{"id":103075,"date":"2026-07-02T18:04:54","date_gmt":"2026-07-02T18:04:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103075"},"modified":"2026-07-02T18:04:54","modified_gmt":"2026-07-02T18:04:54","slug":"stc16692-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16692-2019\/","title":{"rendered":"STC16692-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16692-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2019-00200-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del diez de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 22 de octubre de 2019, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alba Nelly Cort\u00e9s contra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgado Trece de Familia y Diecisiete Civil Municipal ambos de Medell\u00edn, la Notar\u00eda Segunda de Calarc\u00e1 y la Registradur\u00eda de la Uni\u00f3n. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tActuando por intermedio de apoderada judicial, la solicitante reclama el amparo de los derechos fundamentales a la personalidad jur\u00eddica, trabajo, petici\u00f3n y libre circulaci\u00f3n, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada.
\n2.\tEn s\u00edntesis, como soporte de la acci\u00f3n expuso que fue registrada el 11 de septiembre de 1991, en la Notar\u00eda Segunda de Calarc\u00e1 con el nombre de Rosa Elena Pulgar\u00edn Cort\u00e9s, figurando como padres biol\u00f3gicos Allahul Cort\u00e9s y Orlando Pulgar\u00edn, mediante declaraci\u00f3n de testigos, bajo el indicativo serial n\u00b0 16744417. <\/p>\n

Adujo que dicho registro se realiz\u00f3 de manera irregular, toda vez que cuando \u00abcontaba con 13 a\u00f1os, fue v\u00edctima de trata de blancas al ser vendida por una se\u00f1ora a otras personas, quienes le tramitaron una c\u00e9dula para que pudiera aparecer como mayor de edad y ejercer la prostituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Manifest\u00f3 que realmente naci\u00f3 el 10 de febrero de 1977 en la Uni\u00f3n-Valle, tal como da cuenta su partida de bautismo expedida en la Parroquia San Jos\u00e9 de ese municipio, y que en virtud a ello, se efectu\u00f3 el registro civil de nacimiento n\u00b0 39591187. <\/p>\n

Dijo que le fue negada la expedici\u00f3n su c\u00e9dula de ciudadan\u00eda, al constatar que ya contaba con dicho documento de identidad, raz\u00f3n por la cual, formul\u00f3 demanda pretendiendo la cancelaci\u00f3n del primer registro civil de nacimiento, que correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn (Rad. n\u00b0 2019-00101). <\/p>\n

Afirm\u00f3 que el despacho judicial rechaz\u00f3 el libelo, al determinar que no era competente para conocer del mismo, por ello, orden\u00f3 remitir el expediente a la oficina central de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil el 26 de febrero de 2019. <\/p>\n

Consider\u00f3 que la providencia mediante la cual rechaz\u00f3 el la demanda, \u00abes un tanto confuso, por cuanto si bien advierte que el juez competente es el civil y no el de familia, lo dirige a la Registradur\u00eda, no obstante, no se ocupa de asegurarse que fue recibido y hacerlo saber a la ciudadana, a quien no se le ha dado soluci\u00f3n a su grave problema\u00bb por ello, acusa tal decisi\u00f3n de \u00abinhibitoria impl\u00edcita y por tanto un obst\u00e1culo al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la tutela judicial efectiva\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que en la actualidad no posee documento de identidad, lo que le impide el ejercicio de sus derechos como ciudadana. <\/p>\n

3. Pretende que se ordene \u00abcancelar el registro civil de nacimiento con indicativo serial n\u00b0 16744417\u00bb y en consecuencia, se tenga como v\u00e1lido el n\u00b0 39591187 y NIUP n\u00b0 1112620814 (fls. 2 al 9, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1. La Juez Diecisiete Civil Municipal de Medell\u00edn, adujo que avoc\u00f3 conocimiento del controvertido proceso, luego de que el Juzgado Trece de Familia de la misma ciudad estableci\u00f3 que carec\u00eda de competencia y, mediante providencia el 14 de junio de 2019, dispuso inadmitir la demanda, exigi\u00e9ndole a la aqu\u00ed tutelante subsanar unos requisitos, quien guard\u00f3 silencio, por eso, el 27 de junio siguiente, rechaz\u00f3 la misma por incumplimiento de lo pedido (fl. 48, ib\u00eddem). <\/p>\n

