{"id":103016,"date":"2026-07-02T17:56:06","date_gmt":"2026-07-02T17:56:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103016"},"modified":"2026-07-02T17:56:06","modified_gmt":"2026-07-02T17:56:06","slug":"stc16618-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16618-2019\/","title":{"rendered":"STC16618-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16618-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2019-00284-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., seis (06) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el treinta de octubre de dos mil diecinueve por la Sala Civil del Tribunal Superior de Santiago de Cali, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Albania Hern\u00e1ndez de L\u00f3pez, Ana Mar\u00eda, Alejandra y Claudia Ang\u00e9lica L\u00f3pez Hern\u00e1ndez contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de esa ciudad; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a todas las partes e intervinientes al interior del proceso cuestionado. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

Las accionantes, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia que consideran vulnerados por la autoridad accionada por cuanto despach\u00f3 desfavorablemente la solicitud de nulidad del proceso ejecutivo adelantado en su contra por indebida notificaci\u00f3n de la demanda sin tener en cuenta que la parte activa a pesar de conocer su lugar de ubicaci\u00f3n inform\u00f3 una direcci\u00f3n distinta lo que denota su mala fe y tampoco se tuvo en cuenta las pruebas aportadas que demostraban que la obligaci\u00f3n ya hab\u00eda sido cancelada antes de iniciarse la actuaci\u00f3n. <\/p>\n

En consecuencia, solicitan se ordene \u00abla terminaci\u00f3n del proceso por pago de la obligaci\u00f3n o, en su defecto, declarar la nulidad del proceso para que puedan hacer valer sus derechos\u00bb. [Folio 6, c.1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Las accionantes formularon proceso reivindicatorio contra Esperanza Gonz\u00e1lez S\u00e1nchez para que se declare que les pertenece el dominio pleno y absoluto del inmueble ubicado en la carrera 1 E No. 69-11 de la Urbanizaci\u00f3n la Ribera II Etapa, lote 24, manzana 9 de la ciudad de Cali e identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 370-51809 y en consecuencia se ordene su restituci\u00f3n con el reconocimiento de los frutos naturales y civiles percibidos durante el tiempo de la ocupaci\u00f3n por ser la parte demandada un poseedor de mala fe. <\/p>\n

2. Como soporte de sus pretensiones se\u00f1alaron que adquirieron el inmueble mediante adjudicaci\u00f3n en el tramite sucesoral del causante Lu\u00eds Alberto L\u00f3pez Rebollero, efectuado mediante escritura p\u00fablica No. 1256 del 26 de diciembre de 2007, otorgada en la Notar\u00eda 22 de Circulo de Cali. <\/p>\n

2.1. Que la accionante Claudia Ang\u00e9lica Lopez Hern\u00e1ndez present\u00f3 denuncia penal por los delitos de falsedad en documento privado y p\u00fablico por encontrar en el folio de matr\u00edcula inmobiliario respectivo una serie de actos que exig\u00edan la comparecencia de su padre Luis Alberto L\u00f3pez Rebollero, quien para ese momento ya hab\u00eda fallecido. <\/p>\n

2.3. Que pese a la decisi\u00f3n adoptada en el asunto penal la parte demandada persona que figuraba en el certificado de tradici\u00f3n referido como adquiriente mediante compraventa y cuyo registro fuera cancelado, no ha restituido el bien, por tanto se encuentran privadas de la posesi\u00f3n sobre el mismo. <\/p>\n

3. La demanda le correspondi\u00f3 al Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali, autoridad que el 2 de febrero de 2010 la admiti\u00f3. <\/p>\n

4. Enterada la parte pasiva se opuso a las pretensiones y formul\u00f3 \u00fanica excepci\u00f3n que denomin\u00f3 \u00abbuena fe exenta de culpa o buena fe creadora de derechos\u00bb. <\/p>\n

5. Agotadas las etapas pertinentes el 18 de diciembre de 2013 se emiti\u00f3 sentencia en la que se declar\u00f3 que pertenece el dominio pleno y absoluto el inmueble objeto de controversia a las tutelantes y por consiguiente se dispuso la restituci\u00f3n del bien a su favor. <\/p>\n

