{"id":103080,"date":"2026-07-02T18:06:18","date_gmt":"2026-07-02T18:06:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103080"},"modified":"2026-07-02T18:06:18","modified_gmt":"2026-07-02T18:06:18","slug":"stc16743-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16743-2019\/","title":{"rendered":"STC16743-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16743-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03897-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., once (11) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Guillermo Le\u00f3n Saldarriaga Quintero frente a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira integrada por los magistrados Duberney Grisales Herrera, Edder Jimmy S\u00e1nchez C. y Jaime Alberto Saraza N., con ocasi\u00f3n del juicio de responsabilidad civil extracontractual adelantado por el gestor contra Rodrigo de Jes\u00fas Muriel Herrera y otros. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El querellante reclama la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente conculcada por la autoridad convocada. <\/p>\n

2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden como hechos que soportan la presente salvaguarda los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n

En el decurso criticado, el 10 de febrero de 2012, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Medell\u00edn dict\u00f3 sentencia de primera instancia donde acogi\u00f3 las pretensiones del aqu\u00ed gestor y orden\u00f3 los pagos correspondientes por da\u00f1o emergente, lucro cesante consolidado, perjuicio moral y da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, determinaci\u00f3n recurrida en apelaci\u00f3n por la pasiva. <\/p>\n

El 8 de julio de 2019, en raz\u00f3n a las medidas de descongesti\u00f3n adoptadas mediante el Acuerdo PCSJA19-11327 por el Consejo Superior de la Judicatura, se remiti\u00f3 el expediente al tribunal querellado. <\/p>\n

Asevera que esa autoridad, en la motivaci\u00f3n sobre el \u201cda\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n\u201d, incluy\u00f3 las mismas pruebas analizadas en lo correspondiente al \u201cda\u00f1o moral\u201d, incurriendo en v\u00eda de hecho, atentatoria de sus garant\u00edas, por cuanto no se examin\u00f3 el acervo que demuestra la existencia del \u201cda\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n\u201d.
\n3. Solicita, en concreto, revocar el fallo de 17 de septiembre de 2019. <\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n

El tribunal reprochado solicit\u00f3 denegar la salvaguarda implorada, pues la decisi\u00f3n criticada se soport\u00f3 en la normatividad, jurisprudencia y doctrina aplicables al caso (folio 32). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El actor pretende, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, se invalide la sentencia de 19 de septiembre de 2019, donde se revoc\u00f3 parcialmente la dictada el 10 de febrero de 2012, en lo atinente a la condena por el da\u00f1o a la vida en relaci\u00f3n. <\/p>\n

2. Se observa que la colegiatura fustigada, en la referida determinaci\u00f3n \u201crevoc\u00f3\u201d la sentencia de primer grado en lo referente al reconocimiento del \u201cda\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n\u201d, al estimar que existi\u00f3 incongruencia por parte del demandante, pues si bien demand\u00f3 ser indemnizado por ese concepto, tal pedimento careci\u00f3 de argumentaci\u00f3n indicativa, dado que no se precis\u00f3 c\u00f3mo se afectaron sus condiciones normales de vida. <\/p>\n

3. Analizado lo expuesto, destaca la Sala que la corporaci\u00f3n cuestionada incurri\u00f3 en proceder lesivo de las garant\u00edas fundamentales invocadas, pues al desatar la alzada interpuesta por los demandados se limit\u00f3 a sostener la \u201cincongruencia\u201d por parte del demandante al deprecar la indemnizaci\u00f3n por \u201cda\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n\u201d aduciendo la falta de sustento o indicaci\u00f3n concreta mediante la cual se precisara la forma como se alter\u00f3 su condici\u00f3n normal de vida dejando de un lado el acervo probatorio recaudado y la manifestaci\u00f3n realizada en el libelo introductorio tendiente a precisar la ocurrencia de la \u201cperturbaci\u00f3n funcional del miembro superior izquierdo, de car\u00e1cter permanente\u201d sufrida a ra\u00edz del accidente de tr\u00e1nsito. <\/p>\n

La jurisprudencia de esta Sala ha reconocido reiteradamente que \u201cel da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n\u201d es parte de la reparaci\u00f3n integral y totalmente diferente al da\u00f1o moral, pues se caracteriza por tratarse de un sufrimiento que afecta la esfera externa de las personas en relaci\u00f3n con sus actividades cotidianas, concret\u00e1ndose en una alteraci\u00f3n de car\u00e1cter emocional como consecuencia del \u201cda\u00f1o\u201d sufrido en el cuerpo o la salud generando la p\u00e9rdida o mengua de la posibilidad de ejecuci\u00f3n de actos y actividades que hac\u00edan m\u00e1s agradable la vida. Afecta esencialmente la alteridad con otros sujetos incidiendo negativamente en la relaci\u00f3n diaria con otras personas. <\/p>\n

