{"id":103082,"date":"2026-07-02T18:07:13","date_gmt":"2026-07-02T18:07:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103082"},"modified":"2026-07-02T18:07:13","modified_gmt":"2026-07-02T18:07:13","slug":"stc16789-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16789-2019\/","title":{"rendered":"STC16789.-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16789-2019 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2019-03658-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., once (11) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por la sociedad La Francisca S.A.S. contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena \u2013 Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, tr\u00e1mite en el que se dispuso la vinculaci\u00f3n de las autoridades, partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

I.\tANTECEDENTES
\nA. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

La accionante solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que estima vulnerado con el fallo proferido por la accionada dentro del tr\u00e1mite especial de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras en el que se le vincul\u00f3 como opositora.
\nPretende, en consecuencia, se ordene proferir una nueva decisi\u00f3n que atienda todas las pruebas que conforman el acervo probatorio; disponga la \u201ccancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la sentencia\u201d en los predios de su propiedad y ordene la devoluci\u00f3n de \u00e9stos. <\/p>\n

B. Los \thechos <\/p>\n

1. A trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica de venta No. 7582 de 12 de diciembre de 1985 protocolizada ante la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, la Compa\u00f1\u00eda Cacaotera Orihueca Ltda. adquiri\u00f3 de los Bancos Colombo Americano, del Estado y Ganadero los predios \u201cLa Francisca I\u201d y \u201cLa Francisca II\u201d identificados con los folios de matr\u00edcula Nos. 222-263 y 222-264. <\/p>\n

2. En 1987, algunos campesinos conformaron la Asociaci\u00f3n de Usuarios Campesinos de Iberia (AUCIBE) y en tal calidad ingresaron a los predios, de los cuales fueron desalojados al poco tiempo. <\/p>\n

3. A trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n No. 01079 de 14 de julio de 1989, el INCORA inici\u00f3 un procedimiento administrativo tendiente a clarificar la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los inmuebles a fin de establecer si \u00e9stos salieron o no del patrimonio del Estado. <\/p>\n

4. Dicha actuaci\u00f3n culmin\u00f3 con el acto administrativo No. 01256 de 25 de agosto del mismo a\u00f1o que revoc\u00f3 el anterior.
\n5. El 14 de mayo de 1991, la Compa\u00f1\u00eda Cacaotera Orihueca Ltda, en la escritura No. 371 otorgada ante la Notar\u00eda \u00danica de Ci\u00e9naga, Magdalena, le vendi\u00f3 los citados inmuebles a Agr\u00edcola Eufemia Ltda. <\/p>\n

6. La mencionada sociedad hace parte de un grupo de empresas vinculadas con la multinacional Dole Food Company Inc. (Dole), para la producci\u00f3n y exportaci\u00f3n de banano. <\/p>\n

7. A comienzos de 1996, se elimin\u00f3 la mitad de la plantaci\u00f3n y se iniciaron las labores de adecuaci\u00f3n del tererno para la resiembra, pero en el mes mayo, 59 hect\u00e1reas de banano fueron destruidas por vientos huracanados. <\/p>\n

8. En enero de 1997, familias campesinas de AUCIBE ingresaron a los predios y comenzaron a ejercer actos de posesi\u00f3n, tales como el retiro de rastrojo, la preparaci\u00f3n del terreno y la siembra de productos de pan coger. <\/p>\n

9. Aunque la propietaria promovi\u00f3 en su contra una acci\u00f3n policiva que culmin\u00f3 con el lanzamiento de los ocupantes en diligencia llevada a cabo el 15 de enero de 1997, los asociados retornaron el d\u00eda 21 del mismo mes. <\/p>\n

10. En junio de 1997, Agr\u00edcola Eufemia Ltda. tom\u00f3 la decisi\u00f3n de abandonar los cultivos y reubicar a los trabajadores en otras fincas de su propiedad. En adelante, no ejerci\u00f3 ninguna acci\u00f3n encaminada a recuperar la posesi\u00f3n.
\n11. Mediante la Resoluci\u00f3n 518 de 4 de agosto de 2000, el INCORA dio inicio a un procedimiento dirigido a definir si procec\u00eda extinguir parcial o totalmente el derecho de dominio sobre los bienes debido a la falta de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica. <\/p>\n

12. El 14 de marzo de 2004, dos hombres armados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), integrantes del \u201cFrente William Rivas\u201d – Bloque Norte ingresaron a las fincas, asesinaron a Jos\u00e9 Concepci\u00f3n Kelsy Carrera, quien era presidente de AUCIBE y amenazaron a los restantes labriegos con el fin de que abandonaran los terrenos, produci\u00e9ndose un desplazamiento masivo en la misma fecha que fue denunciado ante la Personer\u00eda Municipal de Zona Bananera el 9 de agosto de 2004. <\/p>\n

13. Posterior a su salida de los predios, los miembros de la asociaci\u00f3n fueron llamados a negociar las mejoras realizadas, convenios que se suscribieron en la finca \u201cLa Teresa\u201d de propiedad de Agr\u00edcola Eufemia Ltda. <\/p>\n

14. Los contratos de compraventa respectivos aparecen consignados en documentos privados que datan de los meses de julio y agosto de 2004. <\/p>\n

15. En la Resoluci\u00f3n 0605 de 2007, el INCODER declar\u00f3 extinguida a favor de la Naci\u00f3n la propiedad sobre los predios, pero la decisi\u00f3n fue revocada en el acto administrativo No. 1624 de 14 de junio de 2007 al prosperar el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la compa\u00f1\u00eda agr\u00edcola. <\/p>\n

16. A trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica No. 22 de 21 de enero de 2009, la sociedad La Francisca S.A.S. le compr\u00f3 a Agr\u00edcola Eufemia S.A.S. los predios \u201cFrancisca I\u201d y \u201cFrancisca II\u201d. <\/p>\n

17. Petro\u00f1a Meri\u00f1o C\u00e1ceres y otras 48 personas integrantes de la asociaci\u00f3n campesina presentaron solicitud colectiva de protecci\u00f3n a su derecho de restituci\u00f3n, tendiente a que se declarara la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio sobre las referidas fincas y, en consecuencia, fuera ordenada la entrega de la porci\u00f3n correspondiente a cada uno de los solicitantes. <\/p>\n

18. Mediante auto de 11 de abril de 2014, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitucion de Tierras de Santa Marta, avoc\u00f3 el conocimiento de la controversia. <\/p>\n

19. La accionante, Agr\u00edcola Eufemia Ltda. y C.I. T\u00e9cnicas Baltime de Colombia S.A. presentaron oposici\u00f3n y como excepciones de m\u00e9rito formularon, entre otras, las de \u201causencia de desplazamiento\u201d, \u201causencia de despojo\u201d, \u201causencia de la calidad de v\u00edctima\u201d, \u201causencia del derecho de restituci\u00f3n\u201d, \u201cimprocedencia de la solicitud de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio\u201d e \u201cincumplimiento de requisitos formales de la solicitud de restituci\u00f3n\u201d (folios 28 cno. I y 508 cno. II). <\/p>\n

Adicionalmente argumentaron sobre la presunci\u00f3n de legalidad de los negocios jur\u00eddicos y de los actos administrativos, la improcedencia e ilegalidad de las pretensiones, el pago de indemnizaciones, \u201cla inexistencia de nexo causal entre supuesto da\u00f1o, supuesto desplazamiento, supuesto despojo y la conducta de las sociedades opositoras\u201d, adem\u00e1s de su buena fe exenta de culpa (folio 28, cno. I). <\/p>\n

21. El 13 de marzo de 2015 se remiti\u00f3 el expediente a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que asumi\u00f3 la controversia el 9 de abril del mismo a\u00f1o. <\/p>\n

22. Mediante sentencia proferida el 24 de enero de 2018 y complementada el 18 de marzo de 2019, el Tribunal accedi\u00f3 a las pretensiones de los peticionarios. <\/p>\n

23. La tutelante, Agr\u00edcola Eufemia S.A.S. y C.I. T\u00e9cnicas Baltime de Colombia S.A., presentaron incidente de nulidad, que fue negado en auto de 23 de julio de 2018. <\/p>\n

24. Las opositoras solicitaron la aclaraci\u00f3n del fallo, la cual fue denegada. <\/p>\n

25. La Secretar\u00eda de la Sala accionada certific\u00f3 que la sentencia qued\u00f3 ejecutoriada el 28 de mayo de 2019. <\/p>\n

26. La Francisca S.A.S. acudi\u00f3 al mecanismo constitucional por considerar que el sentenciador incurri\u00f3 en defectos sustantivo, f\u00e1ctico y por error inducido. El primero por interpretaci\u00f3n irrazonable de los art\u00edculos 74 y 75 de la Ley 1448 de 2011 que condujo al reconocimiento del despojo y a la declaraci\u00f3n de pertenencia sin hallarse demostrados sus presupuestos. El siguiente, al no valorar el material probatorio en su integridad, pretiriendo la apreciaci\u00f3n de las pruebas demostrativas de la buena fe exenta de culpa con que actu\u00f3 en la adquisici\u00f3n de los bienes y de la fuerza mayor que ocasion\u00f3 el abandono forzado de los predios por la anterior propietaria, y el \u00faltimo, por cuanto los demandantes indujeron en error al Tribunal al presentarse a s\u00ed mismas como v\u00edctimas y a las opositoras como responsables de su despojo. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. En auto de 31 de octubre de 2019, fue avocado el conocimiento de la acci\u00f3n y se dispuso dar traslado a la accionada y a los vinculados para que ejercieran su derecho de defensa (folio 426) . <\/p>\n

2. La Direcci\u00f3n Territorial Magdalena del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por cuanto la decisi\u00f3n que reclama la accionante no es de su competencia. En el mismo sentido, se pronunciaron el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Unidad para la atenci\u00f3n y reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas (folios 455 reverso; 480-488; 500 \u2013 505 y 518 – 520). <\/p>\n

La accionada pidi\u00f3 denegar la protecci\u00f3n con fundamento en que valor\u00f3 las pruebas obrantes en el proceso y de ellas concluy\u00f3 la satisfacci\u00f3n plena de las exigencias contenidas en los art\u00edculos 74 y 75 de la Ley 1448 de 2011 para la prosperidad de la restituci\u00f3n de los predios abandonados por los poseedores demandantes a cuyo favor declar\u00f3 la prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio (folios 459- 461). <\/p>\n

La Agencia Nacional de Tierras manifest\u00f3 no haber vulnerado los derechos fundamentales de la sociedad tutelante y no ser competente para pronunciarse sobre la actuaci\u00f3n desplegada por la autoridad judicial accionada, de ah\u00ed que solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva (folios 468- 469). <\/p>\n

El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, luego de resumir las actuaciones realizadas en el litigio, se\u00f1al\u00f3 que no le ha sido posible cumplir la comisi\u00f3n ordenada por el Tribunal, pues el d\u00eda fijado para la entrega de los fundos, los trabajadores all\u00ed presentes impidieron el ingreso de los funcionarios. De otra parte, la accionante no cuestion\u00f3 sus determinaciones sino las adoptadas por su superior, en las cuales no tiene incidencia alguna (folio 477). <\/p>\n

La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas pidi\u00f3 negar por improcedente la acci\u00f3n, dado que con ella se pretenden desconocer varios aspectos que fueron objeto de debate al interior del proceso, tales como la calidad de v\u00edctimas de los solicitantes, el despojo de los predios en contra de \u00e9stos y su oposici\u00f3n a las pretensiones de los poseedores campesinos, incurriendo en acciones dilatorias para evitar el cumplimiento de las \u00f3rdenes contenidas en el fallo. Adicionalmente, se encuentran insatisfechos los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez, dado que la sentencia reprochada es susceptible del recurso extraordinario de revisi\u00f3n y se encuentra ejecutoriada desde el 28 de mayo de 2019 (folios 493 – 497). <\/p>\n

La Defensor\u00eda del Pueblo se\u00f1al\u00f3 que ha realizado un acompa\u00f1amiento a la comunidad de los predios \u201cLa Francisca I\u201d y \u201cLa Francisca II\u201d a trav\u00e9s de talleres de fortalecimiento y misiones de verificaci\u00f3n de documentaci\u00f3n, encontrando que se trata de un grupo v\u00edctima de desplazamiento masivo con afectaciones de tipo colectivo (folios 528 – 539). <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

2. En el asunto sometido a consideraci\u00f3n de la Sala, adujo la accionante que la autoridad judicial vulner\u00f3 su derecho fundamental al debido proceso al dirimir el litigio con una determinaci\u00f3n arbitraria y lesiva de sus intereses. <\/p>\n

Sin embargo, del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n y de la revisi\u00f3n pormenorizada de las diligencias objeto de reproche, no se advierte el quebranto de ning\u00fan derecho fundamental, lo que pasa a explicarse. <\/p>\n

3. Como respuesta al clamor de justicia y reparaci\u00f3n elevado por las v\u00edctimas del conflicto armado interno y por la sociedad en general, y con el fin de poner en pr\u00e1ctica un eficaz mecanismo de resarcimiento que contribuya a la terminaci\u00f3n definitiva de la guerra por medio de la eliminaci\u00f3n de la inequidad econ\u00f3mica y de la injusticia social, se expidi\u00f3 la Ley 1448 de 2011, que establece una serie de medidas de atenci\u00f3n, asistencia y reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas de la confrontaci\u00f3n. <\/p>\n

Por medio de la promulgaci\u00f3n de esta Ley el Estado reconoci\u00f3 \u201cque las v\u00edctimas \u2013en su gran mayor\u00eda, personas de estado de pobreza extrema, desplazadas y desempleadas\u2013 son las personas m\u00e1s vulnerables de nuestra sociedad y que la reparaci\u00f3n de sus da\u00f1os contribuir\u00e1 a evitar que las causas end\u00f3genas del conflicto se perpet\u00faen en el tiempo\u201d.1 <\/p>\n

Dentro de las medidas encaminadas a lograr el restablecimiento de la situaci\u00f3n anterior a las violaciones de los derechos fundamentales de las v\u00edctimas, en un marco de justicia transicional que posibilite hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n con garant\u00eda de no repetici\u00f3n, se estableci\u00f3 un procedimiento \u00e1gil y expedito para la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material de las tierras a los despojados y desplazados y, en subsidio, para el reconocimiento de la compensaci\u00f3n correspondiente, de no ser posible la primera. <\/p>\n

3.1. La restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras como instrumento de restauraci\u00f3n est\u00e1 disciplinada por una serie de principios y normas que orientan la labor del juzgador, a fin de proteger las garant\u00edas constitucionales de las partes y lograr la materializaci\u00f3n del derecho sustancial; los cuales no pueden ser desatendidos bajo ninguna excusa, pues de lo contrario, el mecanismo que el legislador contempl\u00f3 para la restauraci\u00f3n de la justicia y la consecuci\u00f3n de la paz, podr\u00eda prestarse para generar nuevas iniquidades y trasladar el conflicto a otros actores. <\/p>\n

La citada normativa prev\u00e9 la aplicaci\u00f3n de figuras procedimentales encaminadas a favorecer la posici\u00f3n de las v\u00edctimas, en raz\u00f3n a su estado de indefensi\u00f3n y a que son la parte m\u00e1s d\u00e9bil; tales como la presunci\u00f3n de buena fe de sus actos y la posibilidad de acreditar el da\u00f1o sufrido por medio de prueba sumaria (art\u00edculo 5\u00ba); las presunciones (de derecho y legales) de despojo en contra de negocios jur\u00eddicos, actos administrativos y providencias judiciales respecto de los predios inscritos en el Registro de Tierras Despojadas (art\u00edculo 77); y la inversi\u00f3n de la carga de la prueba (art\u00edculo 78). <\/p>\n

Tales herramientas deben emplearse por el sentenciador de manera que se garantice siempre un \u00abproceso justo y eficaz\u00bb para el reclamante y los dem\u00e1s intervinientes, tal como lo dispone el art\u00edculo 7\u00b0 de esa reglamentaci\u00f3n en consonancia con el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n

3.2. El art\u00edculo 88 consagra el derecho a ejercer oposici\u00f3n que asiste a las personas que figuran como titulares inscritos de derechos reales sobre el predio objeto de la solicitud de restituci\u00f3n, para lo cual deber\u00e1n acompa\u00f1ar los documentos que quieran hacer valer para demostrar su buena fe exenta de culpa, el justo t\u00edtulo, el valor del derecho y la tacha de la calidad de despojado de la persona o grupo en cuyo favor se present\u00f3 la solicitud de restituci\u00f3n o formalizaci\u00f3n. <\/p>\n

La existencia de presunciones a favor de las v\u00edctimas y la inversi\u00f3n de la carga de la prueba en contra del titular de derechos reales, debe entenderse dentro del marco del debido proceso para las partes, de manera que se valoren las pruebas en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, exponi\u00e9ndose razonadamente el m\u00e9rito que se asigna a cada una. <\/p>\n

4. Como sustento de la queja constitucional, la accionante adujo que el 21 de enero de 2009 compr\u00f3 los predios \u201cLa Francisca I\u201d y \u201cLa Francisca II\u201d a su leg\u00edtima propietaria Agr\u00edcola Eufemia Ltda., pues para ese momento ya se hab\u00eda clarificado que los bienes eran de propiedad privada y no terrenos bald\u00edos. Adem\u00e1s, se revoc\u00f3 el acto administrativo de extinci\u00f3n del dominio por ausencia de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica. <\/p>\n

Sostuvo que la sociedad vendedora se vio obligada a abandonar los fundos debido a los actos violentos de los que fue v\u00edctima por parte de grupos guerrilleros, lo que propici\u00f3 la invasi\u00f3n ilegal por los solicitantes de la restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras, pero ni ella ni la enajenante tuvieron incidencia en la forma en que los campesinos salieron de los predios en el a\u00f1o 2004. <\/p>\n

