{"id":103085,"date":"2026-07-02T18:08:45","date_gmt":"2026-07-02T18:08:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103085"},"modified":"2026-07-02T18:08:45","modified_gmt":"2026-07-02T18:08:45","slug":"stc16825-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16825-2019\/","title":{"rendered":"STC16825-2019"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16825-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 25000-22-13-000-2019-00266-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 26 de septiembre de 2019 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Didier Walte Est\u00e9vez V\u00e1squez contra el Juzgado de Familia de Fusagasug\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes dentro del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, familia, intimidad, buen nombre, honra, as\u00ed como el inter\u00e9s superior del menor, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n

En consecuencia, solicita se ordene \u00abdejar sin efecto los siete numerales del resuelve de [la] sentencia\u2026\u00bb; que se disponga el \u00abrestablecimient[o] de derechos de forma integral de [su] hijo\u2026, regular las visitas y goce pleno de los derechos de [su] hijo\u2026 y de sus hermanos menores a estar en familia, en un ambiente neutro, que no exponga [su] vida, debido a las amenazas recibidas y denuncias puestas en conocimiento de las autoridades\u00bb, as\u00ed como \u00abregular la cuota alimentaria de acuerdo a la ley, no en acto fraudulento como lo hizo la comisaria de familia de Silvania, irrespetando y violando los derechos de [sus] otros tres hijos menores y el inter\u00e9s com\u00fan. Y m\u00ednimo com\u00fan vital\u00bb; que se \u00abdeclar[e] nulidad absoluta del proceso 337-2018 y su origen, basado en la historia de atenci\u00f3n 2017-130 de la Comisaria de Familia de Silvania y conexas, por las violaciones antes demostradas. Y la aplicaci\u00f3n del Decreto 2531 d[e] 1991 art 18, 23, 25. Restablecimiento inmediato\u00bb; y que se \u00abcompuls[en] copias al Honorable Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Disciplinaria, por su competencia, seg\u00fan el art\u00edculo 256, numeral 3, de la Carta Magna, si se evidencia que [h]ay temeridad, mala fe, entre otras conductas\u00bb (folios 48 y 49, cuaderno 1). <\/p>\n

2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Luz Adriana Quevedo M\u00e9ndez, en representaci\u00f3n de su hijo menor, promovi\u00f3 proceso de privaci\u00f3n de la patria potestad contra Didier Walte Est\u00e9vez V\u00e1squez, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado de Familia de Fusagasug\u00e1, que en sentencia de 29 de julio de 2019 declar\u00f3 probada la causal 1\u00aa del art\u00edculo 315 del C\u00f3digo Civil y dispuso privar del ejercicio de la patria potestad al demandado, la que recaer\u00eda exclusivamente en su progenitora. Esta decisi\u00f3n no fue recurrida en alzada. <\/p>\n

2.2. Indic\u00f3 el accionante que el 10 de abril de 2017 la Comisaria de Familia de Silvania realiz\u00f3 un acta de allanamiento y rescate con ilegalidad, abuso de autoridad y fraude procesal, la que nunca fue puesta en conocimiento de la Personer\u00eda y que no fue firmada por los agentes de la Polic\u00eda en su momento sino 3 meses despu\u00e9s. <\/p>\n

2.3. Se\u00f1al\u00f3 que la Comisaria no lo notific\u00f3 debidamente; que no se tuvo en cuenta el inter\u00e9s superior del menor; que lleva dos a\u00f1os y cinco meses sin compartir con su hijo; que la Defensora y Comisaria de Familia est\u00e1n \u00abcorrelacionada[s] en otras presuntas acciones de corrupci\u00f3n\u00bb; que se admiti\u00f3 el juicio censurado con base en la causal de maltrato al menor; y que la primera audiencia se aplaz\u00f3 porque no se hab\u00eda realizado la visita domiciliaria ni el examen de medicina legal. (folio 42, cuaderno 1). <\/p>\n