De igual manera, ha precisado la Corte, que si no hay certeza de la afectaci\u00f3n causada al demandante se impide acceder a una condena; sin embargo, existen casos en los cuales la afectaci\u00f3n constituye un hecho notorio que no requiere prueba para ser demostrado, pues bastan las reglas de la simple experiencia y el sentido com\u00fan para tener por probado el \u201cda\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

La Sala en un asunto de casaci\u00f3n sostuvo que <\/p>\n

\u201cEsta Corte retom\u00f3 el concepto del da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, que hab\u00eda esbozado en los a\u00f1os sesenta, como una especie de los perjuicios extrapatrimonales, distinto del detrimento moral, en la sentencia de 13 de mayo de 2008 (Rad. 1997-09327-01), pues se trata de un menoscabo que se evidencia en los sufrimientos por la relaci\u00f3n externa de la persona, debido a disminuci\u00f3n o deterioro de la calidad de vida de la v\u00edctima, en la p\u00e9rdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como tambi\u00e9n en la privaci\u00f3n que padece el afectado para desplegar las m\u00e1s elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad, que por eso queda limitado a tener una vida en condiciones m\u00e1s exigentes que los dem\u00e1s, como enfrentar barreras que antes no ten\u00eda, conforme a lo cual actividades muy simples se tornan complejas o dif\u00edciles. Por eso mismo, recalca la Corte, la calidad de vida se ve reducida, al paso que las posibilidades, opciones, proyectos y aspiraciones desaparecen definitivamente o su nivel de dificultad aumenta considerablemente. Es as\u00ed como de un momento a otro la v\u00edctima encontrar\u00e1 injustificadamente en su camino obst\u00e1culos, preocupaciones y vicisitudes que antes no ten\u00eda, lo que cierra o entorpece su acceso a la cultura, al placer, a la comunicaci\u00f3n, al entretenimiento, a la ciencia, al desarrollo y, en fin, a todo lo que supone una existencia normal, con las correlativas insatisfacciones, frustraciones y profundo malestar (ib\u00eddem)\u201d. <\/p>\n

\u201cEn fallo de 20 de enero de 2009, con fundamento en recensi\u00f3n del anterior, expres\u00f3 que el quebranto a la vida de relaci\u00f3n ten\u00eda las siguientes particularidades: <\/p>\n

a) su naturaleza es de car\u00e1cter extrapatrimonial, ya que incide o se proyecta sobre intereses, derechos o bienes cuya apreciaci\u00f3n es inasible, porque no es posible realizar una tasaci\u00f3n que repare en t\u00e9rminos absolutos su intensidad; b) se proyecta sobre la esfera externa del individuo; c) en el desenvolvimiento de la v\u00edctima en su entorno personal, familiar o social se revela en los impedimentos, exigencias, dificultades, privaciones, vicisitudes, limitaciones o alteraciones, temporales o definitivas que debe soportar y que no son de contenido econ\u00f3mico; d) pueden originarse tanto en lesiones de tipo f\u00edsico, corporal o ps\u00edquico, como en la afectaci\u00f3n de otros bienes intangibles de la personalidad o derechos fundamentales; e) recae en la v\u00edctima directa de la lesi\u00f3n o en los terceros que tambi\u00e9n resulten afectados, seg\u00fan los pormenores de cada caso, por ejemplo, el c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero (a) permanente, parientes cercanos, amigos; f) su indemnizaci\u00f3n est\u00e1 enderezada a suavizar, en cuanto sea posible, las consecuencias negativas del mismo; g) es un da\u00f1o aut\u00f3nomo reflejado \u201cen la afectaci\u00f3n de la vida social no patrimonial de la persona\u201d, sin que comprenda, excluya o descarte otra especie de da\u00f1o -material e inmaterial- de alcance y contenido dis\u00edmil, como tampoco pueda confundirse con ellos. <\/p>\n

