{"id":103020,"date":"2026-07-02T17:56:36","date_gmt":"2026-07-02T17:56:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103020"},"modified":"2026-07-02T17:56:36","modified_gmt":"2026-07-02T17:56:36","slug":"stc16622-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16622-2019\/","title":{"rendered":"STC16622-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16622-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2019-02005-01
\n(Aprobado en Sala de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 29 de octubre de 2019, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Romualda de la Concepci\u00f3n Saumet Su\u00e1rez contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa accionante, actuando mediante apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, familia, seguridad social, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n formulado en el asunto laboral que promovi\u00f3 para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes (SL3597-2019, rad. 61764). <\/p>\n

2.\tEn sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que el 20 de julio de 1969, el se\u00f1or Milciades Antillo Costa (q.e.p.d.) contrajo matrimonio cat\u00f3lico con la se\u00f1ora Yolanda Remedios Pinz\u00f3n, \u00abel cual dur\u00f3 24 a\u00f1os y 7 meses\u00bb, y que convivi\u00f3 con aquella hasta 1982, cuando se separaron de hecho, \u00e9poca para la cual comenz\u00f3 la uni\u00f3n libre con la aqu\u00ed convocante, hasta que \u00e9l falleci\u00f3 el 5 de abril de 1995; es decir, su convivencia \u00abse prolong\u00f3 por 12 a\u00f1os y tuvieron dos hijos\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n del causante est\u00e1 a cargo del Fondo de Previsi\u00f3n Social del Congreso de la Rep\u00fablica, que a trav\u00e9s de Resoluci\u00f3n n.\u00ba 0536 del 25 de marzo de 2004 la otorg\u00f3 y distribuy\u00f3 de la siguiente manera: \u00ab50% del valor total de la pensi\u00f3n a los hijos del causante y en suspenso el otro 50% hasta que se decidiera judicialmente a quien le asist\u00eda este derecho\u00bb. <\/p>\n

Explic\u00f3 que, ante esa situaci\u00f3n, la c\u00f3nyuge la demand\u00f3 en su condici\u00f3n de compa\u00f1era permanente del de cujus, con el fin de que se declarara que a la primera le asist\u00eda \u00abmejor derecho\u00bb para reclamar y recibir la pensi\u00f3n de forma vitalicia, pretensi\u00f3n frente a la cual se opuso, y ejerci\u00f3 su derecho de defensa a trav\u00e9s de reconvenci\u00f3n, \u00abpara ser reconocida como la \u00fanica beneficiaria del 50% restante de la pensi\u00f3n, porque nadie m\u00e1s convivi\u00f3 con el causante durante los 5 a\u00f1os previos a su muerte\u00bb. <\/p>\n

Precis\u00f3 que tanto ella, como compa\u00f1era permanente, y Yolanda Pinz\u00f3n, como c\u00f3nyuge del causante, llegaron a una conciliaci\u00f3n, cuyo objeto era repartir el discutido 50% restante de la prestaci\u00f3n, as\u00ed: \u00abel 27,5% en favor de la c\u00f3nyuge y el 22,5% en favor de la compa\u00f1era permanente del se\u00f1or Cantillo\u00bb; pero dicho acuerdo fue declarado nulo porque \u00abeste asunto no era susceptible de conciliaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que, el 2 de septiembre de 2011, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 dict\u00f3 fallo de primera instancia, en el que conden\u00f3 al Fondo de Previsi\u00f3n Social del Congreso de la Rep\u00fablica a concederle el 50% referido a la c\u00f3nyuge, \u00abpese a estar probado que ella y la se\u00f1ora Romualda Saumet Su\u00e1rez (compa\u00f1era permanente) convivieron simult\u00e1neamente con el causante hasta su muerte\u00bb. <\/p>\n

Recalc\u00f3 que esa determinaci\u00f3n tuvo como fundamento que \u00abla norma aplicable es el art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993 original, la cual dispon\u00eda como primera beneficiaria de la pensi\u00f3n de sobreviviente a la c\u00f3nyuge y que en caso de convivencia simult\u00e1nea no contemplaba su repartici\u00f3n de forma proporcional al tiempo de convivencia\u00bb. <\/p>\n

Inform\u00f3 que la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 la providencia en segunda instancia, porque tambi\u00e9n estim\u00f3 que, pese a que la convivencia simult\u00e1nea est\u00e1 probada, \u00abel art\u00edculo 7 del Decreto 1889 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993, prev\u00e9 que la c\u00f3nyuge es la primera llamada a ser beneficiaria de la pensi\u00f3n y no la compa\u00f1era permanente\u00bb. Por \u00faltimo, la decisi\u00f3n reiter\u00f3 que la posibilidad de compartir la pensi\u00f3n \u00absolo tiene fundamento legal desde la expedici\u00f3n de la Ley 797 de 2003, por lo que el acuerdo era improcedente\u00bb. <\/p>\n