2.4. Adujo que la demandante viv\u00eda en zona rural, sin las necesidades b\u00e1sicas satisfechas; que no le hicieron el examen de medicina legal porque no lo notificaron; que present\u00f3 denuncia penal contra la madre de su hijo; que en la audiencia de 17 de julio de 2019 se dio por cierto el presunto delito de violencia intrafamiliar; y que se manipula, induce y legaliza un error, pues se modifica el art\u00edculo 315 del C\u00f3digo Civil al indicar que la causal es maltrato del hijo, quit\u00e1ndole la palabra habitual. <\/p>\n

2.5. Sostuvo que nunca hubo da\u00f1o contra su descendiente; que en el examen de medicina legal que le realizaron no fue incorporado en su momento procesal en la historia de atenci\u00f3n de la Comisar\u00eda sino de forma ilegal; y que fue con el ni\u00f1o a \u00abuna quebradita de m\u00e1ximo 4 metros de ancho\u2026 que no genera ning\u00fan riesgo, ni causal de mala intenci\u00f3n hac\u00eda [su] hijo\u2026 tal como lo quieren hacer ver\u00bb (folio 45, cuaderno 1). <\/p>\n

2.6. Refiri\u00f3 que la medida de protecci\u00f3n estaba viciada de nulidad absoluta por violaci\u00f3n al debido proceso y falta de informe de polic\u00eda judicial; que existe falta de transparencia en la administraci\u00f3n de justicia; que las pruebas testimoniales y decretadas de oficio fueron tachadas; que nunca tuvo un hogar con la demandante, pues \u00e9l lo tiene aparte, compuesto por sus tres hijos, dos menores y una de 18 a\u00f1os; y que se concluy\u00f3 que atacaba al g\u00e9nero femenino, sin que ello tenga que ver con el proceso criticado. <\/p>\n

2.7. Asever\u00f3 que se daba por cierto que no prest\u00f3 colaboraci\u00f3n para la valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica y psiqui\u00e1trica ordenada; que es falso que su conducta constituya un evidente maltrato a su hijo; que se decidi\u00f3 sin soporte probatorio; que no se tiene en cuenta su condici\u00f3n de debilidad manifiesta al ser afrocolombiano; y que ninguna declaraci\u00f3n juramentada demostr\u00f3 de forma concreta alg\u00fan da\u00f1o a su hijo dentro de la denuncia interpuesta por violencia intrafamiliar agravada. <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1. La Procuradur\u00eda Judicial II de Familia para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que el 19 de noviembre de 2018 llev\u00f3 a cabo una reuni\u00f3n con el accionante con miras a establecer los hechos que originaron la solicitud de intervenci\u00f3n de esa entidad; que el promotor present\u00f3 escritos ante la Fiscal\u00eda y la Procuradur\u00eda Generales de la Naci\u00f3n poniendo en conocimiento irregularidades cometidas por la Comisaria de Familia, as\u00ed como la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda y Fiscal\u00eda local; que compuls\u00f3 copias a la Procuradur\u00eda Departamental de la actuaci\u00f3n adelantada por la Comisar\u00eda de Familia con el fin de que se adelante la investigaci\u00f3n disciplinaria; que requiri\u00f3 al establecimiento en donde estudia el infante para que le permitiera al quejoso acceder y participar en el desarrollo acad\u00e9mico de su descendiente; que independiente del resultado del proceso de medida de protecci\u00f3n el gestor es acusado de pretender hacerle da\u00f1o a su hijo cerca a la orilla del rio, sin que aparezcan elementos probatorios consistentes que permitan suponer una agresi\u00f3n f\u00edsica o psicol\u00f3gica; que subyace un \u00e1nimo de la demandante de mantener alejado al ni\u00f1o de su padre, adem\u00e1s de las actuaciones administrativas y judiciales que tienen el mismo prop\u00f3sito; que se echan de menos procesos terap\u00e9uticos que las autoridades debieron promover para construir los lazos paterno filiales; que el fallo lo desconcierta, pues no privilegia el inter\u00e9s superior del menor sino las pretensiones de la parte actora; que la privaci\u00f3n de la patria potestad es una determinaci\u00f3n extrema que exige una ponderaci\u00f3n de derechos y la comprobaci\u00f3n de la causal contenida en la normatividad; que dicha providencia se fundamenta en la causal 1\u00aa del art\u00edculo 315, relacionada con el maltrato, sin que conozca de documentos que denoten el mismo; y que no es proporcional la decisi\u00f3n proferida. <\/p>\n

