{"id":103083,"date":"2026-07-02T18:08:15","date_gmt":"2026-07-02T18:08:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103083"},"modified":"2026-07-02T18:08:15","modified_gmt":"2026-07-02T18:08:15","slug":"stc16821-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16821-2019\/","title":{"rendered":"STC16821-2019"},"content":{"rendered":"
Magistrado ponente <\/p>\n

STC16821-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2019-00186-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 4 de octubre de 2019 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Nora Elena Rold\u00e1n Granda, como agente oficioso de Mar\u00eda Mercedes Granda C\u00e9spedes, contra el Juzgado Cuarto de Familia de esa misma ciudad, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), la Empresa de Medicina Integral y el Grupo EMI S.A.S. (EMI); tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a la Nueva EPS. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales a la vida digna, integridad f\u00edsica, salud, seguridad social, igualdad material y m\u00ednimo vital de la persona representada en el tr\u00e1mite, que dice vulneradas por las accionadas, por lo que solicit\u00f3 \u00abse garantice\u2026 [el] derecho a pensi\u00f3n de sobreviviente que le corresponde [por el] fallecimiento de quien fuera su esposo\u2026 o que se garantice [su] derecho a la salud como beneficiaria de su esposo, hasta tanto sea resuelta la pensi\u00f3n de sobreviviente\u2026\u00bb. <\/p>\n

Expres\u00f3 la gestora del resguardo que su progenitora al \u00abno contar con la pensi\u00f3n que le corresponde, [ser\u00e1] excluida de la base de datos en cuanto a la seguridad social\u2026, pues Colpensiones determin\u00f3 que no pod\u00eda estar benefici\u00e1ndose de ese derecho fundamental a la salud\u00bb, a pesar que \u00absiempre [fue] beneficiaria de su esposo\u00bb; que a ra\u00edz de esa determinaci\u00f3n fue retirada de la Nueva EPS, por lo que \u00abEMI manifiesta\u2026 que no podr\u00e1 prestarle los servicios de atenci\u00f3n en salud\u2026\u00bb. De otro lado, agreg\u00f3 que el \u00abjuzgado\u2026 al suspender el proceso\u2026 vulnera\u2026 los derechos\u00bb constitucionales de la agenciada. <\/p>\n

2. La Sala estima que son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n

2.1. Ante el juzgado de familia accionado se promovi\u00f3 demanda de interdicci\u00f3n en favor de Mar\u00eda Mercedes Granda C\u00e9spedes, que fue admitida con auto del primero de marzo de 2019. <\/p>\n

2.2. Efectuados los emplazamientos de rigor y decretadas las pruebas, la sede judicial acusada con providencia del 2 de septiembre de los corrientes suspendi\u00f3 el referido proceso, en cumplimiento de lo establecido en el art\u00edculo 55 de la ley 1996 de 2019, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n la parte actora, oportunidad en la que, adem\u00e1s, solicit\u00f3 el levantamiento de la suspensi\u00f3n y la adopci\u00f3n de \u00abmedidas previas\u00bb para la protecci\u00f3n de las prerrogativas de Mar\u00eda Mercedes Granda C\u00e9spedes. <\/p>\n

2.3. Antes de resolverse el referido medio de impugnaci\u00f3n y las aludidas peticiones, el 23 de septiembre de 2019, se promovi\u00f3 el resguardo constitucional que ahora se decide, con fundamento en las circunstancias previamente rese\u00f1adas. <\/p>\n

2.4. Con auto del 8 de octubre, esto es, despu\u00e9s de agotado el an\u00e1lisis del reclamo constitucional en sede inicial, el juzgado de familia de conocimiento desestim\u00f3 la reposici\u00f3n formulada contra el prove\u00eddo que decret\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso de interdicci\u00f3n y neg\u00f3 la solicitud del levantamiento de la referida medida, as\u00ed como tambi\u00e9n la adopci\u00f3n de cautelas. <\/p>\n

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1. El Juzgado Cuarto de Familia de Medell\u00edn destac\u00f3 que \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno, sino que actu\u00f3 conforme a la ley\u2026\u00bb. <\/p>\n

2. EMI inform\u00f3 que retirar\u00eda sus servicios a Mar\u00eda Mercedes Granda C\u00e9spedes, por cuanto no ostenta afiliaci\u00f3n al sistema de salud, conducta que \u00abno corresponde a una decisi\u00f3n\u2026 arbitraria, sino al cumplimiento de una exigencia legal\u2026\u00bb. <\/p>\n

3. La Procuradur\u00eda 145 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia de Medell\u00edn solicit\u00f3 conceder la tutela frente a Colpensiones, comoquiera que lo que se persigue es que dicha entidad valore a la aquejada y determine si tiene derecho a la sustituci\u00f3n pensional que se reclama. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que \u00abpara el tr\u00e1mite de la sustituci\u00f3n pensional\u2026 est\u00e1 prohibido exigirle a la usuaria la sentencia de interdicci\u00f3n\u2026, de conformidad con la ley 1996 de 2019\u00bb y, adem\u00e1s, que \u00absi la usuaria para recibir [la] pensi\u00f3n se encuentra en absoluta imposibilidad para manifestar su consentimiento, podr\u00e1 acudir al art. 54 de la ley 1996 de 2019 y solicitar\u2026 al juez que levante la suspensi\u00f3n de su proceso y se [le] otorgue un apoyo judicial transitorio\u00bb. <\/p>\n