Expuso que, una vez propuesto el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la sentencia del ad quem, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 de esta Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 mantenerla inc\u00f3lume el 13 de septiembre de 2019, porque \u00abconsider\u00f3 que el desarrollo legal de la \u00e9poca establec\u00eda que la pensi\u00f3n de sobreviviente correspond\u00eda en primer lugar a la c\u00f3nyuge y que por tanto no hab\u00eda yerro alguno que casar\u00bb. <\/p>\n

3.\tAs\u00ed las cosas, pidi\u00f3 \u00abDEJAR SIN EFECTOS la sentencia de casaci\u00f3n (\u2026), que a su vez confirm\u00f3 la sentencia del 14 de diciembre de 2012 dictada por la Sala Fija de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y la sentencia del 2 de septiembre de 2011 [del] Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, que no reconocieron el derecho de la se\u00f1ora Romualda de la Concepci\u00f3n Saumet Su\u00e1rez a tener parte de la pensi\u00f3n de sobrevivientes causada por el se\u00f1or Milciades L\u00e1zaro Cantillo Costa\u00bb. <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tUn magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 de la Corte Suprema de Justicia manifest\u00f3 que el resguardo es inviable, habida cuenta que \u00abno se viola el derecho a la igualdad de las personas ante la ley, cuando no hay disposici\u00f3n que la establezca, referente a determinado derecho, y no puede predicarse en forma abstracta y con ilimitado espectro, tal como ocurri\u00f3 en este caso, en el que si bien entre YOLANDA REMEDIOS PINZ\u00d3N DE CANTILLO y ROMUALDA DE LA CONCEPCI\u00d3N SAUMET SU\u00c1REZ se dio una convivencia simult\u00e1nea con el causante, no hab\u00eda sido expedida la Ley 797 de 2003 que modific\u00f3 el art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993 que le dio desarrollo a ese derecho constitucional entre las convivientes simult\u00e1neas del fallecido, esto es, la c\u00f3nyuge y la compa\u00f1era\u00bb. <\/p>\n

2.\tJes\u00fas Antonio Past\u00e1s Perugache dijo que no tiene \u00abel m\u00e1s m\u00ednimo inter\u00e9s en las resultas de la present[e] acci\u00f3n\u00bb, pues \u00absi bien en alg\u00fan momento y en el proceso ordinario laboral que da origen a la presente acci\u00f3n constitucional fui el apoderado judicial de Saumet Su\u00e1rez, dicho mandato lleg\u00f3 a su fin hace m\u00e1s de cinco a\u00f1os, cuando renunci\u00e9 al poder por ella otorgado\u00bb, dimisi\u00f3n que tuvo como causa \u00abel nombramiento y posterior posesi\u00f3n en el cargo de Magistrado Auxiliar de esta Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

3.\tEl Director General del Fondo de Previsi\u00f3n Social del Congreso de la Rep\u00fablica sostuvo que se est\u00e1 haciendo un uso \u00abirracional\u00bb del amparo como una \u00abcuarta instancia\u00bb, y que la determinaci\u00f3n cuestionada es razonable, m\u00e1xime que \u00abel asunto no es de especial relevancia constitucional, por cuanto la pretensi\u00f3n [de la] accionante es de car\u00e1cter exclusivamente econ\u00f3mico\u00bb. <\/p>\n

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia precis\u00f3 que los razonamientos del fallo cuestionado no se muestran arbitrarios o caprichosos, en tanto \u00abest\u00e1n debidamente fundamentados en los hechos probados y la normativa aplicable, lo que descarta la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. As\u00ed mismo, enfatiz\u00f3 que \u00absi bien entre ROMUALDA DE LA CONCEPCI\u00d3N SAUMET SU\u00c1REZ y Yolanda Remedios Pinz\u00f3n de Cantillo se incurri\u00f3 en una convivencia simult\u00e1nea con el causante, no hab\u00eda sido expedida la Ley 797 de 2003, mediante la cual se dio desarrollo a ese derecho constitucional entre las convivientes simult\u00e1neas del fallecido\u00bb. <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La accionante recurri\u00f3 la precitada providencia, reiterando los argumentos formulados en el escrito introductor, seg\u00fan los cuales se incurri\u00f3 en \u00abviolaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, un defecto sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional\u00bb. As\u00ed mismo, se\u00f1al\u00f3 que, por su parte, el a quo constitucional desconoci\u00f3 \u00abla dimensi\u00f3n material del derecho a la igualdad, limit\u00e1ndose a interpretarlo de manera formal al considerar que aquel solo se quebranta cuando se toman decisiones diferentes ante supuestos simulares\u00bb, y no analiz\u00f3 \u00ablos precedentes constitucionales solo porque son posteriores a la \u00e9poca de los hechos\u00bb <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 de esta Corporaci\u00f3n incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que conoci\u00f3 en sede extraordinaria, al resolver negativamente la casaci\u00f3n propuesta por la aqu\u00ed recurrente, en la que pretend\u00eda el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes en su calidad de compa\u00f1era permanente del causante. <\/p>\n