4.1. En la sentencia, el Tribunal dispuso la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras abandonadas y despojadas a causa del conflicto armado interno a favor de los solicitantes y, en consecuencia, orden\u00f3 la entrega real y efectiva de los predios restituidos, declarando no probadas la oposici\u00f3n y la buena fe exenta de culpa de la actual titular del dominio, por lo que no reconoci\u00f3 ninguna compensaci\u00f3n a su favor. <\/p>\n

En apoyo de lo decidido, se\u00f1al\u00f3 que la relaci\u00f3n material y\/o jur\u00eddica que alegaron los solicitantes frente a los inmuebles es de posesi\u00f3n, la cual se ejerci\u00f3 entre los a\u00f1os 1997 y 2004, \u00e9poca en la que se vieron obligados a abandonarlos debido a la muerte de uno de sus l\u00edderes y a la venta de sus mejoras, contratos cuya celebraci\u00f3n fue presionada por un grupo armado al margen de la ley. <\/p>\n

Como prueba de ello, aludi\u00f3 a las actas de las visitas realizadas por funcionarios del INCORA a los predios, en las cuales se consign\u00f3 que se encontraban ocupados por personas diferentes a la titular del derecho de dominio y no exist\u00eda ninguna explotaci\u00f3n econ\u00f3mica de parte suya. <\/p>\n

4.2. Frente a la oposici\u00f3n presentada por las compa\u00f1\u00edas bananeras, especialmente la proveniente de la sociedad que ostentaba la propiedad para el interregno en que tuvo lugar la posesi\u00f3n de los solicitantes, se\u00f1al\u00f3 que era \u201cimportante aclarar que la empresa Agr\u00edcola Eufemia S.A.S, si bien es cierto admite la no explotaci\u00f3n de sus inmuebles desde el mes de junio del a\u00f1o 1997 y referencia algunos hechos de violencia y acciones ante autoridades p\u00fablicas entre los a\u00f1os 1998, 1999 y 2000, no obstante ello se denota que las circunstancias acreditadas a trav\u00e9s de pruebas documentales, no son situaciones ocurridas en los predios objeto de estudio, si no que se trata de atentados denunciados ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por el gerente de seguridad industrial de la empresa T\u00e9cnicas Baltime de Colombia S.A, entidad que si bien est\u00e1 vinculada al proceso, no era la titular de los predios objeto de estudio, ni nunca ha ostentado tal condici\u00f3n\u201d (folio 179 cno. 1). <\/p>\n

Y a\u00f1adi\u00f3: \u201cse puede precisar que pese a las alegadas razones de fuerza mayor u otro tipo de circunstancias dadas por la empresa, sobre los impedimentos para la explotaci\u00f3n de los predios, existi\u00f3 un tiempo determinado en que los predios fueron abandonados, en el cual entraron los solicitantes en su condici\u00f3n de campesinos, permaneciendo en estos hasta el a\u00f1o 2004, cuando se efect\u00faa la aducida compra de mejoras, adiconalmente existi\u00f3 la confianza leg\u00edtima de los solicitantes frente a las actuaciones y decisiones administrativas de un organismo que representa el Estado como es INCORA, cuando se estaban realizando las diligencias tendientes a la extinci\u00f3n, lo que gener\u00f3 en los solicitantes la expectativa leg\u00edtima de poder obtener una adjudicaci\u00f3n de los lotes explotados entre los a\u00f1os 1996 y 1998, como ellos lo indicaron, circunstancia no controvertida por la parte opositora\u201d (folio 180). <\/p>\n

4.3. Aunque las opositoras alegaron que las ventas de mejoras correspond\u00edan a un acto de reconocimiento de dominio ajeno por parte de los agricultores, sostuvo que \u201cla referida compra se efectu\u00f3 en el a\u00f1o 2004 bajo un contexto de violencia y en circunstancias intimidantes, de acuerdo a las declaraciones dadas por los solicitantes, quienes fueron coincidentes en expresar que la suscripci\u00f3n y venta de mejoras, aun cuando no es un hecho probado, fue por presiones de grupos armados al margen de la ley, y aunado a ello la muerte de sus compa\u00f1eros l\u00edderes de la comunidad, lo que los llev\u00f3 a abandonar los fundos\u201d (folio 181). <\/p>\n

Concluy\u00f3 que \u201clas situaciones descritas llevan a dar por acreditado el hecho de que los predios Francisca I y II, estuvieron sin explotaci\u00f3n por parte de la empresa Agr\u00edcola Eufemia, durante los a\u00f1os 1997 a 2004, siendo el marco temporal de posesi\u00f3n que indican los solicitantes (\u2026)\u201d. <\/p>\n

4.4. Respecto de la calidad de v\u00edctimas de los solicitantes, adujo: \u201cde acuerdo a la situaci\u00f3n descrita por los solicitantes y las pruebas obrantes en el plenario, se present\u00f3 un fen\u00f3meno masivo de desplazamiento en el predio Las Franciscas I y II en el mes de marzo de 2004, el cual fue denunciado ante la Personer\u00eda Municipal de Zona Bananera en su momento y reconocido por algunos miembros de los grupos Autodefensas en sus versiones rendidas ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n (\u2026)\u201d (folio 200) y consider\u00f3 que se demostr\u00f3 \u201cel desplazamiento forzado del cual fueron v\u00edctimas los solicitantes y sus n\u00facleos familiares, por la amenaza de parte de un grupo armado al margen de la ley al parecer denominado frente William Rivas de las AUC, el 13 de marzo de 2004, fecha en la cual tambi\u00e9n asesinaron a uno de sus compa\u00f1eros parceleros, se\u00f1or JOS\u00c9 CONCEPCI\u00d3N KELSI CARRERA, cuando el grupo de hombres armados lleg\u00f3 hasta Las Franciscas para pedirle que abandonara el inmueble que ocupada y este al negarse fue asesinado y lanz\u00f3 la advertencia a los dem\u00e1s campesinos para que salieran de los predios hoy reclamados en restituci\u00f3n\u201d (folios 200-201). <\/p>\n

Para complementar, hizo referencia a lo expuesto por la sociedad La Francisca S.A.S. sobre la extensi\u00f3n de la violencia a las compa\u00f1\u00edas bananeras, los habitantes del municipio, los trabajadores, campesinos y comerciantes de la regi\u00f3n, de donde infiri\u00f3 que \u201cla condici\u00f3n de v\u00edctimas de los reclamantes no se discute y estima la Sala se encuentra debidamente acreditada, pues tanto las pruebas documentales y los interrogatorios surtidos dan cuenta de los hechos que dieron lugar al abandono y desplazamiento forzado de los predios. Ahora bien, frente al argumento de la parte opositora, en el que se\u00f1ala que la posesi\u00f3n por parte de los hoy solicitantes se dio de manera violenta, de mala fe y clandestina, son afirmaciones sin fundamento probatorio, en tanto a que se trat\u00f3 de un grupo de campesinos que establecieron una relaci\u00f3n material con las fincas Las Franciscas I y II, cuando estas se encontraban en abandono y se posesionaron en esas tierras para dedicarse a labores de explotaci\u00f3n agr\u00edcola\u201d (folio 201).
\n4.5. Finalmente, frente a las declaraciones de prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio, la autoridad judicial centr\u00f3 su estudio en la usucapi\u00f3n extraordinaria. De sus presupuestos esenciales refiri\u00f3: \u201c{L}a posesi\u00f3n de estas personas se mantuvo en forma permanente entre los a\u00f1os 1997 a 2004\u00bb, y \u00abadem\u00e1s que los solicitantes ejerc\u00edan la explotaci\u00f3n agr\u00edcola de los predios con cultivos de pan de coger, con \u00e1nimo de se\u00f1ores y due\u00f1os antes de su desplazamiento en el mes de marzo de 2004\u00bb; y que \u00abla posesi\u00f3n que ven\u00edan ejerciendo no se interrumpi\u00f3 por la naturaleza del hecho que los obligo a salir del predio, por lo que cumplen con el requisito de temporalidad establecido para la prescripci\u00f3n extraordinaria\u201d, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 74 de la Ley 1448 de 2011 (folios 204-205). <\/p>\n

Con todo lo expuesto, anot\u00f3 que \u201cal estar demostrada la calidad de v\u00edctima de las solicitantes y su grupo familiar, bajo las directrices se\u00f1aladas en el art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 1448 de 2011, as\u00ed como, la titularidad que tienen sobre el derecho de restituci\u00f3n de acuerdo al art. 75 y la legitimaci\u00f3n para iniciar esta acci\u00f3n (art. 81), se ordenar\u00e1 la inscripci\u00f3n de la titularidad de los solicitantes amparados por el Derecho de Restitucion, por haberse acreditado la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio de los predios La Francisca I y II\u201d (folio 205). <\/p>\n

5. De las anteriores apreciaciones encuentra la Sala que, al adoptar las determinaciones censuradas por la tutelante, el Tribunal no incurri\u00f3 en ninguno de los defectos que le fueron atribuidos. <\/p>\n

5.1. Se inicia por precisar que la acci\u00f3n de restituci\u00f3n procede a favor de las personas que han sido despojadas o desplazadas de las tierras con las cuales ten\u00edan alguna relaci\u00f3n jur\u00eddica (art. 72 Ley 1448 de 2011).
\nEl art\u00edculo 74 estatuye que \u201cse entiende por despojo la acci\u00f3n por medio de la cual, aprovech\u00e1ndose de la situaci\u00f3n de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesi\u00f3n u ocupaci\u00f3n, ya sea de hecho, mediante negocio jur\u00eddico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisi\u00f3n de delitos asociados a la situaci\u00f3n de violencia\u201d. [Se resalta] <\/p>\n

La ley contiene, como presupuesto del despojo o abandono forzado de tierras, un ingrediente f\u00e1ctico consistente en que la privaci\u00f3n de la propiedad, posesi\u00f3n u ocupaci\u00f3n tenga su causa adecuada en el aprovechamiento de la situaci\u00f3n de violencia existente en el lugar donde se encuentra el inmueble objeto de reclamaci\u00f3n; lo cual supone que la enajenaci\u00f3n no se haya realizado por la voluntad libre del demandante de transferir sus derechos a otras personas dentro del \u00e1mbito de su autonom\u00eda contractual. <\/p>\n

El despojo se presume en los casos contemplados en el art\u00edculo 77 ejusdem, aunque tales presunciones, por ser de tipo legal, admiten prueba en contrario, salvo el caso que se haya celebrado el contrato con personas condenadas por pertenecer o colaborar con grupos armados que act\u00faan por fuera de la ley, por s\u00ed mismos o a trav\u00e9s de terceros, en cuyo evento existe una presunci\u00f3n de derecho. <\/p>\n

De ese, modo la ley radica la titularidad de la prerrogativa a la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material, en las personas que siendo propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras de bald\u00edos que pretendan adquirir por v\u00eda de adjudicaci\u00f3n, fueron despojadas o se vieron obligadas a abandonar los fundos como consecuencia directa o indirecta de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos,\u00a0ocurridas con ocasi\u00f3n del conflicto armado interno a partir del 1\u00ba de enero de 1985. <\/p>\n

5.2. El juzgador soport\u00f3 su consideraci\u00f3n relativa a que los solicitantes de la restituci\u00f3n fueron despojados, en el hecho de que en la regi\u00f3n ocurrieron actos de violencia generalizada y algunos espec\u00edficos contra miembros de la asociaci\u00f3n campesina que \u00e9stos formaban, los cuales, seg\u00fan sus manifestaciones, terminaron el 14 de marzo de 2004 con el homicidio de uno de sus l\u00edderes por parte del bloque William Rivas de las AUC, la amenaza lanzada por dicho grupo para que abandonaran los predios \u201cLa Francisca I\u201d y \u201cLa Francisca II\u201d en un plazo de 48 horas y la posterior venta de las mejoras realizadas a la sociedad Agr\u00edcola Eufemia Ltda., negocio jur\u00eddico cuya suscripci\u00f3n -afirmaron- fue presionada por el grupo paramilitar. <\/p>\n

En ese orden, la sala de decisi\u00f3n interpret\u00f3 los art\u00edculos 74 y 75 de la Ley de V\u00edctimas en forma razonable y concordante con su teleolog\u00eda, porque contrario a lo arg\u00fcido por la tutelante, no extendi\u00f3 la definici\u00f3n legal de \u201cdespojo\u201d a sujetos que no pueden padecer dicha privaci\u00f3n, como lo ser\u00edan los meros usurpadores o detentadores ilegales de la tenencia, pues en el proceso no se demostr\u00f3 la alegaci\u00f3n de la actual propietaria sobre que los peticionarios de la restituci\u00f3n ingresaron de manera violenta y clandestina a los predios y no ejercieron actos de se\u00f1or\u00edo sobre \u00e9stos.
\nEn cambio, si se constat\u00f3 con probanzas como las actas de las visitas realizadas por funcionarios del INCORA a las fincas Las Franciscas, que los labriegos ingresaron en el a\u00f1o 1997 despu\u00e9s de su abandono por la titular del dominio Agr\u00edcola Eufemia Ltda. y una vez se enteraron de que se adelantar\u00edan diligencias administrativas encaminadas a la extinci\u00f3n del derecho de propiedad. <\/p>\n

Con tales medios de prueba qued\u00f3 en evidencia que los campesinos realizaban actos de posesi\u00f3n como el cultivo de productos de pan coger para el sustento de cada familia sin un pago como contrapartida por la utilizaci\u00f3n de la tierra, y aunque su ingreso no fue consentido por la compa\u00f1\u00eda bananera, ello no convierte la posesi\u00f3n en clandestina, pues am\u00e9n de haber sido ampliamente conocida en la regi\u00f3n donde la propietaria tiene otras fincas, ella tuvo conocimiento directo del ingreso y de los actos posesorios desplegados por hab\u00e9rselo informado el administrador de los predios, quien en nombre de la sociedad instaur\u00f3 una acci\u00f3n policiva que culmin\u00f3 con el lanzamiento de los poseedores, los cuales, con conocimiento de la bananera, reingresaron a los fundos pocos d\u00edas despu\u00e9s, sin que ella adelantara nuevas acciones legales en su contra. <\/p>\n

Se colige de lo anotado que en los aparceros reca\u00eda la titularidad del derecho a la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material de las fincas \u201cLa Francisca I\u201d y \u201cLa Francisca II\u201d en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 75 de la Ley 1448 de 2011, inmuebles de los cuales fueron despojados a trav\u00e9s de conductas punibles vinculadas a la violencia ejercida por actores armados en el contexto de la confrontaci\u00f3n entre guerrillas, grupos paramilitares y la fuerza p\u00fablica. <\/p>\n

5.3. Si el sentenciador no incurri\u00f3 en la equivocada interpretaci\u00f3n de las normas mencionadas por la accionante, mal puede calificarse de indebida la aplicaci\u00f3n de las disposiciones especiales que la normatividad en comento consagra en relaci\u00f3n con la prescripci\u00f3n adquisitiva del derecho de dominio y de las generales que regulan ese instituto. <\/p>\n

En efecto, habi\u00e9ndose establecido que los peticionarios de la restituci\u00f3n fueron objeto de despojo y que por tal motivo se vio truncada la posesi\u00f3n que ejerc\u00edan, la cual, adem\u00e1s, no tuvo las caracter\u00edsticas de clandestina, violenta e irregular que le achac\u00f3 la accionante, se impon\u00eda la observancia del mandato contenido en el inciso cuarto del art\u00edculo 74 de la citada reglamentaci\u00f3n, el cual es del siguiente tenor: \u201c{e}l despojo de la posesi\u00f3n del inmueble o el desplazamiento forzado del poseedor durante el per\u00edodo establecido en el art\u00edculo\u00a075\u00a0no interrumpir\u00e1 el t\u00e9rmino de usucapi\u00f3n exigido por la normativa. En el caso de haberse completado el plazo de posesi\u00f3n exigido por la normativa, en el mismo proceso, se podr\u00e1 presentar la acci\u00f3n de declaraci\u00f3n de pertenencia a favor del restablecido poseedor\u201d (subrayado ajeno al texto). <\/p>\n

El legislador, como medida especial de reparaci\u00f3n a favor de los poseedores despojados o que abandonaron forzadamente las tierras con las cuales ten\u00edan alg\u00fan v\u00ednculo jur\u00eddico, instituy\u00f3 el restablecimiento del derecho de posesi\u00f3n y para ello les concedi\u00f3 la posibilidad de adquirir el dominio sin necesidad de recurrir a otro proceso, siempre que se satisfagan ciertas condiciones. <\/p>\n

Tales exigencias guardan relaci\u00f3n con que: i) la posesi\u00f3n se ejerza sobre un bien susceptible de adquirirse por el modo de la prescripci\u00f3n; ii) el peticionario haya ejercido actos de se\u00f1or y due\u00f1o sobre el inmueble con anterioridad a la ocurrencia del despojo o del abandono forzado; iii) la posesi\u00f3n detentada, sea \u00e9sta regular o irregular, haya sido p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida por el tiempo que perdur\u00f3 antes de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado que motivaron la privaci\u00f3n o el abandono y iv) se cumpla el t\u00e9rmino de usucapi\u00f3n prefijado en la ley ordinaria, lo que incluso puede ocurrir durante la actuaci\u00f3n judicial y antes de su declaraci\u00f3n. <\/p>\n