4. Colpensiones rindi\u00f3 informe. <\/p>\n

5. La Nueva EPS solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por cuanto \u00abno es la entidad llamada a responder\u2026 la pretensi\u00f3n de la accionante\u00bb. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a quo neg\u00f3 el resguardo, habida cuenta que \u00abninguna irregularidad se otea en la providencia judicial atacada\u00bb y, adem\u00e1s, porque \u00abes claro que ninguna solicitud formal se ha elevado para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u2026, lo que de contera, ha impedido su afiliaci\u00f3n al sistema de seguridad social en calidad de cotizante y asegurarle la prestaci\u00f3n de los servicios por parte de\u2026 EMI\u2026\u00bb. <\/p>\n

La promotora resalt\u00f3 que el fallador de primera instancia \u00abno valor\u00f3 [el] derecho que tiene la\u2026 afectada\u2026 a la salud\u2026\u00bb, pues su madre \u00abha sido beneficiaria de quien en vida era su esposo\u2026\u00bb, por lo que \u00abese derecho a la pensi\u00f3n de sobreviviente\u2026 que\u2026 incluye el derecho a la salud, la favorecen en su totalidad\u00bb. <\/p>\n

Adicion\u00f3 que la sede judicial acusada debi\u00f3 culminar \u00abel proceso\u2026 y haber aplicado la ley 1996\u2026 para los procesos nuevos\u00bb, pues \u00absolo as\u00ed no se afectar\u00eda al ciudadano\u00bb; que Colpensiones \u00abs\u00ed est\u00e1 vulnerando los derechos a esta afectada\u2026\u00bb, comoquiera que \u00abresulta reprochable que la misma administradora\u2026 retire el 13 de septiembre de la base de datos a quien tiene derecho real, tanto a la pensi\u00f3n de su esposo, como a la atenci\u00f3n a la EPS a la que siempre ha pertenecido\u00bb, situaci\u00f3n que tambi\u00e9n conoce EMI. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 11 may. 2001, rad. n\u00ba 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2.\tCircunscrita la Corte a los motivos de la impugnaci\u00f3n, se verifica que la gestora del amparo cuestion\u00f3 (i) el prove\u00eddo de 2 de septiembre de los corrientes, que orden\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso de interdicci\u00f3n adelantado en favor de Mar\u00eda Mercedes Granda C\u00e9spedes; (ii) la desvinculaci\u00f3n de la agenciada del sistema de seguridad social en salud por parte de Colpensiones, la Nueva EPS y EMI; as\u00ed como tambi\u00e9n (iii) la ausencia de reconocimiento de pensi\u00f3n de sobrevivientes a la mencionada Granda C\u00e9spedes. <\/p>\n

3. Con base en tal premisa, respecto al primero de los reproches rese\u00f1ados, advierte la Corte que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que el juzgado accionado en el prenotado auto de 2 de septiembre expres\u00f3 que \u00ab[e]stando el proceso en tr\u00e1mite entr\u00f3 en vigencia la ley 1996 de 2019, la cual\u2026 establece un r\u00e9gimen de transici\u00f3n en los procedimientos de interdicci\u00f3n\u2026 que se hubieran iniciado con anterioridad, los cuales deber\u00e1n ser suspendidos de forma inmediata, tal como lo establece el art\u00edculo 55 de la citada ley\u2026\u00bb, argumento que no luce antojadizo, caprichoso o subjetivo, sino que, por el contrario, se fundament\u00f3 en el ordenamiento jur\u00eddico y una hermen\u00e9utica plausible del mismo, al margen de que se comparta por la Corte, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la tutelante no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n

Y es que, en rigor, lo que plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la oficina judicial criticada interpret\u00f3 el art\u00edculo 551 de la ley 1996 de 2019 y concluy\u00f3 que en cumplimiento de dicha disposici\u00f3n se impon\u00eda la suspensi\u00f3n del asunto criticado; en cuyo caso tal deducci\u00f3n no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n

Remem\u00f3rese que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01), que es precisamente lo que se pretende en el caso. <\/p>\n

En suma, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio constitucional, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta. <\/p>\n

4. Empero de lo comentado, encuentra la Sala que en el curso del tr\u00e1mite constitucional, el juzgado de familia accionado profiri\u00f3 el auto de 8 de octubre de 2019, a trav\u00e9s del cual resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n interpuesta frente al prove\u00eddo de 2 de septiembre de esta misma anualidad, que suspendi\u00f3 el proceso de interdicci\u00f3n criticado y, en adici\u00f3n, neg\u00f3 el levantamiento de la suspensi\u00f3n deprecado por la parte actora, con miras a que se adoptara una \u00abmedida previa\u00bb que salvaguardara los derechos de Mar\u00eda Mercedes Roldan Granda, cuesti\u00f3n que toma relevancia para decidir el presente asunto, de cara a la protecci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales aqu\u00ed invocadas. <\/p>\n

4.1. Para dilucidar el punto, ha de destacarse que en trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n

\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u2019 (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n

4.2. En el caso, del escrito de tutela es dable extractar que la situaci\u00f3n concreta criticada por la reclamante es la decisi\u00f3n de suspender el proceso sin que se adoptaran las medidas necesarias para la protecci\u00f3n de su progenitora, quien por la afectaci\u00f3n grave de su salud est\u00e1 imposibilitada para expresar su voluntad, con lo cual se ponen en riesgo las garant\u00edas constitucionales de aquella. <\/p>\n