2. La Notar\u00eda Segunda de Calarc\u00e1, remiti\u00f3 copia autentica del registro civil de nacimiento de Rosa Elena Pulgar\u00edn Cort\u00e9s con indicativo serial n\u00b0 16744417 (fl. 25, ib\u00edd.). <\/p>\n

3. El Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn, se\u00f1al\u00f3 que la referida causa fue remitida el 4 de junio de 2019 a los Juzgados Civiles Municipales de Medell\u00edn-reparto (fl. 27, \u00eddem). <\/p>\n

4. El jefe de la oficina jur\u00eddica de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, expuso que al analizar los seriales n\u00b0 16744417 y n\u00b0 39591187 evidenci\u00f3 que contienen datos diferentes en cuanto a la fecha de nacimiento de la inscrita y, al tratarse de la misma persona con dos registros civiles de nacimiento que se presumen legales, lo procedente es que acuda a la v\u00eda judicial, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 22 numeral 2 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como en el canon 89 del Decreto 1260 de 1970, y que, oportunamente dar\u00e1 cumplimiento al pronunciamiento que profiriera la autoridad competente (fls. 33 al 35, ib.). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Tutel\u00f3 de oficio el derecho al debido proceso de la actora, al considerar que no le asiste raz\u00f3n al Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn al indicar que no era competente para conocer de la causa de nulidad de registro civil de nacimiento y remitirlo inicialmente a la Oficina Central de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil y posteriormente a los Jueces Civiles Municipales de la misma ciudad, vulnerando con dicha actuaci\u00f3n la garant\u00eda fundamental precitada, por ello, orden\u00f3 a la juez de familia pronunciarse sobre la admisi\u00f3n de la demanda referida (fls. 50 al 60, cd. 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La interpuso la Jueza Trece de Familia de Medell\u00edn, fundando su inconformidad en que el amparo se concedi\u00f3 en su contra pese a que su actuaci\u00f3n no fue objeto de queja constitucional, y por ello, considera que el tribunal vulner\u00f3 el principio de congruencia, toda vez que \u00abdecidi\u00f3 algo distinto a lo pedido por la accionante\u00bb; pidi\u00f3 revocar el fallo y en su lugar, proferir uno en el que se \u00abresuelva de fondo las presuntas vulneraciones a los derecho fundamentales de la accionante \u00fanicamente respecto a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, en los t\u00e9rminos solicitados en la tutela\u00bb (fls. 71 al 72, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte dilucidar si el Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn vulner\u00f3 las garant\u00edas fundamentales denunciadas por la querellante, al rechazar de plano la demanda de correcci\u00f3n de estado civil (rad. 2019-00101). <\/p>\n

2.\tDe la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Recu\u00e9rdese que cuando el juez profiere una decisi\u00f3n trascendental en el proceso obedeciendo al capricho o a la arbitrariedad, queda desconectado del ordenamiento jur\u00eddico, tiende a causar agravio a alguno de los intervinientes e incluso a la propia administraci\u00f3n de justicia, y en esas condiciones la v\u00eda excepcional resulta id\u00f3nea para conjurar o prevenir el perjuicio. <\/p>\n

3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

3.1. Bajo estas premisas, atendidos los argumentos de la presente acci\u00f3n de tutela y de la revisi\u00f3n de las piezas procesales que componen el juicio de correcci\u00f3n de estado civil (rad. 2019-00101), prontamente la Sala establece que el fallo de primer grado deber\u00e1 confirmarse, toda vez que se configuran defectos de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantar la actuaci\u00f3n censurada. <\/p>\n

Lo anterior, por cuanto lo perseguido con esta acci\u00f3n es que se gestione y haga efectiva la anulaci\u00f3n del registro civil de nacimiento n\u00ba 16744417; no obstante, no se ha dado tr\u00e1mite oportuno y pertinente por parte del Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn, quien por medio de auto del 12 de febrero siguiente, rechaz\u00f3 la demanda y orden\u00f3 enviar el expediente a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, que lo devolvi\u00f3 a \u00e9sta \u00faltima al considerar que el conocimiento correspond\u00eda a la judicatura. <\/p>\n

Posteriormente, la c\u00e9lula judicial referida, resolvi\u00f3 el 24 de mayo hoga\u00f1o declararse incompetente de nuevo y remitir el asunto a los Jueces Civiles Municipales de dicha ciudad, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 6 del canon 18 del C\u00f3digo General del Proceso, aduciendo que eran aquellos los llamados a conocer de la causa por tratarse de \u00absustituci\u00f3n o adici\u00f3n de partidas del estado civil o de nombre o anotaci\u00f3n de seud\u00f3nimo en actas o registros\u00bb (fl. 15, cd. de anexos). <\/p>\n