De igual modo se conden\u00f3 a la parte demandada a cancelar a favor de las accionantes dentro de los seis d\u00edas siguientes a la ejecutoria del fallo, los frutos naturales y civiles percibidos desde la notificaci\u00f3n de la demanda, los cuales se establecieron en la suma de $24.504.287 as\u00ed como aquellos que se causen en caso de no efectuarse la entrega oportuna del bien y reconocer a favor del extremo pasivo las mejoras \u00fatiles hechas al predio por la cantidad de $40.000.000 y conden\u00f3 en costas por $4.00.000. [Folios 11-19, c.1] <\/p>\n

6. El 20 de febrero de 2015 las actoras informaron que el inmueble les fue entregado el 27 de enero de ese a\u00f1o y para dar cumplimiento a la sentencia procedieron a consignar la cantidad de $5.811.592 que es el saldo del cruce de cuentas que queda a favor de la parte demandada toda vez que \u00abdeb\u00eda cancelar a su favor $34.189.835 discriminado as\u00ed: a) $24.504.287 por frutos a enero de 2014; b) $5.685.548 por frutos desde enero de 2014 a enero 27 de 2015 y c) $4.000.000 por agencias en derecho y ellas deb\u00edan cancelarle al extremo pasivo $40.000.000 por mejoras\u00bb. [Folios 20, c.1] <\/p>\n

7. Luego el 2 de octubre de ese a\u00f1o Esperanza Gonz\u00e1lez S\u00e1nchez parte pasiva en el proceso reivindicatorio formul\u00f3 ante el mismo juzgado demanda ejecutiva contra las actoras para que se libre mandamiento de pago a su favor por la suma de $15.495.713 junto con los respectivos intereses, para cuyo efecto indic\u00f3 como direcci\u00f3n de las demandadas para notificaci\u00f3n la \u00abCarrera 1E No. 69-11 de Cali\u00bb. [Folios 23-24,c.1] <\/p>\n

8. Como fundamento de sus pretensiones se\u00f1al\u00f3 que el 18 de diciembre de 2013 se emiti\u00f3 sentencia a favor de la parte demandada en la que se orden\u00f3 la restituci\u00f3n del bien y se le conden\u00f3 a pagar $24.504.287 por concepto de frutos naturales y civiles. <\/p>\n

8.1. Que en la misma sentencia se conden\u00f3 a las tutelantes a pagar a su favor $40.000.000 por concepto de mejoras, determinaci\u00f3n que no fue objetada por las partes y en consecuencia se encuentra en firme. <\/p>\n

8.2 Que al existir condena a favor de ambas partes, por medio de este proceso persigue el pago de los valores que le corresponde una vez descontados los que le incumben a la contraparte, esto es, la suma de $15.495.713, cantidad resultante al restar $24.504.287 a los $40.000.000. <\/p>\n

8.3. Que el citado monto no ha sido cancelado, por tanto las deudoras se encuentran en mora junto con los intereses desde el 22 de febrero de 2014. <\/p>\n

9. El 4 de diciembre de 2015 se libr\u00f3 mandamiento ejecutivo por la suma de $15.495.713 \u00abordenado dentro de la sentencia de fecha 18 de diciembre de 2013\u00bb y \u00abneg\u00f3 los intereses corrientes solicitados por cuanto se trata de una obligaci\u00f3n civil y no comercial. En su lugar, se ordenaron los intereses legales del 6% anual, liquidados desde el 21 de marzo de 2014 hasta la fecha que se produzca el pago total del mismo\u00bb. [Folio 25, c.1] <\/p>\n

10. El 12 de julio de 2016 la parte demandante alleg\u00f3 las notificaciones realizadas a las actoras por medio de la empresa de correspondencia Servientrega donde se manifest\u00f3 \u00abEN ESTA DIRECCI\u00d3N NO CONOCEN AL DESTINATARIO Y NO DAN M\u00c1S INFORMACI\u00d3N\u00bb por lo que solicit\u00f3 realizar su emplazamiento \u00abpues este inmueble es de propiedad de la demandadas y desconozco otra direcci\u00f3n para efectuar las notificaciones\u00bb. [Folio 57, c.1, rev\u00e9s] <\/p>\n

11. El 26 de julio de este a\u00f1o se orden\u00f3 el emplazamiento de las tutelantes y para tal efecto se dispuso publicar por una sola vez en un diario de amplia circulaci\u00f3n nacional o en su defecto radiodifusora. <\/p>\n

12. El despacho procedi\u00f3 a nombrar curador de la lista de auxiliares de la justicia, quien manifest\u00f3 no oponerse a las pretensiones siempre y cuando sean probadas. <\/p>\n

