{"id":103078,"date":"2026-07-02T18:05:28","date_gmt":"2026-07-02T18:05:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103078"},"modified":"2026-07-02T18:05:28","modified_gmt":"2026-07-02T18:05:28","slug":"stc16738-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16738-2019\/","title":{"rendered":"STC16738-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16738-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 70001-22-14-000-2019-00183-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 10 de octubre de 2019, dictada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Guido Jos\u00e9 P\u00e9rez Cisneros contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sinc\u00e9, con ocasi\u00f3n del juicio de simulaci\u00f3n adelantado por Sara Esther Castro Ochoa al actor y a Manuel Mar\u00eda P\u00e9rez Cisneros, con radicado N\u00ba 2017-00192. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El accionante exige la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente transgredidas por la autoridad convocada. <\/p>\n

2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden como hechos soporte de la presente salvaguarda los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n

Mediante escritura p\u00fablica N\u00ba 1246 de 1 de julio de 2014, Manuel Mar\u00eda P\u00e9rez Cisneros transfiri\u00f3 a Guido Jos\u00e9 P\u00e9rez Cisneros, aqu\u00ed tutelante, a t\u00edtulo de venta, el predio identificado con folio de matr\u00edcula 340-1135, por valor de $80.000.000. <\/p>\n

Sara Esther Castro Ochoa solicit\u00f3 ante el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Sinc\u00e9, declarar \u201csimulado\u201d el memorado negocio jur\u00eddico, por considerar que ese bien fue adquirido dentro de la sociedad conyugal conformada entre ella y Manuel Mar\u00eda. <\/p>\n

Enterado del citado litigio, el accionante se opuso a las pretensiones del libelo formulando, entre otros medios defensivos, el de \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de la c\u00f3nyuge de Manuel Mar\u00eda P\u00e9rez Cisneros\u201d, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 28 de 19321. <\/p>\n

La sentencia de primera instancia se profiri\u00f3 el 24 de abril de 2018; all\u00ed se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n propuesta, al considerarse que Castro Ochoa carec\u00eda de inter\u00e9s jur\u00eddico, serio y actual para promover el decurso, pues no acredit\u00f3 que la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal ocurri\u00f3 y que, a partir de tal declaratoria, el c\u00f3nyuge sustrajo el bien inmueble del patrimonio social, con el fin de desmejorar la porci\u00f3n de su pareja, hecho que, en criterio de la juzgadora, no acaeci\u00f3. <\/p>\n

El 6 de agosto de 2019, la c\u00e9lula judicial cuestionada, en sede de apelaci\u00f3n, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado y declar\u00f3 simulado absolutamente el contrato de compraventa celebrado entre Manuel Mar\u00eda y Guido Jos\u00e9 P\u00e9rez Cisneros respecto de la heredad antes descrita. <\/p>\n

Asegura el gestor que el ad quem incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, por cuanto no realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n probatoria adecuada y no se apoy\u00f3 en la jurisprudencia aplicable al caso concreto. <\/p>\n

3. Pide, en s\u00edntesis, revocar la sentencia atacada de 6 de agosto de 2019. <\/p>\n

1. Respuesta del \t\taccionado y vinculados <\/p>\n

1. El estrado \taccionado adujo que dirimi\u00f3 la segunda instancia en el asunto \tcriticado y revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a-quo, \tacogiendo el precedente de esta Corporaci\u00f3n2 \t(fol. 212 y 213). <\/p>\n

2. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Sinc\u00e9, remiti\u00f3 copia digital de la sentencia de 24 de abril de 2018 e inform\u00f3 que para esa data no fung\u00eda como titular del despacho (fol. 214). <\/p>\n

3. Sara Esther Castro Ochoa resalt\u00f3 que la tutela no constituye una tercera instancia y que el accionante pretende imponer su propio criterio bajo su interpretaci\u00f3n, lo cual no resulta procedente a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional (folios 219-223). <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

Neg\u00f3 el resguardo tras advertir que la providencia refutada no luce antojadiza ni caprichosa, por el contrario, se soport\u00f3 en una valoraci\u00f3n probatoria adecuada y con apoyo en el precedente de esta Colegiatura (folios 50-56). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La promovi\u00f3 el censor, con fundamentos semejantes a los esbozados en el escrito inicial (fls. 261 al 268). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. \u00danicamente las determinaciones judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlas prevalecer dentro del correspondiente proceso. <\/p>\n

2. El tutelante reclama anular la sentencia de 6 de agosto de 2019, por la cual se revoc\u00f3 la de 24 de abril de 2018, donde se hab\u00edan acogido sus excepciones para, en su lugar, declarar la \u201csimulaci\u00f3n\u201d del negocio por \u00e9l celebrado con Manuel Mar\u00eda P\u00e9rez Cisneros. <\/p>\n

Escuchada la diligencia donde se profiri\u00f3 el anotado pronunciamiento, se constata que la sede judicial atacada, relacion\u00f3 los antecedentes del litigio, record\u00f3 el objeto y finalidad de la acci\u00f3n propuesta, su naturaleza, as\u00ed como los elementos fundamentales para su prosperidad, acorde con el art\u00edculo 1766 del C\u00f3digo Civil y la jurisprudencia de esta Sala3. <\/p>\n

Luego, examin\u00f3 el acervo probatorio allegado al decurso, espec\u00edficamente, los interrogatorios practicados a los sujetos procesales involucrados y la confesi\u00f3n de Manuel Mar\u00eda P\u00e9rez, quien adujo que su hermano \u201c(\u2026) le traspas\u00f3 la finca a su nombre porque su esposa lo molestaba y le dec\u00eda que ten\u00eda otra mujer y le exig\u00eda la parte de la finca que a ella le correspond\u00eda(\u2026)\u201d y las documentales allegadas, entre otras, las escrituras p\u00fablicas. <\/p>\n

