{"id":103022,"date":"2026-07-02T17:57:02","date_gmt":"2026-07-02T17:57:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103022"},"modified":"2026-07-02T17:57:02","modified_gmt":"2026-07-02T17:57:02","slug":"stc16624-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16624-2019\/","title":{"rendered":"STC16624-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16624-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2019-01810-01
\n(Aprobado en Sala de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 30 de septiembre de 2019, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Rosendo Segundo Chamorro Arrieta contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante, actuando mediante apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso \u00abPOR DESCONOCIMIENTO POR V\u00cdA DE HECHO\u00bb, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n formulado en el asunto laboral que promovi\u00f3 para la reliquidaci\u00f3n de prestaciones sociales, entre otros asuntos, contra Electricaribe S.A. E.S.P. (SL2794-2019, rad. 74842). <\/p>\n

2.\tDel confuso escrito introductor, y de las pruebas allegadas al plenario, se desprende que el actor promovi\u00f3 demanda laboral ordinaria contra la referida empresa de servicios p\u00fablicos, donde labor\u00f3 y obtuvo su pensi\u00f3n desde el 30 de diciembre de 1982, y que dicha sociedad termin\u00f3 unilateralmente su contrato, sin existir aparente justa causa para ello. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que la exempleadora no cancel\u00f3 debidamente sus prestaciones sociales, y que tambi\u00e9n se adeudan las diferencias entre lo pagado y lo que se le debi\u00f3 reconocer por los reajustes pensionales de las Leyes 4 de 1976, 71 de 1988 y 100 de 1993. <\/p>\n

Explic\u00f3 que, en primera instancia, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla profiri\u00f3 sentencia desestimatoria; y, al resolver la apelaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma localidad adicion\u00f3 el fallo para declarar probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n respecto de la indemnizaci\u00f3n moratoria, y as\u00ed mismo: \u00abABSOLVI\u00d3 a las demandadas ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. y ELECTRIFICADORA DEL ATL\u00c1NTICO S.A. de declarar la no compartibilidad pensional y de la devoluci\u00f3n de los dineros descontados, ni el pago de diferencia alguna por este concepto\u00bb. <\/p>\n

Relat\u00f3 que, en tal virtud, y aduciendo la \u00abINCOMPARTIBILIDAD de la PENSI\u00d3N DE JUBILACI\u00d3N CONVENCIONAL O VOLUNTARIA, con la PENSI\u00d3N DE VEJEZ; y la DEVOLUCI\u00d3N e INDEXACI\u00d3N de las sumas ADEUDADAS por la compartibilidad ILEGAL\u00bb, formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual fue resuelto por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 de esta Corporaci\u00f3n, que mantuvo inc\u00f3lume la decisi\u00f3n del ad quem. <\/p>\n

Precis\u00f3 que, en la precitada providencia, la autoridad incurri\u00f3 en supuesta v\u00eda de hecho, porque no valor\u00f3 debidamente la prueba documental que daba cuenta de (i) su fecha de nacimiento, para efectos de la causaci\u00f3n; (ii) de la naturaleza de la prestaci\u00f3n reconocida (convencional); entre otras, por lo que se desconocieron \u00ablos arts. 164 y 281 del C.G. del P., de la Ley 90 de 1946, de su Acuerdo Reglamentario 224 de 1996, del aprobatorio de este, Decreto 3041 de 1966; y del art. 27 del Decreto 3135 de 1968, con la consecuencial VIOLACI\u00d3N DEL DEBIDO PROCESO, del art. 29 de la Constituci\u00f3n de 1991\u00bb. <\/p>\n

3.\tAs\u00ed las cosas, pidi\u00f3 \u00abdecretar la NULIDAD de la SENTENCIA proferida el 24 de julio del 2019 por la SALA DE CASACION LABORAL DE DESCONGESTI\u00d3N DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA\u00bb. <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tUn magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 de la Corte Suprema de Justicia manifest\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela lo \u00fanico que pretende es reabrir un proceso ya concluido, porque no comparte la decisi\u00f3n (\u2026) [de] que la \u201cPENSI\u00d3N VITALICIA DE JUBILACI\u00d3N\u201d que le reconoci\u00f3 la Electrificadora del Atl\u00e1ntico S.A. al demandante fue de car\u00e1cter legal y no convencional y, por ello, deb\u00eda ser compartida, mas no compatible con la que posteriormente reconociera el Instituto de Seguros Sociales, que era la pretensi\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n