\u201cPor manera que, en consonancia con la citada jurisprudencia, luego reiterada, se ha considerado que el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n es un perjuicio de naturaleza extrapatrimonial, distinto del perjuicio moral, pues tiene car\u00e1cter especial y con una entidad jur\u00eddica propia, porque no se refiere propiamente al dolor f\u00edsico y moral que experimentan las personas por desmedros producidos en su salud, o por lesi\u00f3n o ausencia de los seres queridos, sino a la afectaci\u00f3n emocional que, como consecuencia del da\u00f1o sufrido en el cuerpo o en la salud, o en otros bienes intangibles de la personalidad o derechos fundamentales, causados la v\u00edctima directa o a terceras personas allegadas a la misma, genera la p\u00e9rdida de acciones que hacen m\u00e1s agradable la existencia de los seres humanos, como las actividades placenteras, l\u00fadicas, recreativas, deportivas, entre otras. <\/p>\n

\u201cLa valoraci\u00f3n de de ese da\u00f1o, ha sentado as\u00ed mismo la doctrina jurisprudencial citada, dada su estirpe extrapatrimonial, es propia del prudente arbitrio del juez (arbitrium iudicis), acorde con las circunstancias particulares de cada evento, y desde esa particular \u00f3ptica puede considerarse, en l\u00ednea de principio, que su adopci\u00f3n en las instancias s\u00f3lo puede cuestionarse en casaci\u00f3n cuando la determinaci\u00f3n se separa de los elementos de juicio correspondientes. Am\u00e9n de que en todo caso, la cavilaci\u00f3n ponderada alrededor de ese estimativo, requiere de una plataforma f\u00e1ctico-probatoria que permita ver la realidad ontol\u00f3gica del da\u00f1o y su grado de afecci\u00f3n de la persona involucrada (\u2026)1\u201d. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se itera, el tribunal querellado incurri\u00f3 en proceder que afecta las prerrogativas del actor, pues no realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica de la demanda, dado que en los hechos de la misma se precis\u00f3 por parte del demandante el da\u00f1o o padecimiento sufrido y en las pretensiones se solicit\u00f3 la condena por \u201cda\u00f1o fisiol\u00f3gico\u201d resultando innecesario exigirle al petente aducir las circunstancias por las cuales estimaba afectadas sus condiciones normales de vida, las cuales, valga precisar, se encontraron demostradas con el caudal probatorio recaudado. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Pero como ha tenido ocasi\u00f3n de advertir la Corte en numerosas providencias, la demanda es un todo que debe ser interpretada en forma contextual de modo que se articulen las pretensiones con base en los hechos aducidos. En esa medida, no porque en el petitum se haya circunscrito el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n por causa del fallecimiento de seres queridos, debe hacerse a un lado el hecho categ\u00f3rico de que, a fin de cuentas, ese tipo de da\u00f1o fue el pedido con base en los hechos alegados, de los cuales fluye que tanto el fallecimiento y lesi\u00f3n de los parientes, como el de los amigos y vecinos, as\u00ed como las propias heridas y cicatrices, am\u00e9n de la devastaci\u00f3n del pueblo fueron la causa invocada para pedirlo. Que el Tribunal lo haya circunscrito a las quemaduras, traumatismos y cicatrices padecidas por los reclamantes no significa m\u00e1s que la adopci\u00f3n de un criterio restringido que en manera alguna se compadece con lo que refleja el expediente ni con lo que expres\u00f3 la Corte desde cuando adopt\u00f3 este tipo de perjuicio, resaltando que tal concepto s\u00f3lo vino a ser estudiado en la medida en que en sede de casaci\u00f3n se le propuso el examen. <\/p>\n

\u201cEn efecto, debe recordarse que el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, aut\u00f3nomo y diferenciado del da\u00f1o moral, comenz\u00f3 a ser reconocido, en primer t\u00e9rmino, por la jurisprudencia del Consejo de Estado a partir de 1993, design\u00e1ndolo en su devenir de diversas maneras (v.gr., da\u00f1o a la salud, da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, alteraci\u00f3n de las condiciones de existencia, perjuicio fisiol\u00f3gico), pero a fin de cuentas extendiendo el concepto para comprender en \u00e9l no solo las dificultades en el desenvolvimiento del diario vivir que produce una minoridad f\u00edsica ocasionada por el evento da\u00f1oso en el sujeto que la padece, sino en general, aquel menoscabo que \u201crebasa la parte individual o \u00edntima de la persona y adem\u00e1s le afecta el \u00e1rea social, es decir, su relaci\u00f3n con el mundo exterior (sentencia del 1 de agosto de 2007, exp. AG 2003-385) (\u2026)2\u201d. <\/p>\n