De igual manera, resalt\u00f3 los indicios de parentesco entre el \u201csupuesto\u201d comprador y vendedor, la no entrega de la cosa y la continuidad en posesi\u00f3n del bien por parte del vendedor. <\/p>\n

Luego, prosigui\u00f3 el estudio del caso haciendo un recuento de los cambios jurisprudenciales sobre la materia e indic\u00f3 que la Sala, en asuntos de casaci\u00f3n y frente a cuestiones an\u00e1logas a las aqu\u00ed estudiadas, ha sostenido: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Carece de soporte jur\u00eddico afirmar que la sociedad conyugal \u2018nace para morir\u2019, o que durante el matrimonio cada c\u00f3nyuge es due\u00f1o de los bienes que adquiere y, por tanto, no se genera un patrimonio com\u00fan sino que, \u201cpor una ficci\u00f3n de la ley\u201d, se considera que la sociedad surgi\u00f3 desde la celebraci\u00f3n del matrimonio para los precisos efectos de su liquidaci\u00f3n, siendo este \u00faltimo momento el que origina el inter\u00e9s jur\u00eddico que pueda tener la parte afectada o defraudada con la desaparici\u00f3n de los bienes comunes (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) La sociedad conyugal nace con el matrimonio y permanece con \u00e9l, y desde ese momento se crea el patrimonio com\u00fan. Por ello, el c\u00f3nyuge que no tiene la libre disposici\u00f3n y administraci\u00f3n de un bien ganancial est\u00e1 legitimado y le asiste inter\u00e9s para reclamar la protecci\u00f3n del patrimonio de la sociedad por medio de las acciones judiciales correspondientes, cuando su derecho ha sido vulnerado o se ha visto inminentemente amenazado (\u2026)4\u201d. <\/p>\n

De todo ello, estableci\u00f3 que a Sara Esther Castro Ochoa le asist\u00eda inter\u00e9s y estaba legitimada en la causa para reclamar la protecci\u00f3n del patrimonio com\u00fan creado con la sociedad conyugal, por medio de las acciones judiciales pertinentes, considerando, adem\u00e1s, que se reun\u00edan a cabalidad todos los requisitos exigibles para determinar la \u201csimulaci\u00f3n\u201d del convenio objeto de debate, circunstancia por la cual resolvi\u00f3 infirmar el pronunciamiento del a quo. <\/p>\n

3.\tAunque los supuestos de hecho citados como precedente, por el estrado accionado, no corresponden al caso concreto ahora analizado por esta Sala, no se estima irregular la decisi\u00f3n adoptada por aqu\u00e9lla. <\/p>\n

En efecto, hubo un an\u00e1lisis err\u00f3neo del antecedente jurisprudencial, porque el litigio que juzg\u00f3 la Corte correspondi\u00f3 a la adquisici\u00f3n de bienes en vigencia de la sociedad conyugal, pero negociados por uno de los c\u00f3nyuges con posterioridad a su disoluci\u00f3n; justamente, en los hechos materia de an\u00e1lisis transcribi\u00f3 esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n

\u201c(\u2026) 1. El 24 de mayo de 1995, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de El Espinal decret\u00f3 la cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio de Luz Nelia N\u00fa\u00f1ez Barrero y Hugo Nelson Urue\u00f1a Ram\u00edrez, con la consecuente disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, cuya liquidaci\u00f3n se adelant\u00f3 a continuaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) 2. En vigencia del v\u00ednculo, el esposo compr\u00f3 las propiedades mencionadas en el petitum de la demanda y con posterioridad al mencionado fallo, las enajen\u00f3 a favor de terceros con el \u00e1nimo de defraudar los intereses de la actora, y sin que su intenci\u00f3n hubiera sido la de venderlos, ni la de los adquirente, la de comprarlos (\u2026)5\u201d. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con ese marco f\u00e1ctico, la sentencia del tribunal declar\u00f3 la simulaci\u00f3n deprecada porque se dispuso de los bienes sociales, luego de disuelta la sociedad conyugal. <\/p>\n

La parte afectada con dicha determinaci\u00f3n, promovi\u00f3 en casaci\u00f3n dos cargos, los cuales fueron declarados infundados, motivo por el cual, se mantuvo la decisi\u00f3n de dicho colegiado.
\nLas situaciones descritas son diversas a las ahora debatidas en sede de tutela, por cuanto, Sara Castro Ochoa contrajo matrimonio cat\u00f3lico con Manuel Mar\u00eda P\u00e9rez Cisneros el 15 de julio de 1976, v\u00ednculo que a la fecha no ha sido disuelto ni liquidado; no obstante, en vigencia de ese contrato, el c\u00f3nyuge, aqu\u00ed tutelante, vendi\u00f3 un bien del haber social a su hermano; en consecuencia, la sentencia aqu\u00ed cuestionada corresponde a actos simulatorios ejecutados antes de la disoluci\u00f3n, de modo que, no puede predicarse una identidad en los hechos que contienen el antecedente de la Corte, con la situaci\u00f3n que resolv\u00eda el estrado confutado. <\/p>\n

Ahora bien, cuanto s\u00ed resulta pertinente para el caso que ahora se juzga, es la tesis que la Sala Mayoritaria ahora defiende, consistente en que la sociedad conyugal nace por el hecho del matrimonio desde su celebraci\u00f3n y necesariamente, la sociedad patrimonial cumplidos los requisitos de la Ley 54 de 1990. No nacen al momento de su disoluci\u00f3n sino desde la celebraci\u00f3n o formaci\u00f3n legal. <\/p>\n

El problema que ahora se plantea y el punto nodal es, si un c\u00f3nyuge est\u00e1 legitimado para demandar la simulaci\u00f3n de los actos ejecutados por el otro, en relaci\u00f3n con los bienes sociales negociados o transferidos con antelaci\u00f3n a la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, tal cual deviene de los hechos materia de tutela. La Sala mayoritaria considera viable que, a\u00fan antes de la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial, sin distingos de sexo, los actos simulados por uno de los c\u00f3nyuges, puedan ser demandados en acci\u00f3n de prevalencia, a\u00fan sin haberse disuelto las sociedades conyugal o patrimonial, por cuanto surgen o emergen desde su celebraci\u00f3n o constitucional legal. <\/p>\n