Frente a lo anterior, conviene se\u00f1alar que si bien la ley 1996 de 2019, en su canon 63, dispuso su vigor \u00aba partir de su promulgaci\u00f3n\u00bb2, no menos cierto es que su regla 52 tambi\u00e9n contempl\u00f3 ello pero \u00abcon excepci\u00f3n de aquellos art\u00edculos que establezcan un plazo para su implementaci\u00f3n y los… contenidos en el Cap\u00edtulo V de la presente ley, los cuales entrar\u00e1n en vigencia veinticuatro (24) meses despu\u00e9s\u00bb; a la vez que en el par\u00e1grafo de su precepto 6\u00ba se determin\u00f3 que \u00abel reconocimiento de la capacidad legal plena previsto en el presente art\u00edculo aplicar\u00e1, para las personas bajo medidas de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n anteriores a la promulgaci\u00f3n de la presente ley, una vez se hayan surtido los tr\u00e1mites se\u00f1alados en el art\u00edculo 56 de la misma\u00bb, mientras que el entretanto se previ\u00f3 un proceso provisorio para el caso espec\u00edfico de las personas que se encuentran en incapacidad absoluta de comunicarse y expresar sus preferencias (art\u00edculo 54). <\/p>\n

Del estudio detenido del novedoso compendio normativo en cuesti\u00f3n, se advierte que el punto nuclear de la reforma, como es la supresi\u00f3n de la incapacidad legal para las personas mayores de edad con discapacidad, cobr\u00f3 vigor desde el 26 de agosto de 2019, raz\u00f3n por la que, a partir de esta data, \u00fanicamente pueden estar incapacitados aquellas personas que, por mandato de una sentencia que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, fueron declarados en interdicci\u00f3n o se les nombr\u00f3 un consejero. Dicho en negativo, a partir de la mencionada fecha, ninguna persona mayor de edad podr\u00e1 perder su capacidad legal de ejercicio por el hecho de contar con una discapacidad, manteni\u00e9ndose dicha medida \u00fanicamente respecto a las personas que con anterioridad, por fallo judicial, hubieran sido declarados incapaces.
\nEn armon\u00eda, para las tem\u00e1ticas procesales, la nueva ley diversific\u00f3 su aplicaci\u00f3n entre juicios (i) nuevos, (ii) concluidos y (iii) en curso, seg\u00fan las siguientes directrices: <\/p>\n

(i) En cuanto a los primeros, de forma tajante, dej\u00f3 por sentada la prohibici\u00f3n de la iniciaci\u00f3n de nuevos tr\u00e1mites de interdicci\u00f3n (art\u00edculo 53), con lo cual se hace realidad la supresi\u00f3n de la discapacidad legal por razones f\u00edsicas, cognitivas o de comunicaci\u00f3n. Claro est\u00e1, esta regla no se extiende a las causas que deban promoverse para ejecutar o modificar las decisiones de interdicci\u00f3n que se hubieran proferido con anterioridad al 26 de agosto de 2019, como se explicar\u00e1 a continuaci\u00f3n; <\/p>\n

(ii) Para los segundos, esto es, los juicios finalizados, existen dos posibilidades: (a) la declaraci\u00f3n misma de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume, salvo que se inicie un tr\u00e1mite de rehabilitaci\u00f3n, el cual se conserva en vigor hasta el a\u00f1o 2021; sin embargo, en el per\u00edodo de los a\u00f1os 2021 a 2024 deber\u00e1 procederse a la revisi\u00f3n oficiosa, o a solicitud de parte, para que, de considerarse que \u00ablas personas bajo interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n… requieren de la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos\u00bb, se sustituyan aqu\u00e9llas por medidas de apoyo o, simplemente, se entienda habilitado el referido \u00abreconocimiento de la capacidad legal plena\u00bb (art\u00edculo 56); y <\/p>\n

(b) los actos de ejecuci\u00f3n de las determinaciones judiciales previas, bajo el efecto ultractivo de la Ley 1306 de 2009, por lo cual ha de entenderse que el juzgador ordinario conserva sus facultades para resolver todo lo relacionado con los recursos que se promuevan contra las decisiones de la ejecuci\u00f3n, incluyendo, sin limitarse a ellos, la remoci\u00f3n, designaci\u00f3n de curador, rendici\u00f3n de cuentas, etc., posibilidad que encuentra apoyadura en los c\u00e1nones 306 y 586 -numeral 5\u00ba- del C\u00f3digo General del Proceso, el \u00faltimo en su texto original, con antelaci\u00f3n a la reforma introducida por la regla 37 de la Ley 1996 de 2019, los cuales permiten a los jueces adoptar todas las medidas necesarias para la ejecuci\u00f3n de sus determinaciones y, trat\u00e1ndose de guardadores, extiende su competencia a todos los actos tendientes a su designaci\u00f3n. <\/p>\n

(iii) Finalmente, para los procesos en curso, como el aqu\u00ed auscultado, la nueva ley previ\u00f3 su suspensi\u00f3n inmediata hasta el 26 de agosto de 2021, con la precisi\u00f3n de que, en cualquier momento, aqu\u00e9lla podr\u00e1 levantarse por el juez, en casos de urgencia, para decretar \u00abmedidas cautelares, nominadas o innominadas, cuando lo considere pertinente para garantizar la protecci\u00f3n y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad\u00bb (precepto 55). <\/p>\n

Claro est\u00e1, una vez reanudado el juicio, los juzgadores naturales tendr\u00e1n que adoptar sus decisiones bajo los lineamientos de la nueva regulaci\u00f3n, dada su consabida vigencia general inmediata, lo que se ratifica con la prohibici\u00f3n de regresi\u00f3n en materia de derechos humanos, derivada doctrinariamente del principio de progresividad, cuyo fundamento normativo tiene g\u00e9nesis en los art\u00edculos 2\u00ba del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales -adoptado por la\u00a0Asamblea General de las Naciones Unidas\u00a0el\u00a016 de diciembre\u00a0de\u00a01966- y 26 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos -suscrita el 22 de noviembre de 1969-.3 <\/p>\n