2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n

3. \tDecisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n

Si bien el reclamo se dirige contra las sentencias proferidas por: (i) el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, que concedi\u00f3 el porcentaje discutido de la pensi\u00f3n de sobrevivientes \u00fanicamente a la c\u00f3nyuge del causante; (ii) la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma localidad, que confirm\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n; y su (iii) Hom\u00f3loga de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 de la Corte Suprema de Justicia, que resolvi\u00f3 negativamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y mantuvo inc\u00f3lumes las anteriores providencias, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a esta \u00faltima, por cuanto fue la que defini\u00f3 la controversia. <\/p>\n

4.\tDe la razonabilidad de la providencia cuestionada. <\/p>\n

4.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 de esta Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 el 3 de septiembre de 2019 no casar el fallo proferido en segunda instancia por el tribunal, no se advierte la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, comoquiera que se ajust\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable. <\/p>\n

\u00ab(\u2026) Se observa que lo pretendido en ambos cargos es establecer que el Tribunal err\u00f3 en su entendimiento y aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993 en su versi\u00f3n original, por haberle dado prevalencia a la c\u00f3nyuge sobre la compa\u00f1era permanente, cuando se hallaba probada la convivencia simult\u00e1nea con el causante en tiempo inmediatamente anterior a su deceso, en vez de otorgarle a la c\u00f3nyuge y a la compa\u00f1era el derecho pensional, en partes iguales. <\/p>\n

Al respecto, se precisa que, dado que el cargo se dirige por la v\u00eda directa, no hay controversia en cuanto a la calidad de c\u00f3nyuge que YOLANDA REMEDIOS PINZ\u00d3N DE CANTILLO ten\u00eda respecto del se\u00f1or Milciades L\u00e1zaro Cantillo Costa, ni su convivencia con ella por un lapso superior a dos a\u00f1os y en tiempo inmediatamente anterior a su deceso, como tampoco se discute que el de cujus tambi\u00e9n convivi\u00f3 con la recurrente por m\u00e1s de dos a\u00f1os en tiempo anterior a su muerte, lo que dio lugar a la existencia de convivencia simult\u00e1nea. <\/p>\n

En ese orden de ideas se establece, como bien lo entendi\u00f3 el Tribunal, que la norma que reglamenta el asunto es el art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993 en su texto original, toda vez que la muerte del causante acaeci\u00f3 el 5 de abril de 1995, por lo que, de acuerdo con lo all\u00ed establecido, tanto c\u00f3nyuge como compa\u00f1era o compa\u00f1ero permanente deben demostrar la convivencia con el causante, por no menos de dos a\u00f1os y hasta el momento de su muerte, presupuesto que se halla probado para la recurrente y la c\u00f3nyuge del de cujus. <\/p>\n

Ahora, dado que el Tribunal encontr\u00f3 probada la convivencia simult\u00e1nea, resolvi\u00f3 que quien ten\u00eda mejor derecho a recibir la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n era la se\u00f1ora YOLANDA PINZ\u00d3N, como c\u00f3nyuge del causante, calidad que le daba preferencia sobre la compa\u00f1era permanente. Argument\u00f3 tal decisi\u00f3n en lo dispuesto por el art\u00edculo 7 del Decreto 1889 de 1994, sustento principal de la misma y en que, adem\u00e1s no fue alegada por la recurrente, omisi\u00f3n que no se tendr\u00e1 en cuenta, dado que la norma principal, el art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, s\u00ed form\u00f3 parte de la proposici\u00f3n jur\u00eddica de la demanda\u00bb. (Resaltado y negrillas fuera de texto).
\nEn ese sentido, expuso con suficiencia la posici\u00f3n reiterada de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral sobre la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993 (texto original), cuando exista convivencia simult\u00e1nea entre la c\u00f3nyuge y la compa\u00f1era permanente con el causante, caso en el cual \u00abla c\u00f3nyuge s\u00ed tiene un derecho preferencial sobre la compa\u00f1era permanente, respecto de la pensi\u00f3n de sobrevivientes; claro est\u00e1, en el caso en que \u00e9sta demuestre la convivencia por el t\u00e9rmino legal, que es lo que encontr\u00f3 probado el Tribunal y que en sede de casaci\u00f3n no se discute\u00bb, y para el efecto reiter\u00f3: <\/p>\n