Ciertamente, correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Medell\u00edn, quien avoc\u00f3 conocimiento del asunto y, mediante providencia del 14 de junio de 2019, dispuso inadmitir la demanda, exigi\u00e9ndole a la gestora subsanar unos requisitos, sin embargo, como aquella guard\u00f3 silencio, el 27 de junio siguiente, rechaz\u00f3 la misma por incumplimiento de lo pedido. <\/p>\n

El tribunal concedi\u00f3 el resguardo de manera oficiosa, al verificar que la promotora presentaba una alteraci\u00f3n del estado civil, tras concluir que \u00abentre los folios de registro civil existen varias diferencias como el nombre de la inscrita, la fecha y lugar de nacimiento y el nombre de los padres, pues en el primero se indica que son en su orden, Rosa Elena Pulgar\u00edn Cort\u00e9s, nacida en septiembre 8 de 1972 en Calarc\u00e1, Quindio e hija de Allahul Cort\u00e9s y Gerardo Pulgar\u00edn (fallecido) y en el segundo es Alba Nelly Cort\u00e9s, nacida en febrero 10 de 1977 en la Uni\u00f3n, Valle del Cauca e hija solamente de Mar\u00eda Allau Cortes, sin datos del padre\u00bb y por tanto, dicha situaci\u00f3n deprecaba una decisi\u00f3n judicial, cuya competencia correspond\u00eda a la jurisdicci\u00f3n de familia (fl. 58, cd. 1). <\/p>\n

As\u00ed, en asuntos como el que ahora se examina, la Corte ha dicho que la situaci\u00f3n amerita un enfoque constitucional, valga precisar, desde el sentido finalista que la acci\u00f3n tendiente a modificar el estado civil representa para una persona, en cuanto con ella se fija el verdadero estado civil y con ello todos los atributos que conllevan \u00absu situaci\u00f3n jur\u00eddica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignaci\u00f3n corresponde a la ley\u00bb art\u00edculo 1\u00b0 Decreto 1260 de 1970. <\/p>\n

En un caso de contornos similares, la Sala sostuvo que: <\/p>\n

\u00abEn efecto, las acciones del estado civil obedecen a diversos fines, raz\u00f3n por la cual se clasifican conforme lo impone su teleolog\u00eda. As\u00ed, las de impugnaci\u00f3n persiguen la desestructuraci\u00f3n de una calidad civil que se ostenta falsamente; las de reclamaci\u00f3n, en cambio, tienen por objeto el reconocimiento de un estado del cual no se goza, no obstante ser el que corresponde en derecho; las denominadas de rectificaci\u00f3n buscan, la correcci\u00f3n de un yerro cometido en el registro y que implica un cambio propiamente dicho del estado civil, como acontece, por ejemplo, cuando el inscrito es hijo extramatrimonial y as\u00ed se deduce de la documentaci\u00f3n allegada al efecto, pero equivocadamente se dijo que era hijo leg\u00edtimo (\u2026)\u00bb (CSJ STC 23 junio de 2008, exp. 00134-01). <\/p>\n

En efecto, acorde con lo expuesto, la nulidad que pretende la gestora, altera su estado civil y ello evidencia que la competencia es de la jurisdicci\u00f3n de familia, en consonancia con el numeral 2 del art\u00edculo 22 del C\u00f3digo General del Proceso que dispone, \u00ab[l]os jueces de familia conocen, en primera instancia, de los siguientes asuntos: (\u2026) 2. De la investigaci\u00f3n e impugnaci\u00f3n de la paternidad y maternidad y de los dem\u00e1s asuntos referentes al estado civil que lo modifiquen o alteren\u00bb, como acertadamente lo determin\u00f3 el tribunal a quo, al determinar el conocimiento del juicio al Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn. <\/p>\n

Concretamente, la cuesti\u00f3n discutida no est\u00e1 enlistada de manera expresa dentro de la norma referida, pese a ello, dado que la modificaci\u00f3n pretendida no es de aquellas de rectificaci\u00f3n como \u00abla correcci\u00f3n, sustituci\u00f3n o adici\u00f3n\u00bb del registro civil, cuya competencia es de los jueces municipales, (canon 18-6\u00ba, ib\u00eddem), porque, reiterase, efectivamente se altera el estado civil de la promotora. <\/p>\n