Si los negocios por medio de los cuales el c\u00f3nyuge aparent\u00f3 esas ventas fueron declarados simulados y la sentencia reconoce que \u201cen dicha enajenaci\u00f3n el demandado lo hizo consciente que exist\u00eda la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial\u201d, ello no hace m\u00e1s que traducir junto con los indicios allegados, un prop\u00f3sito defraudatorio de los actos jur\u00eddicos ahora demandados; que, de alguna manera, lindan con la deslealtad e infidelidad econ\u00f3mica frente al otro consorte o compa\u00f1ero. <\/p>\n

La circunstancia de que ese desprendimiento patrimonial ficticio hubiese tenido suceso en vigencia de la sociedad conyugal y que, en t\u00e9rminos del ordenamiento, cada c\u00f3nyuge tenga la \u201clibre administraci\u00f3n\u201d de sus propios bienes, no destruye ese comportamiento simulatorio del aparente vendedor. Se otea un claro prop\u00f3sito enga\u00f1oso a la sociedad conyugal, al pretender sacar de ella, de modo irreal, activos patrimoniales en perjuicio del otro c\u00f3nyuge, a fin de que a la hora de disolverla no se le efect\u00faen las justas o equitativas adjudicaciones que sobre los bienes le pudieran corresponder acorde con el ordenamiento. <\/p>\n

Un consorte carece de legitimaci\u00f3n para impugnar, en vigencia de la sociedad, los actos jur\u00eddicos celebrados por el otro c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero, por el mero hecho de estar vigente la misma y administrar cada cual, libremente, las propiedades que figuren en su cabeza; pero cuando tales negocios son fingidos o aparentes, mientras no haya prescrito la acci\u00f3n simulatoria, ser\u00e1 siempre vigente el inter\u00e9s para restablecer el equilibrio econ\u00f3mico. <\/p>\n

La sociedad conyugal o patrimonial nace desde el momento mismo de la celebraci\u00f3n del matrimonio o de la conformaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, salvo pacto escrito. \u00c9sta no se encuentra en estado de latencia al momento de su constituci\u00f3n de modo que permita inferir que la sociedad nace para morir, precisamente, cuando se presentan acciones judiciales con prop\u00f3sitos disolutorios de la misma, como en otras oportunidades se sostuvo. <\/p>\n

La facultad para celebrar un pacto escrito excluyente de la sociedad conyugal, permite inferir que no es requerimiento o imperativo del matrimonio, la comunidad de bienes; pero si no existe ese convenio, por el s\u00f3lo hecho del matrimonio surge la sociedad conyugal. Aun cuando el matrimonio es un r\u00e9gimen con directa intervenci\u00f3n del Estado, su estatuto econ\u00f3mico se edifica en el principio de la autonom\u00eda de la voluntad, rango dentro del cual se hallan las capitulaciones matrimoniales, relativas a los bienes que quieren o no aportar los esposos o compa\u00f1eros, o cualquier otro pacto de similar talante; empero, si los contrayentes nada especifican, por el hecho del matrimonio de pleno derecho surge la sociedad conyugal; y no a posteriori. <\/p>\n

As\u00ed las cosas y, por virtud del principio constitucional de buena fe, por la igualdad plena entre hombres y mujeres, por la autonom\u00eda de la voluntad libre pero responsable y la seguridad jur\u00eddica que implican los derechos adquiridos con justo t\u00edtulo seg\u00fan la regla 58 de la Carta Pol\u00edtica, se hace necesario permitir la posibilidad de declarar simulados los actos celebrados por los c\u00f3nyuges no solo desde el momento de la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal o de petici\u00f3n formal (demanda) con tal prop\u00f3sito, como lo proh\u00edja la actual do7ctrina de esta Corte, sino especial y principalmente desde el nacimiento real de la misma. <\/p>\n

La sociedad conyugal, se repite, no nace cuando se disuelve; todo lo contrario, surge como se ha reiterado cuando se contrae el matrimonio o cuando surge la sociedad patrimonial; raz\u00f3n inversa, significa autorizar negocios simulados de uno de los c\u00f3nyuges en perjuicio del otro desde la celebraci\u00f3n del acto contractual o desde la declaraci\u00f3n de la sociedad patrimonial sin reparo del afectado y sin posibilidad de control judicial a instancias de parte. Criterio similar debe cobijar a la sociedad patrimonial de las personas de igual o diferente orientaci\u00f3n sexual. <\/p>\n

En materia de simulaci\u00f3n societaria esta Corte ha admitido la legitimaci\u00f3n para demandar los negocios jur\u00eddicos fingidos y fraudulentos celebrados por la sociedad comercial sin que sea menester esperar su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n. Si la doctrina de la Corte ha legitimado a los socios para esas acciones en esas condiciones, no puede en sentido contrario sostenerse que el socio en la sociedad conyugal o en la sociedad patrimonial no pueda demandar la simulaci\u00f3n de los negocios jur\u00eddicos que pongan en riesgo los derechos del otro c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero y celebrados con antelaci\u00f3n a su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n. <\/p>\n

