{"id":103081,"date":"2026-07-02T18:06:41","date_gmt":"2026-07-02T18:06:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103081"},"modified":"2026-07-02T18:06:41","modified_gmt":"2026-07-02T18:06:41","slug":"stc16746-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16746-2019\/","title":{"rendered":"STC16746-2019"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16746-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03858-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., once (11) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).- <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Ismael Duque Montenegro en calidad de \u00abapoderado general\u00bb de Ana Carolina Duque Fl\u00f3rez, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculada la parte pasiva y dem\u00e1s intervinientes del juicio verbal especial a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl promotor del amparo, aduciendo la condici\u00f3n precitada, reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso de su apadrinada, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con las sentencias proferidas en ambas instancias el 29 de marzo y 9 de agosto, respectivamente, en el marco del proceso declarativo especial de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea que Ana Carolina Duque Fl\u00f3rez promovi\u00f3 frente al Edificio Omega 21 P.H., con radicado No. 2015-00279-00. <\/p>\n

Solicita entonces, de manera concreta, revocar las citadas decisiones, y que como consecuencia de ello, se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena y a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad, \u00abdictar una nueva Sentencia que corresponda a las normas aplicables para el reconocimiento de los PRESUPUESTOS DE INEFICACIA de las decisiones adoptadas en asamblea general de propietarios\u00bb (fl. 4). <\/p>\n

2. En apoyo de su reparo aduce en lo esencial el actor, que en representaci\u00f3n de su defendida y a trav\u00e9s de apoderado judicial, inici\u00f3 el litigio referido en l\u00edneas precedentes, con el prop\u00f3sito de que se declaren ineficaces las decisiones adoptadas en la asamblea de copropietarios de la citada propiedad horizontal llevada a cabo el 22 de marzo de 2018, por falta de qu\u00f3rum decisorio en la se\u00f1alada reuni\u00f3n, pretensi\u00f3n que fue despachada desfavorablemente por el estrado judicial accionado a trav\u00e9s de sentencia anticipada del 29 de marzo de los corrientes, tras decretar la caducidad de la acci\u00f3n, bajo el argumento que el t\u00e9rmino de dos (2) meses fijado para el efecto por el art\u00edculo 382 del C\u00f3digo General del Proceso, modificatorio del canon 49 de la Ley 675 de 2001, feneci\u00f3 el 22 de mayo de 2018, dado que la demanda que dio origen al se\u00f1alado tr\u00e1mite se inco\u00f3 el 13 de julio siguiente, determinaci\u00f3n fue confirmada por el Tribunal acusado mediante providencia del 9 de agosto siguiente. <\/p>\n

Sostiene que tales pronunciamientos desconocen no solo el ordenamiento jur\u00eddico, sino tambi\u00e9n la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional respecto de esa puntual tem\u00e1tica, as\u00ed como la postura que tiene la Superintendencia Financiera de Colombia frente a dicho t\u00f3pico, am\u00e9n que, a su juicio, \u00abse le debe dar es aplicaci\u00f3n a lo consagrado en el art\u00edculo 235 de la Ley 222 de 1995\u00bb, ya que \u00e9ste prescribe de forma clara, que \u00abLas acciones penales, civiles y administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones o de la violaci\u00f3n a lo previsto en el Libro Segundo del C\u00f3digo de Comercio y en esta ley, prescribir\u00e1n en cinco a\u00f1os, salvo que en \u00e9sta se haya se\u00f1alado expresamente otra cosa\u00bb, raz\u00f3n por la que estima que las aludidas autoridades jurisdiccionales incurrieron en causal de procedencia del resguardo por defecto sustantivo, error que debe ser enmendado a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n (fls. 1 a 6). <\/p>\n

3.\tDerrotado el proyecto al Magistrado ponente en Sala de Decisi\u00f3n llevada a cabo el pasado 27 de noviembre, el d\u00eda 29 siguiente el asunto ingres\u00f3 a este Despacho para lo pertinente. <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

b. El Juez Tercero Civil del Circuito de Cartagena pidi\u00f3 denegar el resguardo implorado, con sustento en que la decisi\u00f3n adoptada por ese Despacho se encuentra ajustada a la ley adjetiva civil aplicable al asunto (fls. 54 y 55). <\/p>\n

c. La auxiliar judicial del Magistrado que emiti\u00f3 la segunda de las providencias criticadas, indic\u00f3 que \u00e9sta \u00abpara nada trasgrede los derechos reclamados, pues la misma fue debidamente argumentada, obedeciendo a la aplicaci\u00f3n de la normatividad y jurisprudencia que gobierna el caso particular\u00bb (fl. 57). <\/p>\n

b. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tSe recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n

De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n

2.\tEn relaci\u00f3n con la agencia de derechos y el argumento de la no necesidad de poder especial para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece, que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n

Sobre el alcance del precepto legal en menci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha estimado que \u00abla legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (C.C. T-878\/07). <\/p>\n

3.\tEn el presente asunto se advierte de entrada, que el accionante aduciendo la condici\u00f3n de apoderado general de Ana Carolina Duque Fl\u00f3rez, cuestiona a trav\u00e9s de este mecanismo especial, los fallos proferidos el 29 de marzo y 9 de agosto de los corrientes, a trav\u00e9s de los cuales el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad resolvieron, en su orden, \u00abDECLARAR PROBADA la caducidad [de la acci\u00f3n]\u00bb, y, en consecuencia, \u00abNEGAR en su totalidad las pretensiones de la demanda\u00bb, y, ratificar \u00edntegramente la anterior decisi\u00f3n, dentro del juicio declarativo especial de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea que aqu\u00e9l promovi\u00f3 en nombre de aqu\u00e9lla y a trav\u00e9s de apoderado judicial en contra del Edificio Omega 21 P.H. <\/p>\n