Asimismo, y a pesar de la suspensi\u00f3n de que fueron objeto por imperativo legal, ser\u00e1 posible que esta medida adjetiva sea obviada y el juzgador deba adoptar las determinaciones necesarias en aras de la garant\u00eda y disfrute \u00abde los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad\u00bb, como lo dispone el canon 55 de esta ley. <\/p>\n

4.3. Descendiendo al caso concreto, en el cual, se recuerda, la reclamante censur\u00f3 al juzgado acusado por suspender el proceso, sin adoptar las medidas necesarias para la protecci\u00f3n de las prerrogativas de su progenitora Mar\u00eda Mercedes Granda C\u00e9spedes, se vislumbra que, si bien dicha sede judicial no incurri\u00f3 en un desafuero constitucional cuando dispuso la referida suspensi\u00f3n, conforme qued\u00f3 expuesto previamente, lo cierto es que para la \u00e9poca en que se dicta esta providencia, se verifica el compromiso de los derechos fundamentales de la agenciada con ocasi\u00f3n de un defecto sustancial en la aplicaci\u00f3n de la ley 1996 de 2019. <\/p>\n

4.3.1. Justamente, la sede judicial acusada, a pesar de la solicitud de las promotoras del juicio criticado, omiti\u00f3 tomar las medidas tendientes a proteger las garant\u00edas de una persona con discapacidad, a pesar de estar facultado expresamente para esto por el art\u00edculo 554 de la tantas veces mencionada ley 1996. <\/p>\n

\u2026 no es posible: como lo aduce la apoderada que "si hay posibilidad de otro proceso, que sea el mismo despacho donde se tramite a continuaci\u00f3n de este"; ya que es la misma norma la que indica que es a trav\u00e9s de un proceso verbal sumario y por ende, la medida previa no es procedente, habida cuenta que Colpensiones no puede exigir sentencia de interdicci\u00f3n, ya que "todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinci\u00f3n alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realizaci\u00f3n de actos jur\u00eddicos (Presunci\u00f3n de capacidad, art. 6 Ley 1996 de 2019)"; con la mencionada ley, desapareci\u00f3 el proceso de interdicci\u00f3n por discapacidad mental y hoy en d\u00eda se denomina PROCESO DE ADJUDICACI\u00d3N JUDICIAL DE APOYOS. <\/p>\n

En este orden de ideas, desconoci\u00f3 el juzgado querellado que la petici\u00f3n de \u00abmedidas previas\u00bb que elev\u00f3 la parte actora, se fundamentaba no s\u00f3lo en la necesidad de exigir a Colpensiones una pensi\u00f3n de sobreviviente en favor de Mar\u00eda Mercedes Granda C\u00e9spedes, sino tambi\u00e9n en que ella \u00abes una persona que no se da a entender por su enfermedad, no es capaz de firmar\u2026\u00bb, afirmaci\u00f3n que, incluso, encontraba eco en las pruebas recaudadas en el tr\u00e1mite de interdicci\u00f3n. <\/p>\n

Ciertamente, con la demanda se acompa\u00f1\u00f3 la historia cl\u00ednica de la prenombrada Granda C\u00e9spedes, en la que constaba que sufre de \u00abenfermedad de alzheimer\u00bb, as\u00ed como de otros padecimientos, que la mantienen \u00abpostrada en cama\u00bb (folios 26 a 28, cuaderno de copias). <\/p>\n

De forma agregada, se evidencia que aquella tambi\u00e9n fue valorada por la especialidad de psiquiatr\u00eda, dej\u00e1ndose constancia que tiene \u00abimposibilidad para su desplazamiento, no puede deambular sin ayuda[,] no establece contacto visual, no obedece \u00f3rdenes sencillas ni complejas\u00bb; adem\u00e1s, la especialista destac\u00f3 que la examinada estaba \u00abdesorientada en tiempo, persona y lugar\u00bb; que su atenci\u00f3n estaba \u00abalterada, no se enfoca en preguntas ni responde a est\u00edmulos\u00bb; que \u00abno tiene lenguaje espont\u00e1neo, ni responde con se\u00f1as o en forma escrita (\u2026) imposibilidad para el pensamiento abstracto\u00bb, concluy\u00e9ndose que \u00abpresenta un cuadro neurol\u00f3gico severo, irreversible y deteriorante, con compromiso cognitivo y funcional\u2026\u00bb, por lo que se recomend\u00f3 \u00abcuidados permanentes y tratamiento m\u00e9dico de por vida\u00bb (folios 38 a 42, ib\u00eddem). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, evidente es que la agenciada en este tr\u00e1mite presenta un cuadro m\u00e9dico que devela una situaci\u00f3n de anormalidad, que afecta el ejercicio de sus derechos e, incluso, manifestar su voluntad, m\u00e1s all\u00e1 del simple reconocimiento pensional. <\/p>\n

Entonces, la oficina judicial querellada debi\u00f3 haber evaluado la solicitud de levantamiento de la suspensi\u00f3n que reclamaron las demandantes, con miras a adoptar las medidas necesarias para \u00abgarantizar la protecci\u00f3n y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad\u00bb, considerando la situaci\u00f3n m\u00e9dica en que se encontraba y sus implicaciones para reclamar sus derechos ante entidades p\u00fablicas o privadas. <\/p>\n

4.3.2. En este punto, la Corte encuentra que el estrado accionado, de igual manera, se equivoc\u00f3 al considerar que deb\u00eda encausar la solicitud de las promotoras por el tr\u00e1mite que contempla el art\u00edculo 545 de la ley 1996 de 2019, pues lo cierto es que, como qued\u00f3 visto, la norma llamada a regular dicha situaci\u00f3n es el canon 55 de esa misma norma. <\/p>\n