En el sub-judice, se encuentran satisfechos todos y cada uno de los anteriores requisitos, toda vez que las fincas Las Franciscas son bienes de propiedad privada y por tanto, aptos para adquirir por v\u00eda de pertenencia; los demandantes ejercieron actos de se\u00f1ores y due\u00f1os tales como la limpieza y adecuaci\u00f3n de los terrenos, la siembra de productos agr\u00edcolas para su consumo y sustento econ\u00f3mico y el mantenimiento de los predios hasta que se produjo la privaci\u00f3n de su derecho; aunque su posesi\u00f3n es irregular, dado que carecen de un justo t\u00edtulo que la respalde (art. 765 C.C.), la ejercieron sin ocultarla a nadie, particularmente a la titular del dominio, quien tuvo pleno conocimiento del reingreso de los colonos en enero de 1997 y de su permanencia en los terrenos de su propiedad; no fue violenta y estuvo ausente de interrupci\u00f3n por el tiempo que perdur\u00f3 hasta que se produjeron los hechos delictivos que llevaron al desplazamiento forzado de los campesinos. <\/p>\n

Por \u00faltimo, si bien los actos posesorios no se cumplieron por el tiempo predeterminado en el art\u00edculo 2532 del C\u00f3digo Civil, esto obedeci\u00f3 a la privaci\u00f3n arbitraria de la posesi\u00f3n, de la cual fueron v\u00edctimas los aparceros en el mes de marzo de 2004 por cuenta de las intimidaciones en su contra precedidas del deceso violento del presidente de AUCIBE. A ese momento, los colonos hab\u00edan pose\u00eddo las fincas por un lapso de siete a\u00f1os. <\/p>\n

En raz\u00f3n de lo anterior, no fue desacertado que el Tribunal contabilizara el t\u00e9rmino prescriptivo como si no se hubiese interrumpido, porque am\u00e9n de que as\u00ed lo dispone el art\u00edculo 74 citado, se hallaban reunidos los requisitos para la aplicaci\u00f3n de esta regla, dado que acreditada, como lo estaba, la posesi\u00f3n desplegada por los solicitantes de la medida de restablecimiento y que \u00e9stos fueron v\u00edctimas de despojo, ninguna raz\u00f3n jur\u00eddica se opon\u00eda al reconocimiento de este beneficio. Por el contrario, el acatamiento de dicho precepto era imperativa para el juzgador. <\/p>\n

Satisfechas las se\u00f1aladas exigencias, proced\u00eda la declaraci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva a favor de los reclamantes. <\/p>\n

6. La sociedad La Francisca S.A.S. cuestion\u00f3 al Tribunal la falta de valoraci\u00f3n de las pruebas que corroboraban la fuerza mayor \u201ccomo consecuencia de la violencia generalizada en la zona ejercida por actores armados contra los directivos y trabajadores de los predios\u201d, que motiv\u00f3 la suspensi\u00f3n de la actividad empresarial realizada en los inmuebles. <\/p>\n

La Sala encuentra que carece de veracidad la anterior afirmaci\u00f3n, toda vez que la accionada rese\u00f1\u00f3 los diferentes documentos y declaraciones en los que se hace referencia a las acciones violentas ejecutadas por miembros de los actores armados FARC y ELN contra el personal y bienes de las empresas productoras y comercializadoras de banano pertenecientes al grupo empresarial Dole Food Company Inc., al cual est\u00e1n vinculadas tanto Agr\u00edcola Eufemia Ltda. como la actual propietaria de los terrenos La Francisca S.A.S., pero no encontr\u00f3 demostrado que la inactividad en la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica fuera consecuencia de los alegados hechos. <\/p>\n

Si bien consider\u00f3 probadas conductas delictivas como la detonaci\u00f3n de artefactos explosivos, la incineraci\u00f3n de veh\u00edculos transportadores de banano y la conflagraci\u00f3n provocada de algunas fincas (folio 158), esto no era suficiente a efectos de establecer las reales causas del abandono de los predios Las Franciscas, m\u00e1xime cuando varios de los hechos denunciados no se perpetraron en \u00e9stos y por cuanto confluyeron otros factores como la baja productividad, la ca\u00edda de los precios del banano y la afectaci\u00f3n de los cultivos por vientos huracanados que da\u00f1aron la plantaci\u00f3n existente, que pudieron incidir en la determinaci\u00f3n de no retomar la posesi\u00f3n entre los a\u00f1os 1997 y 2004. <\/p>\n

Adem\u00e1s, llama la atenci\u00f3n que pese a que la compa\u00f1\u00eda Agr\u00edcola Eufemia Ltda. es propietaria de otros fundos en la regi\u00f3n dedicados a la producci\u00f3n de banano y \u00e9stos fueron afectados por el accionar de grupos armados al margen de la ley, los \u00fanicos que abandon\u00f3 corresponden a los que son objeto del proceso de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras. <\/p>\n

7. Frente a la alegaci\u00f3n de la tutelante sobre la validez de los negocios de compraventa de mejoras celebrados entre julio y agosto de 2004 por los ocupantes de los terrenos y Agr\u00edcola Eufemia Ltda., el juzgador sostuvo que no se desvirtu\u00f3 la presunci\u00f3n de inexistencia de esos negocios jur\u00eddicos, pues su concomitancia con los hechos violentos que originaron el desplazamiento forzado de los colonos -los cuales se denunciaron el 9 de agosto de 2004 ante la Personer\u00eda Municipal y fueron reconocidos en declaraciones rendidas ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por ex miembros de las autodefensas-, permit\u00eda inferir un nexo de causalidad entre la presi\u00f3n ejercida por el grupo paramilitar y la decisi\u00f3n de los campesinos de enajenar sus derechos, de ah\u00ed que no existi\u00f3 la liberalidad que debe estar presente en los contratos. <\/p>\n

Al respecto, debe repararse en que de acuerdo con el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 77 de la Ley de V\u00edctimas, \u201c{s}alvo prueba en contrario, para efectos probatorios dentro del proceso de restituci\u00f3n, se presume que en los siguientes negocios jur\u00eddicos hay ausencia de consentimiento o de causa l\u00edcita, en los contratos de compraventa y dem\u00e1s actos jur\u00eddicos mediante los cuales se transfiera o se prometa transferir un derecho real, la posesi\u00f3n o la ocupaci\u00f3n sobre inmuebles siempre y cuando no se encuentre que la situaci\u00f3n est\u00e1 prevista en el numeral anterior, en los siguientes casos: <\/p>\n

a. En cuya colindancia hayan ocurrido actos de violencia generalizados, fen\u00f3menos de desplazamiento forzado colectivo, o violaciones graves a los derechos humanos en la \u00e9poca en que ocurrieron las amenazas o hechos de violencia que se alega causaron el despojo o abandono, o en aquellos inmuebles en donde se haya solicitado las medidas de protecci\u00f3n individuales y colectivas relacionadas en la Ley\u00a0387\u00a0de 1997, excepto en aquellos casos autorizados por la autoridad competente, o aquellos mediante el cual haya sido desplazado la v\u00edctima de despojo, su c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, los familiares o mayores de edad con quienes conviv\u00eda o sus causahabientes (\u2026) (se destaca). <\/p>\n

Y la misma norma estatuye que si no es posible desvirtuar la presunci\u00f3n de ausencia de consentimiento en los convenios mencionados \u201cel acto o negocio de que se trate ser\u00e1 reputado inexistente y todos los actos o negocios posteriores que se celebren sobre la totalidad o parte del bien estar\u00e1n viciados de nulidad absoluta\u201d (literal f).
\nLuego, si se estableci\u00f3 en el proceso que las conductas delictivas cometidas por paramilitares provocaron el desplazamiento masivo de los apareceros que ocupaban los predios \u201cLa Francisca I\u201d y \u201cLa Francisca II\u201d el d\u00eda 14 de marzo de 2004 y que posterior a su salida, la sociedad Agr\u00edcola Eufemia Ltda. retom\u00f3 la posesi\u00f3n y por ello llam\u00f3 a los campesinos con el fin de que le vendieran las mejoras, contratos consignados en documentos presuntamente suscritos en los meses de julio y agosto del mismo a\u00f1o, tal cercan\u00eda temporal entre los actos violentos y las enajenaciones constituye un indicio en contra de la propietaria, a la que sin atribuirle participaci\u00f3n alguna en el despojo, si le resulta jur\u00eddicamente imputable el aprovechamiento de la situaci\u00f3n de violencia, pues al haber sido blanco del accionar de grupos armados, ostentar la condici\u00f3n de titular del dominio de fundos cercanos y dada la notoriedad del desplazamiento por ser \u00e9ste colectivo, se presume que era conocedora del despojo ocurrido en los predios. <\/p>\n

De otra parte, las declaraciones rendidas por los miembros de AUCIBE son coincidentes, tal como lo resalt\u00f3 el Tribunal, en que las ventas mencionadas se efectuaron en la finca \u201cLa Teresa\u201d de propiedad de Agr\u00edcola Eufemia Ltda., lugar en el que presuntamente se encontraban hombres armados y donde no se les habr\u00eda permitido leer el contenido de los documentos, siendo conminados a aceptar la cantidad de dinero que se les entreg\u00f3 en ese momento que result\u00f3 inferior a la previamente prometida por la empresa, afirmaciones \u00e9stas que no desvirtu\u00f3 la tutelante y aunque hizo alusi\u00f3n a tratativas previas que se extendieron por un prolongado tiempo, respecto de ellas no obra constancia ni medio de prueba que corrobore su existencia. <\/p>\n

En consecuencia, resultaba viable jur\u00eddicamente presumir la ausencia de consentimiento de los enajenantes en los referenciados negocios jur\u00eddicos y como secuela de ello la declaratoria de la nulidad absoluta del contrato celebrado el 21 de enero de 2009, mediante el cual la sociedad La Francisca S.A.S. le compr\u00f3 la totalidad de los predios \u201cLas Franciscas\u201d a Agr\u00edcola Eufemia Ltda. <\/p>\n

8. Por \u00faltimo, respecto de la buena fe exenta de culpa, se\u00f1al\u00f3 la accionada que \u00e9sta reclama los elementos de conciencia y certeza, por lo que se exige al opositor demostrar que adem\u00e1s de tener plena convicci\u00f3n sobre que adquiri\u00f3 el predio de sus leg\u00edtimos propietarios, recurri\u00f3 a todos los medios necesarios para tener certidumbre sobre la procedencia del bien a fin de establecer, sin duda alguna, que \u00e9sta es l\u00edcita. <\/p>\n

De ese modo, al adquirente de los bienes materia de restituci\u00f3n se le impone acreditar que la obtenci\u00f3n ocurri\u00f3 de manera legal y sin fraudes, y que no particip\u00f3 directa ni indirectamente en el despojo o abandono forzado, como tampoco incurri\u00f3 en aprovechamiento de la situaci\u00f3n de violencia imperante en la zona como consecuencia del enfrentamiento entre actores armados. <\/p>\n

8.1. El juzgador le reproch\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda La Francisca S.A.S. su conocimiento de los hechos de violencia espec\u00edficos sufridos en los predios y la zona geogr\u00e1fica donde est\u00e1n localizados, los cuales eran notorios por su gravedad, de modo que no pod\u00eda alegar una plena conciencia de que los terrenos le fueron vendidos por su propietario sin vicio alguno, ni afectaci\u00f3n a otras personas por el accionar de grupos al margen de la ley. <\/p>\n

Frente a esta consideraci\u00f3n, la accionante se\u00f1al\u00f3 en su petici\u00f3n de amparo que no le eran imputables los delitos cometidos contra los campesinos, y que el Tribunal omiti\u00f3 valorar las pruebas demostrativas de su certeza sobre que la vendedora era la leg\u00edtima due\u00f1a de los inmuebles, tales como los actos administrativos proferidos por el INCORA y el INCODER en los procedimientos que dichas entidades adelantaron para establecer, en primer lugar, si los inmuebles pertenec\u00edan a la Naci\u00f3n, y posteriormente, si en ellos se ejerc\u00eda una explotaci\u00f3n econ\u00f3mica por la propietaria. <\/p>\n

Enfatiz\u00f3 en que no obstante que a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 01079 de 14 de julio de 1989, el INCORA dio inicio a las diligencias tendientes a clarificar la situaci\u00f3n jur\u00eddica de las fincas, dicho acto fue revocado por la Resoluci\u00f3n No. 01256 de 25 de agosto del mismo a\u00f1o, despu\u00e9s de analizar los antecedentes registrales, con los cuales se establec\u00eda que \u00e9stas eran de propiedad privada y no bienes bald\u00edos. <\/p>\n

Despu\u00e9s, el INCODER en la Resoluci\u00f3n 0605 de 2007 declar\u00f3 extinguido el derecho de propiedad de la sociedad Agr\u00edcola Eufemia Ltda. sobre los terrenos \u201cFrancisca I\u201d y \u201cFrancisca II\u201d aduciendo la falta de explotaci\u00f3n, acto que tambi\u00e9n se revoc\u00f3, al considerarse que la actividad guerrillera era constitutiva de \u201cfuerza mayor eximente de responsabilidad\u201d frente al desarrollo de la operaci\u00f3n econ\u00f3mica a la que se destinaron los predios. <\/p>\n

8.2. Aunque los rese\u00f1ados medios de prueba revelan que la actual titular de la propiedad compr\u00f3 los inmuebles de manos de quien la ostentaba, no es significativo su aporte en la demostraci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa, porque adem\u00e1s de la certidumbre sobre la titularidad del dominio, le era exigible obrar con la conciencia sobre que el derecho real de su predecesora carec\u00eda de vicios, fraude, o cualquier supuesto f\u00e1ctico que pudiera afectarlo como, por ejemplo, la presencia anterior de colonos que fueron despojados de esas tierras, atendi\u00e9ndose que por su cercan\u00eda comercial con las restantes compa\u00f1\u00edas productoras y comercializadoras de banano vinculadas a la multinacional Dole Food Company Inc. que ella admiti\u00f32, se le presume conocedora de las reclamaciones de los terrenos por parte de los labriegos agrupados en la Asociaci\u00f3n de Usuarios Campesinos de Iberia (AUCIBE) y de la forma en qu\u00e9 se produjo su egreso de los predios \u201cLas Franciscas\u201d, de modo que aun sin serles atribuibles los hechos victimizantes perpetrados por las AUC contra los campesinos, el conocimiento que ten\u00eda del contexto de conflicto armado en el que tuvo lugar el despojo, imped\u00eda la calificaci\u00f3n que pretendi\u00f3 sobre su buena fe. <\/p>\n

Por lo expuesto, no resulta contraria a derecho la decisi\u00f3n de negar la compensaci\u00f3n a que alude el art\u00edculo 98 de la Ley 1448 de 2011. Tampoco proced\u00eda el reconocimiento de la condici\u00f3n de segundo ocupante, pues \u00e9sta tiene como destinatarios \u00fanicamente a las personas naturales que se encuentren en condici\u00f3n de vulnerabilidad, habiten en los predios o deriven de ellos su m\u00ednimo vital y no tengan relaci\u00f3n directa o indirecta con el abandono forzado o el desalojo que motiva la solicitud de restituci\u00f3n. <\/p>\n

9. Por todo lo discurrido, para la Corte las razones esgrimidas por la autoridad judicial accionada, no configuran una desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, ni las decisiones adoptadas merecen el calificativo de caprichosas, infundadas e irrazonables. Contrario a ello, se fundaron en los hechos corroborados con el material probatorio obrante en el expediente y en la normatividad rectora de la materia objeto del debate procesal. <\/p>\n

Por consiguiente, surge palpable que la pretensi\u00f3n de la accionante se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a una subjetiva discrepancia con los razonamientos de los que se sirvi\u00f3 el juzgador para resolver el asunto, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela en ausencia de transgresi\u00f3n de la garant\u00eda superior invocada en la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

Lo antepuesto, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar sus consideraciones de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en arbitrariedad al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica sometida a su an\u00e1lisis, supuesto que no se advierte configurado en el presente caso. <\/p>\n

10. En consecuencia, se denegar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional invocado.
\nComun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nSALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n

STC16789-2019 <\/p>\n

1. No comparto los razonamientos de la sentencia que precede, tampoco su parte resolutiva. <\/p>\n

Debi\u00f3 concederse el amparo exigido por la sociedad La Francisca S.A.S., por cuanto, de las pruebas arrimadas, se extra\u00eda que la petici\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras que contra ella \u2013y otras empresas- se dirigi\u00f3 no reun\u00eda los requisitos establecidos en la Ley 1448 de 2011. Por tanto, el tribunal no pod\u00eda, como mal lo hizo, acceder a ella, ni, menos, declarar que los solicitantes hab\u00edan adquirido los predios por el modo de la prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio, porque no cumplieron el t\u00e9rmino para tal fin. <\/p>\n

2. Los hechos relevantes, base del litigio sometido al escrutinio de la Sala, como aparecen en el escrito tutelar3 y fueron compendiados en el fallo4 materia de mi disenso, son los siguientes: <\/p>\n

i. Mediante Escritura de Venta del 12 de diciembre de 1985, la Compa\u00f1\u00eda Cacaotera Orihueca Ltda. adquiri\u00f3 los inmuebles \u201cLa Francisca I\u201d y \u201cLa Francisca II\u201d5 de los entonces bancos Colombo Americano, del Estado y Ganadero. <\/p>\n

Al momento de la compra ambos predios, actualmente ubicados en la jurisdicci\u00f3n del municipio de Zona Bananera6 (Magdalena), vereda \u201cOrihueca\u201d, estaban sembrados de cacao, siendo, posteriormente, destinados al cultivo de banano. <\/p>\n

ii. El 6 de marzo de 1987, los inmuebles fueron \u201cinvadidos, violenta e ilegalmente\u201d, por un grupo de personas que se hizo llamar Asociaci\u00f3n Campesina de Usuarios Campesinos de Iberia (AUCIBE), quienes, seg\u00fan se narra en el amparo, se aprovecharon del \u201c(\u2026) complejo contexto de violencia que para la \u00e9poca se hab\u00eda generalizado en la zona bananera del departamento del Magdalena\u201d. <\/p>\n

iii. La Compa\u00f1\u00eda Cacaotera Orihueca Ltda. denunci\u00f3 esa situaci\u00f3n ante las autoridades competentes, y el Ej\u00e9rcito Nacional, a consecuencia de ello, desaloj\u00f3 a los invasores. <\/p>\n

iv. Por Escritura P\u00fablica de 14 de mayo de 1991 (vista a folios 407-404), debidamente registrada, la sociedad Agr\u00edcola Eufemia Ltda., compr\u00f3 ambos inmuebles, que continu\u00f3 destinando al cultivo de banano, en asocio con la empresa multinacional Dole Food Company Inc. <\/p>\n

vi. El 6 de enero de 1997, un grupo de personas \u201cpertenecientes a AUCIBE\u201d, aprovechando el clima de violencia, invadieron \u2013nuevamente-, con \u201capoyo\u201d de las FARC, las fincas \u201cLa Francisca I\u201d y la \u201cFrancisca II\u201d. <\/p>\n