Esta Sala, en pret\u00e9rita ocasi\u00f3n admiti\u00f3 frente a los socios comanditarios la posibilidad de incoar con anterioridad a la disoluci\u00f3n de la sociedad comercial, la simulaci\u00f3n de los negocios jur\u00eddicos celebrados cuando estos han sido fraudulentos y tendientes a menoscabar el patrimonio de la misma. En efecto, en el punto razon\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Teniendo presente que la legitimaci\u00f3n para demandar la simulaci\u00f3n de un contrato celebrado por otros debe evaluarse siempre a la luz de las particulares circunstancias en que dicho negocio se haya verificado y en que, respecto de \u00e9l, se encuentre el tercero demandante, y considerada la antedicha posici\u00f3n del socio en cuanto hace a la persona jur\u00eddica societaria, se impone colegir que cuando con el acto aparente se pongan en riesgo, de manera fundada y evidente, los derechos del socio, como acontece cuando, v.gr., se manifieste que la sociedad se desprende a t\u00edtulo oneroso de un bien, pero, en realidad, nada recibe a cambio como contraprestaci\u00f3n, el socio o accionista, en tales casos, ostenta legitimidad para reclamar ante la justicia que se declare la simulaci\u00f3n del correspondiente negocio jur\u00eddico, con miras a salvaguardar, se insiste, los derechos patrimoniales que se desprenden de sus relaciones con la sociedad, durante todo el tiempo de su existencia, pues de mantenerse una operaci\u00f3n como la anteriormente descrita sus intereses ciertamente se afectar\u00e1n a partir de ese momento, sin que sea menester aguardar a la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad para auscultar si sus prerrogativas han sufrido alg\u00fan desmedro. <\/p>\n

\u201cEn el presente asunto, como, incluso, lo admiti\u00f3 el propio recurrente en casaci\u00f3n, la sociedad Restrepo V\u00e1squez y C\u00eda. S. en C. no recibi\u00f3 el precio estipulado en los contratos censurados por v\u00eda de simulaci\u00f3n, de donde, sin duda, su patrimonio, como consecuencia de las enajenaciones que realiz\u00f3, result\u00f3 notoriamente mermado, tanto as\u00ed que, seg\u00fan se afirm\u00f3, en adelante no se repartieron utilidades\u201d. <\/p>\n

Es claro, entonces, que bajo el panorama expuesto, la tesis planteada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sinc\u00e9 por medio de la cual se revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, y en su lugar, declar\u00f3 absolutamente simulado el contrato de compraventa celebrado entre Manuel Mar\u00eda y Guido Jos\u00e9 P\u00e9rez Cisneros, respecto de la heredad antes descrita, se debe mantener en los t\u00e9rminos aqu\u00ed expuestos. <\/p>\n

4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19698, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u00ab(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u00bb9, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