4.\tSin embargo, para la Corte la demanda de amparo no puede ser estudiada de fondo, toda vez que el poder general otorgado por la prenombrada persona a favor del accionante (fls. 7 a 11), no lo habilita para cuestionar a nombre de ella la actuaci\u00f3n adelantada por las mencionadas instancias judiciales mediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que ese tipo de representaci\u00f3n no \u00abpuede tener (\u2026) la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes (\u2026), al ser este mecanismo un proceso judicial aut\u00f3nomo, que promovido a trav\u00e9s de abogado, requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulaci\u00f3n\u00bb (ver hace poco en STC13126-2019), m\u00e1xime cuando el gestor no es abogado. <\/p>\n

5. Ahora, si bien la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela no exige tal calidad en quien la suscribe, ya que puede ser interpuesta por la persona que estime pertinente solicitar ante un Juez el amparo de sus garant\u00edas constitucionales, cuando de derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que quien dice representar a otro acompa\u00f1e a la demanda poder especial por medio del cual se act\u00faa, o se proceda en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, valga decir, alegando agencia oficiosa, lo que en el presente asunto no se hizo. <\/p>\n

En ese sentido esta Sala ha precisado, que \u00abcuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para (\u2026) su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente (\u2026) (Sentencias T-658 de 2002; T-451 de 2006 y T. 2011-00118-01 de 10 de junio de 2011 y T. 2011-00153-01 de 27 de julio del mismo a\u00f1o, entre otras)\u00bb (ejusdem). <\/p>\n

6. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada.
\nDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la
\nley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nComparto la decisi\u00f3n adoptada en el asunto, pero no por la falta de legitimidad del apoderado general de la tutelante, sino por la razonabilidad de la decisi\u00f3n objeto de reproche en sede constitucional.
\n1. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica que dio lugar a la solicitud de amparo, es la siguiente: .
\n1.1. El 27 de diciembre de 2010, mediante Escritura P\u00fablica N\u00b0 004671 de la Notar\u00eda 42 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, Ana Carolina Duque Fl\u00f3rez otorg\u00f3 poder general a Ismael Duque Montenegro, para que en su nombre y representaci\u00f3n
\n\u00ab(…)administre los bienes (…) recaude sus productos y celebre toda clase de contratos relativos a la administraci\u00f3n de ellos. (..}para que represente a la poderdante en las sociedades de las que sea socio; para que lleve la vocer\u00eda y emita los votos de la poderdante en las respectivas asambleas o juntas de socios y para que suscriba emisiones de acciones y bonos, pague los instalamentos y reciba los dividendos que correspondan a la poderdante; (…) para que represente a la poderdante ante cualesquiera corporaciones, funcionarios o empleados del orden judicial o del administrativo en cualesquiera juicios, actuaciones, actos, diligencias o gestiones en que la poderdante tenga que intervenir directa o indirectamente, sea como demandante o como demandado o como coadyuvante de cualquiera de las partes sea para iniciar o seguir o finalizar tales juicios, actuaciones, actos, diligencias o gestiones. (…) para que desista de los juicios, gestiones o reclamaciones en que intervenga en nombre de la poderdante, de los recursos que en ellos interponga y de las articulaciones o incidentes que promueva. ( para que, en general, asuma la personer\u00eda de la poderdante siempre que lo estime conveniente
\nde manera que en ning\u00fan caso quede \u00e9l sin representaci\u00f3n en negocios que le interesen.(…)\u00bb
\n1.2. En el marco de ese mandato, el apoderado general confiri\u00f3 poder especial a un profesional del derecho que, en nombre y representaci\u00f3n de la tutelante, el 13 de julio de 2018, promovi\u00f3 proceso para que se declarara la ineficacia de las decisiones tomadas en la asamblea general de copropietarios llevada a cabo el 22 de marzo de 2018 en el edificio Omega 21 P.H.
\n1,3. A trav\u00e9s de sentencia anticipada dictada el 29 de marzo de 2019, el juzgado 3\u00b0 Civil del Circuito de Cartagena declar\u00f3 la caducidad de la acci\u00f3n impetrada y conden\u00f3 en costas y agencias en derecho a la demandante, en atenci\u00f3n al t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 382 del C\u00f3digo General del Proceso.
\n1.4. El apoderado general de la copropietaria acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela, obrando en su representaci\u00f3n, para solicitar el amparo del derecho fundamental al debido
\nproceso, por considerar que \u2018,…no se le puede dar aplicaci\u00f3n al t\u00e9rmino de dos meses de caducidad de la acci\u00f3n. Y se le debe dar es aplicaci\u00f3n a lo consagrado en el art\u00edculo 235 de la Ley 222 de 1995, ya que la norma indicada expresamente dispuso que: "las acciones penales, civiles y administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones o de la violaci\u00f3n a lo previsto en el Libro segundo del C\u00f3digo de Comercio y en esta ley, prescribir\u00e1n en cinco a\u00f1os, salvo que en \u00e9sta se haya se\u00f1alado expresamente otra cosa",
\ntesis que fue expuesta por la Superintendencia
\nFinanciera de Colombia en decisi\u00f3n de 2 de marzo de
\n2009.
\n2. En \tla providencia de la que me aparto se dispuso negar \tla protecci\u00f3n constitucional reclamada por la accionante, \tcon fundamento en la falta de legitimidad de su apoderado \tgeneral para elevar la queja constitucional, toda
\nvez que\tpoder general otorgado por la prenombrada
\npersona a favor del accionante (fls. 7 a 11), no lo habilita para cuestionar a nombre de ella la actuaci\u00f3n adelantada por las mencionadas instancias judiciales mediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que ese tipo de representaci\u00f3n no "puede tener (…) la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes (…), al ser este mecanismo un proceso judicial aut\u00f3nomo, que promovido a trav\u00e9s de abogado, requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulaci\u00f3n" (ver hace poco en STC13126-2019), m\u00e1xime cuando el gestor no es abogado\u00bb
\n2. Contrario \tal criterio expuesto, considero que en el caso \tel tutelante, estaba autorizado para promover la queja en \trepresentaci\u00f3n del extremo activo de la litis, en virtud del \tcontrato de mandato a \u00e9l otorgado con potestades generales, \tsin que fuera necesario allegar uno espec\u00edfico para \tel caso, por las siguientes consideraciones.
\n3.1. Cuando el amparo se introdujo en el ordenamiento constitucional como una herramienta preferente para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la
\nacci\u00f3n o la omisi\u00f3n de autoridades p\u00fablicas y a\u00fan de los particulares en los casos establecidos por la ley, se hizo bajo la premisa de que quien acudiera a la jurisdicci\u00f3n estuviera habilitado para ello.
\nLo anterior porque siempre se ha considerado que as\u00ed se trate de un procedimiento breve y sumario y por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible soslayar el respecto a requisitos como el de legitimaci\u00f3n.
\nEn armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 10\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, determin\u00f3 que este especial mecanismo se puede ejercer
\npor la \u00abpersona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
\nfundamentales,
\nrepresentante.\u00bb
\nquien \t\t\tactuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de \t<\/p>\n

