{"id":103027,"date":"2026-07-02T17:58:09","date_gmt":"2026-07-02T17:58:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103027"},"modified":"2026-07-02T17:58:09","modified_gmt":"2026-07-02T17:58:09","slug":"stc16629-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16629-2019\/","title":{"rendered":"STC16629-2019"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16629-2019 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2019-01740-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo de 8 de octubre de 2019 dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la salvaguarda de Beatriz del Rosario Rivero Mart\u00ednez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa capital, los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho, extensiva a los dem\u00e1s part\u00edcipes en el asunto seguido bajo el consecutivo n\u00ba 2009-00223. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La actora exigi\u00f3 el respeto del debido proceso y de otras prebendas presuntamente conculcadas por los querellados y, en consecuencia, que se emitan las siguientes directrices: (i) \u00abse ordene al Grupo de Trabajo darle pronta respuesta sobre la detenci\u00f3n arbitraria en su sesi\u00f3n 80\u00bb; (ii) que \u00abse proteja su derecho a la libertad y se levante cualquier restricci\u00f3n que le impida gozar de esa prerrogativa\u00bb; (iii) que \u00abse decrete la nulidad de todas las condenas por haberle quebrantado diversas garant\u00edas\u00bb; (iv) que \u00abse invalide la decisi\u00f3n de 12 de diciembre de 2012\u00bb; (v) que \u00abse disponga cancelar cualquier medida que limite su libertad\u00bb; (vi) que \u00abse realice un acto p\u00fablico de reconocimiento de la vulneraci\u00f3n infringida\u00bb; y (vii) que \u00abse reconozca que debe ser indemnizada por los perjuicios causados\u00bb. <\/p>\n

En respaldo cont\u00f3, en s\u00edntesis, que desde 1998 ha venido afrontando diversos \u00abprocesos penales\u00bb que le fueron seguidos por las disposiciones que tom\u00f3 cuando se desempe\u00f1aba como \u00abJueza Primera Penal Municipal de Cartagena\u00bb, tanto as\u00ed que fue convicta bajo distintos radicados, pues no se tramitaron bajo una misma cuerda. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que el 20 de octubre de 2009 se le concedi\u00f3 la \u00ablibertad condicional por un periodo de prueba de dos (2) a\u00f1os, ocho (8) meses y veintisiete (27) d\u00edas\u00bb; empero, el 12 de diciembre de 2012, cuando ese lapso ya hab\u00eda concluido, el Tribunal Superior de Cartagena, en quebranto de la no reformatio in pejus, modific\u00f3 la sentencia apelada en el sentido de negar la acumulaci\u00f3n, y revoc\u00f3 la \u00ablibertad condicional\u00bb, resultado que solo le notific\u00f3 dos (2) a\u00f1os despu\u00e9s (5 nov. 2014), cuando la falta endilgada ya hab\u00eda prescrito, por lo que recurri\u00f3, pero no obtuvo \u00e9xito.
\nDestac\u00f3 que concurri\u00f3 ante el Consejo de Derechos Humanos (Grupo de Trabajo sobre la Detenci\u00f3n Arbitraria) de Naciones Unidas, quien, despu\u00e9s de estudiar su denuncia, adopt\u00f3 la opini\u00f3n n\u00ba 77\/2017, comunicada el 12 de enero de 2018, donde declar\u00f3 que fue arbitraria su detenci\u00f3n y exhort\u00f3 al Estado Colombiano a tomar las medidas necesarias para remedir tal situaci\u00f3n sin dilaci\u00f3n e informarle lo pertinente, pero este \u00faltimo nunca rindi\u00f3 respuesta, lo que la llev\u00f3 a avisar de ello al \u00abJuzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena\u00bb, quien solamente autoriz\u00f3 su \u00ablibertad condicional\u00bb de la que disfruta actualmente, pero omiti\u00f3 proveer sobre las dem\u00e1s peticiones basadas en la aludida orientaci\u00f3n de rango internacional que en otros casos s\u00ed han sido acogidas. <\/p>\n

2. El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena adujo que el ruego es improcedente y que, por tanto, debe fracasar (folios 89 a 105, cuaderno 1). <\/p>\n

El Ministerio de Justicia y del Derecho esgrimi\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa, comoquiera que las pretensiones enarboladas por la quejosa no guardan correspondencia con las funciones desempe\u00f1adas por esa cartera (folios 162 a 167, cuaderno 1 y folios 201 a 203, cuaderno 2). <\/p>\n

EL Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia dijo carecer de atribuciones para impulsar gestiones atinentes a la \u00ablibertad de las personas\u00bb (folios 177 a 182, cuaderno 1). <\/p>\n

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena histori\u00f3 lo acaecido en los cert\u00e1menes por los que castig\u00f3 a Rivero Mart\u00ednez y reliev\u00f3 que no est\u00e1 al tanto del pronunciamiento emanado del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (folios 185 a 190, cuaderno 1). <\/p>\n

Los dem\u00e1s implicados guardaron silencio. <\/p>\n

3. El a quo dispens\u00f3 el resguardo y conmin\u00f3 al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena a que dentro de un tiempo prudencial (10 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n) zanje \u00edntegramente la s\u00faplica que Beatriz del Rosario present\u00f3 el 9 de febrero de 2018, pues aunque provey\u00f3 sobre ella, tanto as\u00ed que le concedi\u00f3 la \u00ablibertad condicional\u00bb, lo cierto es que dej\u00f3 de referirse a algunos de los \u00edtems all\u00ed contenidos, entre ellos lo que ata\u00f1e al \u00abderecho a la igualdad\u00bb. <\/p>\n