Tal hecho fue denunciado penalmente por el entonces administrador de esos predios. Esta situaci\u00f3n se repiti\u00f3 el 21 de enero siguiente, luego de que los ocupantes fueran sacados del predio por orden de la Alcald\u00eda Municipal. <\/p>\n

vii. Ante ese estado de cosas, Agr\u00edcola Eufemia Ltda. se vio forzada a \u201cabandonar\u201d, \u201ccontra su voluntad\u201d, las fincas. <\/p>\n

viii. Durante julio y agosto de 2004, se llevaron a t\u00e9rmino \u201cdos reuniones\u201d entre funcionarios de Agr\u00edcola Eufemia Ltda., representada por el ingeniero Wilson Sotomonte Carrillo, y los \u201cinvasores\u201d, acord\u00e1ndose, en las mismas, que a \u00e9stos \u00faltimos, a t\u00edtulo de \u201ccompra\u201d, se les reconocer\u00edan unos dineros por \u201cmejoras\u201d. <\/p>\n

ix. Para el 30 de noviembre siguiente, el INCORA, en una inspecci\u00f3n que efectu\u00f3 sobre los predios, determin\u00f3 que no se encontraban ocupantes, sino un administrador, quien manifest\u00f3 \u201cestar por cuenta\u201d de la sociedad propietaria. <\/p>\n

x. En Escritura P\u00fablica del 21 de enero de 2009 (visible a folios 391 a 400), la sociedad La Francisca S.A.S adquiri\u00f3 de manos de Agr\u00edcola Eufemia los predios, y los continu\u00f3 explotando. <\/p>\n

xi. Con posterioridad, y al amparo de la normatividad inserta en la Ley 1448 de 2011, diversas personas y familias7 presentaron una \u201csolicitud colectiva de protecci\u00f3n al derecho constitucional fundamental de restituci\u00f3n de tierras\u201d, donde pretendieron (i) que les protegieran sus derechos como \u201cv\u00edctimas del conflicto armado\u201d; (ii) que se reconociera la \u201cprescripci\u00f3n adquisitiva del dominio\u201d sobre los inmuebles a su favor, orden\u00e1ndose la entrega material; y (iii) que se declarara la \u201causencia\u201d de \u201cbuena fe exenta de culpa\u201d por parte de La Francisca S.A.S. y las sociedades Agr\u00edcola Eufemia S.A.S. y T\u00e9cnicas Baltime de Colombia S.A. <\/p>\n

Sustentaron sus pretensiones, resumidamente, en que entraron a las fincas cuando se encontraban \u201cabandonadas\u201d y en \u201cproceso de extinci\u00f3n de dominio administrativo\u201d, raz\u00f3n por la cual desplegaron sobre \u00e9stas actos de se\u00f1or\u00edo (o posesi\u00f3n) desde el a\u00f1o 1996 hasta, aproximadamente, 2004, fecha en que, seg\u00fan dicen, fueron expulsados por parte de los grupos armados ilegales. <\/p>\n

xii. La aqu\u00ed accionante (La Francisca S.A.S.) y las dem\u00e1s compa\u00f1\u00edas se opusieron al ruego, alegando, entre muchas otras cosas, que eran adquirentes de buena fe exenta de culpa. <\/p>\n

xiii. El 24 de enero de 2018, la Sala Civil Especializada de Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, dict\u00f3 fallo8, accediendo a las pretensiones de la mayor\u00eda de los solicitantes y desechando los medios exceptivos de (i) ausencia de desplazamiento; (ii) ausencia de despojo; (iii) ausencia de calidad de v\u00edctimas; (iv) ausencia del derecho de restituci\u00f3n; (v) incumplimiento de requisitos formales de la solicitud; (vi) falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa; (vii) presunci\u00f3n de legalidad de los negocios jur\u00eddicos; (viii) temeridad; (ix) improcedencia de las pretensiones; (x) caso fortuito y fuerza mayor; (xi) pago de indemnizaciones; (xii) inexistencia del nexo causal entre el despojo y el da\u00f1o; y (xiii) buena fe exenta de culpa, propuestos por las demandadas. <\/p>\n

xiv. La opositora La Francisca S.A.S. acus\u00f3 ese fallo en sede de tutela (fols. 1-79) por lo siguiente:
\n* Defecto \tsustantivo, por interpretaci\u00f3n indebida, irreflexiva e \t\u201cirrazonable\u201d \tde los art\u00edculos 74 y 75 de la Ley 1448 de 2011, en tanto \t\u201c(\u2026) es \timposible sostener que los solicitantes hayan sido objeto de despojo \to abandono forzado\u201d; \tadem\u00e1s, lo \u201cque \ts\u00ed se encuentra \t(\u2026) demostrado, \ty que soslay\u00f3 por completo el Tribunal, es que dicha \ttitularidad \u2013de despojado- recae en cabeza de la cesionaria de \tla sociedad (\u2026) \tAgr\u00edcola Eufemia Ltda. [en \ttanto] \tfue objeto de m\u00faltiples hostigamientos por parte de los \tgrupos guerrilleros que la privaron de la explotaci\u00f3n de su \tpropiedad (\u2026)\u201d; \tello conllev\u00f3, dice, a que los solicitantes se aprovecharan \tde la situaci\u00f3n para entrar a los predios \t(fols. \t43-47).
\n* Aplicaci\u00f3n \tindebida de la figura de la prescripci\u00f3n extraordinaria y de \tlos beneficios del precepto 74 de la normatividad ib\u00eddem \ty de varias disposiciones del C\u00f3digo Civil; ello, en lo \tmedular, porque (a) \tla ocupaci\u00f3n de los peticionarios fue producto de un despojo \tpor raz\u00f3n del actuar delictivo del que fue v\u00edctima la \tsociedad Agr\u00edcola Eufemia Ltda., por parte de grupos al \tmargen de la ley; (b) \tpor lo anterior, la ocupaci\u00f3n fue ilegal y clandestina; y (c) \tla posesi\u00f3n de los solicitantes no fue pac\u00edfica ni \tininterrumpida, pues la sociedad Agr\u00edcola Eufemia Ltda. \tsiempre ejecut\u00f3 actos de se\u00f1or y due\u00f1o y \tejerci\u00f3 constantemente las acciones para recuperar la \tposesi\u00f3n de los bienes (fols. 47-52);
\n* Con todo, \tadquiri\u00f3 de buena fe \u201cexenta \tde culpa\u201d \tlos bienes, en tanto para 2009, cuando \u00e9sta se efectu\u00f3, \tel INCODER hab\u00eda reconocido expresamente la propiedad de los \tmismos en cabeza de Agr\u00edcola Eufemia, y, adicionalmente, que \tel abandono de los bienes se hab\u00eda producido por la situaci\u00f3n \tde violencia y fuerza mayor (fols. 51-52);
\n* Desconocimiento \timprocedente de la calidad de \u201cv\u00edctima\u201d \tde Agr\u00edcola Eufemia Ltda., en tanto est\u00e1 probado que \tfue objeto de un \u201cproceso \tsistem\u00e1tico de violencia y de violaci\u00f3n de los \tderechos humanos \t(\u2026) por \tparte de las FARC y el ELN\u201d \t(fols. 52-55);
\n* Omisi\u00f3n de \tvaloraci\u00f3n de diversas pruebas que daban cuenta de que \t(a) la \tactividad empresarial realizada en los inmuebles se suspendi\u00f3 \tpor razones de fuerza mayor (violencia generalizada ejercida por \tactores armados); \t(b) estaba \tplenamente acreditado el dominio sobre los inmuebles; (c) \tsobre \tlas fincas no se ejerci\u00f3 una posesi\u00f3n pac\u00edfica, \tni p\u00fablica ni continua por parte de los solicitantes (fols. \t57-69); y
\n* \u201cError \tinducido\u201d, \tque se configur\u00f3 por cuanto la petici\u00f3n se bas\u00f3 \ten pruebas y afirmaciones artificiosas y falsas. <\/p>\n

Por todo lo anterior, pero con franqueza y energ\u00eda, la accionante estim\u00f3 que no debi\u00f3 accederse a la solicitud de restituci\u00f3n, pues no se cumpl\u00edan los requisitos que para el efecto establec\u00eda la Ley 1448 de 2011, en particular, lo previsto en sus art\u00edculos 74 y 75. <\/p>\n

xv. La Sala mayoritaria, en la decisi\u00f3n de la cual me separo9, neg\u00f3 al resguardo deprecado. Dedujo, en lo medular, que la determinaci\u00f3n fustigada no revelaba arbitrariedad, ni f\u00e1ctica ni jur\u00eddica. <\/p>\n

3. No comparto la determinaci\u00f3n adoptada por la Corporaci\u00f3n en el asunto sub\u00e9xamine pues, a mi modo de ver, estaba suficientemente probado que la petici\u00f3n de restituci\u00f3n no satisfac\u00eda los presupuestos estatuidos en la ley de tierras. <\/p>\n

Las siguientes son mis razones: <\/p>\n

3.1. Seg\u00fan del art\u00edculo 74 de la Ley 1448 de 2011, se entiende \u201cdespojo\u201d <\/p>\n

\u201c(\u2026) la acci\u00f3n por medio de la cual, aprovech\u00e1ndose de la situaci\u00f3n de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesi\u00f3n u ocupaci\u00f3n, ya sea de hecho, mediante negocio jur\u00eddico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisi\u00f3n de delitos asociados a la situaci\u00f3n de violencia\u201d. <\/p>\n

Y, por \u201cabandono forzado de tierras\u201d, <\/p>\n

\u201c(\u2026) la situaci\u00f3n temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, raz\u00f3n por la cual se ve impedida para ejercer la administraci\u00f3n, explotaci\u00f3n y contacto directo con los predios que debi\u00f3 desatender en su desplazamiento durante el periodo establecido en el art\u00edculo\u00a075\u201d. <\/p>\n

Son titulares del \u201cderecho de restituci\u00f3n\u201d, con arreglo a lo se\u00f1alado en el canon 75, ib\u00eddem, <\/p>\n

\u201cLas personas que fueran propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras de bald\u00edos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicaci\u00f3n, que hayan sido despojadas de estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata el art\u00edculo 3\u00ba de la presente Ley, entre el 1\u00ba de enero de 1991 y el t\u00e9rmino de vigencia de la Ley, pueden solicitar la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzadamente, en los t\u00e9rminos establecidos en este cap\u00edtulo\u201d. <\/p>\n

Los \u201chechos que configuren las violaciones\u201d, conforme al art\u00edculo 3\u00ba de la ley en cita, son <\/p>\n

\u201c(\u2026) aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un da\u00f1o por hechos ocurridos a partir del 1\u00ba de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasi\u00f3n del conflicto armado interno\u201d. <\/p>\n

De la lectura sistem\u00e1tica de todas esas disposiciones se extrae un dato elemental: es presupuesto de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras que el despojo, desplazamiento o abandono forzado tenga su causa adecuada en el aprovechamiento, directo o indirecto, por parte de un sujeto o grupo de sujetos, de la situaci\u00f3n de violencia existente en el lugar donde se encuentra el inmueble objeto de reclamaci\u00f3n. <\/p>\n

Tal presupuesto no qued\u00f3 acreditado en el sub\u00e9xamine. <\/p>\n

3.2. De las pruebas arrimadas a la acci\u00f3n de amparo, que tambi\u00e9n, se constata, fueron incorporadas al expediente contentivo del proceso cuestionado, trasluce otra realidad: \u201cv\u00edctima\u201d10 de los hechos de violencia que azotaron la regi\u00f3n del Magdalena lo fue la sociedad Agr\u00edcola Eufemia Ltda., quien adquiri\u00f3 los predios \u201cLa Francisca I\u201d y \u201cLa Francisca II\u201d el 14 de mayo de 1991, y, luego, se los traspas\u00f3, a t\u00edtulo de venta, a la aqu\u00ed accionante La Francisca S.A.S. el 21 de enero de 2009. <\/p>\n

3.2.1. En los diarios locales y regionales quedaron documentados los siguientes hechos, presentados en orden cronol\u00f3gico, que impactaron el sector de \u201cOrihueca\u201d y otros aleda\u00f1os: <\/p>\n

* El 23 de \toctubre de 1992, \tse produjo el secuestro y posterior asesinato, por parte de \u201cgrupos \tarmados al margen de la Ley\u201d, \tel se\u00f1or Peter Kessler, gerente de Agr\u00edcola Eufemia y \tde C.I. Tecbaco S.A. (fol. 323);
\n* El 31 de \tdiciembre siguiente \tfueron asesinados, por presuntos miembros de las FARC, los se\u00f1ores \tJos\u00e9 Ropero y Mamerto Blanco, celadores de la finca \u201cMar\u00eda \tLuisa\u201d, \tsituada (al igual que \u201cLa \tFrancisca I\u201d \ty \u201cLa \tFrancisca \tII\u201d, \ten el sector de \u201cOrihueca\u201d) \tde propiedad de Agr\u00edcola \tEufemia Ltda. (fol. 323);
\n* El 27 de \tfebrero de 1993, fue \tasaltada una patrulla del Ej\u00e9rcito en el sector Santa Rosal\u00eda \t(fol. 322);
\n* El 15 de \tabril de 1993, \tfue asesinado Jos\u00e9 V\u00e9lez, \u201cadministrador\u201d \tde la finca Eufemia, de propiedad de Agr\u00edcola \tEufemia Ltda., ubicada en el sector Santa Rosal\u00eda (fol. 322);
\n* En mayo de \t1993, \tlas oficinas de T\u00e9cnicas Baltime de Colombia (asociada de \tAgr\u00edcola Eufemia en la labor de cultivo y exportaci\u00f3n \tde banano) en Santa Marta fueron objeto de atentados con artefactos \texplosivos (fol. 307);<\/p>\n

* El 21 de \tenero de 1994, \tmientras se dirig\u00eda a la finca Mar\u00eda Luisa II, fue \tasaltada una \u201cmula\u201d, \ty luego quemada (fol. 322);
\n* El 24 de \tenero de 1994, \tfue asesinado, cuando se dirig\u00eda a la Finca \u201cMar\u00eda \tLuisa I\u201d, \tsector de \u201cOrihueca\u201d, \tel capataz Jos\u00e9 Alonso Romero (fol. 322);
\n* El 3 de \tfebrero del mismo a\u00f1o, \tfue asesinado a tiros Geovanys Rafael Charris Villegas, celador la \tfinca Hilda Reyes, localizada en el caser\u00edo \u201cLa \tPaulina\u201d \ten jurisdicci\u00f3n del municipio de Guacamayal;
\n* El 4 de \tfebrero ulterior, \tpresuntos miembros de las FARC incineraron, en el sector de \t\u201cOrihueca\u201d, \tun tracto cami\u00f3n perteneciente a T\u00e9cnicas Baltime \t(fols. 320 y 322);
\n* El 23 de \tfebrero siguiente, \tel \tse\u00f1or Jairo Francisco Villa Polo, obrero de la finca \u201cLa \tBomba\u201d, \tde propiedad de Agr\u00edcola Eufemia, fue asesinado por presuntos \tintegrantes de las FARC; el mismo d\u00eda, fue ultimado Juan Jos\u00e9 \tTapias Hern\u00e1ndez, celador de la finca \u201cLas \tFranciscas\u201d, \ttambi\u00e9n de propiedad de Agr\u00edcola Eufemia (fol. 322);
\n* En \tseptiembre de 1995, \tun contingente de subversivos de las FARC irrumpieron en la finca \t\u201cLa \tAcacia\u201d, \tubicada en \u201cOrihueca\u201d, \tquemando una bodega destinada al almacenamiento de Banano (fol. \t316); en el mismo mes, otro grupo de delincuentes incineraron tres \tcontenedores de la empresa Dole Food Company Inc. en el \tcorregimiento de Riofr\u00edo (fol. 319);
\n* El 10 de \tseptiembre de 1996, \tgrupos guerrilleros asaltaron varias fincas ubicadas en el sector de \t\u201cOrihueca\u201d \ty otros circunvecinos, entre ellas, \u201cLa \tFrancisca\u201d \t(fol. 311); y
\n* Otros hechos \tsimilares se repitieron durante los a\u00f1os 1998 \ty 2000, \tper\u00edodo en el cual se produjeron numerosos atentados contra \tlas empresas bananeras que operaban en la zona de \u201cOrihueca\u201d \ty otras cercanas (fols. 301-306). <\/p>\n

3.2.2. Milita tambi\u00e9n, a folios 324 y 325, la denuncia formulada el 2 de octubre de 1996, ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, seccional Ci\u00e9naga (Magdalena), por parte de Bruno Arturo Lara Chiquillo, quien se present\u00f3 como administrador de varias fincas de \u201cCircasia\u201d, \u201cBomba\u201d y \u201cFrancisca\u201d. En ella se lee: <\/p>\n

