. (…)\u00bb (CSJ SC, 8 Feb. 2008, Rad. 2001-00344; 3 Mar. 2010, Rad. 2010-00082; 4 Jul. 2012, Rad. 2012-01297). <\/p>\n

Se ha puntualizado, entonces, que \u00absi hoy es pac\u00edfico que contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato)\u00bb.1 <\/p>\n

No obstante, tambi\u00e9n se estableci\u00f3 que, de manera excepcional, es procedente este mecanismo, si se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda constitucional al debido proceso de los intervinientes. <\/p>\n

4. En el caso sub judice, a partir del examen de la providencia dictada el 29 de agosto de 2019 por el Tribunal convocado en la que se orden\u00f3 archivar el incidente de desacato promovido por el tutelante, se advierte que debe concederse la protecci\u00f3n reclamada, toda vez que la citada autoridad realmente transgredi\u00f3 los derechos fundamentales al debido proceso y defensa del querellante, tal y como pasa a verse. <\/p>\n

En efecto, el funcionario judicial en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela \u00abest\u00e1 obligado a velar por el respeto del debido proceso de las partes y los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo, en los t\u00e9rminos m\u00e1s eficientes posibles, raz\u00f3n por la cual tiene que sujetarse a la forma como el legislador ha indicado se resuelvan las peticiones dentro del mismo y de no existir norma para ello, en todo caso, para salvaguardar los principios esenciales se deben aplicar, en lo pertinente, las reglas establecidas en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb. (Corte Constitucional, Auto 229\/03.) <\/p>\n

De tal manera, el desacato a la orden proferida por el Juez constitucional est\u00e1 consagrado en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, siendo su objeto la protecci\u00f3n efectiva del derecho fundamental vulnerado o amenazado a trav\u00e9s de la sanci\u00f3n. La misma norma prev\u00e9 que tal situaci\u00f3n ha de surtirse mediante tr\u00e1mite incidental, lo que implica tener que acudir a las normas del C\u00f3digo General del Proceso que regulan los incidentes. <\/p>\n

A su vez, el art\u00edculo 129 de la ley adjetiva a la que se ha hecho referencia, se\u00f1ala que: <\/p>\n

[\u2026] Quien promueva un incidente deber\u00e1 expresar lo que pide, los hechos en que se funda y las pruebas que pretenda hacer valer. <\/p>\n

Las partes solo podr\u00e1n promover incidentes en audiencia, salvo cuando se haya proferido sentencia. Del incidente promovido por una parte se correr\u00e1 traslado a la otra para que se pronuncie y en seguida se decretar\u00e1n y practicar\u00e1n las pruebas necesarias. <\/p>\n

En los casos en que el incidente puede promoverse fuera de audiencia, del escrito se correr\u00e1 traslado por tres (3) d\u00edas, vencidos los cuales el juez convocar\u00e1 a audiencia mediante auto en el que decretar\u00e1 las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio considere pertinentes. <\/p>\n

Cuando el incidente no guarde relaci\u00f3n con el objeto de la audiencia en que se promueva, se tramitar\u00e1 por fuera de ella en la forma se\u00f1alada en el inciso tercero. <\/p>\n

5. Bajo las anteriores premisas resulta indubitable que no le era dado a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, el 29 de agosto de 2019 ordenar el archivo del incidente sin agotar todas sus etapas y desconocer as\u00ed el procedimiento que viene de anotarse, toda vez que es su obligaci\u00f3n darle el tr\u00e1mite respectivo, m\u00e1s a\u00fan cuando es precisamente dentro de dicho rito que deber\u00e1 verificarse el cumplimiento de la orden de tutela que el tr\u00e1mite del desacato se hab\u00eda surtido indebidamente. <\/p>\n

En un caso similar, en pret\u00e9rita oportunidad la Corte estableci\u00f3: <\/p>\n

As\u00ed las cosas, es evidente que el funcionario judicial accionado incurri\u00f3 en defecto procedimental y por ende en la vulneraci\u00f3n del debido proceso que se le imputa, porque ninguna norma lo autoriza para decidir de plano como lo hizo, como que el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, es di\u00e1fano al se\u00f1alar que el presunto incumplimiento de una orden proferida con base en dicho Decreto debe ser esclarecido mediante tr\u00e1mite incidental, sin que de ninguna manera pueda ser de recibo el argumento presentado como justificativo de su conducta, conforme al cual "se juzg\u00f3 este procedimiento a fin de evitar tr\u00e1mites que congestionar\u00edan innecesariamente la administraci\u00f3n de justicia", porque las normas de procedimiento son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley.\u00bb Art. 6\u00ba. del C. de P.C. (CSJ Civil, Fallo de tutela del 27 de marzo de 2000, exp. No.T-8611, reiterado en STC 594-2014 y STC 2229-2014) <\/p>\n

6. Inclusive, acorde con lo expuesto, resultaba necesario, antes de la emisi\u00f3n de aquella providencia, que el Tribunal convocado, luego de realizar el respectivo requerimiento de que trata el art\u00edculo 27 del decreto 2591 de 1991 y de que se venciera el t\u00e9rmino otorgado en tal decisi\u00f3n, debi\u00f3 proceder a la apertura del tr\u00e1mite incidental, agotar la etapa probatoria y, una vez finalizada aqu\u00e9lla, emitir decisi\u00f3n definitiva a trav\u00e9s de la cual estableciera si el material probatorio debidamente aportado a la actuaci\u00f3n y, cuya contradicci\u00f3n hubiese sido permitida, daba lugar a concluir el cumplimiento o no de la orden constitucional. <\/p>\n

Empero, en lugar de agotar las etapas citadas, las cuales debe respetarse en garant\u00eda del debido proceso, prefiri\u00f3 abstenerse de requerir a la autoridad convocada y de dar apertura a tr\u00e1mite incidental y, en cambio, decidi\u00f3 archivar las diligencias. <\/p>\n

7. Lo anterior deja en evidencia la irregularidad en el tr\u00e1mite del incidente, constitutiva de violaci\u00f3n al debido proceso del accionante, por lo que se impone la necesidad de revocar el fallo de instancia y en su lugar conceder el amparo reclamado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA el fallo de fecha y procedencia anotadas, y en su lugar dispone: <\/p>\n

PRIMERO: CONCEDER el amparo del derecho al debido proceso y defensa de Julio Rojas Ortiz. <\/p>\n

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO el auto emitido el pasado 25 de agosto de 2019 por la Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, dentro del tr\u00e1mite incidental que se surti\u00f3 en la acci\u00f3n de tutela identificada con el radicado 73001-22-04-000-2017-000605-00, y todas las actuaciones que con posterioridad a dicho prove\u00eddo se surtieron. <\/p>\n

TERCERO. ORDENAR a la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, que dentro del t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuarenta y ocho (48) horas, reanude la actuaci\u00f3n y someta la petici\u00f3n de desacato que el actor formul\u00f3, al tr\u00e1mite incidental correspondiente, de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 y las normas del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

CUARTO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito. En oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tFallo de 21 de febrero de 2003, exp. 00382.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC16614-2019 Radicaci\u00f3n N.\u00ba 11001-02-04-000-2019-01944-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de diciembre dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido el veintid\u00f3s de octubre de dos mil diecinueve por la Sala de Casaci\u00f3n Penal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103012","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103012","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103012"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103012\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103012"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103012"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103012"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}