2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Silvania refiri\u00f3 que no le correspond\u00eda realizar observaci\u00f3n alguna o avalar la actuaci\u00f3n realiza por su superior funcional acusado; que no emiti\u00f3 la sentencia criticada; que el ahora accionante ha promovido entre 2017 y 2019 cerca de 13 tutelas contra diferentes autoridades; que el 11 de abril de los corrientes, al interior de una de las acciones constitucionales propuestas por el actor, \u00aba quien le parece f\u00e1cil tildar de corrupto a aquel que se le cruce en su camino\u00bb, se le compulsaron copias al ahora peticionario, con el fin de que la Fiscal\u00eda lo investigara penalmente debido a sus maniobras temerarias (folio 89 vuelto, cuaderno 1). <\/p>\n

3. La Fiscal\u00eda Primera Seccional de Fusagasug\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que conoci\u00f3 de la denuncia penal presentada por Luz Adriana Quevedo en contra del ahora promotor por el delito de amenazas previsto en el art\u00edculo 347 del C\u00f3digo Penal; que realiz\u00f3 el respectivo programa metodol\u00f3gico, profiri\u00f3 orden a polic\u00eda judicial con la finalidad de esclarecer los hechos y el 27 de noviembre de 2018 dispuso el archivo de las diligencias, tras considerar que el hecho investigado era at\u00edpico. <\/p>\n

4. La Defensora de Familia del Centro Zonal de Fusagasug\u00e1 adujo que no le constaban las manifestaciones efectuadas; que el 13 de junio de 2018 atendi\u00f3 a los padres del menor en una conciliaci\u00f3n, actuaci\u00f3n que fue imparcial y respetuosa; que el ahora gestor radic\u00f3 petici\u00f3n, la que le fue contestada y enviada en el t\u00e9rmino de ley a la direcci\u00f3n reportada; que desde hace nueve a\u00f1os que se desempe\u00f1a en sus funciones, nunca ha sido tildada como c\u00f3mplice de un delito ni se prestar\u00eda para ello; que si bien tienen contacto con los comisarios de familia, es netamente laboral; que el gestor indica que cometi\u00f3 actos de corrupci\u00f3n en un proceso diferente al de su hijo, con supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos distintos, el que fue revisado por la Procuradur\u00eda sin que se encontrara situaci\u00f3n que violara la ley; que no acudi\u00f3 a unas audiencias porque se encontraba en licencia de maternidad; que del petente solo ha recibido palabras injuriosas y calumniadoras, pues si bien es cierto los ciudadanos tienen derecho a interponer recursos y acciones, no pueden ser los servidores v\u00edctimas de acusaciones infundadas y llamados con palabras denigrantes contra su honra personal y familiar como \u00ab\u2018corrupta\u2019 o \u2018c\u00f3mplice\u2019\u00bb (folio 95, cuaderno 1). <\/p>\n

5. La Alcald\u00eda Municipal de Silvania sostuvo que las actuaciones adelantadas por la Comisaria de Familia se encuentran enmarcadas dentro de las funciones atribuidas a esa dependencia, adelantadas por los funcionarios competentes, con el pleno respeto de las garant\u00edas fundamentales de los intervinientes; que la titular de la Comisaria de Familia se encontraba en incapacidad y posteriormente renunci\u00f3, por lo que se design\u00f3 a un encargado; que observaba una \u00abactitud del accionante encaminada a se\u00f1alar a la totalidad de funcionarios y servidores p\u00fablicos que en su caso intervienen, endilgando calificativos de \u2018corruptos\u2019, \u2018ineptos\u2019 o dando a entender que se trata de una confabulaci\u00f3n de servidores del Estado de diferentes niveles en contra de \u00e9l, lo cual carece de todo tipo de sustento\u00bb; que varias de las actuaciones administrativas revisten el car\u00e1cter de transitorias, como la conciliaci\u00f3n fallida; y que las partes gozan de los mecanismos que las normas procesales establecen, los que han de ejercitarse, pues esta acci\u00f3n es residual (folio 106, cuaderno 1). <\/p>\n