Esto debido a que, a pesar que las actoras en su memorial hicieron referencia a \u00abmedidas previas\u00bb, refulg\u00eda de su contenido que se estaba abogando por la adopci\u00f3n de determinaciones que evitaran que Mar\u00eda Mercedes Granda C\u00e9spedes no pudiera ejercer sus derechos, con implicaciones sobre su misma subsistencia; m\u00e1s a\u00fan cuando era evidente, como se anot\u00f3 previamente, el estado de indefensi\u00f3n en que ella se encuentra. <\/p>\n

Ins\u00edstase, a riesgo de saturar, que el art\u00edculo 55 de la ley 1996 prescribe que \u00abel juez podr\u00e1 decretar, de manera excepcional, el levantamiento de la suspensi\u00f3n y la aplicaci\u00f3n de medidas cautelares, nominadas o innominadas, cuando lo considere pertinente para garantizar la protecci\u00f3n y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad\u00bb. <\/p>\n

M\u00e1s a\u00fan, en la decisi\u00f3n de 8 de octubre de 2019 se echa de menos cualquier an\u00e1lisis sobre las barreras o limitaciones a las que estaba expuesta la agenciada para ejercer sus derechos de forma directa, con el fin de descartar la procedencia de medidas cautelares, las cuales deb\u00edan decretarse incluso de forma oficiosa, en tanto la norma transcrita no exige petici\u00f3n de parte para el efecto, sino que, incluso, faculta al fallador para adoptarlas, de configurarse los presupuestos que all\u00ed se consagran. <\/p>\n

4.3.3. Bajo ese horizonte, entonces, concluye la Sala que el estrado accionado err\u00f3 al no acceder a la petici\u00f3n de las promotoras del juicio fustigado, de levantar la suspensi\u00f3n de la interdicci\u00f3n y adoptar las medidas necesarias para la salvaguarda de las garant\u00edas de su progenitora Mar\u00eda Mercedes Granda C\u00e9spedes, toda vez que omiti\u00f3 valorar aspecto relevantes para la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 55 de la normatividad en menci\u00f3n, en particular, las pruebas indicativas de las circunstancias m\u00e9dicas especiales en que se encontraba, que torpedeaban el debido ejercicio de su capacidad legal, as\u00ed como tambi\u00e9n la protecci\u00f3n y disfrute de sus derechos patrimoniales. <\/p>\n

Adem\u00e1s, el fallador enjuiciado inobserv\u00f3 que el citado canon faculta al juez de la interdicci\u00f3n para adoptar cautelas \u00abnominadas o innominadas\u00bb, lo que le permit\u00eda, sin duda alguna, disponer cualquier tipo de medida para la salvaguarda de las garant\u00edas de Mar\u00eda Mercedes Granda C\u00e9spedes. <\/p>\n

4.3.4. Siendo as\u00ed, evidente es que las citadas omisiones trasgredieron el reconocimiento de la capacidad jur\u00eddica de la agenciada, que constituye un componente con claro cariz iusfudamental, al impedir el adecuado ejercicio de uno de los atributos de la personalidad, con respaldo no s\u00f3lo en la reglamentaci\u00f3n interna que en el art\u00edculo 14 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica otorga a toda persona el \u00abderecho al reconocimiento de su personalidad jur\u00eddica\u00bb, sino por aquellos instrumentos internacionales afectos a la denominada figura del \u00abbloque de constitucionalidad\u00bb. <\/p>\n

5. Cabe a\u00f1adir que la Sala reconoce que el citado auto de 8 de octubre de 2019, no fue objeto de reproche en la demanda g\u00e9nesis de este tr\u00e1mite constitucional; sin embargo, al advertirse el compromiso de las garant\u00edas fundamentales de la agenciada, se impone la intervenci\u00f3n de esta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

Mem\u00f3rese que la labor del juzgador constitucional no se restringe a la revisi\u00f3n de la queja realizada al momento de promover el amparo, no s\u00f3lo por el deber de fallar de manera extra y ultra petita, sino que es posible, en caso de que se advierta de manera clara una violaci\u00f3n de la carta fundamental, conceder el resguardo para evitar que se materialice dicha conculcaci\u00f3n, como sucede en el caso sub examine. <\/p>\n

6. Cumple precisar que la adopci\u00f3n de cautelas no conlleva la culminaci\u00f3n de la interdicci\u00f3n que se ven\u00eda adelantando, comoquiera que dicho asunto deber\u00e1 permanecer suspendido hasta tanto entre en vigencia el cap\u00edtulo V de la ley 1996 de 2019, que regula la \u00abadjudicaci\u00f3n judicial de apoyos\u00bb, \u00e9poca en la cual los falladores deber\u00e1n adecuar los tr\u00e1mites suspendidos a la nueva reglamentaci\u00f3n, en acatamiento de lo dispuesto en el art\u00edculo 40 de la ley 153 de 1887, modificado por el canon 624 del estatuto procesal vigente, seg\u00fan el cual \u00ab[l]as leyes concernientes a la sustanciaci\u00f3n y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir\u00bb. <\/p>\n

Ello es as\u00ed, adem\u00e1s, porque las referidas cautelas son temporales y, por tanto, al entrar en plena vigencia la mencionada ley, habr\u00e1 de decidirse, en forma definitiva, la forma en que las personas con discapacidad podr\u00e1n manifestar su voluntad y autodeterminarse, sin que sea posible acudir a la interdicci\u00f3n, pues la nueva regulaci\u00f3n se inspir\u00f3 en un modelo sustancialmente diferente al contenido en la ley 1306 de 2009, que regulaba en antelaci\u00f3n la representaci\u00f3n y capacidad legal de las personas con discapacidad. <\/p>\n