De tal modo que esta Sala ha venido avanzando para abogar por el reconocimiento judicial del perjuicio inmaterial tanto el referente a los morales como afectaci\u00f3n interna que engendra pesares, aflicciones, amarguras y tristezas para cada persona en particular; as\u00ed como los que rebasan la individualidad, pero que fluyen su \u00e1mbito externo, correspondientes a los que menguan y comprometen notoriamente, en muchas hip\u00f3tesis, los derechos personal\u00edsimos y\/o las garant\u00edas fundamentales de la v\u00edctima en su relaci\u00f3n con las dem\u00e1s personas, de manera que impiden desarrollar cabalmente la personalidad y sus proyectos vitales en la vida social; menoscabos que alguien no habr\u00eda sufrido, de no haber acaecido el insuceso3. <\/p>\n

Y, para la estimativa econ\u00f3mica, el juez actuar\u00e1 prudentemente, pero con inteligencia y ponderaci\u00f3n para fijarlos, utilizando tambi\u00e9n las presunciones, las inferencias, las reglas de experiencia y los dem\u00e1s elementos de juicio, para al margen del petitum cuantificarlos y reconocerlos, pero fincado en la causa petendi efectuando las resoluciones del caso. La decisi\u00f3n devendr\u00e1, as\u00ed no haya sido peticionado expresamente su \u00edtem indemnizatorio, no obstante, reconoci\u00e9ndolos, siguiendo las pautas jurisprudenciales y sin actuar con excesos. <\/p>\n

En definitiva, una vez comprobados los presupuestos que integran la responsabilidad civil, entre ellos el da\u00f1o, le compete al juez cuantificar la suma correspondiente a cada una de las tipolog\u00edas que el demandante haya acreditado, pero, en relaci\u00f3n con los extrapatrimoniales, seg\u00fan se viene razonando. Para tal efecto, la regla establecida por el art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998, dispone que \u201c(\u2026) la valoraci\u00f3n de da\u00f1os irrogados a las personas y a las cosas, atender\u00e1 los principios de reparaci\u00f3n integral y equidad y observar\u00e1 los criterios t\u00e9cnicos actuariales (\u2026)\u201d (se resalta). <\/p>\n

Lo anterior supone, de un lado, el deber jur\u00eddico de resarcir todos los da\u00f1os ocasionados a la persona o bienes de la v\u00edctima, al punto de regresarla a una situaci\u00f3n id\u00e9ntica o parecida al momento anterior a la ocurrencia del hecho lesivo; y de otro, la limitaci\u00f3n de no excederse en tal reconocimiento pecuniario, porque la indemnizaci\u00f3n no constituye fuente de enriquecimiento. <\/p>\n

No obstante, la obligaci\u00f3n de reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o exige, como presupuesto habilitante, la demostraci\u00f3n de los perjuicios, por cuanto los mismos no se aprecian inequ\u00edvocos per s\u00e9. <\/p>\n

Ya bien lo dijo esta Corte en los albores del siglo XX, al afirmar que \u201c(\u2026) la existencia de perjuicios no se presume en ning\u00fan caso; [pues] no hay disposici\u00f3n legal que establezca tal presunci\u00f3n (\u2026)\u201d4. Sin embargo, trat\u00e1ndose de perjuicios inmateriales, se presume, por tanto, su indemnizaci\u00f3n es oficiosa por virtud del principio de reparaci\u00f3n integral; por supuesto, se itera, ayudado de los elementos de convicci\u00f3n que obren en el juicio, atendiendo la naturaleza del derecho afectado y la prudencia racional del juez. <\/p>\n

4. Es indispensable indicar que a todo funcionario judicial le asiste el deber de sustentar razonadamente sus determinaciones, apoyado en la normatividad aplicable a la materia; por ende, refulge con claridad el quebranto al debido proceso. <\/p>\n

Aunque los prove\u00eddos de los administradores de justicia son en principio ajenos al an\u00e1lisis propio de la acci\u00f3n de amparo consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, en los eventos en los cuales la respectiva autoridad profiere alguna decisi\u00f3n ostensiblemente arbitraria, en contrav\u00eda de la legislaci\u00f3n, como lo es la aqu\u00ed atacada, es factible la intervenci\u00f3n de esta particular sede en aras de reparar esa situaci\u00f3n. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, resulta procedente la protecci\u00f3n incoada. El fallador convocado desconoci\u00f3 la jurisprudencia de esta sala y con ello afect\u00f3 los derechos del tutelante. Por tanto, habr\u00e1 de concederse la protecci\u00f3n deprecada para que el tribunal convocado provea, de nuevo, sobre el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la sentencia de 10 de febrero de 2012, en lo atinente al \u201cda\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n\u201d, seg\u00fan se expuso. <\/p>\n