Para facilitar la defensa de derechos ajenos, tambi\u00e9n estableci\u00f3 la presunci\u00f3n de autenticidad de los poderes otorgados y la agencia oficiosa cuando el titular de las garant\u00edas constitucionales no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, pero en tal caso, as\u00ed deber\u00e1 manifestarse en la solicitud.
\n3,2. La informalidad de la acci\u00f3n de tutela, recu\u00e9rdese, tiene como finalidad, garantizar en la mayor medida posible el acceso de las personas a la administraci\u00f3n de justicia. En palabras de la Corte Constitucional, ello implica:
\n… que quien la ejerza no requiere ninguna calidad especial ni necesita ser abogado titulado pues se trata de un procedimiento preferente y sumario que puede iniciarse, como lo dice la Constituci\u00f3n, por toda persona que estime pertinente reclamar ante los jueces, ".,.por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre…", la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Estamos ante una acci\u00f3n con caracter\u00edsticas singulares que en raz\u00f3n de su objeto, han sido trazadas por la misma Carta Pol\u00edtica, de lo cual resulta que no podr\u00edan el legislador ni el int\u00e9rprete supeditar su ejercicio a los requisitos exigidos corrientemente por la ley para otro tipo de acciones."
\n"Asimismo, tampoco tendr\u00eda sentido que se exigiera que quien representa a otro para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela -a titulo de agente oficioso o en virtud de una representaci\u00f3n legal- fuera abogado o que cumpliese determinados requerimientos propios del litigio en las distintas ramas del derecho -por ejemplo, tener la Tarjeta Profesional-pues con ello se desvirtuar\u00eda la informalidad propia de la tutela y se pondr\u00eda en peligro la efectividad de la protecci\u00f3n judicial a los derechos fundamentales vulnerados o amenazados. Esto implicar\u00eda una traba innecesaria y carente de todo fundamento constitucional."
\n\u00abCaso distinto es el de quien ejerce la acci\u00f3n de tutela a nombre de otro a t\u00edtulo profesional, en virtud de mandato judicial, pues es evidente que en tal caso act\u00faa dentro del marco legal y las reglas propias del ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado, raz\u00f3n por la cual debe acreditar que lo es seg\u00fan las normas aplicables. (Decreto 196 de
\n197.1)".5 (C.C. Sentencia T-297 de 1997)
\nEn efecto, ha de recordarse que de conformidad con el
\nart\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n\u00ab Pol\u00edtica \u00abtoda persona tendr\u00e1
\nacci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
\nlugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma
\no por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica.(…)\u00bb, id\u00e9ntica disposici\u00f3n contiene
\nel art\u00edculo 1' del Decreto 2591 de 1991 que reglament\u00f3 la acci\u00f3n de tutela. (Se resalta)
\nA su turno, el articulo 3\u00b0, establece que ir fell tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela se desarrollar\u00e1 con arreglo a los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, econom\u00eda, celeridad y eficacia.\u00bb (Se destaca)
\nPor su parte, el art\u00edculo 10\u00b0 ejusdem, indica que fija
\nacci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por si misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos.\u00bb (El \u00e9nfasis
\nno es del original)
\nEn \t\t\tel mismo sentido, el art\u00edculo 14
\ndel \t\t\tmismo \t<\/p>\n

ordenamiento, consagra que \u00ab… [en la solicitud de tutela se expresar\u00e1, con la mayor claridad posible, la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad p\u00fablica, si fuere posible, o del \u00f3rgano autor de la amenaza o del agravio, y la descripci\u00f3n de las dem\u00e1s circunstancias relevantes para decidir la solicitud. Tambi\u00e9n contendr\u00e1 el nombre y el lugar de residencia del solicitante.
\nNo ser\u00e1 indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado. La acci\u00f3n podr\u00e1 ser ejercida, sin ninguna formalidad o autenticaci\u00f3n, por memorial, telegrama u otro medio de comunicaci\u00f3n
\nque se manifieste por escrito, para lo cual se gozar\u00e1 de franquicia. No
\nser\u00e1 necesario actuar por medio de apoderado.\u00bb (Subraya y
\nnegrilla no es original)
\n3.3. Entonces, ni la normatividad que regula la acci\u00f3n de tutela ni la jurisprudencia de la Corte Constitucional que no se ha pronunciado sobre el t\u00f3pico puntual que se analiza, proscriben la posibilidad de que el apoderado general de una persona presente acci\u00f3n de tutela para que se protejan los derechos fundamentales de su poderdante, porque una de las formas en que se puede ejercer la representaci\u00f3n judicial de una persona, es en virtud del poder general, m\u00e1xime, cuando las garant\u00edas cuya protecci\u00f3n se invoca fueron presuntamente vulneradas en desarrollo de las actividades propias del cumplimiento de aquel contrato.
\nEn este asunto, la titular de la garant\u00eda superior cuyo amparo se reclama \u2014 debido proceso-, confiri\u00f3 poder general al se\u00f1or Ismael Duque Montenegro, mediante escritura p\u00fablica No. 004671 de 27 de diciembre de 2010, con el fin de que \u00e9l administrara sus bienes y la
\nrepresentara. en Colombia \u00abante cualesquiera corporaciones, funcionarios o empleados del orden judicial o del administrativo en cualesquiera juicios, actuaciones, actos, diligencia o gestiones en que la poderdante tenga que intervenir directa o indirectamente, sea como demandante o como demandado o como coadyuvante de cualquiera de las partes, sea para iniciar o seguir o finalizar tales juicios, actuaciones, actos, diligencias o gestiones.\u00bb
\nDurante la ejecuci\u00f3n de aquel mandato, el apoderado
\ngeneral inici\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, por lo que no existe ninguna raz\u00f3n v\u00e1lida para afirmar que carece de legitimidad para incoar la acci\u00f3n, mucho menos por el hecho de no ser abogado, pues, insisto, ni el Decreto 2591 de 1991 ni la jurisprudencia constitucional, establecen que quien no obra como apoderado judicial, deba ser profesional del derecho; de hecho, exigir tal requisito desnaturaliza el acceso a la administraci\u00f3n de justicia a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela.
\n2. De \tla forma que precede, y con el mayor respeto, dejo expresada \tmi aclaraci\u00f3n de voto.
\nARIEL SALAZAR RAMIREZ
\nMagistrado <\/p>\n