2.\tEl Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla dijo que en el curso del tr\u00e1mite se respetaron las garant\u00edas del promotor, por lo que el resguardo deviene injustificado, habida cuenta de la ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n

3.\tEl representante legal para asuntos laborales de la Electricaribe S.A. E.S.P. se\u00f1al\u00f3 que el accionante \u00abejerci\u00f3 su derecho de defensa t\u00e9cnica y material hasta [en] sede de casaci\u00f3n, y en ning\u00fan momento hubo vulneraci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso\u00bb. <\/p>\n

4.\tLa Procuradora 32 Judicial II en Asuntos de Trabajo y Seguridad Social puntualiz\u00f3 que, en principio, si la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n que otorgue el empleador es reconocida luego del 17 de octubre del a\u00f1o 1985, la regla general es que estas son compartibles con la pensi\u00f3n de vejez que posteriormente reconozca el Instituto de Seguros Sociales \u2013ahora Colpensiones\u2013, \u00abmomento a partir del cual el empleador solo reconoce un mayor valor entre la que viene pagando y la que le reconoce el ISS. Es decir, en este caso la pensi\u00f3n es una sola, solo que una parte la asume el fondo de pensiones y [la] otra parte (mayor valor) [la] asume el empleador\u00bb. <\/p>\n

Bajo esta perspectiva, recalc\u00f3 que \u00abtoda pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, de car\u00e1cter legal, extralegal o voluntari[a], que se reconozca con posterioridad [a la fecha antedicha], es compartible, salvo que las partes hayan acordado la compatibilidad\u00bb, por lo que, en este caso, la carga de la prueba corr\u00eda por cuenta del trabajador.
\nFALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia precis\u00f3 que \u00ablos debates probatorios que plantea el demandante fueron debidamente analizados (\u2026) al interior de la actuaci\u00f3n ordinaria, escenario en el cual se explic\u00f3 claramente las razones por las cuales no era procedente el reconocimiento convencional que pretende\u00bb. Por \u00faltimo, enfatiz\u00f3 que la decisi\u00f3n cuestionada no es incongruente, arbitraria o ilegal, por el contrario, fue debidamente motivada, \u00abno solo en los elementos de prueba allegados a la actuaci\u00f3n sino en la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso, garantiz\u00e1ndole de esta manera un debido proceso; de ah\u00ed que no pueda predicarse la existencia de v\u00edas de hecho, como \u00fanica posibilidad para que prospere la tutela contra decisiones y actuaciones de car\u00e1cter judicial\u00bb. <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El accionante reiter\u00f3 los argumentos del escrito tutelar, y ratific\u00f3 que la pensi\u00f3n reconocida no es de origen legal sino convencional, porque al \u00ab1 de enero de 1983, con operaci\u00f3n aritm\u00e9tica precisamos que ten\u00eda 54 a\u00f1os, 6 meses y 29 d\u00edas, [por lo que] NO ALCANZABA LA EDAD DE LOS 55 A\u00d1OS, requisito exigido por el art. 27 del Decreto 3135 de 1968, [y] el patrono NO puede modificar la ley a su arbitrio, reconociendo pensiones legales, SIN los requisitos exigidos legalmente\u00bb. <\/p>\n

Mencion\u00f3 que, adicionalmente, \u00abla Ley 90 de 1946, creadora del R\u00e9gimen de los Seguros Sociales; y el Acuerdo 224 de 1966 que la reglament\u00f3, NO contienen la compartibilidad de la pensi\u00f3n contractual o voluntaria, con la pensi\u00f3n de vejez\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 de esta Corporaci\u00f3n incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que conoci\u00f3 en sede extraordinaria, al resolver desfavorablemente la casaci\u00f3n propuesta por el aqu\u00ed recurrente, en la que pretend\u00eda dejar sin efectos el fallo del ad quem que desestim\u00f3 sus pretensiones prestacionales. <\/p>\n