5. En consecuencia, la Corte har\u00e1 el control constitucional inherente a la acci\u00f3n de resguardo, as\u00ed como tambi\u00e9n el de convencionalidad, dimanante del bloque de constitucionalidad, seg\u00fan lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5, que exige a los pa\u00edses suscriptores procurar armonizar el ordenamiento interno al mismo, para evitar cualquier disonancia entre uno y otro. As\u00ed se consign\u00f3 en sus preceptos primero y segundo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art\u00edculo 1. Obligaci\u00f3n de Respetar los Derechos: 1. Los Estados Partes en esta Convenci\u00f3n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est\u00e9 sujeta a su jurisdicci\u00f3n, sin discriminaci\u00f3n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opiniones pol\u00edticas o de cualquier otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social\u201d. <\/p>\n

\u201c2. Para los efectos de esta Convenci\u00f3n, persona es todo ser humano\u201d. <\/p>\n

\u201cArt\u00edculo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el art\u00edculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro car\u00e1cter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci\u00f3n, las medidas legislativas o de otro car\u00e1cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (\u2026)\u201d. <\/p>\n

De esta manera, las reglas de aquella normatividad deben observarse en asuntos como \u00e9ste, so pena de incumplir deberes internacionales. Por tanto, es menester tener en consideraci\u00f3n las prerrogativas a las \u201cgarant\u00edas judiciales\u201d y a la \u201cprotecci\u00f3n judicial\u201d, seg\u00fan las cuales, una persona podr\u00e1 acudir ante las autoridades jurisdiccionales competentes para obtener la pronta y eficaz resoluci\u00f3n de sus litigios. <\/p>\n

En el presente caso, como se dijo, el accionado consider\u00f3 err\u00f3neamente que el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso tendiente a interrumpir la prescripci\u00f3n es objetivo cuando jurisprudencialmente se ha determinado lo contrario. De esa manera, contravino los c\u00e1nones 8.1 y 25 de ese tratado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art. 8. Garant\u00edas Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art. 25. Protecci\u00f3n Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r\u00e1pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n, la ley o la presente Convenci\u00f3n, aun cuando tal violaci\u00f3n sea cometida por personas que act\u00faen en ejercicio de sus funciones oficiales\u201d. <\/p>\n

\u201c2. Los Estados Partes se comprometen: \u201ca) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidir\u00e1 sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; \u201cb) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y \u201cc) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisi\u00f3n en que se haya estimado procedente el recurso (\u2026)\u201d (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n

El instrumento citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d.
\n\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u00ab(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u00bb7, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo <\/p>\n

5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6.\tAs\u00ed las cosas, la salvaguarda impetrada ser\u00e1 concedida.
\n3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO:\tCONCEDER la tutela solicitada por Guillermo Le\u00f3n Saldarriaga Quintero frente a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira integrada por los magistrados Duberney Grisales Herrera, Edder Jimmy S\u00e1nchez C. y Jaime Alberto Saraza N., con ocasi\u00f3n del juicio de responsabilidad civil extracontractual adelantado por el gestor contra Rodrigo de Jes\u00fas Muriel Herrera y otros. <\/p>\n

En consecuencia, se le ordena al tribunal cuestionado que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, previa recepci\u00f3n del expediente censurado, deje sin efectos la sentencia de 17 de septiembre de 2019 y las actuaciones que de \u00e9sta se desprendan y, en el mismo t\u00e9rmino, vuelva a desatar la apelaci\u00f3n interpuesta frente a la providencia de primera instancia, conforme a lo expresado en este pronunciamiento. Por secretar\u00eda rem\u00edtasele copia del mismo. <\/p>\n

SEGUNDO:\tNotif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

TERCERO:\tSi este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

(Excusa justificada)
\nARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tCSJ \tSC22036-2017 Dic. 19 de 2017, rad. 2009-00114-01
\n2 \tCSJ \tSC5686-2018 Dic. 19 de 2018, rad. 2004-00042-01
\n3 \tCSJ \tSC5885-2016 sentencia sustitutiva de 6 de mayo de 2016, rad. \t2004-00032-01
\n4 \tCSJ SC. Sentencia \tde 19 de junio de 1925 (G.J. \tT. XXXII, p\u00e1g. 374).
\n5 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n6 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n7 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n8 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n9 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de \tseptiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, \tcriterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n10 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n11 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC16743-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03897-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Guillermo Le\u00f3n Saldarriaga Quintero frente a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103080","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103080","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103080"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103080\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103080"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103080"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103080"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}