{"id":103050,"date":"2026-07-02T18:02:01","date_gmt":"2026-07-02T18:02:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103050"},"modified":"2026-07-02T18:02:01","modified_gmt":"2026-07-02T18:02:01","slug":"stc16663-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16663-2019\/","title":{"rendered":"STC16663-2019"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16663-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2019-00713-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por la parte accionante contra el fallo proferido el 22 de octubre de 2019 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Eder Antonio Fajardo Cardozo contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso disciplinario 2014-02348, el cual origin\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES
\n1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n

Solicit\u00f3, entonces, revocar la sentencia de \u00abprimera instancia con fecha del 31 de enero de 2018 emanada del Consejo Seccional de la Judicatura Sala Disciplinaria y de segunda instancia con fecha del 5 de diciembre de 2018\u2026 emanada de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb (folio 6, cuaderno 1). <\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Que el 10 de julio de 2014 la se\u00f1ora Gloria Raquel zapata Villabona present\u00f3 queja ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia en su contra, aduciendo que \u00abme hab\u00eda contratado para que llevara a cabo un proceso de divorcio en contra de su c\u00f3nyuge JUAN CARLOS GALLEGO G\u00d3MEZ. <\/p>\n

2.2. Que \u00abla judicatura nunca notific\u00f3 apertura de dicho proceso abierto en mi contra, por lo que estos y la querellante debieron agotar el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n personal en su domicilio, sitio de trabajo o lugar donde establece su permanencia resultando de ello una indebida notificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

2.3. En sentencia del 31 de enero de 2018 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia hall\u00f3 disciplinariamente responsable al quejoso por la comisi\u00f3n de la falta descrita en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 37 de la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n

2.4. El 5 de diciembre de 2018 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en grado de consulta modific\u00f3 la sanci\u00f3n pero confirm\u00f3 la responsabilidad del actor. <\/p>\n

2.5. Por v\u00eda de tutela critic\u00f3, que se le vulner\u00f3 su derecho a la defensa a pesar de hab\u00e9rsele nombrado un curador ad Litem para llevar a cabo el proceso, toda vez que cuenta \u00abcon material probatorio para contrarrestar la mentira construida por la quejosa, que con \u00e1nimos de venganza por no haberle encontrado bienes a nombre de su ex pareja recalc\u00f3 toda la responsabilidad en \u00e9l\u00bb <\/p>\n

Agreg\u00f3 que \u00abse evidencia en la decisi\u00f3n tomada por el Honorable Consejo Superior hubo falta de evidencia probatoria por parte de la querellante para determinar si ten\u00eda o no responsabilidad como abogado, por lo que se produjo frente al fallo de primera instancia una violaci\u00f3n de car\u00e1cter procesal vulner\u00e1ndose el principio de la congruencia siendo principio sine qua non del derecho procesal pues el juez debe valorar las pruebas al momento de tomar su decisi\u00f3n tal y como consta en el art\u00edculo 281 del C.G.P\u2026\u00bb. <\/p>\n

Sostuvo que \u00aben la audiencia de prueba llevada a cabo el 19 de agosto de 2015 dentro de la cual se dio tambi\u00e9n la calificaci\u00f3n provisional, solamente se ratific\u00f3 la quejosa en los puntos de la querella y como prueba orden\u00f3 oficiar al centro de servicios si cursaba alg\u00fan proceso en representaci\u00f3n de Gloria Zapata Villabona, en efecto, con este proceder se ocasion\u00f3 un perjuicio vulnerando el principio de inocencia\u2026, consagrado en el inciso 4 del art\u00edculo 29 de la constituci\u00f3n nacional\u2026\u00bb. <\/p>\n

Concluy\u00f3 que \u00abel raciocinio del tallador se vio en la suposici\u00f3n, pues, dio como cierto un hecho improbable, convirti\u00e9ndola en verdad y determinando la responsabilidad de mi parte, as\u00ed pues, toda culpa exige para ser desvirtuada la convicci\u00f3n o certeza m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable, basada en el material probatorio que establezca la conexidad con el acusado, de ello que, la realidad de los hechos no fueron m\u00e1s que el desistimiento de la quejosa de no querer continuar con el proceso\u2026\u00bb. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia solicit\u00f3 denegar el amparo porque el accionante fue notificado en debida forma del proceso disciplinario adelantado en su contra. <\/p>\n

Al respecto inform\u00f3 que si bien al momento de interponer la queja no se estableci\u00f3 una direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n para el accionante, se utilizaron las direcciones que se encontraban dentro del Registro Nacional de Abogados, pues es deber de los profesionales del derecho actualizar la informaci\u00f3n de su domicilio profesional. <\/p>\n