5. Por los anteriores argumentos, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo decidido en este fallo a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon salvamento de voto <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\nSALA DE CASACI\u00d3N CIVIL
\nSTC 16738-2019
\nRadicaci\u00f3n No, 70001-22-14-000-2019-00183-01
\nSALVAMENTO DE VOTO
\nCon todo respeto por los Magistrados que conforman la sala de decisi\u00f3n me permiso dejar sentado el salvamento de voto ' por medio del cual manifiesto mi disenso con la decisi\u00f3n tomada por la mayor\u00eda, que confirma lo decidido por el Tribunal al negar el amparo invocado aduciendo que la decisi\u00f3n atracada corresponde plenamente con la jurisprudencia de esta corte.
\nObservadas las decisiones tomadas en el proceso ordinario en el que se solicita la declaratoria de simulaci\u00f3n de un acto celebrado por uno de los c\u00f3nyuges durante la vigencia de la sociedad conyugal, se observa que se incurre en algunas imprecisiones tanto de hecho como de interpretaci\u00f3n jur\u00eddica que pueden conducir a valoraciones imprecisas generando los desacuerdos que hoy existen incluso en esta sala para establecer desde cu\u00e1ndo existe la sociedad conyugal, y cu\u00e1les son los bienes que la conforman, lo ismo que la \u00e9poca en la que nace la legitimaci\u00f3n en la causa o el inter\u00e9s para demandar la invalidez de los actos que celebra alguno de los c\u00f3nyuges con relaci\u00f3n a bienes de car\u00e1cter social.
\nEs cierto que la jurisprudencia tradicional sobre el momento en que se conoce el contenido material de la sociedad conyugal, es decir, cu\u00e1ndo se sabe cu\u00e1les son los bienes que la conforman ha tenido algunas cr\u00edticas, incluidas las de algunos magistrados de esta sala, y que la ficci\u00f3n tradicional que se ha mantenido con la expresi\u00f3n "la sociedad conyugal nace para morir" o que "nace en el momento en que se disuelve" no puede leerse literalmente sino como una met\u00e1fora del entendimiento sobre el contenido de los bienes que la conforman, pues es claro con el cap\u00edtulo primero del t\u00edtulo XXII del c\u00f3digo civil que la sociedad conyugal nace con el acto del matrimonio, sin embargo, como cada uno de los contratantes conserva la administraci\u00f3n de los bienes que aparecen en cabeza suya, solamente entran en el inventario para liquidar aquellos que estaban presentes cuando se present\u00f3 el fen\u00f3meno de la disoluci\u00f3n.
\nEsa ficci\u00f3n ha llevado a muchas contradicciones y malos entendidos, pero no se espera menos de un jurista que pueda entender que no se trata de ubicar el nacimiento de la comunidad de bienes en \u00e9poca diferente sino de mirar en forma pr\u00e1ctica cu\u00e1ndo se termina la administraci\u00f3n independiente de cada uno de los c\u00f3nyuges, que no irresponsable, pues habr\u00e1 situaciones en que deba dar cuenta de su gesti\u00f3n para garantizar los derechos del otro, pero esa responsabilidad no implica que haya coadministraci\u00f3n o que uno de be obtener autorizaci\u00f3n del otro hasta el punto de que no pueda negociar libremente, lo importante es que esa negociaci\u00f3n debe ser responsable. Por eso la jurisprudencia no ha admitido que uno de los c\u00f3nyuges pueda desautorizar el negocio del otro, ni que se necesite su autorizaci\u00f3n, y en caso de disposici\u00f3n
\nirresponsable de bienes, o a t\u00edtulo en el que no entren bienes a reponer su valor en la sociedad puede reclamarle a \u00e9l responsabilidad, por ejemplo si ha donado bienes sociales o los ha utilizado para fines diferentes a los intereses comunes autorizados por la ley, pero cosa muy diferente es que tenga legitimaci\u00f3n o inter\u00e9s para intervenir en los negocios celebrados v\u00e1lidamente con terceros en el tiempo en que tiene la libre administraci\u00f3n de sus bienes aunque sean de car\u00e1cter social.
\nEs cierto que a veces se abusa de esas facultades conferidas por la ley pero eso no puede convertirse en patente para impedir a todos los casados realizar los negocias que a bien tengan so pretexto de que algunos abusan de sus facultades, pues de otro modo ser\u00eda aceptar que el matrimonio traer\u00eda una capitis diminutio que la ley no ha establecido.
\nEl problema simple en la actualidad es la fijaci\u00f3n del tiempo en que nace para el c\u00f3nyuge la posibilidad de demandar la simulaci\u00f3n de los actos celebrados por el otro so pretexto de que existe simulaci\u00f3n. No hay discusi\u00f3n como pretenden algunos sobre el momento en que nace la sociedad conyugal que indiscutiblemente es la misma del matrimonio.
\nY aunque algunos magistrados de esta sala sostienen que esa legitimaci\u00f3n nace desde el mismo momento en que nace la sociedad conyugal, es decir, desde el matrimonio, yo considero que la doctrina tradicional no ha cambiado en la sala en forma consciente, y que solo en decisiones de tutela y por razones que no conllevan un cambio de jurisprudencia, se ha dicho lo contrario. Por lo tanto no ha habido un cambio adecuado de jurisprudencia estando vigente aquella premisa que indica que
\nel inter\u00e9s para demandar cuando ya existe disoluci\u00f3n o que por lo menos se haya demandado al c\u00f3nyuge autor del acto jur\u00eddico demandado en simulaci\u00f3n por alguno de los procesos que conllevan la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal (divorcio, nulidad en su caso, separaci\u00f3n de bienes o cuerpos, en los casos que as\u00ed se presenta) pero no cuando la sociedad conyugal fuera de existir desde la matrimonio, contin\u00faa vigente y sin que se haya presentado siquiera demanda en los casos antes mencionados.
\nEso fue lo que sucedi\u00f3 en el presente caso, que existiendo la sociedad conyugal, uno los c\u00f3nyuges vendi\u00f3 y sin estar disuelta ni haber demandado uno de los procesos en los que podr\u00eda concluir con disoluci\u00f3n de esa comunidad de bienes, se demand\u00f3 la simulaci\u00f3n. Por eso se reconoci\u00f3 en primera instancia la falta de- legitimaci\u00f3n en la causa por activa, Podr\u00eda discutirse si era esa figura o podr\u00eda ser otra como la falta de inter\u00e9s, pero en todo caso \u00e9l ten\u00eda de acuerdo con la jurisprudencia a\u00fan reinante la facultad para disponer de ese bien, l\u00f3gicamente respondiendo de que a la sociedad entrar su equivalente, luego si no lo hizo habr\u00e1 otra forma de \u2022 responsabilidad pero no la simulaci\u00f3n.
\nPor las razones expuestas, y sin entrar en mayores discusiones que ya se han dado en la sala en la cual se ha tratado de modificar la jurisprudencia al respecto, considero que si hubo v\u00eda de hecho porque t\u00e9cnicamente se decidi\u00f3 contra jurisprudencia decantada que a\u00fan no se ha modificado y por eso era necesario conceder el amparo, lo cual no hizo el tribunal al considerar que se actu\u00f3 de acuerdo con esta corporaci\u00f3n, que efectivamente lo ha hecho en v\u00eda de tutela, procedimiento que
\ndefiende derechos fundamentales pero que no tiene la capacidad para modificar la jurisprudencia.
\nEn tal sentido considero que ha debido revocarse la decisi\u00f3n de primera instancia en tutela y conceder el amparo por incurrir en v\u00eda de hecho al ir en contra de la jurisprudencia de la Corte sin motivar adecuadamente las razones para apartarse de ella. <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

Radicaci\u00f3n No 70001-22-14-000-2019-00183-01
\nSALVAMENTO DE VOTO
\nEn forma respetuosa me permito SALVAR mi voto,
\n;..
\npues considero necesario se\u00f1alar cu\u00e1l es, a mi juicio, el
\nmomento en que i nace el inter\u00e9s (y, por lo mismo, la legitimaci\u00f3n extraordinaria) de uno de los c\u00f3nyuges para demandar los actos dispositivos del otro.
\n1. La legitimaci\u00f3n en la causa e inter\u00e9s para obrar.
\nComo se ha reiterado, la legitimaci\u00f3n en la causa es un presupuesto para la sentencia estimatoria, que verifica la coincidencia entre los extremos (activo y pasivo) de la relaci\u00f3n jur\u00eddico-sustancial, con los extremos (activo y pasivo) del procedimiento mediante el cual se debate la materializaci\u00f3n del derecho en disputa, por lo que habr\u00e1 legitimatio ad causam cuando armonicen la titularidad procesal afirmada en la demanda y la sustancial que otorgan las normas jur\u00eddicas de ese linaje <\/p>\n

De otro lado, \t\t\t\t\tel inter\u00e9s par
\nobrar tambi\u00e9n \t\t\t\t\tes un \t\t\t<\/p>\n