3.2. En este orden, si bien la gestora dirigi\u00f3 la censura constitucional en contra de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, la Corte no considera necesario adentrarse en tal discusi\u00f3n, porque, las circunstancias descritas al comienzo, dan cuenta que el Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn fue quien incursion\u00f3 en defectos de procedibilidad que ameritan su correcci\u00f3n mediante la inmediata intervenci\u00f3n del juzgador constitucional. <\/p>\n

En situaciones como la que ac\u00e1 se advierte, la Sala ha dicho que es deber del juez de tutela proteger las garant\u00edas fundamentales que encuentre conculcadas al examinar la acci\u00f3n de tutela, y ello lo habilita para realizar un estudio panor\u00e1mico del caso concreto y adoptar las decisiones que requieran para conjurar la vulneraci\u00f3n o amenaza que encuentre probada, en tanto \u00aben sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (CSJ STC 15 marzo de 2011, exp. 00003-01, reiterada en STC-1214, 7 feb. 2014, exp. 02652-01, y STC-17652-2017, 27 oct. 2017, rad. 02079-01). <\/p>\n

A tono con lo anterior, el precedente constitucional precis\u00f3 que \u00abdada la naturaleza de la presente acci\u00f3n, la labor del juez no debe circunscribirse \u00fanicamente a las pretensiones que cualquier persona exponga en la respectiva demanda, sino que su labor debe estar encaminada a garantizar la vigencia y la efectividad de los preceptos constitucionales relativos al amparo inmediato y necesario de los derechos fundamentales. En otras palabras, en materia de tutela no s\u00f3lo resulta procedente sino que en algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos sean extra o ultra petita. Argumentar lo contrario significar\u00eda que si, por ejemplo, el juez advierte una evidente violaci\u00f3n, o amenaza de violaci\u00f3n de un derecho fundamental [\u2026], no podr\u00eda ordenar su protecci\u00f3n, toda vez que el peticionario no lo adujo expresamente en la debida oportunidad procesal. Ello equivaldr\u00eda a que la administraci\u00f3n de justicia tendr\u00eda que desconocer el mandato contenido en el art\u00edculo 2o superior y el esp\u00edritu mismo de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, pues -se reitera- la vigencia de los derechos constitucionales fundamentales es el cimiento mismo del Estado social de derecho\u00bb (CC T-464\/12). <\/p>\n

Dicha postura fue objeto de unificaci\u00f3n por esa Corporaci\u00f3n, precisando que \u00ab[E]n cuanto a la posibilidad de que los fallos puedan ser\u00a0extra y ultra petita\u00a0en materia de tutela,\u00a0esta Corte de manera pac\u00edfica ha se\u00f1alado que el juez de tutela puede al momento de resolver el caso concreto conceder el amparo incluso a partir de situaciones o derechos no alegados, atendiendo la informalidad que reviste el amparo y adem\u00e1s quien determina los derechos fundamentales violados\u00bb, y que \u00abconforme a la condici\u00f3n\u00a0sui generis\u00a0de esta acci\u00f3n, la labor de la autoridad judicial no puede limitarse exclusivamente a las pretensiones invocadas por la parte actora, sino que debe estar encaminada a garantizar el amparo efectivo de los derechos fundamentales\u00bb\u00a0(CC SU-195\/12). <\/p>\n

Habida cuenta el anterior entendimiento, la concesi\u00f3n del amparo de manera oficiosa surge por la incursi\u00f3n de la funcionaria judicial en v\u00eda de hecho por defecto procedimental, en tanto: (i) se rigi\u00f3 bajo un contenido normativo que est\u00e1 en discordancia con los presupuestos del caso en materia de competencia en litigios de correcci\u00f3n, sustituci\u00f3n o adici\u00f3n del estado civil y, (ii) afect\u00f3 el derecho fundamental de la peticionaria. <\/p>\n

4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n

Corolario de las precisiones efectuadas en esta instancia, habr\u00e1 de concederse el amparo, para lo cual se confirmar\u00e1 el fallo de primer grado y se ordenar\u00e1 la continuidad del tr\u00e1mite procesal ordinario hasta definir el verdadero estado civil de la gestora. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16692-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2019-00200-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diez de diciembre de dos mil diecinueve) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 22 de octubre de 2019, dentro de la acci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103075","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103075","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103075"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103075\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103075"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103075"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103075"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}