STC16746-2019 <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nSALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n

STC16746-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03858-00 <\/p>\n

1. Estimo que el amparo deprecado por Ismael Duque Montenegro, quien act\u00faa como apoderado general de Ana Carolina Duque Fl\u00f3rez debi\u00f3 estudiarse de fondo, por cuanto el citado reclamante s\u00ed estaba habilitado para incoar la presente salvaguarda. <\/p>\n

2. Los hechos nodales, base del litigio sometido al escrutinio de la Sala, son los siguientes: <\/p>\n

Ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena, Ana Carolina Duque Fl\u00f3rez impugn\u00f3 las decisiones adoptadas en la \u201casamblea de copropietarios\u201d del Edificio Omega 21 P.H., celebrada el 22 de marzo de 2018. <\/p>\n

En pro de sus pedimentos, la \u201ccopropietaria\u201d, all\u00ed demandante, tild\u00f3 de ineficaces los comentados actos de \u201casamblea\u201d, por falta de qu\u00f3rum decisorio en la se\u00f1alada reuni\u00f3n. <\/p>\n

Esa sede judicial, en sentencia anticipada de 29 de marzo de 2019, decret\u00f3 la caducidad de la acci\u00f3n, toda vez que el t\u00e9rmino de dos meses fijado para el efecto por el art\u00edculo 382 del C\u00f3digo General del Proceso, modificatorio del canon 49 de la Ley 675 de 2001, feneci\u00f3 el 22 de mayo de 2018, en tanto el tr\u00e1mite confutado se inco\u00f3 el 13 de julio posterior. <\/p>\n

Esa determinaci\u00f3n fue confirmada por el tribunal objetado, en prove\u00eddo de 9 de agosto siguiente. <\/p>\n

3. La Sala mayoritaria deneg\u00f3 el amparo exigido. Para el efecto, sostuvo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [P]ara la Corte la demanda de amparo no puede ser estudiada de fondo, toda vez que el poder general otorgado por la prenombrada persona a favor del accionante, no lo habilitaba para cuestionar a nombre de ella la actuaci\u00f3n adelantada por las mencionadas instancias judiciales, mediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que ese tipo de representaci\u00f3n no \u201cpuede tener (\u2026) la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarlo para interponer acciones de tutela adyacentes (\u2026), al ser este mecanismo un proceso judicial aut\u00f3nomo, que promovido a trav\u00e9s de abogado, requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulaci\u00f3n\u201d (ver hace poco en STC13126-2019) m\u00e1xime cando el gestor no es abogado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Ahora, si bien la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela no exige la calidad en quien la suscribe, ya que (sic) puede ser interpuesta por la persona que estime pertinente solicitar ante un Juez el amparo de garant\u00edas constitucionales, cuando de derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que quien dice representar a otro acompa\u00f1e a la demanda poder especial por medio del cual se act\u00faa, o se proceda en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, valga decir, alegando agencia oficiosa, lo que en el presente asunto no se hizo (\u2026)\u201d. <\/p>\n

4. No comparto la posici\u00f3n de la mayor\u00eda, seg\u00fan la cual no pod\u00eda analizarse la queja interpuesta por el tutelante, pues considero la viabilidad de procurar la protecci\u00f3n de prerrogativas ius fundamentales ajenas, mediante poder general otorgado por el afectado al petente. <\/p>\n

5.\tLa antelada posici\u00f3n de la cual me aparto, se apoya en la l\u00ednea jurisprudencial que la Corte empez\u00f3 a consolidar en el a\u00f1o 2006, pues previamente hab\u00eda reconocido legitimaci\u00f3n para intervenir en este tipo de tr\u00e1mites, a quien verificara la condici\u00f3n de vocero judicial, especial o no1, siempre y cuando fuese abogado titulado2. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la vigente tesitura de la Sala frente a este aspecto, para la instauraci\u00f3n del resguardo consagrado en el canon 86 superior, y\/o la impugnaci\u00f3n de su decisi\u00f3n, en armon\u00eda con el precepto 10 del Decreto 2591 de 19913, fuera de los eventos de representaci\u00f3n legal \u2013de menores de edad, personas jur\u00eddicas y sujetos en situaci\u00f3n de discapacidad mental absoluta o relativa-, y de aquellos en los cuales es viable la agencia oficiosa, se torna indispensable conferir \u201cpoder espec\u00edfico\u201d a un profesional del derecho, pues, se aduce, quien as\u00ed act\u00faa, lo hace dentro del marco legal y las reglas propias del ejercicio del indicado empleo4, siendo, por ende, aplicable la regulaci\u00f3n prevista para \u00e9ste en el ordenamiento jur\u00eddico, vale decir, por el Decreto 196 de 19715, hoy d\u00eda, por la Ley 1123 de 20076. <\/p>\n