Posteriormente, y teniendo en cuenta que el accionante no compareci\u00f3, fue notificado por edicto el 19 de enero de 2015, desfijado el 21 siguiente, luego se declar\u00f3 como ausente y se le design\u00f3 un defensor de oficio, al no existir justificaciones de su inasistencia. <\/p>\n

Por estos motivos, manifiesta que no se presentaron irregularidades o vicios que afecten el debido proceso en las notificaciones realizadas dentro del proceso disciplinario, as\u00ed como tampoco en cualquier otra etapa del mismo (folios 61 a 62, cuaderno 1). <\/p>\n

2. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo porque no cumple con el requisito de subsidiariedad, teniendo en cuenta que la decisi\u00f3n de segunda instancia fue proferida en el grado jurisdiccional de consulta, toda vez que no se interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

Adem\u00e1s, considera que tampoco se cumple con el requisito de inmediatez debido a que el \u00faltimo fallo censurado data del 5 de diciembre de 2018 y sin embargo, la solicitud de amparo fue presentada diez meses despu\u00e9s. <\/p>\n

Respecto de la decisi\u00f3n que emiti\u00f3, resalta que es producto de una argumentaci\u00f3n adecuada y razonable, por lo cual no se vulneran ninguno de los derechos fundamentales de los intervinientes, y que \u00ab\u2026el accionante ni siquiera hace menci\u00f3n a los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales ni mucho menos se refiere a la configuraci\u00f3n de alguna de las causales especiales\u00bb (folios 64 a 71, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a quo deneg\u00f3 el resguardo invocado al considerar que \u00ab\u2026Con respecto al derecho de defensa, tampoco se encuentra alg\u00fan tipo de vulneraci\u00f3n porque todo el tiempo sus intereses fueron defendidos por un defensor de oficio, cuya gesti\u00f3n no fue puesta en entredicho en esta instancia. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que \u00ab\u2026tampoco (se) vislumbra alg\u00fan tipo de vicio o irregularidad dentro de las decisiones censuradas que haga necesaria la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional, porque su caso fue resuelto a partir de la valoraci\u00f3n de las pruebas obrantes, a la luz del marco jur\u00eddico vigente\u00bb (folios 113 a 121, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La present\u00f3 el accionante sin explicar los motivos de su inconformidad (folio 194, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2. En este orden de ideas, advierte la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, habida cuenta que no se evidencia la trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas por el actor dentro del proceso disciplinario adelantado en su contra. <\/p>\n

En efecto, frente a los motivos de censura alegados por el actor con respecto a la \u00abindebida notificaci\u00f3n\u00bb de la apertura del proceso, se verific\u00f3 que la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia adelant\u00f3 todas las gestiones tendiente a su notificaci\u00f3n, sin que se haya podido localizar porque no se evidencia de las pruebas aportadas la existencia de otra direcci\u00f3n para la notificaci\u00f3n del profesional del derecho y, adem\u00e1s, ten\u00eda desactualizada su informaci\u00f3n en el Registro Nacional de Abogados, deber que se le impone con fundamento en lo establecido en el numeral 15 del art\u00edculo 28 de la ley 1123 de 2007, por lo cual no encuentra la Sala que la situaci\u00f3n de la que se duele el recurrente sea imputable a la autoridad acusada. <\/p>\n

Aunado a lo anterior, y en lo que refiere a la vulneraci\u00f3n del derecho de defensa, advierte la Corte que, ante la no comparecencia del togado (aqu\u00ed accionante) a la audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional, se procedi\u00f3 a darle aplicaci\u00f3n al tr\u00e1mite emplazatorio previsto en el art\u00edculo 104 de la Ley 1123 de 2007, design\u00e1ndosele como defensor de oficio al se\u00f1or Jaime Andr\u00e9s Escudero Duarte, qui\u00e9n posteriormente fue relevado por Andr\u00e9s Felipe Acevedo Garc\u00eda. <\/p>\n

As\u00ed pues, al nombr\u00e1rsele defensor de oficio y este a su vez defender los intereses de su representado en la audiencia de juzgamiento celebrada el 24 de octubre de 2019, se entiende garantizado el derecho a la defensa del promotor, por lo tanto no se evidencia una vulneraci\u00f3n de su derecho fundamental implorado que haga necesaria la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n

5. Basta lo dicho para confirmar la sentencia de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

Ausencia justificada
\nARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

5<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16663-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2019-00713-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por la parte accionante contra el fallo proferido el 22 de octubre de 2019 por la Sala de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103050","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103050","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103050"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103050\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103050"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103050"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103050"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}