\u201c(\u2026) el d\u00eda 10 de septiembre [de 1996] fueron asaltadas [las tres fincas] quemando las instalaciones de las oficinas, bodegas de insumos y bodega de [ilegible \u2026] (\u2026)[;] la gente que lleg\u00f3 all\u00e1 prendieron fuego a las instalaciones antes mencionadas de las fincas \u201cCircasia\u201d, \u201cBomba\u201d y \u201cFrancisca\u201d quedando totalmente destruid[o] todo el material del oficina (sic)[,] muebles [y] computadores en las bodegas de insumo se quemaron todos los materiales y herramientas que se necesitan para las labores diarias de una finca bananera adem\u00e1s en las bodegas de cart\u00f3n se quem[aron] todos los materiales de empaque de banano que consiste en bases, tapas y divisiones de cart\u00f3n. Tambi\u00e9n se llevaron los radios de comunicaciones que estaban en cada una de las fincas (\u2026) y unas escopetas (\u2026). Seg\u00fan los celadores se presentaron un grupo de 30 o 20 hombres armados algunos con ropa militar y otros de civil quienes se identificaron como integrantes de las FARC los cuales dejaron consignas escritas. Testigos de los hechos los celadores, quienes se localizan en las citas (sic) fincas, adem\u00e1s quiero agregar la destrucci\u00f3n total de las edificaciones que constitu\u00edan las oficinas y bodegas. Los da\u00f1os ascienden aproximadamente a unos $120.000.000 (\u2026). Las fincas son de propiedad de Agr\u00edcola Eufemia Ltda.\u201d (\u00c9nfasis para destacar). <\/p>\n

Lara Chiquillo acudi\u00f3, nuevamente, ante el ente investigador a principios del a\u00f1o 1997, como consta a folios 326 y 327. Manifest\u00f3 que desde el 6 de enero de esa anualidad la finca \u201cLa Francisca\u201d (de la cual era \u201cadministrador\u201d) hab\u00eda sido \u201cinvadida\u201d por un grupo de aproximadamente 30 a 35 personas \u201cdesconocidas\u201d. Agreg\u00f3, adem\u00e1s, frente a ese hecho: \u201c(\u2026) nos enteramos (\u2026) que hay personal armado en la finca protegiendo a los invasores no sabemos si tienen uniformes ni qu\u00e9 clase de armas tienen fueron personas\u201d. Por lo anterior, solicit\u00f3 el \u201c(\u2026) desalojo de todas esas personas para poder continuar con la labor que est\u00e1bamos desarrollando\u201d. <\/p>\n

3.2.3. Asimismo, a folios 328-329 obra una resoluci\u00f3n emitida por la Alcald\u00eda Municipal de Ci\u00e9naga (Magdalena) el 10 de enero de 1997, donde se admite una \u201cquerella civil de polic\u00eda de lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho\u201d sobre el predio rural \u201cFrancisca\u201d, <\/p>\n

La diligencia de inspecci\u00f3n y lanzamiento se consum\u00f3 el 15 de enero ulterior. En el acta respectiva (fols. 332-335) se lee: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]l despacho se traslada hacia la direcci\u00f3n [indicada] a las 9:00 A.M. Despu\u00e9s de haber constatado la ubicaci\u00f3n y linderos somos recibidos por un grupo de personas que se encuentran dentro del predio (\u2026), [present\u00e1ndose] como representante[s] del grupo (\u2026) Holman Vargas S\u00e1nchez (\u2026) [y] Jos\u00e9 Queloz Carrera (\u2026)[;] recibidos por los se\u00f1ores antes relacionados se le[s] dio a conocer sobre la diligencia (\u2026). Acto seguido el se\u00f1or Jos\u00e9 Queley Carrera solicita la palabra al se\u00f1or inspector, concedi\u00e9ndosele, nos encontramos en estas tierras por recuperaci\u00f3n de las mismas, ya que fuimos despropiados por el se\u00f1or Antonio (\u2026) gerente de Cacaotera de Orihueca Ltda. No tengo m\u00e1s que decir. En este estado el se\u00f1or inspector pregunta al se\u00f1or Jos\u00e9 Queley. PREGUNTADO. Diga el se\u00f1or Jos\u00e9 Queley en qu\u00e9 a\u00f1o le despropiaron estas tierras. CONTEST\u00d3: En 1989 nos entregaron las tierras y nos despropiaron en 1990 [ilegible lo que sigue inmediatamente]\u201d. Concedida la palabra al se\u00f1or antes relacionado, solicita en este estado la palabra el doctor Aquiles Enrique Mu\u00f1oz Valderrama, apoderado de la Sociedad Agr\u00edcola Eufemia Ltda., concedi\u00e9ndole la misma se\u00f1or inspector quiero solicitar a esta agencia comisionada que se escuche en ratificaci\u00f3n de declaraci\u00f3n juramentada presentada como prueba sumaria para la iniciaci\u00f3n de esta querella policiva a los se\u00f1ores Jorge Alberto Celis L\u00f3pez y Juli\u00e1n Alcides Escorcia, para que se ratifiquen en los hechos y aseveraciones contenidos en dicha prueba sumaria. Igualmente quiero que se tenga como prueba para el momento de desarrollar la presente querella policiva los siguientes hechos: PRIMERO. La sociedad Agr\u00edcola Eufemia Ltda., desde el a\u00f1o 1991, posee para s\u00ed sin reconocer igual o mayor derecho a terceros o cualquier reclamante sobre el inmueble denominado \u201cLa Francisca\u201d (\u2026) Tambi\u00e9n que se tenga en cuenta que las plantaciones y trabajos que se ven\u00edan realizando en la Finca La Francisca, hasta la fecha de la ocupaci\u00f3n, fueron por cuenta y riesgo de la Sociedad Agr\u00edcola Eufemia Ltda., la cual manten\u00eda un n\u00famero de trabajadores en las \u00e1reas de celadur\u00edas, remoci\u00f3n de cables y preparaci\u00f3n de las tierras para continuar con la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica (\u2026). Concedida la palabra al doctor N\u00fa\u00f1ez Valderrama. En este estado el se\u00f1or inspector pregunta al se\u00f1or Jorge Alberto Celis L\u00f3pez [si] se ratifica en su declaraci\u00f3n rendida ante notario el Notario \u00danico de Ci\u00e9naga (\u2026) el d\u00eda ocho (8) de enero de 1997. CONTEST\u00d3: Se\u00f1or inspector s\u00ed me ratifico en mi declaraci\u00f3n. PREGUNTADO. Al se\u00f1or Julia Alcides Escorcia si se ratifica en su declaraci\u00f3n rendida ante el Notario \u00danico de Ci\u00e9naga (\u2026) el d\u00eda 8 de enero de 1997 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Tras referirse al contenido de algunos peritajes, y hacer alusi\u00f3n al Decreto 0747 de 1992, el funcionario de polic\u00eda zanj\u00f3 la querella as\u00ed: <\/p>\n

\u201c(\u2026) considerando, PRIMERO, que la sociedad Agr\u00edcola Eufemia Ltda. (\u2026) entabl\u00f3 querella civil de polic\u00eda (\u2026), para que mediante los tr\u00e1mites legales se decrete el desalojo y se restituya el inmueble. SEGUNDO. Que la sociedad querellante prob\u00f3 que tiene posesi\u00f3n del predio y que la ha ejercido con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, en forma quieta, pac\u00edfica e ininterrumpida (\u2026), [por] ejemplo desarrollando labores de mantenimiento y explotaci\u00f3n econ\u00f3micas. TERCERO. Que la querella fue admitida por llenar los requisitos de forma y presentada dentro del tiempo h\u00e1bil. CUARTO. Que dentro de la inspecci\u00f3n ocular se constataron los hechos destacados por la sociedad querellante, adem\u00e1s se adjuntaron las pruebas necesarias exigidas para prevenir la invasi\u00f3n [ilegible lo que sigue inmediatamente]. QUINTO. Que la acci\u00f3n suplicada encuadra en las disposiciones legales (\u2026) aplicables al desalojo y restituci\u00f3n del inmueble. SEXTO. Que el despacho puede resolver (\u2026)[.] [P]or lo tanto, en m\u00e9rito de lo expuesto la inspecci\u00f3n permanente de polic\u00eda (\u2026) RESUELVE: Decretar el lanzamiento de las personas indeterminadas que se encuentran en la Finca La Francisca de la Sociedad Agr\u00edcola Eufemia Ltda., consecuencialmente ordenar la restituci\u00f3n ya especificada. C\u00famplase (\u2026)\u201d (Resaltos fuera del original). <\/p>\n

Esa aducci\u00f3n, en s\u00ed misma considerada, corresponde a una afirmaci\u00f3n de tipo indefinido, no susceptible, entonces, de prueba (art. 167 CGP). <\/p>\n

Pero, adem\u00e1s, obran en el plenario elementos de convicci\u00f3n que permiten corroborar su veracidad. <\/p>\n

En la Resoluci\u00f3n 518 del 2000, emitida por el INCORA (y vista a folios 337 a 342), y por \u201c(\u2026) la cual se inicia el procedimiento administrativo tendiente a establecer la procedencia legal de declarar o no extinguido (\u2026) el derecho de dominio privado existente sobre los predios rurales denominados La Francisca No. 1 y La Francisca No. 2\u201d, luego de referirse a la inspecci\u00f3n por ella llevada a t\u00e9rmino sobre las fincas el 23 de mayo de esa calenda, dej\u00f3 expresado: <\/p>\n

\u201cLa Sociedad Agr\u00edcola Limitada, que figura como propietaria inscrita, no ejerce ni adelanta ning\u00fan tipo de administraci\u00f3n con relaci\u00f3n a los predios, tanto directa como indirectamente, \u00e9sta es ejercida por cada uno de los ocupantes dentro del \u00e1rea que explota[n] por su cuenta y riesgo. <\/p>\n

\u201cDe las circunstancias anotadas, se deduce que no se ha dado en los predios ninguna explotaci\u00f3n econ\u00f3mica por parte del titular inscrito durante los \u00faltimos 6 a\u00f1os, en forma regular y estable tal y como lo establece el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 200 de 1936, los art\u00edculos 55 y 58 de la Ley 160 de 1994 y en el Decreto 2665 de (\u2026) 1994, en consecuencia se configuran los presupuestos de la Ley para adelantar sobre los predios en cuesti\u00f3n el tr\u00e1mite administrativo para determinar si es procedente o no declarar extinguido (\u2026) el derecho de dominio privado existente sobre los mismos (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En la inspecci\u00f3n llevada a t\u00e9rmino por el INCORA sobre los predios el 23 de enero de 2003 (fols. 347-356), en el marco del tr\u00e1mite administrativo de extinci\u00f3n de derecho de dominio privado por falta de explotaci\u00f3n, se lee: <\/p>\n

\u201cc.- EXPLOTACI\u00d3N ECON\u00d3MICA. <\/p>\n

\u201cComo se pudo observar en el recorrido, los predios se encuentran explotados en su mayor\u00eda en agricultura que seg\u00fan los ocupantes los cultivos fueron instalados casi en su totalidad por ellos mismos (\u2026). <\/p>\n

\u201c(\u2026) <\/p>\n

\u201ce. ESTADO DE TENENCIA DEL PREDIO. <\/p>\n

\u201cDurante la diligencia se pudo constatar que los predios se encuentran ocupados [por] personas diferentes a los propietarios y que manifestaron no reconocer dominio ajeno [ni] haber tenido v\u00ednculo de dependencia con persona alguna, adem\u00e1s que todos administran [su] parcela por su cuenta y riesgo (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En otra visita efectuada el 30 de noviembre de 2004 (fols. 357-358), la misma entidad constat\u00f3: <\/p>\n

\u201c3. EXPLOTACI\u00d3N ECON\u00d3MICA. Como se puede observar en todo el recorrido, s\u00f3lo existe[n] pastos naturales y artificiales. <\/p>\n

\u201c4. CLASE DE CULTIVOS Y PASTOS. No se observa ning\u00fan tipo de cultivo, solo pastos naturales y artificiales. <\/p>\n

\u201c5. ESTADO DE CONSERVACI\u00d3N. Los predios no est\u00e1n siendo explotados en la actualidad. <\/p>\n

\u201c6. ESTADO DE OCUPACI\u00d3N. Durante el desarrollo de la visita se pudo constatar que en los predios en el momento no se encontraban ocupantes, sino un administrador quien manifest\u00f3 estar por cuenta de la sociedad que figura como propietaria\u201d. <\/p>\n

En el tr\u00e1mite administrativo al cual se viene haciendo alusi\u00f3n se dict\u00f3 la Resoluci\u00f3n 605 de 20 de marzo de 2007 (fols. 367-374), en cuya virtud fue declarado extinto el derecho de dominio sobre los bienes. El fundamento de tal acto tuvo que ver con que <\/p>\n

\u201c(\u2026) el propietario de [los] inmueble[s] Agr\u00edcola Eufemia Ltda. no acredit\u00f3 legalmente la ocurrencia de fuerza mayor para que dentro del procedimiento de extinci\u00f3n se le eximiera de la obligaci\u00f3n de explotar el fundo. Adem\u00e1s, es preciso se\u00f1alar que al momento de practicarse la diligencia de inspecci\u00f3n ocular (enero de 2003) no se evidenci\u00f3 ning\u00fan tipo de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica sobre el predio durante los \u00faltimos tres (3) a\u00f1os por parte de su propietario, debi\u00e9ndose tener en cuenta tambi\u00e9n que en el mes de mayo de 2000, fecha en que se practic\u00f3 la visita previa, no se registr\u00f3 explotaci\u00f3n econ\u00f3mica por parte del interesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Agr\u00edcola Eufemia Ltda. se alz\u00f3 contra esa determinaci\u00f3n, formulando recurso de reposici\u00f3n. Fruto de ello, el INCODER (quien sucedi\u00f3 al INCORA) la revoc\u00f3 mediante Resoluci\u00f3n 1624, de 14 de junio de 2007 (fols. 375-380). In extenso, se sustent\u00f3 en lo siguiente: <\/p>\n

\u201cComo observaci\u00f3n preliminar es necesario precisar que con la sustentaci\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n el apoderado de la Empresa Agr\u00edcola Eufemia Limitada aport\u00f3 nuevas pruebas documentales y testimoniales que no fueron valoradas en el acto impugnado, porque no obraban en el expediente al momento de decidir la extinci\u00f3n as\u00ed: <\/p>\n

\u201cFotocopias de algunos art\u00edculos de prensa que abarcan el periodo entre 1993 y 2000, y que dan cuenta de la situaci\u00f3n de violencia por parte de grupos armados ilegales en dicha zona. <\/p>\n

\u201cCertificaci\u00f3n de la vinculaci\u00f3n laboral de algunos empleados que fueron asesinados en la \u00e9poca. <\/p>\n

\u201cInforme de visita administrativa que da fe de la destrucci\u00f3n de gran parte de los cultivos ocasionada por los vientos huracanados presentada en el a\u00f1o 1996 (\u2026). <\/p>\n

\u201cMapas descriptivos de la zona donde se encuentran los predios (\u2026); <\/p>\n

\u201cQuerella de lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho (\u2026); <\/p>\n

\u201cContratos de compraventa de mejoras a los ocupantes (\u2026). <\/p>\n

\u201cEn este contexto, el despacho analizar\u00e1 los cargos formulados y los motivos de inconformidad expuestos (\u2026), valorando para el efecto todo el acervo probatorio que obra en las actuaciones: <\/p>\n

\u201c3.1. Presencia en la zona o predio de grupos armados al margen de la ley, como causal de fuerza mayor y eximente de responsabilidad por la inexplotaci\u00f3n del inmueble. <\/p>\n

\u201cSobre la incidencia de grupos subversivos en el \u00e1rea de ubicaci\u00f3n de los predios, es preciso insistir que en materia de extinci\u00f3n del derecho de dominio, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 53 numeral 4\u00ba de la Ley 160 de 1994 y 12 del Decreto 2665 de 1994, la carga de la prueba corresponde al propietario y dicha exigencia est\u00e1 referida no solamente a la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del predio, sino tambi\u00e9n a la necesidad de probar la fuerza mayor o el caso fortuito, cuando se invoquen como hechos justificativos de la inexplotaci\u00f3n de las tierras. <\/p>\n

\u201cPor esa raz\u00f3n, en el acto administrativo recurrido, el despacho afirm\u00f3 que aunque los propietarios alegaron esta circunstancia de fuerza mayor como causal eximente de responsabilidad por la inexplotaci\u00f3n del predio, no acreditaron plenamente prueba de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la presencia de estos actores armados les impidieron realizar la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del predio (\u2026). <\/p>\n

\u201cSin embargo, una nueva valoraci\u00f3n de las pruebas arrimadas al plenario, los argumentos expuestos por el recurrente y efectivamente la jurisprudencia tra\u00edda a colaci\u00f3n del Consejo de Estado en la sentencia 1572 del 2002, permiten concluir que la actividad guerrillera reviste particular importancia en la inexplotaci\u00f3n econ\u00f3mica de los inmuebles, como causal de fuerza mayor eximente de responsabilidad, porque es imprevisible e irresistible para el ciudadano com\u00fan, y el despacho as\u00ed lo declarar\u00e1. <\/p>\n

\u201cEn efecto, la presencia de grupos guerrilleros en la zona a que pertenecen, entre otros, los inmuebles La Francisca N\u00famero Uno y N\u00famero Dos, para la \u00e9poca en que se inici\u00f3 este procedimiento, est\u00e1 plenamente demostrada mediante la publicaci\u00f3n en los peri\u00f3dicos locales y regionales que se aportan y de sus distintos actos realizados, esto es, de la disputa por el control de dichas \u00e1reas. En tales publicaciones se menciona c\u00f3mo la zona bananera del Magdalena, en la \u00e9poca de 1991 a 2000, aproximadamente, atraviesa una cruda guerra por su control y c\u00f3mo son presionados los distintos propietarios de estos inmuebles para que contribuyan con determinado gestor de violencia. <\/p>\n