Esta intelecci\u00f3n del asunto se ha fincado adem\u00e1s, de forma expresa, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, quien ha pregonado, con las anotadas salvedades, la necesidad de que la representaci\u00f3n en esta materia sea confiada a un abogado, en virtud de poder especial7, entendi\u00e9ndose por \u00e9ste, el otorgado por \u201cuna sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u201d8. <\/p>\n

Desde tal perspectiva, esa Alta Corporaci\u00f3n, al discurrir acerca de los \u201crequisitos del apoderamiento judicial para interponer la acci\u00f3n de tutela\u201d, expuso que \u201cel poder por medio del cual se faculta al abogado para actuar [ha de contar] con una serie de elementos en los que se identifique en forma clara y expresa:\u00a0(i)\u00a0los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante como del apoderado;\u00a0(ii)\u00a0la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela;\u00a0(iii)\u00a0el acto o documento causa del litigio y,\u00a0(iv)\u00a0el derecho fundamental\u00a0 que se pretende proteger y garantizar\u201d9.
\n\u00a0
\n5.1. En mi opini\u00f3n, estas doctrinas son equivocadas, no s\u00f3lo por cuanto considero que el mandato con fines judiciales es suficiente para obrar en herramientas como la examinada, sino tambi\u00e9n porque estimo errado exigirle al sujeto as\u00ed encargado de velar por la salvaguarda de las prerrogativas de otro, demostrar con ese prop\u00f3sito un poder especial para el presente auxilio. <\/p>\n

5.2. N\u00f3tese, a voces del canon 2142 del C\u00f3digo Civil, \u201c[e]l mandato es un contrato en que una persona conf\u00eda la gesti\u00f3n de uno o m\u00e1s negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera\u201d, defini\u00e9ndolo a su vez el estatuto mercantil, en su art. 1262, como \u201cun contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o m\u00e1s actos de comercio por cuenta de otra\u201d. <\/p>\n

En sentir de la Corte, razonamiento que comparto plenamente, \u201c[d]esde el punto de vista jur\u00eddico, la noci\u00f3n de mandato viene asociada a la idea de favor o de encargo (\u2026). Se trata, entonces, de un instrumento de integraci\u00f3n y colaboraci\u00f3n que facilita satisfacer intereses del comitente, en cuyo beneficio se realizan actos que por circunstancias de diversa \u00edndole, no puede o no desea llevar a cabo \u00e9l directamente. Tal herramienta permite, pues, que a trav\u00e9s de una superposici\u00f3n personal, un sujeto de derecho realice una gesti\u00f3n por o para otro, ya como simple benevolencia, ora a cambio de una contraprestaci\u00f3n\u201d10. <\/p>\n

Dest\u00e1quese, la confianza depositada por el mandante en el mandatario, es elemento inherente a dicho convenio. Precisamente, la palabra mandato proviene del lat\u00edn \u201cmandatum\u201d, derivada a su vez de la locuci\u00f3n \u201cmanus datio\u201d o \u201cmanum dare\u201d, esto es, en el antiguo derecho romano, \u201cel estrechamiento de la mano derecha de una persona que encargaba una gesti\u00f3n, con la de otra que se hac\u00eda cargo de realizarla, expresando simult\u00e1neamente as\u00ed el testimonio de su amistad, y especialmente para hacer constar la primera hacia la segunda su sentimiento de confianza (\u201csymbolum fidei datae\u201d); y, por otra parte, para hacer resaltar ambas el poder vinculante de sus voluntades, porque la mano era el s\u00edmbolo de la fuerza\u201d11. <\/p>\n

Como lo expone D\u00edez-Picazo, el rese\u00f1ado acuerdo de voluntades encuentra su base y su fundamento en un v\u00ednculo de confianza y de fidelidad entre los participantes, deviniendo de all\u00ed el ostensible car\u00e1cter intuitu personae del mismo, y la marcada relevancia de la personalidad de los intervinientes, al punto que \u201c[l]a modificaci\u00f3n sobrevenida o la desaparici\u00f3n de las circunstancias o cualidades personales sobre las cuales se bas\u00f3 la confianza de las partes tiene que tener un cauce para repercutir en la suerte de la relaci\u00f3n. La ley contempla alguno (sic) de estos cambios como causas especiales de terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n (la interdicci\u00f3n, la quiebra, la insolvencia), pero, en general, toda p\u00e9rdida de la confianza debe generar una posible terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n (\u2026)\u201d12. <\/p>\n

Es tan medular la confianza, que el contrato puede extinguirse unilateralmente cuando \u00e9sta se diluye: el mandante, revoc\u00e1ndolo, y el mandatario, renunciando. <\/p>\n

Los derechos fundamentales, en el contexto de la Democracia Constitucional y Social de Derecho, donde el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva13, son base angular, no pueden resistir una conceptualizaci\u00f3n de ese talante. <\/p>\n

En ese orden, me pregunto: \u00bfpor qu\u00e9 se admite la instauraci\u00f3n del auxilio por conducto de agente oficioso, aun cuando \u00e9ste no dispone ni ha de exhibir autorizaci\u00f3n alguna y\/o acreditar ser abogado, habilit\u00e1ndosele incluso para conferir poder especial14, pero al apoderado de un decurso que se cuestionada en sede constitucional no se le permite salvaguardar los intereses que ponen en entre dicho en las actuaciones que se la ha dado la confianza para intervenir, a pesar de contar, \u00e9l s\u00ed, con la aquiescencia del directo interesado en la protecci\u00f3n de las prerrogativas presuntamente quebrantadas, si para tal efecto le confiri\u00f3 poder? <\/p>\n

Si se afirmara como parte de la respuesta a este cuestionamiento, el deber de asegurar la defensa t\u00e9cnica de las garant\u00edas del inmediatamente afectado y la eventual responsabilidad profesional del representante, tal tesis claramente fallar\u00eda al intentar contestar la primera hip\u00f3tesis mencionada, pues a quien obra al abrigo de la agencia oficiosa no le son aplicables los comentados requerimientos. <\/p>\n