presupuesto material para la sentencia de fondo estimatoria, aunque no corresponde ya a la titularidad del derecho sustancial debatido, sino a \u00abla utilidad o el perjuicio jur\u00eddico, moral o econ\u00f3mico que para el demandante y el demandado puedan representar las peticiones incoadas en la demanda y la consiguiente decisi\u00f3n que sobre ellas se adopte en la sentencia\u00bb1.
\nEse inter\u00e9s, adem\u00e1s, debe ser: (i) Subjetivo, pues tiene que ver con la calidad de un sujet\u00f3 determinado, es decir, quien tiene el m\u00f3vil para demandar la tutela jurisdiccional de sus derechos; (\u00fc) Serio, lo que supone realizar \u00abun juicio de utilidad, a fin de examinar si al acceder el juez a las declaraciones
\nPedidas se otorga un beneficio material o: moral al demandante, o un perjuicio material o moral al demandado\u00bb21' debi\u00e9ndose a\u00f1adir que esa seriedad la da su pertenencia a la esfera jur\u00eddica protegida por el ordenamiento (no la cuant\u00eda del reclamo); (iii) Concreto, de modo que exista en cada evento determinado, y respecto de una relaci\u00f3n jur\u00eddica material espec\u00edfica; y (iv) Actual, es decir, que subsista para el momento de concretarse la relaci\u00f3n jur\u00eddica procesal.
\n2. Legitimaci\u00f3n e inter\u00e9s paara ejercer la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n.\t1..
\nAl amparo del principio de relatividad contractual, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, inicialmente, la titularidad de la acci\u00f3n orientada a develar la voluntad oculta tras un negocio jur\u00eddico fingido radicar\u00eda <\/p>\n

en los mismos contratantes (o sus causahabientes a t\u00edtulo universal o singular). Sin embargo, el tercero que demuestre un inter\u00e9s subjetivo, serio, concreto y actual en la declaratoria de simulaci\u00f3n, autom\u00e1ticamente se legitima (en forma extraordinaria), para ejercitar la acci\u00f3n de prevalencia, en reemplazo de uno cualquiera de los contratantes.
\nSiguiendo esa senda interpretativa, la, Corte, en forma inalterada, hab\u00eda venido sosteniendo que, en virtud del principio de libre administraci\u00f3n y disposici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 1\u00b0 de la L y 28 de 1932,
\n\u00ab(…) el inter\u00e9s para atacar por simulados los negocios del otro
\nesposo en -desarrollo de la uni\u00f3n, nace de la disoluci\u00f3n
\nefectiva de la sociedad que ellos conforman al estructurarse art\u00edculo 1820\talguna de las causales previstas en el del C\u00f3digo Civil; siendo la excepci\u00f3n a ese principio, esto es, que tambi\u00e9n existe "inter\u00e9s", cuando ya se ha notificado al convocado la demanda dirigida inequ\u00edvocamente a finiquitar la "sociedad conyugal"
\nSobre lo anterior, la Sala expuso en la sentencia CSJ SC de 30 de octubre de 1998, Rad. 4920, reiterada CSJ SC de 5 de septiembre de 2001, rad. 5868 y CSJ SC de 13 de octubre de 2011, Rad. 2007-0100-01, lo siguiente: "Seg\u00fan establece el art\u00edculo lo. de la Ley 28 de 1932, entre los atributos que para los c\u00f3nyuges surge de la constituci\u00f3n de la sociedad conyugal, est\u00e1 el de disposici\u00f3n1 que durante el matrimonio puede ejercer cada uno de ellos respecto de los bienes sociales que le pertenezcan al momento de contraerlo, o que hubiere aportado a \u00e9l, prerrogativa que s\u00f3lo decaer\u00e1 a la disoluci\u00f3n de la sociedad, por cuya causa habr\u00e1 de liquidarse la misma, caso en el cual 'se considerar\u00e1 que los c\u00f3nyuge s han tenido esta sociedad desde la celebraci\u00f3n del matrimonial '. Significa lo anterior, entonces, que mientras no se hubiese disuelto la sociedad conyugal por uno cualquiera de los modos establecidos en el se\u00f1alado art\u00edculo 1820 del C\u00f3digo Civil, los c\u00f3nyuges se tendr\u00e1n como separados de bienes y, por lo mismo, gozar\u00e1n de
\ncapacidad dispositiva con total independencia frente al otro, salvo, claro est\u00e1, en el evento de afectaci\u00f3n a vivienda familiar de que trata la Ley 258 de 1996, independencia que se traduce en que \u00e9ste no puede obstaculizar el ejercicio de ese derecho". f.
\n"De igual manera, en vida de los contratantes tampoco los eventuales herederos podr\u00e1n impugnar los actos celebrados por el otro c\u00f3nyuge, fincados en las meras expectativas emergentes de una futura e hipot\u00e9tica disoluci\u00f3n del matrimonio o de la sociedad conyugal, como que si as\u00ed no fuere se desnaturalizar\u00eda su r\u00e9gimen legal. En cambio, 'una vez disuelta la sociedad conyugal los c\u00f3nyuges est\u00e1n legitimados para demandar la simulaci\u00f3n de los actos celebrados por el otro. El inter\u00e9s jur\u00eddico es patente en ese caso porque disuelta la sociedad por cualquiera de las causas legales se actualiza el derecho de cada uno de los c\u00f3nyuges sobre los bienes sociales para la determinaci\u00f3n de los gananciales que a cada Un -\u00f3 correspondan. Pero antes de esa disoluci\u00f3n puede existir ya el inter\u00e9s jur\u00eddico en uno de los c\u00f3nyuges para demandar la simulaci\u00f3n de un contrato celebrado por el otro sobre bienes adquiridos por \u00e9ste a t\u00edtulo oneroso durante el matrimonio cuando la demanda de simulaci\u00f3n es posterior a la existencia de un juicio de separaci\u00f3n de bienes, o de divorcio, o de nulidad del matrimonio, los cuales al tener \u00e9xito, conllevan la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal' (G. J. CLXV 211), caso en el cual se exige que "una de tales demandas definitorias de la disoluci\u00f3n de dicha sociedad se haya notificado al otro c\u00f3nyuge, antes de la
\npresentaci\u00f3n \t\t\tde la demanda de Casaci\u00f3n \t\t\tCivil de 15 de septiembre
\nsimulaci\u00f3n \t\t\t(Sentencia de de \t\t\t1993); por supuesto que \t<\/p>\n