\u201cAunque cada una de las pruebas citadas por s\u00ed solas, como se dijo en la resoluci\u00f3n impugnada [se aclara, la 605 de 20 de marzo de 2007], no son suficientes para desvirtuar la inexplotaci\u00f3n del predio, valoradas en su conjunto y armonizadas con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjeron, permiten al despacho concluir que en el caso que nos ocupa s\u00ed existe una relaci\u00f3n de causalidad ante la presencia de actores armados al margen de la ley y la inexplotaci\u00f3n parcial de [los] inmueble[s]\u201d (Negrillas con subrayas para hacer \u00e9nfasis). <\/p>\n

3.3. Tales pruebas, junto a otras que he examinado [puntualmente, la \u201cdiligencia de declaraci\u00f3n juramentada\u201d que el 5 de agosto de 2014 rindi\u00f3 Wilson Eliserio Sotomonte Carrillo ante el juez de tierras, cuya acta reposa a folios 359 a 366], permiten efectuar la reconstrucci\u00f3n f\u00e1ctica de lo realmente ocurrido en torno a los predios \u201cLa Francisca I\u201d y \u201cLa Francisca II\u201d, en disputa en el tr\u00e1mite criticado, tomando como a\u00f1o inicial 1991, que es la data establecida en el precepto 74\u00ba de la Ley de Tierras como hito inicial para determinar el derecho a la restituci\u00f3n: <\/p>\n

* Que Agr\u00edcola \tEufemia Ltda. adquiri\u00f3 esas fincas en 1991, y las destin\u00f3 \tal cultivo de banano para su posterior comercializaci\u00f3n;
\n* Que en la zona \tdonde se situaban los inmuebles, durante los a\u00f1os 1992 a \t2000, ocurrieron numerosos y grav\u00edsimos actos de violencia \tperpetrados por grupos al margen de la ley, en particular, las FARC \ty el ELN, contra Agr\u00edcola Eufemia Ltda., el Ej\u00e9rcito \tNacional y otras varias empresas bananeras que all\u00ed operaban;
\n* Que el 6 de enero \tde 1997, varias decenas de personas, acompa\u00f1adas de hombres \tarmados, ingresaron violentamente a los predios, desalojando a sus \ttrabajadores y administradores;
\n* Que pese a \tintentarse, a los pocos d\u00edas y por la v\u00eda policiva, la \trestituci\u00f3n de los predios, ello no fue posible;
\n* Que el 23 de \tenero de 2003, las fincas segu\u00edan siendo ocupadas y \texplotadas por personas distintas a su propietaria inscrita \t(Agr\u00edcola Eufemia Ltda.);
\n* Que durante los \tmeses de julio y agosto de 2004, se acord\u00f3 que Agr\u00edcola \tEufemia Ltda. le comprar\u00eda a los ocupantes las mejoras por \tellos levantadas sobre los inmuebles;<\/p>\n

* Que el 21 de \tenero de 2009, Agr\u00edcola Eufemia Ltda. le vendi\u00f3 ambos \tbienes a la sociedad La Francisca S.A.S., a quien se orden\u00f3 \tla restituci\u00f3n como secuela del tr\u00e1mite ahora \tcuestionado. <\/p>\n

3.4. No veo c\u00f3mo, del anterior recuento f\u00e1ctico, sustentado en las pruebas arrimadas y a las cuales vengo haciendo extensa alusi\u00f3n, el tribunal atacado haya podido concluir que Agr\u00edcola Eufemia Ltda. particip\u00f3 o se aprovech\u00f3, \u201cdirecta\u201d o \u201cindirectamente\u201d, de la notoria y evidente situaci\u00f3n de crimen y terror que azot\u00f3 esa regi\u00f3n del Departamento del Magdalena. <\/p>\n

Parece, m\u00e1s bien, todo lo contrario: quienes en rigor se valieron de los crudos hechos de violencia, de los que tambi\u00e9n resultaron blanco las empresas bananeras, fueron los ocupantes que en las postrimer\u00edas de 1997 entraron forzosa e ilegalmente a las fincas, y muchos de los cuales terminaron favorecidos por la orden de restituci\u00f3n emitida por el tribunal y avalada por la Sala mayoritaria, con abierto desconocimiento de los elementos de convicci\u00f3n y de lo previsto en los art\u00edculos 3, 74 y 75 de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n

Dicho cuerpo normativo busca proteger, se reitera, a quien ha sido despojado de sus tierras, u obligado a abandonarlas, por el actuar ileg\u00edtimo de otro sujeto o grupo de sujetos que, por la v\u00eda de la fuerza o la intimidaci\u00f3n, o aprovech\u00e1ndose del ambiente de crimen generalizado, las adquiere para s\u00ed o para un tercero. Y nada de eso, debo insistir, se observa en el caso sometido a estudio. <\/p>\n

Tampoco puedo admitir la conclusi\u00f3n del colegiado atacado seg\u00fan la cual \u201c(\u2026) si bien es cierto [Agr\u00edcola Eufemia] admite la no explotaci\u00f3n de sus inmuebles desde el mes de junio de 1997 y referencia algunos hechos de violencia y acciones ante las autoridades p\u00fablicas entre los a\u00f1os 1998, 1999 y 2000, no obstante ello se denota que las circunstancias acreditadas a trav\u00e9s de pruebas documentales no son situaciones ocurridas en los predios objeto de estudio, si no que se trata de atentados denunciados ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por el gerente de (\u2026) T\u00e9cnicas Baltime de Colombia S.A.\u201d12, por ser manifiestamente contraevidente: por un lado, ya se vio c\u00f3mo contra el personal de Agr\u00edcola Eufemia s\u00ed se perpetraron atentados, tanto en las fincas \u201cLas Franciscas\u201d como en otras de su propiedad, ubicadas en el sector; por el otro, es preciso recordar que las personas jur\u00eddicas act\u00faan, en sus negocios, a trav\u00e9s de seres humanos; y cualquier ser humano siente temor en presencia de hechos concretos de violencia, que, ante su irresistibilidad, le motivan a alejarse de la fuente del peligro para preservar su integridad. <\/p>\n

La sentencia opugnada desconoci\u00f3, de manera inexplicable e inopinadamente, las resoluciones del INCODER, particularmente, la 1624 de 14 de junio de 2007, que hab\u00eda determinado que los predios en disputa no fueron explotados por su entonces propietaria Agr\u00edcola Eufemia por causa del conflicto armado. <\/p>\n

Dice el fallo del tribunal, por otra parte, que la \u201cventa\u201d de las \u201cmejoras\u201d, efectuada por varios de los solicitantes en favor de Agr\u00edcola Eufemia en 2004, se dio \u201c(\u2026) bajo un contexto de violencia y circunstancias intimidantes, de acuerdo a las declaraciones dadas por los solicitantes, quienes fueron coincidentes en expresar que la suscripci\u00f3n y venta de mejoras (\u2026) fue por presiones de grupos armados al margen de la ley, y aunado a ello la muerte de sus compa\u00f1eros l\u00edderes de la comunidad, lo que los llev\u00f3 a abandonar los fundos (\u2026)\u201d (fols. 180-181). <\/p>\n

Ese hecho, como el mismo tribunal lo reconoce, no est\u00e1 \u201cprobado\u201d (fol. 181); m\u00e1s a\u00fan, hay elementos suasorios que indican lo contrario [concretamente, la declaraci\u00f3n que el 5 de agosto de 2014 rindi\u00f3 Wilson Eliserio Sotomonte Carrillo ante el juez instructor, cuya acta reposa a folios 359 a 366]. <\/p>\n

Pero admitiendo, en gracia de disputa, su veracidad, no obra ninguna prueba que le permitiera concluir, como lo hizo, que la accionante o su antecesora, Agr\u00edcola Eufemia, hubiera tenido alguna participaci\u00f3n, directa o indirecta, en esas \u201cpresiones\u201d o \u201cintimidaciones\u201d, o, menos, que hubiera sacado provecho de ellas para retomar la posesi\u00f3n de sus predios. <\/p>\n

Una providencia judicial jam\u00e1s puede estar fundada en especulaciones, sino que es y debe ser producto de la ex\u00e9gesis racional y reflexiva de los elementos de pruebas obrantes en el expediente; s\u00f3lo as\u00ed se garantiza el derecho que a las partes y a los intervinientes (entre \u00e9stos, los opositores) les asisten. <\/p>\n

El tribunal tampoco pod\u00eda fundar su fallo sobre la premisa de que en 1987 varios de los solicitantes fueron sacados de los predios por la \u201cincursi\u00f3n de grupos armados ilegales en la zona\u201d, como lo hace a folios 170 a 171. La raz\u00f3n es sencilla: el precepto 74\u00ba de la Ley de Restituci\u00f3n (L. 1448 de 2011) s\u00f3lo concede el \u201cderecho a la restituci\u00f3n\u201d a las \u201c(\u2026) personas (\u2026) que hayan sido despojadas de [los predios o bald\u00edos] o que se hayan visto obligadas a abandonarl[o]s como consecuencia (\u2026) de los hechos que configuren las violaciones de que trata el art\u00edculo 3\u00ba de la presente Ley, entre el 1\u00ba de enero de 1991 y el t\u00e9rmino de la vigente ley\u201d (\u00c9nfasis propio). <\/p>\n

Como, de igual forma, no pod\u00eda reconocer a los solicitantes como \u201cposeedores\u201d del inmueble por el tiempo que establece la ley para la prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio (10 a\u00f1os). No duraron m\u00e1s de 7 a\u00f1os en los inmuebles. <\/p>\n

3.5. La mayor\u00eda, entonces, se equivoc\u00f3 al no ver ning\u00fan yerro o dislate en la actividad de la corporaci\u00f3n enjuiciada. <\/p>\n

Los numerosos defectos espec\u00edficos de procedibilidad, denunciados por la sociedad opugnadora, estaban, a mi juicio, plenamente comprobados, y as\u00ed debi\u00f3 decidirse. <\/p>\n

4. Con todo, debo decir tambi\u00e9n que aunque en el sub\u00e9xamine se hiciera caso omiso de todo cuanto vengo sosteniendo, de igual manera el amparo debi\u00f3 abrirse paso, pues de las pruebas adjuntadas se pod\u00eda deducir que la sociedad La Francisca S.A.S. adquiri\u00f3 los bienes con \u201cbuena fe exenta de culpa\u201d, y, por tanto, a ella debi\u00f3 reconocerse la compensaci\u00f3n de que trata la Ley 1448. <\/p>\n

4.1. La buena fe es una conducta que la conciencia social exige, conforme a un imperativo \u00e9tico dado, y determinado en cada fase hist\u00f3rica. <\/p>\n

Actuar de buena fe implica comportarse como lo hace la gente honesta, con lealtad y rectitud. Por eso, el pandectista alem\u00e1n Bernhard Winscheid (1817-1892), combinando elementos \u00e9ticos y psicol\u00f3gicos, la define con dos palabras: honesta convicci\u00f3n. <\/p>\n

4.2. La buena fe, lo he puesto de presente en otro lugar14, reviste la naturaleza jur\u00eddica de principio general o fundamental del derecho15. <\/p>\n

Es una idea inspiradora de todo el ordenamiento, constituyendo una de las bases sobre las cuales reposa la organizaci\u00f3n social, pol\u00edtica y jur\u00eddica, que se proyecta en diversas normas de derecho positivo16, en las cuales el legislador se ve precisado a aludir a ella en forma expresa para deducir consecuencias espec\u00edficas. <\/p>\n

Todo sistema jur\u00eddico posee caracter\u00edsticas que le son esenciales, como el alma lo es al cuerpo. Jean Guillaume Locr\u00e9 de Roissy (1758-1840) se refiri\u00f3 a ellas en su Esprit du Code Napole\u00f3n17; y lo propio hizo Rudolph Von Ihering (1818-1892), al dibujar el \u201cesp\u00edritu\u201d del derecho romano18. <\/p>\n

As\u00ed, pues, los principios generales del derecho, <\/p>\n

\u201c(\u2026) se nos revelan como el torrente sangu\u00edneo que recorre las arterias de las diversas instituciones que integran el Derecho (sic), insufl\u00e1ndoles vida y sentido; de modo que, sin ellos, \u00e9stas \u00faltimas quedan irremediablemente condenadas a la atrofia y descomposici\u00f3n\u201d19. <\/p>\n

Ense\u00f1\u00f3 \u2013con sabidur\u00eda- esta Corporaci\u00f3n hace alg\u00fan tiempo, <\/p>\n

\u201cEl ordenamiento jur\u00eddico no est\u00e1 constituido por una suma mec\u00e1nica de textos legales. No es, como muchos pudieran creerlo, una masa amorfa de leyes. Todo orden jur\u00eddico est\u00e1 integrado por ciertos principios generales, muchos de ellos no enunciados concretamente por el C\u00f3digo Civil, pero de los cuales, sin duda, se han hecho [y se hacen] aplicaciones concretas en casos singulares\u201d20. <\/p>\n

Federico De Castro y Bravo21, y con \u00e9l la doctrina moderna22 y la jurisprudencia de esta Sala23, le asigna a este tipo de postulados tres prop\u00f3sitos centrales:
\ni. Constituyen el fundamento y las bases \u00faltimas del ordenamiento jur\u00eddico. Son \u201clos que convierten al ordenamiento jur\u00eddico de conjunto inorg\u00e1nico en unidad vital\u201d (funci\u00f3n informadora); <\/p>\n

ii. Orientan la labor interpretativa del juez y\/o de las partes (funci\u00f3n interpretativa); y <\/p>\n

iii. Act\u00faan como fuente en caso de insuficiencia o ambig\u00fcedad de la norma pues apuntan a un prop\u00f3sito de integraci\u00f3n, de complemento de la regla legal sobre la base de circunstancias que los jueces deben apreciar en cada caso (funci\u00f3n integradora). <\/p>\n

Esta Corte, desde hace lustros, le ha reconocido a la buena fe el rango de principio general del derecho. En la ya citada sentencia de 23 de junio de 1958 (M.P. Arturo Valencia Zea) dedujo: <\/p>\n

\u201c(…) [Un] principio (\u2026) vigente en el derecho positivo es el de buena fe. La expresi\u00f3n buena fe (bona fides) indica que las personas deben celebrar sus negocios, cumplir sus obligaciones, y, en general, emplear con los dem\u00e1s una conducta leal. La lealtad en el derecho se desdobla en dos direcciones: primeramente, cada persona tiene el deber de emplear para con los dem\u00e1s una conducta leal, una conducta ajustada a las exigencias del derecho social; en segundo t\u00e9rmino, cada cual tiene el derecho de esperar de los dem\u00e1s, esa misma lealtad. Tr\u00e1tese de una lealtad (o buena fe) activa, si consideramos la manera de obrar para con los dem\u00e1s, y de una lealtad pasiva, si consideramos el derecho de cada cual de confiar en que los dem\u00e1s obren con nosotros decorosamente\u201d. <\/p>\n

4.3. En derecho colombiano, la aplicabilidad del principio general de la buena fe, desde la perspectiva te\u00f3rica, es susceptible de clasificarse en dos fases, que corresponden a los dos valores que el legislador (o el constituyente) le ha reconocido: <\/p>\n

2\u00ba. La del canon 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, que lo considera como una norma inspiradora y fundante de todo el sistema jur\u00eddico. <\/p>\n

No debe perderse de vista, con Alexy, los \u201cprincipios\u201d se caracterizan por ser (i) enunciados extremadamente abstractos y generales, que (ii) no suministran razones concluyentes, sino razones tentativas o prima facie para la decisi\u00f3n; y (iii) su aplicaci\u00f3n se resiste a amoldarse a los c\u00e1nones de la subsunci\u00f3n y se deja describir mejor en t\u00e9rminos de \u201cponderaci\u00f3n\u201d25. <\/p>\n

4.4. La dogm\u00e1tica jur\u00eddica alemana26 (especialmente la pandect\u00edstica de mediados y finales del siglo XIX), seguida muy de cerca por la espa\u00f1ola27, italiana28, chilena29, argentina30 y colombiana31, distingue entre dos tipos (o formas) de buena fe: (i) la objetiva; y (ii) la subjetiva. <\/p>\n

Lo propio ha hecho \u2013modernamente- la jurisprudencia de esta Sala de Casaci\u00f3n32 y de los tribunales superiores de los distritos judiciales33. <\/p>\n

La buena fe, mirada en su forma objetiva, se identifica y asume los rasgos de norma jur\u00eddica, no s\u00f3lo por ser considerada un principio general del derecho, sino tambi\u00e9n porque inspira el ordenamiento jur\u00eddico, y es uno de sus criterios rectores (art. 83 C.P.). En estos casos, se revela en la aprobaci\u00f3n de una conducta seg\u00fan el parecer de personas razonables y honradas, con base en los usos sociales imperantes en circunstancias determinadas. <\/p>\n

La buena fe subjetiva hace alusi\u00f3n a la ignorancia de la significaci\u00f3n antijur\u00eddica de la situaci\u00f3n de un sujeto. Es, en suma, la convicci\u00f3n interna de un individuo de hallarse en una situaci\u00f3n jur\u00eddica regular, aunque, objetivamente, ello no sea as\u00ed. Por tanto, consiste en la creencia en que el sujeto se encuentra que lo lleva a considerar que su conducta se ajusta a derecho. Como advierte Saavedra, <\/p>\n