6.1. Se puntualiza que, en cuanto a la diversidad regulatoria sobre las personas con discapacidad, doctrinariamente se han distinguido tres modelos, a saber: <\/p>\n

(i) prescindencia, en el que para la sociedad, en raz\u00f3n de su sistema de valores, se considera a estas personas como improductivas, ajenas a su funcionamiento y que, en lugar de aportar a su desarrollo, deben ser sujetos de asistencia. <\/p>\n

En este modelo, las necesidades de las personas discapacitadas son satisfechas con el internamiento en instituciones especializadas y segregadas, en las que se les dota de una atenci\u00f3n m\u00ednima, muchas veces de forma gratuita, sin pretensiones de justicia social; <\/p>\n

Este paradigma propugna por la rehabilitaci\u00f3n f\u00edsica, s\u00edquica o sensorial del discapacitado, mediante la intervenci\u00f3n gal\u00e9nica, con el fin de normalizarlos seg\u00fan los est\u00e1ndares usuales de la sociedad; y <\/p>\n

(iii) social, se le concibe no como un discapacitado o disminuido, sino como una persona que puede servir a la colectividad, al igual que las dem\u00e1s, respet\u00e1ndoseles su diferencia y garantiz\u00e1ndoles sus derechos fundamentales, entre otros, a la dignidad humana, autonom\u00eda, igualdad y libertad. <\/p>\n

Se les concibe como sujetos con derechos, dotados de plenas garant\u00edas, que tienen un rol dentro de la sociedad que debe ser desarrollado, en condiciones de igualdad, inclusi\u00f3n y participaci\u00f3n6.
\n6.2.\tEn el \u00e1mbito nacional, inicialmente con la expedici\u00f3n de la ley 1306 de 2009 (por la cual se dictan normas para la protecci\u00f3n de personas con discapacidad mental y se establece el r\u00e9gimen de la representaci\u00f3n legal de incapaces emancipados), se opt\u00f3 por un sistema mixto entre los referidos modelos de rehabilitaci\u00f3n y social, fijando como su finalidad \u00abla protecci\u00f3n e inclusi\u00f3n social de toda persona natural con discapacidad mental o que adopte conductas que la inhabiliten para su normal desempe\u00f1o en la sociedad\u00bb, aclarando que \u00ab[e]l ejercicio de las guardas y consejer\u00edas y de los sistemas de administraci\u00f3n patrimonial tendr\u00e1n como objetivo principal la rehabilitaci\u00f3n y el bienestar del afectado\u00bb (precepto 1\u00ba). <\/p>\n

No obstante, la nueva ley 1996 de 20197, prefiri\u00f3 el antedicho modelo social, a partir de los imperativos constitucionales y legales de protecci\u00f3n e inclusi\u00f3n de las personas mayores con discapacidad mental, seg\u00fan los cuales \u00e9stas no deben ser tratadas como pacientes sino como verdaderos ciudadanos y sujetos de derechos, que requieren no que se les sustituya o anule en la toma de sus decisiones, sino que se les apoye para ello, dando prelaci\u00f3n a su autodeterminaci\u00f3n, dejando de lado el obst\u00e1culo se\u00f1alado con antelaci\u00f3n que, partiendo de apreciaciones de su capacidad mental, les restring\u00eda el uso de su capacidad legal plena. <\/p>\n

En efecto, esta Ley fij\u00f3 como su objeto \u00abestablecer medidas espec\u00edficas para la garant\u00eda del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma\u00bb (art\u00edculo 1\u00ba); bajo el entendido que \u00abtodas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinci\u00f3n alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realizaci\u00f3n de actos jur\u00eddicos\u00bb; resaltando que \u00aben ning\u00fan caso la existencia de una discapacidad podr\u00e1 ser motivo para la restricci\u00f3n de la capacidad de ejercicio de una persona\u00bb (se destac\u00f3 – canon 6\u00ba). <\/p>\n

En concordancia con ello, se dispuso la derogatoria y modificaci\u00f3n de las normas precedentes que restring\u00edan la referida capacidad plena de ejercicio de las personas mayores con discapacidad (preceptos 57 a 61), ajust\u00e1ndolas al cambio de paradigma ahora propuesto por el legislador. <\/p>\n

6.3. En cuanto hace a los aspectos procesales, la adecuaci\u00f3n de los procesos de interdicci\u00f3n en curso a la ley 1996 de 2019, deber\u00e1 tener en cuenta que la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos para la realizaci\u00f3n de actos jur\u00eddicos, \u00abse adelantar\u00e1 por medio del procedimiento de jurisdicci\u00f3n voluntaria, cuando sea promovido por la persona titular del acto jur\u00eddico\u00bb; mientras que \u00abse tramitar\u00e1 por medio de un proceso verbal sumario cuando sea promovido por persona distinta al titular del acto jur\u00eddico\u00bb -negrillas ajenas al texto- (art\u00edculo 32). <\/p>\n

De igual manera, la prenotada normatividad, en su art\u00edculo 35, que modific\u00f3 el canon 22 (numeral 7) del C\u00f3digo General del Proceso, establece que \u00ab[l]os jueces de familia conocen, en primera instancia\u2026: (\u2026) 7. De la adjudicaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y terminaci\u00f3n de apoyos adjudicados judicialmente\u00bb (resaltado ajeno al texto), lo cual quiere decir que el legislador no s\u00f3lo consagr\u00f3 una competencia privativa de los juzgadores de familia, sino que habilit\u00f3 la doble instancia para esos dos tipos de juicios. <\/p>\n