2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n

3. \tDecisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n

Si bien el reclamo se dirige contra las sentencias proferidas por: (i) el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, que absolvi\u00f3 a la demandada de todas las pretensiones y conden\u00f3 en costas a la parte actora; (ii) la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma localidad, que confirm\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n y la adicion\u00f3 en el sentido de \u00abDECLARAR probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n respecto a la indemnizaci\u00f3n moratoria por falta de pago, el pago de la indexaci\u00f3n y la declaratoria de ineficacia de las cl\u00e1usulas puestas en pr\u00e1ctica durante la ejecuci\u00f3n del contrato de trabajo\u00bb; y su (iii) Hom\u00f3loga de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 de la Corte Suprema de Justicia, que resolvi\u00f3 negativamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y mantuvo inc\u00f3lume el fallo del ad quem, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a esta \u00faltima, por cuanto fue la que defini\u00f3 la controversia <\/p>\n

4.\tDe la razonabilidad de la providencia cuestionada. <\/p>\n

4.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 de esta Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 el 24 de julio de 2019 no casar el fallo proferido en segunda instancia por el tribunal, no se advierte la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, comoquiera que se ajust\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable. <\/p>\n

Lo anterior, toda vez que la autoridad convocada adujo, en punto al cargo \u00fanico planteado por el promotor, consistente en \u00abla VIOLACI\u00d3N INDIRECTA del Acuerdo 224 de 1996 y de su Decreto aprobatorio 3041 de 1966, y del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, originada en el \u201cerror de juicio\u201d del Tribunal, como consecuencia de la apreciaci\u00f3n err\u00f3nea de las pruebas de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional del actor y de su edad, el 12 de enero de 1983, fecha de obtenci\u00f3n de su pensi\u00f3n plena de jubilaci\u00f3n convencional, SIN LA EXISTENCIA en el proceso de ninguna prueba de jubilaci\u00f3n legal para su validez jur\u00eddica\u00bb, que: <\/p>\n

\u00abPrimeramente, conviene recordar que la Sala tiene adoctrinado que el error de hecho en materia laboral, \u201cse presenta, seg\u00fan el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado est\u00e1ndolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida\u201d (sentencia CSJ, SL 11 feb. 1994, rad. 6043), adem\u00e1s para que se configure, es indispensable que venga acompa\u00f1ado de las razones que lo demuestran, y su existencia debe aparecer notoria, protuberante y manifiesta. <\/p>\n

De manera preliminar cumple decir que no le asiste raz\u00f3n al opositor cuando afirma que el cargo carece de proposici\u00f3n jur\u00eddica, porque se enuncia[n] como violados en forma general el Acuerdo 224 de 1966 y el Decreto 3041 del mismo a\u00f1o y que si bien se menciona el art\u00edculo 29 de la CN, no incluy\u00f3 ninguna norma que consagre los derechos sustanciales cuyo reconocimiento pretende la parte recurrente; pues la Sala observa que en el alcance de la impugnaci\u00f3n tambi\u00e9n se se\u00f1ala que el Tribunal quebrant\u00f3 los art\u00edculos 27 del Decreto 3135 de 1968 y 60 y 61 del Decreto 3041 de 1966, es decir, que el recurrente s\u00ed cumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n de acusar, a lo largo del cargo, por lo menos una norma sustantiva de alcance nacional, contentiva del derecho pretendido. <\/p>\n

