{"id":103023,"date":"2026-07-02T17:57:10","date_gmt":"2026-07-02T17:57:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103023"},"modified":"2026-07-02T17:57:10","modified_gmt":"2026-07-02T17:57:10","slug":"stc16625-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16625-2019\/","title":{"rendered":"STC16625-2019"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2019-00221-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de Armando Molano Ramos contra la sentencia proferida el 21 de octubre de 2019 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, que neg\u00f3 la tutela que instaur\u00f3 a los Juzgados Quinto Civil del Circuito y Quinto Civil Municipal, ambos de Palmira, a la que fueron vinculados los dem\u00e1s intervinientes en la pertenencia con reconvenci\u00f3n que sigui\u00f3 a Adriana Reina Zapata e indeterminados, rad. 2017-00092. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- Directamente, el actor solicit\u00f3 que se protejan sus derechos al debido proceso y propiedad privada, revocando los fallos que desecharon sus pretensiones y ordenando que en su lugar el a quo emita uno conforme las pautas que se le tracen; en subsidio, adoptar las medidas para salvaguardar sus prerrogativas y los de su n\u00facleo familiar, teniendo en cuenta que son personas de la tercera edad. <\/p>\n

2.- En suma, refiri\u00f3 que el 24 de marzo de 2017 entabl\u00f3 demanda respecto de un predio \u201curbano de entidad econ\u00f3mica contemplado en la Ley 1561 de 2012, por lo cual\u2026refiri\u00f3 que se trataba de un proceso verbal especial de prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio\u201d, por poseerlo desde el 18 de julio de 2008, pero el 9 de julio de 2019 el estrado municipal no accedi\u00f3 a sus s\u00faplicas porque no hab\u00eda completado los 10 a\u00f1os exigidos en el art. 2512 del C\u00f3digo Civil, sin reparar en que su apoderada aleg\u00f3 que se trataba de una \u201cvivienda de inter\u00e9s social\u201d demostrada con varias pruebas obrantes en el plenario, resoluci\u00f3n que apel\u00f3 basado \u201cexclusivamente en que el tiempo si (sic) exist\u00eda para que se hubiere declarado la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria de dominio\u2026, impugnaci\u00f3n que se entiende por ley fuere interpuesta en lo desfavorable\u2026\u201d. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que el 10 de septiembre, el circuito confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n debido a que omiti\u00f3 efectuar el debido control de legalidad y adoptar de oficio las medidas a que estaba obligado, lo que le hubiese permitido advertir que la acci\u00f3n ejercida era la contemplada en la Ley 9\u00aa de 1989 y que, por tanto, no se sigui\u00f3 el ritual pertinente y que el t\u00e9rmino de se\u00f1or\u00edo que precisaba era de 5 a\u00f1os.
\n3.- El funcionario del circuito dijo que la mandataria del quejoso nunca enarbol\u00f3 el car\u00e1cter de \u201cvivienda de inter\u00e9s social\u201d que el mismo predica ac\u00e1, falta que busca remediar por este mecanismo (f. 287). <\/p>\n

El estrado municipal replic\u00f3 que la discusi\u00f3n se centra en un supuesto tr\u00e1mite inadecuado, sobre el que nada se dijo all\u00e1 (ff. 287 al 290). <\/p>\n

La Procuradur\u00eda Novena Judicial II de Familia de Buga sostuvo que el procedimiento seguido fue el trazado por el censor, quien nunca hizo observaci\u00f3n en sentido contrario (ff. 292 al 296). <\/p>\n

4.- El Tribunal no concedi\u00f3 la guarda al hallar que al sustentar su alzada el recurrente acept\u00f3 la aplicaci\u00f3n que el juez de primera instancia hizo de la Ley 791 de 2002 en lugar del art. 51 de la Ley 9\u00aa de 1989; adem\u00e1s, porque cuenta con otros espacios para conjurar la afectaci\u00f3n que podr\u00eda sufrir, toda vez que no aduce carecer de capacidad econ\u00f3mica para proveerse un techo (ff. 297 al 299). <\/p>\n

5.- El recurrente insisti\u00f3 en que los acusados no repararon en la \u00edndole del bien perseguido, explicitada al hacer reiterada alusi\u00f3n a la Ley 1561 de 2012, que a pesar de no haber sido expuesta en la alzada debi\u00f3 ser desentra\u00f1ada por el ad quem en cumplimiento del deber que le fijan el art. 42 del C\u00f3digo General del Proceso y pronunciamientos de esta Sala como la STC6507-2017 que impera interpretar el pliego genitor. Reiter\u00f3 el especial trato que merece, dada su situaci\u00f3n etaria (ff. 307 al 324). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- El amparo no fue creado para controvertir la actividad desplegada por la judicatura, salvo que se configure un yerro org\u00e1nico, procedimental absoluto, f\u00e1ctico o sustantivo; o falta de motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente o trasgresi\u00f3n directa de la Carta Magna, a condici\u00f3n de que el disconforme lo implore en un tiempo prudencial, no tenga ni haya desaprovechado otros escenarios para conjurar el agravio, plantee un caso de relevancia iusfundamental, identifique razonablemente los hechos y las prebendas comprometidas y no rebata lo resuelto en otro caso de naturaleza an\u00e1loga. <\/p>\n

Si cobija los diversos estamentos ordinarios ante quienes los part\u00edcipes en un pleito pueden acceder, el estudio constitucional recae en el prove\u00eddo final, por cuanto la responsabilidad por el aparente quebranto es del juzgador que tuvo la palabra postrera y, pudiendo y debiendo, no enmend\u00f3 la arbitrariedad o la cometi\u00f3, en el entendido que para satisfacer el requisito de subsidiariedad el gestor adujo ese t\u00f3pico en la alzada. <\/p>\n