La anotada circunstancia, a su vez, conlleva a predicar que a la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos promovida por persona distinta al titular del acto jur\u00eddico, no le es aplicable la restricci\u00f3n del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00ablos procesos verbales sumarios ser\u00e1n de \u00fanica instancia\u00bb; en virtud del criterio de especialidad que rige en materia de hermen\u00e9utica jur\u00eddica, que contempla que la norma especial prima sobre la general (lex specialis derogat generali). <\/p>\n

7. La hoja de ruta aqu\u00ed trazada, de cara al caso concreto que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, impone la concesi\u00f3n del resguardo, aunque no por el sentido estricto de los cargos aducidos por la reclamante8, al verificar que en la actualidad, los derechos de la representada se est\u00e1n viendo conculcados, conforme a las consideraciones precedentes.
\n8. Con apoyo en todo lo aqu\u00ed decantado, dada la particularidad del presente asunto, se acceder\u00e1 a la salvaguarda propuesta, ordenando al Juzgado Cuarto de Familia de Medell\u00edn, que tras levantar la suspensi\u00f3n del proceso fustigado -dispuesta con auto del pasado 2 de septiembre-, adopte, con base en el art\u00edculo 55 de la ley 1996 de 2019, las decisiones que resulten necesarias con miras a preservar las garant\u00edas de primer grado de Mar\u00eda Mercedes Granda C\u00e9spedes, atendiendo los razonamientos atr\u00e1s condensados. <\/p>\n

En este orden de ideas, comoquiera que las dos primeras entidades mencionadas, son entidades p\u00fablicas del orden nacional9, mientras que la \u00faltima es un particular, se remitir\u00e1n copias del amparo a fin de que sean repartidas entre los Juzgados Civiles del Circuito de Medell\u00edn, para que conozca de las quejas planteadas frente a aquellas. <\/p>\n

10. En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas se revocar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia en lo referente a la queja impetrada frente al Juzgado Cuarto de Familia de Medell\u00edn y, en cuanto a los dem\u00e1s ruegos, se impone declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. <\/p>\n

En torno a la facultad para decretar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 2000, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n

\u2026 la Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n

Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u2019 En efecto, el Decreto 1382 de 2000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n

Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n

Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n

An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n. \u2018En id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales\u2019 (CSJ, ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01). <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca la sentencia impugnada, en su lugar, concede el amparo a los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de Mar\u00eda Mercedes Granda C\u00e9spedes. En consecuencia, dispone: <\/p>\n

Primero: Ordenar al Juzgado Cuarto de Familia de Medell\u00edn que, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, deje sin efecto la decisi\u00f3n contenida en el auto de 8 de octubre de 2019, que neg\u00f3 el levantamiento de la suspensi\u00f3n de proceso de interdicci\u00f3n criticado y la adopci\u00f3n de medidas cautelares. <\/p>\n

Segundo: Cumplido lo anterior y en un t\u00e9rmino no superior a diez (10) d\u00edas, contados desde la misma data, emita una nueva providencia a trav\u00e9s de la cual resuelva sobre la referida solicitud de levantamiento y \u00abmedidas previas\u00bb, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo.
\nTercero: Declarar la nulidad del fallo de 4 de octubre de 2019 dictado por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn, en la presente acci\u00f3n de tutela, en lo que respecta a las quejas planteadas frente a Colpensiones, Nueva EPS y EMI, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso. En su lugar, se remitir\u00e1 copia de lo actuado fin de que sea repartida entre los Jueces Civiles del Circuito con sede en esa ciudad. <\/p>\n

Cuarto: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edense las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. Rem\u00edtase copia de esta providencia al juzgado accionado y al a quo constitucional para que este \u00faltimo vele por su cumplimiento. <\/p>\n

La autoridad querellada informar\u00e1 a esa Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aqu\u00e9l t\u00e9rmino. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \t\u00abAquellos \tprocesos de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n que se hayan \tiniciado con anterioridad a la promulgaci\u00f3n de la presente \tley deber\u00e1n ser suspendidos de forma inmediata. El juez podr\u00e1 \tdecretar, de manera excepcional, el levantamiento de la suspensi\u00f3n \ty la aplicaci\u00f3n de medidas cautelares, nominadas o \tinnominadas, cuando lo considere pertinente para garantizar la \tprotecci\u00f3n y disfrute de los derechos patrimoniales de la \tpersona con discapacidad\u00bb.
\n2\u0002 \tLo que resulta acorde con el principio general de vigencia inmediata \tde la Ley, acorde a la \tLey 4\u00aa de 1913 (sobre \tr\u00e9gimen pol\u00edtico y municipal), \tque ense\u00f1a que cuando se fije el d\u00eda en que \t\u00abprincipiar\u00e1 \ta regir\u00bb una \tnorma, una vez promulgada, surtir\u00e1 plenos efectos a partir de \tdicha data (art\u00edculos \t52 a 54).
\n3\u0002 \tSe destaca que el aludido Pacto se refiere al reconocimiento de \t\u00abderechos \tecon\u00f3micos, sociales y culturales\u00bb, \tas\u00ed como la mencionada convenci\u00f3n contempl\u00f3 el \tanunciado principio de progresividad en el ac\u00e1pite destinado \ta aquellas garant\u00edas, las que hacen parte de las de segunda \tgeneraci\u00f3n que no de las fundamentales, enfatizando el \tcompromiso de los estados parte respecto, en su orden, el primero \t-esto \tes, el Pacto-, \t\u00aba \tadoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la \tcooperaci\u00f3n internacionales, especialmente econ\u00f3micas \ty t\u00e9cnicas, hasta el m\u00e1ximo de los recursos de que \tdisponga, para lograr progresivamente, por todos los medios \tapropiados, inclusive en particular la adopci\u00f3n de medidas \tlegislativas, la plena efectividad de los derechos aqu\u00ed \treconocidos…[;] [y] a garantizar el ejercicio de los derechos que \ten \u00e9l se enuncian, sin discriminaci\u00f3n alguna por \tmotivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opini\u00f3n \tpol\u00edtica o de otra \u00edndole, origen nacional o social, \tposici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra \tcondici\u00f3n social\u00bb; \tmientras que la segunda -es \tdecir, la convenci\u00f3n-, \t\u00aba \tadoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la \tcooperaci\u00f3n internacional, especialmente econ\u00f3mica y \tt\u00e9cnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de \tlos derechos que se derivan de las normas econ\u00f3micas, \tsociales y sobre educaci\u00f3n, ciencia y cultura, contenidas en \tla Carta de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos, \treformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los \trecursos disponibles, por v\u00eda legislativa u otros medios \tapropiados\u00bb. \t<\/p>\n