5.3. Es m\u00e1s, al margen de lo plasmado, de cualquier modo la postura de la Sala mayoritaria no tiene asidero jur\u00eddico, porque ni el art. 86 de la Constituci\u00f3n Nacional, consagratorio de la acci\u00f3n de tutela, ni el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de \u00e9sta, prescriben las memoradas exigencias. <\/p>\n

Por el contrario, el referido canon superior es de contenido meridiano al pontificar que reclamos iusfundamentales como el actual, pueden ser invocados por toda persona, \u201cpor s\u00ed misma o por quien act\u00faa a su nombre\u201d, mientras el precepto 10 del aludido decreto reitera esa noci\u00f3n, a\u00f1adiendo la presunci\u00f3n de autenticidad de los poderes otorgados con miras a esta clase de tr\u00e1mites. <\/p>\n

De contera, la decisi\u00f3n de la cual discrepo est\u00e1 imponiendo a los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia el cumplimiento de requisitos no previstos en la ley, denegando as\u00ed el libre acceso a \u00e9sta15, y soslaya, igualmente, la informalidad16 de actuaciones de este linaje, sin sustento v\u00e1lido alguno. <\/p>\n

6. T\u00e9ngase en cuenta, adem\u00e1s, que el mandato consensual como es, no requiere solemnidad alguna, y por ese motivo, la ausencia de poder especial para impetrar una acci\u00f3n de tutela, no lo desvirt\u00faa. <\/p>\n

Sobre el particular, el Consejo de Estado se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Si bien es cierto que, conforme ya se explic\u00f3, al demandante no se le confiri\u00f3 poder para presentar la solicitud de revocatoria directa, tambi\u00e9n lo es que este hecho no es suficiente para concluir, como lo hizo la Corte Suprema de Justicia, que aquel carec\u00eda de mandato para adelantar tal gesti\u00f3n. No debe perderse de vista que el poder es apenas uno de los requisitos que deben cumplirse para que se produzca la representaci\u00f3n, pero no es un elemento necesario para la formaci\u00f3n del mandato, pues \u00e9ste es de car\u00e1cter consensual y se reputa perfecto por la simple aceptaci\u00f3n del mandatario (C\u00f3digo Civil, arts. 2149 y 2150). Al respecto, la doctrina ha puntualizado que: (\u2026)\u201d <\/p>\n

\u201c(\u2026) El poder es simplemente la facultad conferida a un intermediario de actuar en nombre de la persona interesada en la celebraci\u00f3n de alg\u00fan negocio y, de manera general, en la emisi\u00f3n o recepci\u00f3n de alguna manifestaci\u00f3n de voluntad; o dicho en otros t\u00e9rminos, el poder es la facultad de representaci\u00f3n. El poder, por s\u00ed solo, no obliga al apoderado a actuar, apenas autoriza a representar al interesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Dicha facultad puede emanar de la ley o de la voluntad del propio interesado\u2026 Para la representaci\u00f3n voluntaria, en cambio, el propio interesado confiere el poder al representante, en virtud de un negocio jur\u00eddico unilateral que se denomina apoderamiento o acto de apoderamiento o procuraci\u00f3n (\u2026). Es aqu\u00ed en la representaci\u00f3n voluntaria donde residen la mayor\u00eda de las confusiones doctrinales e imprecisiones legales ata\u00f1aderas (sic) a la representaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) En la representaci\u00f3n voluntaria, la procuraci\u00f3n, que es un negocio unilateral, y el poder, que es una facultad, por regla general no se dan solos, sino asociados a otro negocio jur\u00eddico, previo o simult\u00e1neo, por el cual el representante y el representado regulan las relaciones que existen entre ellos con motivo de la existencia y ejercicio del poder y el representante se obliga a ejercerlo. Se llama negocio fundamental o relaci\u00f3n fundamental. Puede ser y es en la mayor\u00eda de los casos un mandato, es decir, un contrato por el cual el mandatario se obliga a gestionar uno o m\u00e1s negocios por cuenta y riesgo del mandante (\u2026). Entonces, coexisten la procuraci\u00f3n, el poder y el contrato fundamental que se otorgan simult\u00e1neamente y se hacen constar en el mismo documento: por eso los propios autores suelen pensar que s\u00f3lo han celebrado un negocio. Pero son dos y no deben confundirse (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Para distinguir los tres fen\u00f3menos con toda nitidez basta pensar en la esencia de cada cual. Por ejemplo, la procuraci\u00f3n o acto de apoderamiento es un negocio jur\u00eddico unilateral del poderdante que s\u00f3lo crea facultades; mientras que el poder es una mera facultad; y el mandato es un negocio bilateral, un contrato, que no crea simples facultades sino obligaciones, en especial, las del mandatario de obrar por cuenta y riesgo (pero no necesariamente en nombre del mandate). Puede existir el mandato sin poder (\u201cmandato no representativo\u201d, lo ha llamado la Corte), que sirve de base a la mediaci\u00f3n reservada o el mandato con poder (\u201crepresentativo\u201d, seg\u00fan el l\u00e9xico de la Corte), que sirve de base a la representaci\u00f3n pero no por ser un mandato sino por envolver dos negocios, el mandato y la procuraci\u00f3n (\u2026). La distinci\u00f3n es tan radical que pueden coexistir la procuraci\u00f3n y el poder desprovistos de toda relaci\u00f3n fundamental: as\u00ed ocurre cuando el representado se limita a conferir la facultad de celebrar en nombre suyo alg\u00fan negocio al representante sin que \u00e9ste se obligue a hacerlo ni entre los dos medie contrato alguno que defina sus relaciones. En suma, la procuraci\u00f3n y el poder son fen\u00f3menos diferentes del negocio fundamental y en buen grado aut\u00f3nomo frente a \u00e9l (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Se reitera, el hecho de que el abogado L\u00f3pez Morales careciera de poder para presentar a nombre de la quiebra de Industrias Ancon Ltda. la solicitud de revocatoria directa, no desvirt\u00faa la existencia del mandato. Esto solo prueba que la quiebra incumpli\u00f3 con una de sus principales obligaciones \u2013cual es la de proveer al mandatario de todo lo necesario para la ejecuci\u00f3n del encargo (C\u00f3digo Civil, art\u00edculo 2184)\u2013; y que, en contraste, el demandante fue diligente en el cumplimiento de gesti\u00f3n pues, ante la actitud asumida por el s\u00edndico de la quiebra, que se neg\u00f3 a otorgarle los poderes respectivos, actu\u00f3 en la forma prevista por el art\u00edculo 2160 del C\u00f3digo Civil, pues se vali\u00f3 de medios equivalentes \u2013esto es, acudi\u00f3 ante otra de las personas legitimadas para solicitar la revocatoria directa de la resoluci\u00f3n n.\u00ba 876 de 1981, el se\u00f1or V\u00edctor Manuel L\u00f3pez P\u00e1ramo, acreedor de la quiebra\u2013, con el fin conseguir que se lo facultara para gestionar ante la Superintendencia de Control de Cambios la revocatoria de la sanci\u00f3n impuesta a su mandante (\u2026)\u201d17. <\/p>\n