\u00abLa Corte ha precisado que tanto al c\u00f3nyuge como al compa\u00f1ero permanente les es exigible el presupuesto de la convivencia efectiva, real y material, por el t\u00e9rmino establecido en la ley, por lo que no basta con la sola demostraci\u00f3n del v\u00ednculo matrimonial para tener la condici\u00f3n de beneficiario (\u2026) Ciertamente se es c\u00f3nyuge por virtud del matrimonio, pero no basta con la formalidad solemne de su celebraci\u00f3n para conformar el grupo familiar protegido por la seguridad social. Esta calidad solo se puede predicar de quienes, adem\u00e1s, han mantenido vivo y actuante su v\u00ednculo mediante el auxilio mutuo. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

El art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993 al establecer que el c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente sup\u00e9rstite son beneficiarios de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, los equipara en raz\u00f3n que les es com\u00fan para ser beneficiarios: ser miembros del grupo familiar. No significa ello que se desconozca la trascendencia de la formalizaci\u00f3n del v\u00ednculo en otros \u00e1mbitos, como para la filiaci\u00f3n en el derecho de familia, o para quien lo asume como deber religioso por su valor sacramental, sino que se trata de darle una justa estimaci\u00f3n de la vivencia familiar dentro de las instituciones de seguridad social. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

La convivencia, entendida como la comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entra\u00f1able, el apoyo econ\u00f3mico, la asistencia solidaria y el acompa\u00f1amiento espiritual, que refleje el prop\u00f3sito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva, durante los a\u00f1os anteriores al fallecimiento del afiliado o pensionado. <\/p>\n

Lo anterior no obsta para precisar que la Sala ha sostenido que la c\u00f3nyuge s\u00ed tiene un derecho preferencial a recibir la pensi\u00f3n de sobrevivientes, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, en su redacci\u00f3n original, pero cuando demuestra la convivencia por el t\u00e9rmino legal y se enfrenta a hip\u00f3tesis de convivencia simult\u00e1nea con una compa\u00f1era permanente hasta el momento de su muerte. <\/p>\n

De lo anterior se concluye que no es cierto que la recurrente, en calidad de compa\u00f1era permanente y por haber acreditado la convivencia con el causante, tenga derecho al reconocimiento pensional, pues, como ya se expres\u00f3, en casos como el presente, en el que existi\u00f3 convivencia simult\u00e1nea, la norma establece que quien tiene derecho, en primer lugar, es la c\u00f3nyuge y, ante su ausencia, el derecho es para la compa\u00f1era permanente. <\/p>\n

En tal virtud, no hay desatino jur\u00eddico por parte del Tribunal al tener como \u00fanica beneficiaria de la pensi\u00f3n que dej\u00f3 causada el se\u00f1or Milciades Cantillo, a la se\u00f1ora YOLANDA REMEDIOS PINZ\u00d3N\u00bb. (Resaltado y negrillas fuera de texto). <\/p>\n

De esta manera, la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral querellada resolvi\u00f3 mantener inc\u00f3lume la providencia proferida por el tribunal, al interpretar de forma razonable que, en virtud de la normativa vigente para la \u00e9poca de fallecimiento del causante (1995, es decir, la versi\u00f3n original del art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993), le asiste un derecho preferencial a la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite sobre la o las compa\u00f1eras permanentes que haya tenido el de cujus, de modo que no pod\u00eda acceder a la pretensi\u00f3n de ese recurso extraordinario, misma que fue ratificada en este resguardo. <\/p>\n

4.2. As\u00ed, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n

Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n

De suerte que la promotora no puede aspirar a anteponer su propia interpretaci\u00f3n a la de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n requerida y atacar, por esta v\u00eda, una providencia que considera desfavorable, porque tal finalidad resulta ajena a esta salvaguarda, dada su naturaleza excepcional, y en raz\u00f3n a que no fue creada para erigirse como una instancia adicional dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

5.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, por cuanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16622-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2019-02005-01 (Aprobado en Sala de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 29 de octubre de 2019, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103020","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103020","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103020"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103020\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103020"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103020"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103020"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}