\u201cLa buena fe subjetiva se refiere a la correcta situaci\u00f3n del sujeto dentro de una relaci\u00f3n jur\u00eddica, no al contenido o a los efectos de la misma. Se trata, seg\u00fan la mayor\u00eda de los tratadistas, de la posici\u00f3n de quien ignora determinados hechos y piensa, por tanto, que su comportamiento es leg\u00edtimo y que no causa da\u00f1o\u201d. Se trata, en consecuencia, de un acto que de no mediar la buena fe, ser\u00eda antijur\u00eddico o irregular. Por consiguiente (\u2026) la buena fe subjetiva es una noci\u00f3n justificativa del error con lo que deja de lado una aplicaci\u00f3n implacable de las normas t\u00e9cnicas que conducir\u00eda a la nulidad con efecto retroactivo o a otras consecuencias enojosas para quien est\u00e1 persuadido de la regularidad de la situaci\u00f3n\u201d34. <\/p>\n

4.5. Desde el punto de vista de sus efectos, la buena fe, siguiendo el criterio uniforme y consolidado de esta Corte35, se desdobla en dos: (i) la buena fe simple; y (ii) la buena fe cualificada (o creadora de derechos; o especial; o buena fe exenta de culpa).
\nLa primera es la com\u00fanmente exigida en las diversas actuaciones de la vida. Sus consecuencias, siguiendo la doctrina jurisprudencial de la Sala36, se contraen a cierta protecci\u00f3n que el ordenamiento otorga a quien de esta manera obra. <\/p>\n

La calificada o creadora de derechos, por otra parte, genera consecuencias m\u00e1s contundentes, y superiores \u2013en todo caso- a las producidas por la buena fe simple. <\/p>\n

Tiene la virtud, por su propia naturaleza, de crear una realidad o situaci\u00f3n jur\u00eddica, esto es, dar por existente ante el orden jur\u00eddico, un derecho que realmente no existe o que es discutido. <\/p>\n

Pero sus diferencias se contraen tambi\u00e9n a los diversos grados de exigencia que en torno a una u otra pide el ordenamiento. <\/p>\n

La simple exige s\u00f3lo una conciencia recta, honesta, pero no una conducta ni un \u00e1nimo particular. Puede implicar cierta negligencia o culpabilidad en el contratante o adquirente de un derecho. <\/p>\n

La cualificada o especial, en el sistema de la Ley de Tierras (L. 1448 de 2011), demanda la presencia y comprobaci\u00f3n de dos elementos: (i) uno subjetivo, que es el de la conciencia \u00edntima de obrar con lealtad y honestidad; y (ii) otro objetivo o social, consistente en la seguridad de que el tradente es realmente propietario leg\u00edtimo, es decir, que adquiri\u00f3 su derecho por medios l\u00edcitos, exentos de violencia y\/o fraude, lo cual tuvo que ser objeto de averiguaci\u00f3n previa por parte de quien alega la buena fe (Sentencias C-820 de 2012 y C-330 de 2016, ambas proferidas por la Corte Constitucional). <\/p>\n

La legislaci\u00f3n en comento requiere, pues, a fin de salvaguardar los intereses del adquirente de bienes involucrados en fen\u00f3menos de despojo o desplazamiento, la concurrencia o acreditaci\u00f3n de la buena fe en sus dos formas de manifestarse: objetiva y subjetiva. <\/p>\n

La buena fe cualificada, exenta de culpa o especial, tiene aplicaciones concretas en el C\u00f3digo Civil, aunque \u00e9ste no ofrezca una definici\u00f3n exacta de ella. <\/p>\n

Entre tales, se encuentran las consagradas en sus preceptos 150 (sobre donaciones y promesas hechas por causa de matrimonio); 947 (adquisici\u00f3n de bienes muebles en establecimientos comerciales y acci\u00f3n reivindicatoria del due\u00f1o); 1548 y 1933 (referentes a la adquisici\u00f3n de derechos reales sobre inmuebles debidos bajo condici\u00f3n); 1634 (pago hecho a un falso acreedor); 1766 (efectos de los contratos simulados ante terceros de buena fe); y 2199 (que da derechos a terceros contra el mandante, cuando han negociado con un mandatario aparente). <\/p>\n

Debe agregarse que, siguiendo la tesis jurisprudencial de esta Corte37 y la doctrina de los expositores38, la buena fe exenta de culpa se halla integrada por cinco elementos o presupuestos, a saber: <\/p>\n

i. Error com\u00fan;
\nii. Error invencible;
\niii. Regular o normal \tadquisici\u00f3n del derecho;
\niv. Que la situaci\u00f3n \tno est\u00e9 regulada expresamente por ley imperativa, ni que sea \tcontraria a \u00e9sta;
\nv. Una buena fe \t\u201cprobada\u201d. <\/p>\n

Entonces, esta particular forma de buena fe, lo mismo en el derecho com\u00fan como en la especial de la ley de tierras, debe entenderse, sin m\u00e1s, como la conciencia de obrar con lealtad, acompa\u00f1ada de la seguridad o certidumbre de que quien transfiere es el verdadero y\/o leg\u00edtimo titular del derecho que se pretende adquirir. <\/p>\n

\u201cLa buena fe creadora de derechos o buena fe exenta e culpa (\u2026) exige dos elementos: un elemento subjetivo y que es el que se exige para la buena fe simple: tener la conciencia de que se obra con lealtad; y segundo, un elemento objetivo o social: la seguridad de que el tradente es realmente propietario, lo cual exige averiguaciones (\u2026). La buena fe simple exige tan s\u00f3lo conciencia, la buena fe cualificada o creadora de derechos, conciencia y certeza\u201d39. <\/p>\n

5. Proyectadas las anteriores premisas sobre el caso materia de estudio, se avizora la incursi\u00f3n del colegiado accionado en un defecto f\u00e1ctico, por valoraci\u00f3n equivocada del material probatorio acopiado en el plenario. <\/p>\n

La buena fe, ciertamente, es un postulado inspirador de todo el ordenamiento jur\u00eddico, con aplicaciones concretas en el marco de la Ley de Tierras y Restituci\u00f3n (L. 1448 de 2011). <\/p>\n

Dicha normatividad protege al opositor de buena fe en virtud de la existencia, ante la sociedad, de una situaci\u00f3n jur\u00eddica aparente, seg\u00fan la cual el tradente adquiri\u00f3 el bien sin incurrir en maniobras fraudulentas o violentas (arts. 88 y 91). <\/p>\n

En el caso, los hechos narrados por la accionante, que hallan corroboraci\u00f3n con las pruebas allegadas, indican que actu\u00f3 de buena fe \u201cexenta de culpa\u201d al momento de adquirir los predios. En efecto: <\/p>\n

* No despoj\u00f3 \ta nadie, ni forz\u00f3, directa ni indirectamente, el abandono de \tlos terrenos;
\n* Compr\u00f3 el \tbien de manos de su leg\u00edtimo propietario;
\n* Su antecesora, \tAgr\u00edcola Eufemia, y quien tambi\u00e9n fue v\u00edctima \tde la violencia, acudi\u00f3 ante las autoridades de polic\u00eda \tpara intentar, infructuosamente, la recuperaci\u00f3n de las \theredades que luego le vendi\u00f3 a la actora; y
\n* Para el 2009, \tcuando se consum\u00f3 la negociaci\u00f3n, los predios estaban \tsiendo pose\u00eddos por su propietaria; <\/p>\n

Tales hechos, vistos en su conjunto, arrojan una sola conclusi\u00f3n: agot\u00f3 aquello que social y humanamente se le puede exigir a alguien a fin de indagar por la procedencia y situaci\u00f3n jur\u00eddica de los predios que estaban adquiriendo. <\/p>\n

La Ley 1448 de 2011, lo he dicho en pret\u00e9rita ocasi\u00f3n40, consagra una serie de medidas de atenci\u00f3n, asistencia y reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas del conflicto armado interno; dentro de las cuales se estableci\u00f3 un procedimiento \u00e1gil y expedito para la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material de las tierras a los despojados y desplazados y, en subsidio, para el reconocimiento de la compensaci\u00f3n correspondiente, de no ser posible el restablecimiento. <\/p>\n

La restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras, como herramienta de restauraci\u00f3n, sin embargo, est\u00e1 disciplinada por una serie de principios y normas que orientan la labor del juzgador, a fin de proteger las garant\u00edas constitucionales de las partes y lograr la materializaci\u00f3n del derecho sustancial; los cuales no pueden ser desatendidos ni siquiera bajo el pretexto de brindar protecci\u00f3n al presunto despojado, pues, de lo contrario, el mecanismo que el legislador contempl\u00f3 para la restauraci\u00f3n de la justicia y la consecuci\u00f3n de la paz podr\u00eda prestarse para generar nuevas iniquidades y trasladar el conflicto a nuevos actores. <\/p>\n

La citada normativa prev\u00e9 la aplicaci\u00f3n de figuras procedimentales encaminadas a favorecer la posici\u00f3n de las v\u00edctimas, en raz\u00f3n a su estado de indefensi\u00f3n y a que son la parte m\u00e1s d\u00e9bil; tales como la presunci\u00f3n de buena fe de sus actos y la posibilidad de acreditar el da\u00f1o sufrido por medio de prueba sumaria (art\u00edculo 5); las presunciones (de derecho y legales) de despojo en contra de negocios jur\u00eddicos, actos administrativos y providencias judiciales respecto de los predios inscritos en el Registro de Tierras Despojadas (art\u00edculo 77); y la inversi\u00f3n de la carga de la prueba (art\u00edculo 78). <\/p>\n

No obstante, tales herramientas deben ser utilizadas por el sentenciador de manera que se garantice siempre un \u201cproceso justo y eficaz\u201d no s\u00f3lo para el reclamante, sino para los dem\u00e1s intervinientes, como lo dispone el precepto 7 de esa reglamentaci\u00f3n, le\u00eddo en conjunci\u00f3n con el canon 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n

Es as\u00ed como la regla 88 consagra la facultad que tienen las personas que figuran como titulares inscritos de derechos en el certificado de tradici\u00f3n y libertad del predio sobre el cual se solicite la restituci\u00f3n, a ejercer su oposici\u00f3n; para ello deber\u00e1n acompa\u00f1ar los documentos que pretendan hacer valer como prueba de la tacha de la calidad de despojado de la persona o grupo en cuyo favor se present\u00f3 la solicitud de restituci\u00f3n o formalizaci\u00f3n del respectivo predio; de la buena fe exenta de culpa; del justo t\u00edtulo y valor de su derecho; y las dem\u00e1s que considere pertinentes para defender la raz\u00f3n de su reclamo. <\/p>\n

La existencia de presunciones a favor de las v\u00edctimas y la inversi\u00f3n de la carga de la prueba en contra del titular de derechos reales, debe entenderse, entonces, dentro del marco de garant\u00edas constitucionales y legales para todas las partes, de manera que se respete siempre el debido proceso; se aprecien las pruebas individualmente y en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica; se exponga razonadamente el m\u00e9rito que el sentenciador asigna a cada prueba; y no se imponga al opositor una carga probatoria desproporcionada o imposible de sobrellevar seg\u00fan el tema que sea objeto de valoraci\u00f3n. <\/p>\n

Por ello, el an\u00e1lisis de los hechos que son materia de la controversia requiere de un minucioso e imparcial an\u00e1lisis de las pruebas aducidas tanto por el demandante como por el opositor, sobre todo cuando este \u00faltimo es quien soporta casi toda la carga demostrativa. <\/p>\n

Estas consideraciones conducen a admitir que le asiste raz\u00f3n a la tutelante cuando afirma que la autoridad accionada no realiz\u00f3 un an\u00e1lisis suficientemente reflexivo del contexto f\u00e1ctico sometido a su conocimiento. <\/p>\n

En efecto, para negar la oposici\u00f3n -y la consiguiente compensaci\u00f3n- el tribunal atacado, adem\u00e1s de relievar la situaci\u00f3n de violencia que azot\u00f3 la regi\u00f3n, dijo que la sociedad La Francisca S.A.S. no <\/p>\n

\u201c(\u2026) puede desconocer que despu\u00e9s del mes de enero de 1997 la empresa Agr\u00edcola Eufemia dej\u00f3 de ejercer la explotaci\u00f3n de los predios, y aunque la sociedad intent\u00f3 el desalojo de los campesinos mediante una acci\u00f3n policiva en el a\u00f1o 1997, la misma fue infructuosa ya que los solicitantes conservaron la posesi\u00f3n del predio desde ese a\u00f1o hasta el 2004, fecha en que se vieron obligados a despojarse de la posesi\u00f3n debido a los hechos de violencia\u201d (fol. 212). <\/p>\n

En ese labor\u00edo, nada dijo acerca de las otras pruebas allegadas por la promotora ni respecto de los hechos por ella invocados. <\/p>\n

El fallo de tutela, en suma, no advirti\u00f3 que la gravedad de los errores en la valoraci\u00f3n de las pruebas justificaba la procedencia del amparo constitucional en este caso, como quiera que la ausencia de fundamentos f\u00e1cticos de la sentencia comport\u00f3 una arbitrariedad manifiesta del tribunal y constituy\u00f3 una violaci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso de la gestora. <\/p>\n

Al respecto es preciso memorar que, si bien la apreciaci\u00f3n misma de la buena fe es cuesti\u00f3n que cae en el dominio discrecional del juzgador natural, su juicio puede ser invalidado cuando se observe la existencia de un error manifiesto en la valoraci\u00f3n de las probanzas. <\/p>\n

La acci\u00f3n de tutela no tiene el prop\u00f3sito de sustituir o desplazar a los funcionarios a quienes constitucional y legalmente corresponde dirimir los conflictos que se encuentran bajo su competencia, la concesi\u00f3n del amparo se torna obligatoria cuando la vulneraci\u00f3n a las prerrogativas fundamentales de las personas es protuberante y afecta garant\u00edas de superior valor como son el debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia; en cuyo caso no es admisible desconocer dicha realidad sustancial y negar la intervenci\u00f3n del juez constitucional so pretexto de la autonom\u00eda judicial. <\/p>\n

A la accionante nada m\u00e1s se le pod\u00eda pedir. El tribunal criticado desfigur\u00f3 por completo el principio general de la buena fe, que se funda, como se vio, en un hondo sentido emp\u00edrico y humano, para convertirlo en un concepto de imposible demostraci\u00f3n, alejado de la realidad social y del contexto en que se desarrollan las relaciones humanas. <\/p>\n

En el caso, estaba probada la buena fe \u201cexenta de culpa\u201d de que tratan los preceptos 88 y 91 de la Ley 1448 de 2011, deviniendo necesario, por imperativo legal, otorgar la compensaci\u00f3n solicitada por la aqu\u00ed denunciante y all\u00ed opositora. <\/p>\n

No obstante, la Sala desestim\u00f3 el reconocimiento de este derecho, avalando una decisi\u00f3n carente de motivaci\u00f3n, fundada en especulaciones y abiertamente contraria a la realidad probatoria que reflejaba el expediente.
\n6. No entiendo la forma contradictoria como la Sala analiza y construye la jurisprudencia de la tenencia de tierra en la soluci\u00f3n de casos del conflicto. <\/p>\n

Basta recordar el caso Luis Armando Rinc\u00f3n de la finca \u201cLa Argentina\u201d, en La Trinidad (Casanare), con ponencia del Dr. Luis Alonso Rico Puerta y respecto de cuya decisi\u00f3n mayoritaria salvamos voto los magistrados Aroldo Quiroz, Margarita Cabello Blanco y el suscrito. <\/p>\n

All\u00ed, trat\u00e1ndose de un claro abuso del derecho y de un patente caso de paramilitarismo en los llanos orientales, donde es v\u00edctima y despojado el recurrente Rinc\u00f3n, no se censura la violencia intimidatoria del paramilitarismo, y, al no casarse el fallo recurrido, se refrenda la legalidad de los actos de despojo, cuya ilicitud estaba fehacientemente demostrada \u2013inclusive- con decisiones de la justicia penal. <\/p>\n

Pero ahora, en un asunto donde la tutelante es la v\u00edctima, sin que est\u00e9 demostrada, como se vio, su condici\u00f3n de despojadora ni de empresa ligada con el paramilitarismo, se le cercenan los derechos adquiridos con justo t\u00edtulo; y, merced a una interpretaci\u00f3n errada y equ\u00edvoca de la Ley 1448 de 2011, se mantiene indemne un juicio expropiatorio que se rebela contra la prueba. <\/p>\n

El hecho de que un empresario o una persona sea titular de determinada extensi\u00f3n de terreno no puede siempre dar lugar a la calificaci\u00f3n, completamente artificiosa, injusta y falsa, de que su propiedad es fruto del despojo, por cuanto se pervierte totalmente el prop\u00f3sito de la ley de tierras, y el juez se convierte en un \u00e1rbitro irrazonable y maquiav\u00e9lico de cuyas decisiones puede brotar violencia y perpetuaci\u00f3n del conflicto, que jam\u00e1s sanar\u00e1 heridas ni conjurar\u00e1 o prevendr\u00e1 la inequidad. <\/p>\n

Con mayor raz\u00f3n cuando, con un discurso apartado de la realidad, se desentiende de la prueba arrimada y de la verdad objetiva, concluyendo en una decisi\u00f3n oprobiosa como la del tribunal de Cartagena, en este caso. <\/p>\n

La ley de tierras se requiere, debe implementarse. En Colombia, una de las causas generadoras del conflicto, desde la perspectiva hist\u00f3rica, es y sigue siendo el despojo de la tierra.. <\/p>\n

Pero ello no significa, por principio, que quien posea alguna extensi\u00f3n de tierras siempre la haya adquirido con el crimen, con el asalto o el delito. <\/p>\n

Cada cosa debe estar en su punto. La reforma y la conquista de derechos para hacer Estado de Derecho, y para solucionar el problema de la tierra, no puede producirse con violencia, ni con el favorecimiento de quienes act\u00faan por la fuerza o la v\u00eda de hecho; debe ser con una aut\u00e9ntica reforma agraria que reprima al latifundista expoliador o improductivo, pero no mediante juicios injustos o medidas que desconozcan los derechos adquiridos con justo t\u00edtulo, que desvertebren el empresariado que labora responsable y l\u00edcitamente para hacer, de este, un pa\u00eds productivo que genere empleo y garantice la protecci\u00f3n de los derechos de los trabajadores del campo. <\/p>\n