14. El asunto fue remitido a los juzgados de ejecuci\u00f3n de sentencias, correspondiendo por reparto al Primero de esa especialidad, despacho que avoc\u00f3 el conocimiento el 3 de agosto de 2017. <\/p>\n

15. El 1\u00ba de marzo de 2019 las tutelantes solicitaron declarar la nulidad de la actuaci\u00f3n por indebida notificaci\u00f3n de la demanda y del mandamiento de pago, toda vez que \u00abque la parte ejecutante fue parte demandada dentro del proceso reivindicatorio que ellas iniciaron en su contra y dentro de dicha demanda establecieron una direcci\u00f3n para notificaciones (cra. 9 No. 3-49, Cali), la cual soslay\u00f3 la parte demandante, porque a pesar de conocer dicha direcci\u00f3n procedi\u00f3 a notificar a las demandadas en una direcci\u00f3n donde no viven por lo que no deb\u00eda emplaz\u00e1rseles cuando la parte demandante conoc\u00eda una direcci\u00f3n donde pod\u00eda notificarlas, siendo una carga de la parte demandante agotar las notificaci\u00f3n en la direcci\u00f3n conocida\u00bb <\/p>\n

16. El 26 de junio de este a\u00f1o el despacho neg\u00f3 la nulidad tras considerar que no existe ninguna prueba que corrobore que la parte ejecutante conoc\u00eda la direcci\u00f3n referenciada y que de mala fe omiti\u00f3 ponerla en conocimiento del juez de instancia. Determinaci\u00f3n frente a la que se guard\u00f3 silencio. [Folios 81-84, c.1] <\/p>\n

17. El 8 de agosto siguiente se fij\u00f3 fecha para adelantar diligencia de remate. [Folios 84-85, c.1] <\/p>\n

18. Inconformes las actoras interpusieron recurso de reposici\u00f3n para cuyo efecto indicaron que no se puede realizar el remate del bien toda vez que efectuaron el pago total de la obligaci\u00f3n lo que hace \u00abevidente la mala fe de la se\u00f1ora Esperanza Gonzalez, pues adem\u00e1s de que el juzgado le pag\u00f3 un t\u00edtulo por $5.811.592 consignado a su favor por ellas ahora pretende el pago de $15.495.713 que es la diferencia entre los $40.000.000 que seg\u00fan la sentencia deb\u00edan cancelarle y $24.504.287 por frutos a enero de 2014, pero desconoce que ella fue condenada tambi\u00e9n en esa sentencia a pagar los frutos hasta la entrega del inmueble que suman $5.685.548 y las costas procesales que fueron $4.000.000, por tanto es claro entonces, que la parte actora, al no existir obligaci\u00f3n que cobrar, no estar\u00eda legitimada para incoar acci\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n

19. Del recurso se dispuso correr traslado a la parte demandante quien solicit\u00f3 denegarlo por cuanto \u00absi las supuestas consignaciones fueran ciertas, las mismas se han debido reflejar en el mandamiento de pago, lo cual no aconteci\u00f3\u00bb. <\/p>\n

20. El 20 de septiembre se mantuvo la decisi\u00f3n tras considerarse que no se advierte irregularidad alguna por cuanto \u00abde la revisi\u00f3n del plenario se extrae que una vez interpuesta la demanda, la juez de instancia procedi\u00f3 a librar mandamiento de pago en contra de las ejecutadas y se procedi\u00f3 a ejecutar la notificaci\u00f3n de las mismas conforme la legislaci\u00f3n vigente, por tanto se termin\u00f3 ordenando seguir adelante la ejecuci\u00f3n en contra de las demandas, extray\u00e9ndose di\u00e1fanamente que el proceso al interior del plenario se desat\u00f3 conforme los postulados legales vigentes, situaci\u00f3n que no admite duda y que las partes guardaron silencio en la oportunidad otorgada por el legislador para defender sus derechos\u00bb. [Folios 89-90, c.1] <\/p>\n

21. En criterio de las gestoras del amparo se vulneraron sus derechos al interior del proceso rese\u00f1ado toda vez que el accionado incurri\u00f3 en indebida valoraci\u00f3n probatoria con la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la nulidad deprecada pues no tuvo en cuenta sus argumentos en los que demostr\u00f3 la mala fe con la que ha actuado la parte demandante para adelantar un proceso a sus espaldas donde no tuvieron la oportunidad de ser o\u00eddas y hacer valer que la obligaci\u00f3n ya hab\u00eda sido cancelada, por tanto no hab\u00eda raz\u00f3n para adelantar un proceso ejecutivo en su contra. [Folios 1-7, c.1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 17 de octubre de 2019 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 enterar a la autoridad judicial accionada y vinculados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folios 31-32, c. 1] <\/p>\n