en eventos como los se\u00f1alados, asoma con car\u00e1cter definido una amenaza grave, cierta y actual a los derechos del demandante, toda vez que, sin lugar a dudas, la preservaci\u00f3n del negocio simulado acarrea una mengua a sus derechos".
\nT
\n"Quierese destacar, entonces, que el derecho de libre disposici\u00f3n derivado del r\u00e9gimen legal vigente de la sociedad conyugal, se encuentra fuera de toda discusi\u00f3n en relaci\u00f3n con los actos en que el c\u00f3nyuge dispone real y efectivamente de los bienes que, asumiendo la condici\u00f3n de sociales al momento de la disoluci\u00f3n, le pertenecen. Empero, otro debe set,- el tratamiento, cuando uno de los c\u00f3nyuges ha celebrado dichos actos de manera aparente o simulada pues en esta hip\u00f3tesis la situaci\u00f3n habr\u00e1 de abordarse de distinta manera, dado que en su impugnaci\u00f3n, por tan espec\u00edfico motivo, ya no se enjuicia propiamente el ejercicio del comentado derecho de libre disposici\u00f3n, sino el hecho
\n"
\nde si fue cierto o no que se ejerci\u00f3 ese derecho, todo en orden a verificar que los bienes enajenados mediante actos simulados, no hayan dejado de formar parte del haber de la sociedad conyugal, para los consiguientes prop\u00f3sitos legales. Vistas las cosas de este modo, se impone inferir que cuando alguno de los c\u00f3nyuges dispone simuladamente de los bienes que estando en cabeza suya puedan ser calificados como sociales, el otro, mediando la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal o, por lo menos, demanda judicial que de resultar pr\u00f3spera la implique y cuyo auto admisorio hubiese sido 1 notificado al fingidor, podr\u00e1 ejercitar la simulaci\u00f3n para que la apariencia que lesiona o amenaza
\nsus derechos, sea descubierta" (Resaltado adrede)\u00bb (CSJ SC3864-2015, 7 abr.). <\/p>\n

Sin embargo en la providencia CSJ SC16280-2016, 18 nov., se modific\u00f3 la anterior postura (hasta entonces inalterada), para sostener que
\n\u00abcarece de soporte jur\u00eddico afirmar que la sociedad conyugal `nace para morir, o que durante el matrimonio cada c\u00f3nyuge es due\u00f1o de los bienes que adquiere y, por tanto, no se genera un patrimonio com\u00fan sino que, "por una ficci\u00f3n de la ley", se considera que la sociedad surgi\u00f3 desde la celebraci\u00f3n del matrimonio para los precisos efectos de su liquidaci\u00f3n, siendo este \u00faltimo momento el que origina el inter\u00e9s jur\u00eddico que pueda tener la parte afectada o defraudada con la desaparici\u00f3n de los bienes comunes.
\nEs por eso que todo lo que ocurra con las asignaciones que corresponder\u00edan a cada uno de los c\u00f3nyuges, desde que inicia la vigencia de la Sociedad conyugal hasta su liquidaci\u00f3n, confiere inter\u00e9s jur\u00eddico para obrar al contrayente afectado o defraudado con la desaparici\u00f3n de los bienes comunes, para que busque hacer prevalecer la verdadera conformaci\u00f3n del haber social. No puede confundirse el momento de la formaci\u00f3n de la sociedad conyugal con el de \u00abexigibilidad de la adjudicaci\u00f3n de la cuota de gananciales\u00bb. Una cosa es que la sociedad conyugal nazca con el matrimonio, empez\u00e1ndose a conformar un patrimonio com\u00fan, y otra distinta que durante su vigencia el c\u00f3nyuge a cuyo nombre se encuentran los bienes act\u00fae -para los efectos de administraci\u00f3n y gesti\u00f3n de los bienes gananciales- \u00abcomo si tuviera patrimonio separado\u00bb, quedando aplazada la exigibilidad <\/p>\n

de los derechos del otro c\u00f3nyuge hasta el momento de 'la liquidaci\u00f3n. <\/p>\n

(…) Quiere decir que la sola "disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal" no tiene el m\u00e9rito suficiente de imposibilitar la consolidaci\u00f3n de "negociaciones aparentes", puesto que a\u00fan si los bienes sobre los cuales recaen, conforman el acervo partible, estos siguen a nombre de quien ven\u00edan figurando,: con el riesgo de que los transfiera, ya sea real o figurando en el entretanto, acto que puede ser rebatido por el c\u00f3nyuge afectado, por medio de las acciones judiciales correspondientes, entre ellas la de prevalencia, dado que, contrario a lo que expuso el recurrente,
\naquellos s\u00ed pueden ser simulados\u00bb. I
\nPartiendo de esas premisas, en el fallo objeto de estas l\u00edneas se reiter\u00f3 que
\n\u00abLa Sala mayoritaria considera viable que, a\u00fan antes de la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial [entre compa\u00f1eros permanentes] (…), los actos simulados por uno de los c\u00f3nyuges puedan ser demandados en acci\u00f3n de prevalencia a\u00fan sin haberse disuelto la sociedad, por cuanto la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial emergen desde su celebraci\u00f3n o constitucional (sic) legal".
\n(…) Un consorte carece de legitimaci\u00f3n para impugnar, en vigencia de la sociedad, los actos jur\u00eddicos celebrados por el otro c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero, por el meros hecho de estar vigente, la misma y administrar cada cual, libremente, las propiedades que figuren en su cabeza, pero cuando tales negocios son fingidos o aparentes, mientras no haya prescrito la acci\u00f3n simulatoria, ser\u00e1 siempre vigente el inter\u00e9s para
\nrestablecer el equilibrio econ\u00f3mico\u00bb.
\n3. Las razones de mi disenso frente a la tesis consignada en la sentencia.
\nAunque en su momento acompa\u00f1\u00e9 los razonamientos vertidos en la sentencia CSJ SC1d280-2016, 18 nov., un examen sobre el particular me permite estimar que la
\npostura se\u00f1alada en este prove\u00eddo no armoniza con la arquitectura patrimonial del matrimonio que prev\u00e9 el C\u00f3digo Civil, y a0.em\u00e1s, impone una pesada carga a los esposos, que podr\u00eda dar al traste con la armon\u00eda familiar.
\nSobre lo primero, comparto plenamente que la sociedad conyugal se forma \u00abpor el hecho del matrimonio\u00bb, conforme lo se\u00f1ala el canon 180 del C\u00f3digo Civil, de modo que no puede sostenerse. que aquella 'nace solamente para ser liquidada', como hab\u00eda venido dici\u00e9ndose, en forma consuetudinaria (pero infundada), en diversos foros jur\u00eddicos. <\/p>\n