Fecha ut supra, <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tLa \tCorporaci\u00f3n no puso trabas a la legitimaci\u00f3n de \tprofesionales del derecho que cobijados por un mandato general, \tcomparecieron a esta v\u00eda residual, en casos como el de los \tfallos de 8 de abril de 2002, exp. 2002-00059-01; 3 de mayo de 2002, \texp. 2002-00152-01; 31 de octubre de 2002, exp. 2002-12018-01; 4 de \tabril de 2003, exp. 2002-02973-01; 10 de marzo de 2004, exp. \t2004-00078-01; 22 de junio de 2004, exp. 2004-00295-01 [en \testa causa, la accionante exhibi\u00f3 un poder general a su favor \ty aleg\u00f3 ser abogada; empero, la Corte no le reconoci\u00f3 \tlegitimaci\u00f3n, por ausencia de prueba de la precitada \tcalidad]; \t25 de junio de 2004, exp. 2004-00630-00; y 26 de noviembre de 2004, \texp. 2004-00524-01. Es m\u00e1s, en fallo dictado el 21 de marzo \tde 2001, bajo el radicado n\u00ba 2001-00052-01, la Sala desat\u00f3, \tsin anteponer alg\u00fan obst\u00e1culo al respecto, la \timpugnaci\u00f3n interpuesta por el abogado, apoderado general, de \tquien actu\u00f3 en primera instancia, de manera personal, como \tagente oficiosa de su progenitora.
\n2 \tTal fue la reiterada doctrina de la Corte hasta el a\u00f1o 2005. \tCons\u00faltense al respecto las siguientes sentencias de tutela: \t27 de enero 1998, exp. 4684; 1\u00ba de septiembre de 1998, exp. \t5295; 28 de septiembre de 1999, exp. 7213; 31 de julio de 2000, exp. \t0206; 20 de febrero de 2001, exp. 2000-0965-01; 27 de marzo de 2001, \texp. 2001-00406-01; 29 de noviembre de 2001, exp. 2001-00813-00; 20 \tde junio de 2002, exp. 2002-00174-01; 26 de junio de 2002, exp. \t2002-00276-01 [en \teste caso, la Colegiatura indic\u00f3 que la all\u00ed actora, \ten su calidad de apoderada general, no estaba legitimada para \timpetrar la salvaguarda, por no ser abogada, subrayando la \tposibilidad del otorgamiento de un poder especial por aqu\u00e9lla, \ta un profesional del derecho]; \t4 de julio de 2002, exp. 2002-00698-01; 5 de julio de 2002, exp. \t2002-02239-01; 17 de julio de 2002, exp. 2002-00240-01; 16 de agosto \tde 2002, exp. 2002-00031-01; 28 de agosto de 2002, exp. \t2002-00333-01; 14 de febrero de 2003, exp. 2002-00071-01; 30 de \tseptiembre de 2003, exp. 2003-00042-01; 23 de febrero de 2004, exp. \t2003-00621-01; 29 de abril de 2004, exp. 2004-00155-01; 29 de julio \tde 2004, exp. 2004-00654-00; 13 de octubre de 2004, exp. \t2004-01096-00; 26 de octubre de 2004, exp. 2004-00728-01; 29 de \toctubre de 2004, exp. 2004-01156-00; 11 de noviembre de 2004, exp. \t2004-00479-01; 10 de junio de 2005, exp. 2005-00155-01; 13 de julio \tde 2005, exp. 2005-00759-00; 1\u00ba de agosto de 2005, exp. \t2005-00108-01; y 14 de diciembre de 2005, exp. 2005-00209-01.
\n3 \t\u201cLa \tacci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y \tlugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus \tderechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a \ttrav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n \taut\u00e9nticos.
\nTambi\u00e9n \tse pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos \tno est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando \ttal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la \tsolicitud.
\nTambi\u00e9n \tpodr\u00e1n ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros \tmunicipales\u201d.
\n4 \tAs\u00ed se ha sostenido, cuando menos desde el a\u00f1o 2006, \ten diversos pronunciamientos, entre los cuales destacan: sentencias \tde 1\u00ba de noviembre de 2006, exp. 2006-01750-00, y de 3 de mayo \tde 2007, exp. 2007-00039-01; auto de 16 de enero de 2008, exp. \t2008-00035-00; y fallos de 10 de junio de 2011, exp. 2011-00118-01; \t3 de agosto de 2011, exp. 2011-00153-01; 4 de mayo de 2012, exp. \t2012-00145-01 [en dicha causa, aunque el promotor del resguardo era \tabogado, se concluy\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n para \timpetrar el auxilio a nombre de otro, por cuanto exhibi\u00f3 un \tpoder general y no el especial requerido]; CSJ. STC de 25 de junio \tde 2015, exp. 2015-00365-01; CSJ. STC de 3 de julio de 2015, exp. \t2015-00111-01 [en este caso, la Sala reconoci\u00f3 derecho de \tpostulaci\u00f3n al abogado petente de la salvaguarda, quien \tobraba como apoderado especial constituido por el mandatario general \tdel titular de los intereses iusfundamentales \tpresuntamente agraviados]; CSJ. STC de 16 de junio de 2016, exp. \t2016-00716-01 [en ese tr\u00e1mite, contrario \tsensu \ta lo manifestado en el precedente reci\u00e9n citado, la Corte \tsostuvo: \u201cAunado \ta lo anterior, le falta legitimaci\u00f3n al profesional del \tderecho que promueve el resguardo, pues el poder especial fue \totorgado por mandatario general quien no est\u00e1 facultado para \tello, como quiera que el instrumento p\u00fablico a \u00e9l \tconferido no transfiere derechos fundamentales de sus \trepresentados\u201d]; \tCSJ. STC de 9 de mayo de 2018, exp. 2018-00067-01; y CJS. STC de 23 \tde mayo de 2018, exp. 2018-00436-01.
\n5 \t\u201cPor \tel cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogac\u00eda\u201d.
\n6 \t\u201cPor \tla cual se establece el C\u00f3digo Disciplinario del Abogado\u201d.
\n7 \tCorte Constitucional: T-550 de 1993, T-001 de 1997, T-658 de 2002, \tT-451 de 2006, T-493 de 2007 [en esta sentencia, no obstante se\u00f1alar \tque la acci\u00f3n de tutela se puede promover mediante \tapoderado judicial, \u201ccaso \ten el cual el apoderado debe tener la condici\u00f3n de abogado \ttitulado, debiendo anexarse a la demanda el poder especial para el \tcaso o en su defecto el \tpoder general respectivo\u201d, \trengl\u00f3n seguido esa Colegiatura expuso que en ese tipo de \tdecursos el mandato siempre ha de ser espec\u00edfico, incurriendo \ten la misma contradicci\u00f3n en los fallos T-194 de 2012 y T-430 \tde 2017]; \tT-417 de 2013; y T-054 \tde 2014.
\n8 \tCorte Constitucional: T-001 \tde 1997.
\n9 \tCorte Constitucional: T-1025 \tde 2006.
\n10 \tCSJ. \tCivil. Sentencia de 27 de marzo de 2012, expediente 00178. <\/p>\n