2.- Escrutado lo acontecido en el \u201cproseso (sic) verbal especial de prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio de bien inmueble urbano\u2026de entidad econ\u00f3mica contemplado en la ley 1561 de 2012\u201d, promovido por Armando Molano Ramos contra Adriana Zapata Reina y terceros desconocidos, rad. 2017-0092, la Corte corrobora la apreciaci\u00f3n del Tribunal atinente a que no se colma el supuesto de residualidad, por cuanto es claro que en el precario alegato con el que fundament\u00f3 la apelaci\u00f3n del veredicto desestimatorio de primer grado de 9 de julio 2019, la abogada del quejoso no hizo la m\u00e1s m\u00ednima cr\u00edtica al aparente tr\u00e1mite irregular seguido, es decir, el \u201cverbal reglamentado en los art\u00edculos 368 a 373 del C.P.C.\u201d, que ella misma indic\u00f3 en el ac\u00e1pite de \u201cproseso (sic) y competencia\u201d y aval\u00f3 con su silencio a lo largo del debate; tampoco, reproch\u00f3 que para definir el asunto, el a quo se basara en el lapso de 10 a\u00f1os fijado en el art. 2512 del C\u00f3digo Civil y no en el de 5 indicado en el precepto 51 de la Ley 9\u00aa de 1989, sino que centr\u00f3 su alegato en demostrar que aquel plazo estaba satisfecho. <\/p>\n

Medida en la que ac\u00e1 no puede v\u00e1lidamente dolerse de que el Circuito no se ocupara de tales temas, si se recuerda que \u201c[e]l recurso de apelaci\u00f3n tiene por objeto que el superior examine la cuesti\u00f3n decidida, \u00fanicamente en relaci\u00f3n con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisi\u00f3n\u201d y que \u00a0\u201c[e]l juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley\u201d (arts. 320 y 328 C.G.P., destaca la Sala). <\/p>\n

Lo manifestado es suficiente para sostener lo dicho por el Tribunal, en tanto inhibe el examen de fondo anhelado por el precursor por no colmarse el presupuesto general de procedencia atinente a la residualidad. <\/p>\n

Empero, dada la vehemente queja del impugnante porque las oficinas llamadas no vieron que su s\u00faplica se fund\u00f3 en la Ley 1561 de 2012, \u201cpor la cual se establece un proceso verbal especial para otorgar t\u00edtulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de peque\u00f1a entidad econ\u00f3mica, sanear la falsa tradici\u00f3n\u2026\u201d, basta para concluir la inanidad del planteamiento advertir que el inciso primero del art. 4\u00ba \u00eddem exige que \u201c[q]uien pretenda obtener t\u00edtulo de propiedad de un inmueble urbano mediante el proceso verbal especial establecido en la presente ley, deber\u00e1 demostrar posesi\u00f3n regular o irregular por los t\u00e9rminos establecidos en la ley para la prescripci\u00f3n ordinaria o extraordinaria sobre bienes inmuebles urbanos cuyo aval\u00fao catastral no supere los doscientos cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (250 smlmv)\u201d, marco en el que igualmente le compet\u00eda al impulsor probar el \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o por el periodo de 10 a\u00f1os previsto en la norma civil. <\/p>\n

Es cierto que el par\u00e1grafo de aquella disposici\u00f3n prev\u00e9 que \u201c[l]a declaraci\u00f3n de pertenencia y el saneamiento de la falsa tradici\u00f3n de la vivienda de inter\u00e9s social se regir\u00e1n por las normas sustanciales para la prescripci\u00f3n establecidas en el art\u00edculo 51 de la Ley 9\u00aa de 1989\u201d, pero precisamente para excluir esta modalidad de usucapi\u00f3n de su marco normativo, que contin\u00faa rigi\u00e9ndose por el especial dise\u00f1ado en el \u00faltimo canon. <\/p>\n

De tal forma que si el accionante no mencion\u00f3 la Ley 9\u00aa de 1989 sino la 1561 de 2012, mal puede dolerse de que el servidor p\u00fablico no desplegara un ejercicio interpretativo que lo llevara a concluir que su finalidad era que se hiciera operar aquella reglamentaci\u00f3n y el consiguiente lustro, pues ello desborda el marco del libelo, fin para el que no est\u00e1 concebido ese recurso hermen\u00e9utico, en cuanto estar\u00eda rompiendo la congruencia establecida en el canon 281 ritual. <\/p>\n

Lo anterior se comprende mejor si se observa que la labor del juez no es proteger a cualquier costa el inter\u00e9s de una parte, como si esta litigara contra nadie, sino aplicar el ordenamiento patrio bajo la \u00e9gida del principio de igualdad, de tal forma que si en el otro extremo se encuentra el propietario, no podr\u00eda sorprenderlo beneficiando a su contraparte con una visi\u00f3n sesgada de los mandatos del legislador y del acontecer procesal. <\/p>\n

Finalmente, es claro que si la resoluci\u00f3n civil repudiada por el opugnante no contradice esa preceptiva, no podr\u00eda calific\u00e1rsela como atentatoria de sus prebendas, cualquiera que sea su condici\u00f3n, m\u00e1xime que salvo invocar su \u201cavanzada\u201d edad y la de dos familiares que viven con \u00e9l, no evidencia perjuicio irremediable alguno. <\/p>\n

3.- En consecuencia, se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume la providencia materia de esta alzada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, resuelve CONFIRMAR la sentencia de naturaleza, fecha y origen conocidos.
\nNotif\u00edquese de forma expedita a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2019-00221-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de Armando Molano Ramos contra la sentencia proferida el 21 de octubre de 2019 por la Sala Civil-Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103023","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103023","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103023"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103023\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103023"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103023"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103023"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}