7. En los t\u00e9rminos precedentes dejo fundamentada mi discrepancia. <\/p>\n

Fecha ut supra, <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado <\/p>\n

1\u0002 \tMinisterio de Justicia y del Derecho. Presentaci\u00f3n de la Ley \tde V\u00edctimas y Restituci\u00f3n de Tierras y sus Decretos \tReglamentarios. 2012.
\n2\u0002 \tLa \trelaci\u00f3n comercial es corroborada por los certificados de \texistencia y representaci\u00f3n legal aportados al tr\u00e1mite \tde la tutela donde se verifica que Servicios Administrativos \tBananeros conform\u00f3 un grupo empresarial el 5 de febrero de \t2015 en la que ella obra como sociedad controlante y las compa\u00f1\u00edas \tAgr\u00edcola Eufemia Ltda. y La Francisca S.A.S. como \tsubordinadas.
\n3\u0002 \tVisto \ta folios 1-79.
\n4\u0002 \tVisible \ta fols. 556-572.
\n5\u0002 \tIdentificados, \trespectivamente, con los n\u00fameros de matr\u00edcula \tinmobiliaria 222-263 y 222-264 de la Oficina de Registro de \tInstrumentos P\u00fablicos de Ci\u00e9naga (Magdalena), visibles \ta folios a 286. Entre ambos, sumaban aproximadamente 125 hect\u00e1reas.
\n6\u0002 \tEse \tente territorial fue creado mediante la Ordenanza 011 de 1999 de la \tAsamblea Departamental.
\n7\u0002 \tLa \tsolicitud de restituci\u00f3n colectiva fue presentada por la \tComisi\u00f3n Colombiana de Juristas, en nombre y a favor, en \tcuanto al predio \t\u201cLa \tFrancisca I\u201d, \tde Petrona Meri\u00f1o C\u00e1ceres, Mar\u00eda del Rosario \tSarabia Bustamante, Mabel Del Socorro Sarmiento Julio, Ismenia \tMorales Mattos, Juana Zapata Jim\u00e9nez, Nileth del Carmen D\u00edaz \tFuentes, Cristina Isabel Rivera Acu\u00f1a, Leopoldo Enrique G\u00f3mez \tEstrada, Rafael Guillermo Lobato Mart\u00ednez, Juan Bautista \tCharris Pazos, Rafael Antonio Cuadrado Mej\u00eda, Modesto Antonio \tMiranda de la Hoz, Wilfrido Charris Fornaris, Rafael Antonio \tGuerrero Restrepo, Ram\u00f3n Ahumada Monsalvo, Manuel Calixto \tMiranda de la Hoz, N\u00e9stor Jos\u00e9 Miranda de la Hoz, \t\u00c1ngel Mar\u00eda Rodr\u00edguez molinares, Julio Humberto \tMachac\u00f3n Jim\u00e9nez, Eliseo Padilla Mendoza, Ever \tFern\u00e1ndez Sanju\u00e1n, Ricardo Antonio Garc\u00eda \tMorales, Carlos Adolfo M\u00e1rquez Vargas, Miguel \u00c1ngel \tRodr\u00edguez Miranda, Federico Antonio Ayola Rivaldo, Luis \tEduardo M\u00e1quez Conrado, Jos\u00e9 Rafael Castelllanos \tGuti\u00e9rrez, \u00c1ngel Dar\u00edo Londo\u00f1o Canales, \tC\u00e9sar Antonio Rada Reales, Henrys Alberto Solano Castro, \tAlberto Jos\u00e9 Charris Ruiz y Jos\u00e9 Hilario Charris \tMorales; en punto de la finca \t\u201cLa \tFrancisca II\u201d, \tsolicitaron la restituci\u00f3n los se\u00f1ores \u00c1ngela \tCecilia Orozco Badillo, Elizabeth Orozco Badillo, Matilde Mar\u00eda \tCastro Hern\u00e1ndez, Rosmine San Juan Llerena, Arenia Bel\u00e9n \tP\u00e9rez Zamora, Carmen Cecilia Parejo Mora, Jos\u00e9 In\u00e9s \tOrozco Sosa, Miguel Segundo Manda Medina, Francisco del Carmen \tFern\u00e1ndez San Juan, Arnulfo Barranco Vega, Gabriel Leopoldo \tGarc\u00eda Mart\u00ednez, Jairo Antonio Castro Badillo, Pedro \tJos\u00e9 Ruiz Novoa, Adolfo de la Cruz Fern\u00e1ndez San Juan, \tPablo Segundo Parejo Mora, Rafael Segundo Orozco Sosa y Tom\u00e1s \tAntonio Torregroza Miranda.
\n8\u0002 \tVisto \ta folios 100-245.
\n9\u0002 \tVista \ta fols. 556 a 572.
\n10\u0002 \tParto \tde la base de que, en el contexto de la Ley de Tierras, las \t\u201cv\u00edctimas\u201d, \tpueden ser personas jur\u00eddicas, porque ellas son, tambi\u00e9n, \ttitulares de derechos fundamentales. Adem\u00e1s, la normatividad \tde la Ley 1448 de 2011 no les desconoce, a los entes morales, el \tcar\u00e1cter de v\u00edctimas. Sobre este punto, ver: SOTO \tS\u00c1NCHEZ, Nelson Alejandro. El \tderecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras de las \tpersonas jur\u00eddicas. En: \tDi\u00e1logos \tde Derecho y Pol\u00edtica. \tUniversidad de Antioquia. Medell\u00edn. 2019. <\/p>\n

12\u0002 \tEsto \tyace a folio 179.
\n13\u0002 \tSAAVEDRA, Francisco Javier. \tEl Principio General de la Buena fe. \tEn: AUTORES VARIOS. Instituciones \tModernas de Derecho Civil. Homenaje al profesor Fernando Fueyo \tLaneri. Editorial \tJur\u00eddica Conosur Ltda. Santiago. 1996. P\u00e1g. 357.
\n14\u0002 \tTOLOSA VILLABONA, Luis A. De \tlos Principios del Derecho Obligacional Contempor\u00e1neo. \tRevista de Estudios Socio-Jur\u00eddicos. Universidad del Rosario. \tBogot\u00e1. 2017. P\u00e1gs. 13-61.
\n15\u0002 \tAs\u00ed: VALENCIA ZEA, Arturo. Curso \tde Derecho Civil Colombiano. Tomo I. \tLibrer\u00eda Siglo XX. Bogot\u00e1-Medell\u00edn. 1945. P\u00e1gs. \t113-114; SAAVEDRA, Francisco Javier. \tOb. cit. \tP\u00e1gs. 3; AUTORES VARIOS. Enciclopedia \tJur\u00eddica Omeba. Tomo II. \tB-CLA. Bibliogr\u00e1fica Omeba. P\u00e1gs. 403-410; BOETSCH \tGILLET, Cristi\u00e1n. La \tBuena Fe Contractual. \tEditorial Jur\u00eddica de Chile. Santiago. 2011. P\u00e1gs. \t39-85; CARREJO, Sim\u00f3n. Derecho Civil. Introducci\u00f3n-Personas. \tUniversidad Externado de Colombia. 1967. P\u00e1gs. 154-155.
\n16\u0002 \tCfr. arts. 150; 237.1; 417; 716; 764; 768; 769; 963; 964: 966; 967; \t1033;1324; 1325; 1512; 1547; 1603; 1633;1634; 1685; 1746; 1870; \t1971.3; 1974; 1983;2084; 2096; 2115; 2148; 2199;2227; 2319; 2320; \t2365; 2431; 2531 del CC; y 105; 109; 151; 193; 307; 502; 529; 622; \t773; 784; 820; 834; 835; 841; 842; 843; 863; 871; 898; 918; 919; \t960; 1092; 1101; 1137; 1320; 1346; 1415; 1495; 1565; 1569; 1573; \t1965.11 del CCo.
\n17\u0002 \tLOCR\u00c9 DE ROISSY, Jean Guillaume. Esprit \tdu Code Napole\u00f3n. \tL\u2019Imprimerie Imperiale. Paris. 1805-1808.
\n18\u0002 \tVON IHERING, Rudolph. Geist \tdes r\u00f6mischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner \tEntwicklung. Leipzig. \t1865.
\n19\u0002 \t ALCALDE RODR\u00cdGUEZ, Enrique. Los \tPrincipios Generales del Derecho. \tEdiciones Universidad Cat\u00f3lica de Chile. Santiago. 2003. P\u00e1g. \t52.
\n20\u0002 \tCSJ SC del 23 de junio de 1958 (M.P. Arturo Valencia Zea). Ver \ttambi\u00e9n: CSJ SSC del 7 de oct. de 2008 (M.P. William Nam\u00e9n \tVargas); 7 de oct. de 2009 (M.P. William Nam\u00e9n Vargas); y 31 \tde julio de 2014 (M.P. Margarita Cabello Blanco);
\n21\u0002 \tDE CASTRO Y BRAVO, Federico. Derecho \tCivil de Espa\u00f1a. Parte General. T. I. \tLibro \tPreliminar. Introducci\u00f3n al Derecho Civil. Instituto \tde Estudios Pol\u00edticos. Madrid. 1949.
\n22\u0002 \tVide: \tBOETSCH GILLET, Cristi\u00e1n. Ob. cit. P\u00e1gs. 28-32; \tSAAVEDRA, Francisco Javier. \tOb. cit. P\u00e1g. \t360; MONROY CABRA, Marco G. Introducci\u00f3n \tal Derecho. \tEditorial Temis S.A. Bogot\u00e1. 2003. P\u00e1gs. 231-232; \tVALENCIA RESTREPO, Hern\u00e1n. Nomo\u00e1rquica, \tPrincipal\u00edstica Jur\u00eddica o los Principios Generales \tdel Derecho. \tEditorial Temis. Bogot\u00e1. 1999. P\u00e1g. 58. En similar \tl\u00ednea: DE CASSO Y ROMERO, Ignacio\/CERVERA Y JIM\u00c9NEZ \tALFARO, Francisco. Diccionario \tde Derecho Privado. Tomo II. \tG-Z. Editorial Labor S.A. Barcelona. P\u00e1gs. 3111-3113; y \tESP\u00cdN, Diego. Manual \tde Derecho Civil Espa\u00f1ol. Vol. I. \tEditorial Revista de Derecho Privado. Madrid. P\u00e1gs. 132-136; \tDIEZ PICAZO, Luis\/GULL\u00d3N, Antonio. Sistema \tde Derecho Civil. Vol. I. Editorial \tTecnos. Madrid. 1982. P\u00e1gs. 173-175.
\n23\u0002 \tCSJ SC del 31 de julio de 2014 (M.P. Margarita Cabello Blanco).
\n24\u0002 \tLa jurisprudencia de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, empero, \treconoci\u00f3 pleno valor y aplicabilidad a tales postulados \t(vbgr. en materia de enriquecimiento incausado; la doctrina de los \tactos propios; el fraude a la ley; entre otros).
\n25\u0002 \tALEXY, Robert. Teor\u00eda \tde los Derechos Fundamentales. \tTrad. y estudio introductorio de Carlos Bernal Pulido. Centro de \tEstudios Pol\u00edticos y Constitucionales. Madrid. 2008. P\u00e1gs. \t63-149.
\n26\u0002 \tCfr. PERNICE, Alfred. Marcus \tAntistus Labeo. \tDas \tromische Privatrecht im ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit. T. II. \tBuchhandlung \tdes Waisenhauses. Halle. 1895. P\u00e1gs. 170 y ss.; WOHLHAPUTER, \tEugen. Aequitus \tcanonica. Eine Studie aus dem kanonischen Recht. \tPaderborn. 1931. \tP\u00e1g. 180; ECKL, Christian. Algunas \tObservaciones Alemanas acerca de la buena fe en el Derecho \tContractual Europeo: de principio general del derecho a cl\u00e1usula \tgeneral. En: \tESPIAU, Santiago\/VAQUER ALOY, Antoni (eds.). Bases \tde un Derecho Contractual Europeo\/Bases of a European Contract Law. \tEd. Tirant lo Blanch. Valencia. 2003. P\u00e1gs. 41-52.
\n27\u0002 \tCfr. DE LOS MOZOS, Jos\u00e9 Luis. El \tPrincipio de la Buena Fe. Sus Aplicaciones Pr\u00e1cticas en el \tDerecho Civil Espa\u00f1ol. \tEditorial Bosch. Barcelona. 1965. P\u00e1gs. 39 y ss.; DE COSSIO, \tAlfonso. El \tDolo en el Derecho Civil. Revista \tde Derecho Privado. \tMadrid. \t1955. P\u00e1gs. 10 y ss.; GARC\u00cdA RUBIO, Mar\u00eda Paz. \tComentarios \tal art\u00edculo 7 del C\u00f3digo Civil de Espa\u00f1a. En: \tDOM\u00cdNGUEZ LLUELMO, Andr\u00e9s (dir.). Comentarios \tal C\u00f3digo Civil. \tEditorial Lex Nova. Valladolid. 2010. P\u00e1g. 68.
\n28\u0002 \tCfr. BETTI, Emilio. Teoria \tGenerale Delle Obbligazioni. Tomo I. \tEditorial Giuffr\u00e9. Mil\u00e1n. 1953. P\u00e1gs. 65 y ss.; \tPUGLIESE, Salvatore\/MARONGIU, Maria Vittoria. I \tPrincipi di Buona Fede e Correttezza nel Processo Integrativo \tEuropeo. \tUniversit\u00e1 la Sapienza. Roma. 2013-2014. P\u00e1gs. 6-7, \tnota al pie n\u00fam. 11.
\n29\u0002 \tCfr. GUZM\u00c1N BRITO, Alejandro. La \tBuena Fe en el C\u00f3digo Civil de Chile. \tEn: Revista Chilena de Derecho. Vol. 29. 2002. P\u00e1gs. 11-23; \tCORRAL TALCIANI, Hern\u00e1n. La \taplicaci\u00f3n jurisprudencial de la buena fe objetiva en el \tordenamiento civil chileno. \tEn: Revista de Derecho Privado. 2007. P\u00e1g. 143; SAAVEDRA, \tFrancisco Javier. \tOb. cit. \tP\u00e1gs. 363 y ss.; BOETSCH GILLET, Cristi\u00e1n. Ob. \tcit. P\u00e1gs. \t79 y ss.
\n30\u0002 \tCfr. BORDA, Alejandro. \tLa Buena Fe en la Etapa Precontractual. \tEn: Revista Universitas. N\u00fam 129. Julio de 2014.
\n31\u0002 \tCfr. NEME VILLARREAL, Martha. La \tPresunci\u00f3n de Buena Fe en el Sistema Jur\u00eddico \tColombiano: Una Regla cuya Aplicaci\u00f3n Tergiversada \tDesnaturaliza el Principio. En: \tRevista de Derecho Privado. N\u00fam. 18. Universidad Externado de \tColombia. 2010. P\u00e1gs. 65-94; NEME VILLARREAL, Martha. Buena \tFe Objetiva y Buena Fe Subjetiva. Equ\u00edvocos a los que conduce \tla falta de Claridad en tales conceptos. En: \tRevista de Derecho Privado. N\u00fam. 17. Universidad Externado de \tColombia. 2009. P\u00e1gs. 46-76,
\n32\u0002 \tVide: \tCSJ SSC del 2 de agosto de 2001 (M.P. Carlos I. Jaramillo); 15 de \tjulio de 2008 (M.P. William Nam\u00e9n); del 27 de feb. de 2012 \t(M.P. William Nam\u00e9n Vargas).
\n33\u0002 \tTSDJ Bogot\u00e1. Sala Civil. Sent. de 27 de febrero de 2013 (M.P. \tLuis Roberto Suarez).
\n34\u0002 \tSAAVEDRA, Francisco Javier. \tOb. cit. \tP\u00e1gs. 363-364.
\n35\u0002 \tCfr. CSJ SSC del 20 de mayo de 1936 (M.P. Eduardo Zuleta \u00c1ngel); \t23 de junio de 1958 (M.P. Arturo Valencia Zea); 25 de agosto de 1959 \t(M.P. Jos\u00e9 Hern\u00e1ndez Arbel\u00e1ez); 5 de mayo de \t1961 (M.P. Jos\u00e9 Hern\u00e1ndez Arbel\u00e1ez); 17 de \tjunio de 1964 (M.P. Arturo Posada); 3 de agosto de 1983 (M.P. Jorge \tSalcedo Segura); y 19 de dic. de 2006 (M.P. Carlos I. Jaramillo). \tEntre otras.
\n36\u0002 \tCSJ SC del 23 de junio de 1958 (M.P. Arturo Valencia Zea).
\n37\u0002 \tVide: \tCSJ SSC del 20 de mayo de 1936 (M.P. Eduardo Zuleta \u00c1ngel); \t23 de junio de 1958 (M.P. Arturo Valencia Zea); y 3 de agosto de \t1983 (M.P. Jorge Salcedo Segura.
\n38\u0002 \tEt \tal: \tBUITRAGO FL\u00d3REZ, Diego. Buena \tFe Exenta de Culpa. Eror Communis Facit Jus en Derecho Civil y \tT\u00edtulos-Valores. Ediciones \tJur\u00eddica Radar. Bogot\u00e1. P\u00e1gs. 36-43.
\n39\u0002 \tCSJ SC del 23 de junio de 1958 (M.P. Arturo Valencia Zea).
\n40\u0002 \tCfr. Salvamentos de voto frente a los fallo STC1881-2019, de 20 de \tfebrero, y STC1906-2019, de 21 de febrero.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC16789-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2019-03658-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por la sociedad La Francisca S.A.S. contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena \u2013 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103082","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103082","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103082"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103082\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103082"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103082"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103082"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}