12 \tD\u00edez-Picazo, \tLuis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial IV. Las particulares \trelaciones obligatorias. Editorial Aranzadi S.A., 2010, p\u00e1g. \t475.
\n13 \tSobre \tlos derechos a las garant\u00edas y a la protecci\u00f3n \tjudicial efectiva, pueden verse los arts. 8\u00ba y 25 de la \tConvenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, tambi\u00e9n \tconocida como Pacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmada en San Jos\u00e9, Costa \tRica, el 22 de noviembre de 1969, aprobada en Colombia por la Ley \t16 de 1972.
\n14 \tEn la sentencia T-430 de 2017, la Corte Constitucional reiter\u00f3 \tque \u201cha \treconocido la posibilidad de agenciar el derecho de postulaci\u00f3n \tjudicial. En efecto, un tercero podr\u00eda otorgar poder a un \tabogado para que interponga la acci\u00f3n de tutela. Empero, en \testos casos debe probarse la necesidad de acudir a la figura de la \tagencia oficiosa, es decir que debe acreditarse la imposibilidad que \ttiene el titular de un derecho de otorgar poder por s\u00ed mismo \ta un profesional del derecho. Esta hip\u00f3tesis podr\u00eda \tocurrir, por ejemplo, en el caso de un incapaz absoluto \t(\u2026)\u201d.
\n15 \tArt. \t229 de la Constituci\u00f3n Nacional: \u201cSe \tgarantiza el derecho de toda persona para acceder a la \tadministraci\u00f3n de justicia. La ley indicar\u00e1 en qu\u00e9 \tcasos podr\u00e1 hacerlo sin la representaci\u00f3n de abogado\u201d.
\n16 \tArt. 14 del Decreto 2591 de 1991: \u201cEn \tla solicitud de tutela se expresar\u00e1, con la mayor claridad \tposible, la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n que la motiva, el \tderecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la \tautoridad p\u00fablica, si fuere posible, o del \u00f3rgano \tautor de la amenaza o del agravio, y la descripci\u00f3n de las \tdem\u00e1s circunstancias relevantes para decidir la solicitud. \tTambi\u00e9n contendr\u00e1 el nombre y el lugar de residencia \tdel solicitante.
\nNo \tser\u00e1 indispensable citar la norma constitucional infringida, \tsiempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado. \tLa acci\u00f3n podr\u00e1 ser ejercida, sin ninguna formalidad o \tautenticaci\u00f3n, por memorial, telegrama u otro medio de \tcomunicaci\u00f3n que se manifieste por escrito para lo cual se \tgozar\u00e1 de franquicia. No ser\u00e1 necesario actuar por \tmedio de apoderado.
\nEn \tcaso de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea \tmenor de edad, la acci\u00f3n podr\u00e1 ser ejercida \tverbalmente. El juez deber\u00e1 atender inmediatamente al \tsolicitante, pero, sin poner en peligro el goce efectivo del \tderecho, podr\u00e1 exigir su posterior presentaci\u00f3n \tpersonal para recoger una declaraci\u00f3n que facilite proceder \tcon el tr\u00e1mite de la solicitud, u ordenar al secretario \tlevantar el acta correspondiente sin formalismo alguno\u201d.
\n17 \tConsejo \tde Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n \tTercera, Subsecci\u00f3n B, sentencia de 26 de julio de 2012, exp. \t25000-23-26-000-1999-02010-01.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC16746-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03858-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Ismael Duque Montenegro en calidad de \u00abapoderado general\u00bb de Ana Carolina Duque Fl\u00f3rez, contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103081","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103081","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103081"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103081\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103081"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103081"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103081"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}