Por \tese sendero, en el \u00e1mbito nacional, la jurisprudencia \tconstitucional ha decantado tal principio, en mayor medida, en torno \ta aquellos derechos de segunda generaci\u00f3n (ver, \tentre otras, CC C-228\/11, 629\/11, T-687\/12, T-524\/14 y C-486\/16), \tsin embargo, paulatinamente ha venido sosteniendo que \u00ab[a]unque \tinicialmente el principio de progresividad comprend\u00eda \tespecialmente los DESC [sigla en referencia a los derechos \tecon\u00f3micos, sociales y culturales], su \taplicaci\u00f3n hoy abarca a todos los derechos fundamentales\u00bb \t(se destac\u00f3 – CC C-294\/19), como evidentemente no podr\u00eda \tser de otra manera, dada la condigna condici\u00f3n prevalente de \tlos \u00faltimos.
\n4\u0002 \t\u00abAquellos \tprocesos de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n que se hayan \tiniciado con anterioridad a la promulgaci\u00f3n de la presente \tley deber\u00e1n ser suspendidos de forma inmediata. El juez podr\u00e1 \tdecretar, de manera excepcional, el levantamiento de la suspensi\u00f3n \ty la aplicaci\u00f3n de medidas cautelares, nominadas o \tinnominadas, cuando lo considere pertinente para garantizar la \tprotecci\u00f3n y disfrute de los derechos patrimoniales de la \tpersona con discapacidad\u00bb.
\n5\u0002 \t\u00abHasta \ttanto entren en vigencia los art\u00edculos contenidos en el \tCap\u00edtulo V de la presente ley, el juez de familia del \tdomicilio de la persona titular del acto jur\u00eddico puede \tdeterminar de manera excepcional los apoyos necesarios para una \tpersona mayor de edad cuando se encuentre absolutamente \timposibilitada para expresar su voluntad y preferencias por \tcualquier medio, siempre que sea necesario para garantizar el \tejercicio y la protecci\u00f3n de los derechos de la persona \ttitular del acto. (\u2026) El proceso de adjudicaci\u00f3n \tjudicial de apoyos transitorio ser\u00e1 promovido por una persona \tcon inter\u00e9s leg\u00edtimo y que acredite una relaci\u00f3n \tde confianza con la persona titular del acto. (\u2026) El juez, \tpor medio de un proceso verbal sumario, determinar\u00e1 la \tpersona o personas de apoyo que asistir\u00e1n a la persona \ttitular del acto jur\u00eddico, teniendo en cuenta la relaci\u00f3n \tde confianza, amistad, parentesco o convivencia entre estos y la \tpersona titular. La sentencia de adjudicaci\u00f3n de apoyos \tfijar\u00e1 el alcance de los apoyos teniendo en cuenta las normas \testablecidas en la presente ley, al igual que el plazo del mismo, el \tcual no podr\u00e1 superar la fecha final del periodo de \ttransici\u00f3n. (\u2026) La persona titular del acto jur\u00eddico \tpodr\u00e1 oponerse a la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos en \tcualquier momento del proceso\u00bb.
\n6\u0002 \tCfr. \tAgustina \tPalacios, \u00bfModelo \trehabilitador o modelo social? La Persona con Discapacidad en el \tDerecho Espa\u00f1ol. \tEn Eduardo \tJim\u00e9nez, Igualdad, \tNo Discriminaci\u00f3n y Discapacidad, Ediar, \tBuenos Aires, Argentina, 2006, \tpp. 207 a 218.
\n7\u0002 \tPor medio de la cual se \testablece el r\u00e9gimen para el ejercicio de la capacidad legal \tde las personas con discapacidad mayores de edad.
\n8\u0002 \tSin que ello signifique obst\u00e1culo alguno para la viabilidad \tdel amparo, observando que en diferentes oportunidades ha \tsostenido esta Corte que \u00abel \tjuez de tutela, cuando los asuntos a su cargo se lo impongan, al \tevidenciar el desconocimiento de garant\u00edas esenciales, est\u00e1 \tinvestido de facultades especiales para emitir decisiones ultra y \textra petita en pro del principio de prevalencia del derecho \tsustancial (art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991)\u00bb \t(CSJ STC9771-2019, 25 jun., rad. 2019-00104-02).
\n9\u0002 \tColpensiones es una Empresa Industrial y Comercial del Estado \torganizada como entidad financiera de car\u00e1cter especial \t(decreto 4121 de 2011), mientras que la Nueva EPS es una sociedad de \teconom\u00eda mixta, conforme lo reconoci\u00f3 la Corte \tConstitucional en Auto 083\/09.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Magistrado ponente STC16821-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2019-00186-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 4 de octubre de 2019 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103083","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103083","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103083"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103083\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103083"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103083"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103083"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}