Ahora, si bien el desarrollo del cargo no es lo suficientemente claro, as\u00ed mismo, en su formulaci\u00f3n indistintamente el censor habla de error de derecho y de hecho, la Sala entiende que lo que reprocha el ataque es que el Tribunal hubiera tenido por probado, sin estarlo, que la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n que le reconoci\u00f3 Electricaribe S.A. E.S.P. al demandante es de car\u00e1cter legal y que, conforme a esa conclusi\u00f3n, hubiera decidido que la misma era compartida con la otorgada por el Instituto de Seguros Sociales, cuando el registro civil de nacimiento del actor allegado en el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n y con la demanda de casaci\u00f3n, demuestra que \u00e9ste naci\u00f3 el 1 de enero de 1983, por tanto, cuando se le concedi\u00f3 la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n ten\u00eda 54 a\u00f1os, 6 meses y 9 d\u00edas, lo que significa que tal prestaci\u00f3n se otorg\u00f3 de manera extralegal y no con requisitos legales. <\/p>\n

En ese sentido, el censor acusa que el Tribunal debi\u00f3 apreciar el registro civil de nacimiento del actor que aport\u00f3 al proceso as\u00ed como la \u201cprueba de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional\u201d, de lo que la Corte entiende que se refiere al acto administrativo que le otorg\u00f3 el derecho pensional que ahora es objeto de discusi\u00f3n y que en decir del recurrente no prueba que la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n otorgada era legal, sino m\u00e1s bien correspond\u00eda a una de naturaleza convencional. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, respecto del an\u00e1lisis objetivo de los citados documentos, se tiene en primer lugar que el Tribunal no cometi\u00f3 ninguna omisi\u00f3n probatoria frente al documento relativo al registro civil de nacimiento, en la medida que no le era dable valorarlo; por cuanto el mismo se alleg\u00f3 al expediente mediante memorial (f.\u00b0 56 y 57) y con la presente demanda de casaci\u00f3n (f.\u00b0 13 del cuaderno de la Corte); es decir, con posterioridad al fallo de segunda instancia en cual se profiri\u00f3 el 29 de octubre de 2014; lo que evidencia que se trata, a todas luces, de una prueba aportada de manera inoportuna\u00bb. <\/p>\n

\u00abAhora, frente a la Resoluci\u00f3n (\u2026), la misma da cuenta de que la Electrificadora del Atl\u00e1ntico S.A. reconoci\u00f3 al se\u00f1or Rosendo Chamorro Arrieta \u201cPENSI\u00d3N VITALICIA DE JUBILACI\u00d3N\u201d, bajo los siguientes [resolutivos]: <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

ART\u00cdCULO 1\u00b0- Recon\u00f3cese y ord\u00e9nese pagar al se\u00f1or ROSENDO CHAMORRO ARRIETA, una pensi\u00f3n vitalicia de jubilaci\u00f3n de $27.706.95, a partir del 1\u00b0 de enero de 1983, fecha de su retiro definitivo del servicio p\u00fablico. <\/p>\n

ART\u00cdCULO 2\u00b0- La Electrificadora del Atl\u00e1ntico S.A. pagar\u00e1 directamente la respectiva jubilaci\u00f3n de $27.706.95, pero tendr\u00e1 derecho a repetir la suma de $1.712.44 contra el Instituto de Cr\u00e9dito Territorial de conformidad con lo previsto en el Art\u00edculo 75, Ordinal 3\u00b0 del Decreto 1848 de 1969. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

El texto de la citada resoluci\u00f3n deja en evidencia que el demandante no labor\u00f3 20 a\u00f1os en Electricaribe S.A. E.S.P., sino apenas 19 a\u00f1os y 23 d\u00edas, y adem\u00e1s que prest\u00f3 sus servicios al Instituto de Cr\u00e9dito Territorial durante 1 a\u00f1o, 2 meses y 25 d\u00edas, como as\u00ed se especifica, y es por esa raz\u00f3n que tambi\u00e9n se deja constancia de que el derecho pensional se concede conforme al Decreto 3135 de 1968 y que se pagar\u00e1 a prorrata del tiempo servido en cada una de las entidades a las que prest\u00f3 servicios el trabajador, ello conforme al numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 75 del Decreto 1848 de 1969, esto es, acumulando tiempo de servicios oficiales y mediante cobro de la cuota parte pensional de las entidades donde se hubiese trabajado. <\/p>\n