En lo dem\u00e1s, desestim\u00f3 el amparo porque vio que respecto de la cr\u00edtica blandida contra la providencia de 12 de diciembre de 2012 hay cosa juzgada constitucional, dado que en pret\u00e9rita ocasi\u00f3n la discrepante disput\u00f3 por esta senda tal resultado y en CSJ STP2509-2015 (27 abr.) validado en STC4920-2015 (27 abr), fueron analizadas dichas inconformidades y se ote\u00f3 que no eran atendibles porque la tesitura fustigada no emerg\u00eda desfasada ni contraria al axioma por el que abog\u00f3 la detractora (non reformatio in pejus). <\/p>\n

Lo propio hizo con las otras predicas porque observ\u00f3 que los registros consignados en las bases de datos de organismos de seguridad fueron abolidos en el prove\u00eddo de 18 de febrero de 2018, por lo que actualmente ya no existen, al paso que indic\u00f3 que al no haber constancia de que Beatriz del Rosario haya elevado alguna comunicaci\u00f3n ante los Ministerios recriminados, ello de por s\u00ed impide deducir que \u00e9stos violaron sus prerrogativas y que lo concerniente a la reparaci\u00f3n deprecada escapa a la \u00f3rbita superlativa (folios 236 a 251, cuaderno 2). <\/p>\n

4. Tanto la libelista como el estrado encargado de vigilar el cumplimiento de la pena impugnaron el citado corolario. <\/p>\n

La gestora, aduciendo que el Ministerio de Relaciones Exteriores s\u00ed fue noticiado de la opini\u00f3n n\u00ba 77\/2017 y aun as\u00ed se ha mantenido al margen de tal recomendaci\u00f3n, adem\u00e1s que el juzgador nada expres\u00f3 sobre el \u00abderecho a la igualdad\u00bb (folio 257, cuaderno 2). <\/p>\n

Por su lado, el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena se mostr\u00f3 en desacuerdo con lo dirimido, pero no argument\u00f3 m\u00ednimamente los motivos de su desavenencia (folio 263 y vto., cuaderno 2). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Identificado el foco de la pugna, desde ya se anticipa que se prohijar\u00e1 el veredicto atacado, en rigor, porque los reparos que le hicieron las contradictoras no tienen la virtualidad de derruir ni de variar tal determinaci\u00f3n, seg\u00fan se ver\u00e1 en seguida. <\/p>\n

Lo antelado porque no hay forma de constatar que el Ministerio de Relaciones Exteriores haya sido informado de la opini\u00f3n n\u00ba 77\/2017 emanada del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, lo que deja sin piso el alegado de Rivero Mart\u00ednez, quien no construy\u00f3 evidencia de lo contrario, ni alleg\u00f3 medio alguno para hacer ver que tal estamento est\u00e1 obligado a hacer cumplir tal mandato supralegal, ni que est\u00e1 en mora de dilucidar alguna misiva enfilada con tal prop\u00f3sito, pues no exhibi\u00f3 ning\u00fan soporte que as\u00ed lo haga ver, lo que, sin duda, hunde su acusaci\u00f3n. <\/p>\n

Adicionalmente, no es que la instancia anterior haya omitido referirse en lo que concierne al \u00abderecho a la igualdad\u00bb, pues lo que ocurre es que esa Colegiatura comprendi\u00f3 que tal cuesti\u00f3n hace parte del contenido sobre el que debe proveer el \u00abjuez natural\u00bb, en este caso, \u00abel Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena\u00bb, cuando entre a despachar la solicitud de 9 de febrero de 2018, particularmente en lo que tiene que ver con los puntos que no han sido examinados y absueltos conforme proceda, sin que tal raciocinio luzca caprichoso ni arbitrario, teniendo en cuenta que esta herramienta excepcional es subsidiaria y, por tanto, no sirve para anticipar el criterio del organismo jurisdiccional a quien -por ley- le incumbe remediar la tem\u00e1tica que, como ya se vio, yace inconclusa. <\/p>\n

Por consiguiente, es innegable que ninguno de los embates hechos por la precursora est\u00e1 llamado a salir avante. <\/p>\n

2. Igual suerte corre el reproche empu\u00f1ado por la titular de la dependencia reprendida (Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena), comoquiera que al descubrirse que cuando encar\u00f3 la petitoria de 9 de febrero de 2018, hecha por Rivero Mart\u00ednez, omiti\u00f3 escudri\u00f1ar algunos de los planteamientos all\u00ed vertidos, espec\u00edficamente el enderezado a obtener efectos de la opini\u00f3n n\u00ba 77 de 2017 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas; era perentorio intimar a ese despacho para que los solvente conforme corresponda, sin que con ello se entienda que se le est\u00e1 imponiendo el sentido y el alcance de la soluci\u00f3n que de all\u00ed brote, por ser ello de su exclusiva esfera. <\/p>\n

3. En esa secuencia, se mantendr\u00e1 lo replicado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, CONFIRMA el pronunciamiento impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

4<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC16629-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2019-01740-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo de 8 de octubre de 2019 dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103027","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103027","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103027"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103027\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103027"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103027"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103027"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}