Sin embargo; esa sociedad tiene caracter\u00edsticas bien particulares: de un lado, no tiene personer\u00eda jur\u00eddica, de modo que, durante su vigencia, cada c\u00f3nyuge es titular de los activos y pasivos que figuran a su nombre; y de otro, carece de administrador (convencional o legal), lo que explica que, durante el referido lapso, cada esposo disponga de su patrimonio en forma individual, y -por lo mismo- con exclusi\u00f3n de la gesti\u00f3n del otro3.
\nEs por ello que, en vigencia de la sociedad conyugal, uno de los consortes no puede pedir al otro que rinda cuentas de su administraci\u00f3n, ni le es dable cubrir con los bienes de su pareja las deudas a su nombre -aun en casos de insolvencia-. Y est\u00e1 bien que sea as\u00ed, porque siendo esa administraci\u00f3n de buena fe (como debe presumirse), la
\nindependencia permite mayor fluidez en la gesti\u00f3n
\n3
\nAun cuando deban atenderse las limitaciones que prev\u00e9 el ordenamiento en cuanto a bienes afectados a vivienda familiar (Ley 258 de 1996). <\/p>\n

patrimonial, a la par que materializa la libre autodeterminaci\u00f3n econ\u00f3mica de los casados. <\/p>\n

En consecuencia, marido y mujer carecen de inter\u00e9s para reclamar la restituci\u00f3n del patrimonio del otro en vigencia del v\u00ednculo marital, y por lo mismo, no tienen legitimaci\u00f3n en la causa para acudir a la jurisdicci\u00f3n; ning\u00fan beneficio serio, concreto o actual podr\u00eda derivarse de una acci\u00f3n de prevalencia ejercida ,en esa \u00e9poca pret\u00e9rita, porque los bienes no regresar\u00edan a la sociedad conyugal, sino a la esfera individual de dominio del enajenante; al paso que cualquier participaci\u00f3n del otro esposo en ese activo estar\u00eda atada a la eventualidad del posterior tr\u00e1mite liquidatorio, de suerte desconocida.
\nPero m\u00e1s all\u00e1 de las razones jur\u00eddicas ya explicadas, lo cierto es que hacer coincidir el nacimiento del inter\u00e9s de los casados con el perfeccionamiento del acto de transferencia de dominio (obligando a estos a acudir prestos a la jurisdicci\u00f3n desde ese hito, so pena ide que se materialice la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n), podr\u00eda; dar lugar a un clima contrario a la concordia y la confianza que es deseable en el n\u00facleo familiar
\nSi cada uno de los actos dispositivos de un c\u00f3nyuge puede ser sometido de inmediato al escrutinio de la jurisdicci\u00f3n (como ocurre en las restantes \u00e1reas del derecho privado), la convivencia pac\u00edfica podr\u00eda afectarse, y las relaciones maritales deteriorarse por los incesantes ataques a la libre administraci\u00f3n de los bienes de los miembros de
\nla pareja, que por id\u00e9ntica raz\u00f3n carecer\u00e1 de la entidad que le reconoce la Ley, y que tradicionalmente ven\u00eda admitiendo la jurisprudencia.
\n4. Conclusi\u00f3n.
\nj
\nA partir de lo expuesto, y dado que el fallo censurado en sede de tutela e finc\u00f3 en una propuesta interpretativa que estimo improcedente, la tutela debi\u00f3 abrirse paso, reconociendo -como lo solicit\u00f3 el se\u00f1or P\u00e9rez Cisneros- la falta de legitimaci\u00f3n en la causa de su c\u00f3nyuge para debatir, en vigencia del v\u00ednculo marital, el acto de disposici\u00f3n del predio con folio de matr\u00edcula 340-1135.
\nEn los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentado mi salvamento de voto, con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

Fecha ut supra, <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1 \t\u201c(\u2026) Art\u00edculo \t1\u00b0. Durante el matrimonio cada uno de los c\u00f3nyuges tiene \tla libre administraci\u00f3n y disposici\u00f3n tanto de los \tbienes que le pertenezcan al momento de contraerse el matrimonio o \tque hubiere aportado a \u00e9l, como de los dem\u00e1s que por \tcualquier causa hubiere adquirido o adquiera (\u2026)\u201d.
\n2 \tsentencia SC16280-2016 exp. 73268-31-84-002-2001-00233-01, de 18 de \tnoviembre de 2016
\n3sentencia \t30 de julio de 1998, Rad. 4101310300419980036301 y sentencia de 9 de \tjulio de 2002, exp. 6411
\n4 \tSentencia SC16280-2016 \texp. 73268-31-84-002-2001-00233-01, \tde 18 de noviembre de 2016.
\n5 \tHechos \t1 y 2 de la precitada sentencia SC16280-2016 exp. \t73268-31-84-002-2001-00233-01, de 18 de noviembre de 2016.
\n6 \tCSJ. \tCivil. Sent. de 30 Nov. de 2011, exp 2000-00229-01, MP. Arturo \tSolarte Rodr\u00edguez.
\n7 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, \tCosta Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la \tLey 16 de 1972.
\n8 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n

10 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n11 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a \t290, criterio reiterado Caso Masacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n12 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, \tExcepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a \t274.
\n13 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares c. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC16738-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 70001-22-14-000-2019-00183-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 10 de octubre de 2019, dictada por la Sala Civil Familia Laboral del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103078","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103078","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103078"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103078\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103078"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103078"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103078"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}