En ese orden, no hay duda [de] que la pensi\u00f3n que se le reconoci\u00f3 al demandante tuvo su causa en la ley y en ning\u00fan momento ese acto administrativo alude a que su fuente de origen sea la convenci\u00f3n colectiva de trabajo. <\/p>\n

Ahora, que ese derecho pensional de estirpe legal se otorgara faltando cinco meses y un d\u00eda para que el demandante supuestamente cumpliera la edad de 55 a\u00f1os, eventualmente ser\u00eda un error de la citada Electrificadora, mas no un yerro f\u00e1ctico del Tribunal, pero ello no es raz\u00f3n suficiente para predicar que se trata de una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional, como es la pretensi\u00f3n del recurrente; m\u00e1xime si se tiene en cuenta que, como se dijo, la resoluci\u00f3n en cita no hizo menci\u00f3n alguna a que el derecho pensional que se reconoc\u00eda fuera de naturaleza extralegal. <\/p>\n

Es m\u00e1s, la edad del actor, en la presente actuaci\u00f3n, no est\u00e1 lo suficientemente esclarecida, pues si bien en la referida resoluci\u00f3n de reconocimiento pensional se alude al 2 de junio de 1928, seg\u00fan partida de bautismo, en otros documentos de la hoja de vida del accionante, que se allegaron al plenario, aparece otra fecha diferente: \u201cjunio 2\/1929\u201d. <\/p>\n

Ahora, como la pretensi\u00f3n principal del actor, desde la demanda inicial, es que se declare que la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n que le reconoci\u00f3 la demandada es convencional y en consecuencia compatible con la que posteriormente le reconoci\u00f3 el ISS, debi\u00f3 demostrar que en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo existe una estipulaci\u00f3n o cl\u00e1usula que permite obtener ese derecho con menos de 20 a\u00f1os de servicio en la empresa o, que esos 20 a\u00f1os se puedan acumular con tiempo prestado en otras entidades oficiales; sin embargo al proceso ni siquiera se alleg\u00f3 el texto convencional. <\/p>\n

Por todo lo expuesto, el Tribunal no se equivoc\u00f3 al concluir que la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n que le otorg\u00f3 la demandada Electrificadora del Caribe \u2013Electricaribe S.A. E.S.P. al se\u00f1or Rosendo Segundo Chamorro Arrieta, a partir del 1\u00b0 de enero de 1983, es de origen legal y, por tanto, compartible con la reconocida por el ISS\u00bb. (Resaltado y negrillas fuera de texto). <\/p>\n

De esta manera, la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral querellada resolvi\u00f3 mantener inc\u00f3lume la providencia proferida por el tribunal, toda vez que, de la valoraci\u00f3n de la resoluci\u00f3n de reconocimiento pensional \u2013expedida por Electricaribe S.A. E.S.P\u2013, y de las dem\u00e1s pruebas allegadas al plenario, concluy\u00f3 razonablemente que: (i) la prestaci\u00f3n otorgada al tutelante es de car\u00e1cter legal y no convencional; y, bajo esta perspectiva (ii) encontr\u00f3 acreditada la compartibilidad de la que se duele el convocante, determinaciones que no lucen lesivas del orden jur\u00eddico; pues se sustentaron en el an\u00e1lisis probatorio de los elementos aportados al juicio. <\/p>\n

Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que se descarta la presencia de una v\u00eda de hecho, de tal forma que el reclamo del quejoso no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterios del recurrente frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus pretensiones. <\/p>\n

4.2. As\u00ed, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n

Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n

De suerte que el promotor no puede aspirar a anteponer su propia interpretaci\u00f3n a la de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n requerida y atacar, por esta v\u00eda, una providencia que considera desfavorable, porque tal finalidad resulta ajena a esta salvaguarda, dada su naturaleza excepcional, y en raz\u00f3n a que no fue creada para erigirse como una instancia adicional dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

5.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, por cuanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16624-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2019-01810-01 (Aprobado en Sala de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 30 de septiembre de 2019, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103022","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103022","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103022"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103022\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103022"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103022"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103022"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}