2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali se opuso a la prosperidad del amparo para cuyo efecto se\u00f1al\u00f3 que no se ha lesionado derecho fundamental alguno toda vez que sus actuaciones se han ce\u00f1ido al tr\u00e1mite que impone la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la Ley aunado a que las accionantes contra la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la solicitud de nulidad guardaron silencio. [Folios 53-54, c.1] <\/p>\n

El Juzgado Doce Civil del Circuito de esa ciudad inform\u00f3 que conoci\u00f3 del proceso ejecutivo seguido contra las quejosas y una vez adelantado el tr\u00e1mite de rigor, orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente a los juzgados de ejecuci\u00f3n de sentencias, por tanto perdi\u00f3 la competencia del asunto a partir de julio de 2017. [Folios 111-112, c.1] <\/p>\n

3. En sentencia de 30 de octubre de 2019, el Tribunal Superior de Cali deneg\u00f3 el amparo al se\u00f1alar que se echa de menos el requisito de subsidiaridad como quiera que las accionantes desde\u00f1aron sin justificaci\u00f3n alguna el recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la solicitud de nulidad aunado a que no se observa vulneraci\u00f3n al debido proceso en el asunto cuestionado, pues las actoras no formularon excepci\u00f3n alguna en la que hayan alegado una eventual compensaci\u00f3n, no siendo esta v\u00eda para tal fin. [Folios 119-126, c.1] <\/p>\n

4. Inconformes con el fallo, las accionantes lo impugnaron con los mismos argumentos de su escrito inicial y expresaron que lo que se aleg\u00f3 en el escrito de nulidad \u00abgoza de toda la veracidad\u00bb y si bien no apelaron la decisi\u00f3n que les result\u00f3 adversa el juez constitucional no puede desconocer que al interior del proceso cuestionado se les ha vulnerado el derecho a la defensa. [Folios 143-149, c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n

En efecto, las tutelantes contaron con la oportunidad de censurar la citada providencia por medio del recurso de apelaci\u00f3n, consagrado en el art\u00edculo 320 del ordenamiento adjetivo, a cuyo tenor se indica: \u00abEl recurso de apelaci\u00f3n tiene por objeto que el superior examine la cuesti\u00f3n decidida, \u00fanicamente en relaci\u00f3n con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisi\u00f3n.\u00bb <\/p>\n

Sin embargo, las reclamantes no interpusieron el se\u00f1alado medio de impugnaci\u00f3n, con lo que dejaron de utilizar un mecanismo defensivo que pod\u00edan ejercer al interior del juicio mencionado, id\u00f3neo por su naturaleza, para esgrimir la argumentaci\u00f3n en la cual edifican su inconformidad. <\/p>\n

3. Resulta, entonces, ostensible, que si las peticionarias de la protecci\u00f3n no agotaron los medios defensivos de que dispon\u00edan, por medio de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio residual llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes los ordenamientos, les ha asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

En casos similares al presente, la Sala ha destacado que: <\/p>\n

(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb. (CSJ, STC, 26 de ene. 2011, Rad. 00027-000). <\/p>\n

4. De otra parte, respecto a las manifestaciones efectuadas por las actoras en el sentido que \u00aba\u00fan desde antes de iniciarse el proceso, ya la obligaci\u00f3n a cargo estaba cancelada, por tanto no hab\u00eda raz\u00f3n para adelantar un proceso ejecutivo en su contra\u00bb, se observa frente a este punto, que las tutelantes cuentan con otro medio de defensa id\u00f3neo para el pleno ejercicio de las garant\u00edas que estiman conculcadas, pues pueden solicitar antes de la audiencia de remate la terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n para cuyo efecto deber\u00e1n aportar las pruebas necesarias que as\u00ed lo acredite, para que el juez de conocimiento se pronuncie al respecto. <\/p>\n

Resulta, entonces, ostensible, que si las reclamantes no han hecho uso de todos los mecanismos defensivos que les brinda el ordenamiento jur\u00eddico, por medio de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural. <\/p>\n

5. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para confirmar el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Presidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC16618-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2019-00284-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., seis (06) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el treinta de octubre de dos mil diecinueve por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103016","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103016","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103016"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103016\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103016"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103016"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103016"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}