6. El Juzgado de Familia de Fusagasug\u00e1 remiti\u00f3 el expediente criticado. <\/p>\n

7. La Alcald\u00eda Municipal de Fusagasug\u00e1 manifest\u00f3 que no era la competente para hacer un pronunciamiento de fondo; y que no conoc\u00eda del asunto. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con los requisitos generales de procedencia del resguardo, puesto que el accionante no interpuso alzada frente a la sentencia de 29 de julio de 2019, ni tampoco justific\u00f3 su proceder omisivo; que el promotor no es un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional o que se encuentre en una situaci\u00f3n de debilidad manifiesta; y que los reparos que el solicitante tuviere frente a la carencia de pruebas, la falsedad de testimonios, la imposibilidad de aducir las copias del tr\u00e1mite administrativo ante la Comisar\u00eda y la investigaci\u00f3n penal, debi\u00f3 ventilarlos a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, pero no lo hizo. <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y aduciendo que no agot\u00f3 los medios de defensa ordinarios, pues en la audiencia se le indic\u00f3 que no proced\u00eda recurso alguno, a m\u00e1s que el proceso es de \u00fanica instancia por ser un verbal sumario; que se debe tener en cuenta la prevalencia de los derechos del menor y sus derechos inalienables a tener una familia y no ser separado de ella; que su hijo se encuentra en estado de indefensi\u00f3n; que ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes el abuso de autoridad en el procedimiento judicial y administrativo; y que se requiere una justicia cerca de la transparencia, imparcialidad y objetividad.
\nCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n

2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n

(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n

3. Descendiendo al sub examine, se tiene que el reclamante, aduciendo conculcaci\u00f3n tanto de sus derechos de primer grado como de los prevalentes de su hijo menor de edad, critica la sentencia proferida en el juicio de privaci\u00f3n de patria potestad que promovi\u00f3 en su contra Luz Adriana Quevedo M\u00e9ndez, pues considera que tal decisi\u00f3n es contentiva de defectos f\u00e1cticos y sustantivos que conllevaron a que se diera por demostrada, sin estarlo, la causal prevista en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 315 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n

Puestas as\u00ed las cosas, de entrada, resulta infranqueable el fracaso del resguardo en lo que tiene que ver con los derechos de Didier Walte Est\u00e9vez V\u00e1squez mas no en lo relativo a los que le asisten a su descendiente, conforme se pasa a exponer. <\/p>\n

3.1. Evidenci\u00e1ndose que la queja central del promotor de la salvaguarda se dirige contra el fallo emitido por el estrado criticado con el que dio por probada la referida causal 1\u00aa del art\u00edculo 315 del C\u00f3digo Civil, observa la Corte que el amparo deprecado se torna improcedente, al insatisfacer el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n

En efecto, el reclamante tuvo a su alcance el recurso de apelaci\u00f3n contra la referida sentencia, mecanismo com\u00fan procedente para exponer, ante el superior del juez acusado, los reparos aqu\u00ed tra\u00eddos, del cual no hizo uso, siendo ese el medio ordinario de defensa id\u00f3neo y viable para tal prop\u00f3sito, circunstancia que evidencia su descuido en el uso del instrumento legal para la defensa de sus derechos, quedando, por su propia desatenci\u00f3n, muy a pesar de sus alegaciones, atado a lo definido en la providencia que reprocha en sede de tutela. <\/p>\n

Frente al particular, la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n

\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterada en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; y STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01). <\/p>\n

En el mismo sentido, en diversidad de oportunidades se ha sostenido que: <\/p>\n

\u2026el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso (CSJ STC, 14 en. 2003, rad. 23023; reiterada en CSJ STC5341-2014; y STC, 27 may. 2016, rad. 2016-00401-01). <\/p>\n

3.2. Ahora bien, a conclusi\u00f3n diferente llega la Sala en punto a los derechos esenciales del menor que result\u00f3 involucrado en el asunto al privarle a su padre el ejercicio de la patria potestad sobre aquel. <\/p>\n

3.2.1. Atendiendo esa particular tem\u00e1tica, pertinente es recordar, como lo tiene por sentado la Sala, que los ni\u00f1os gozan de prerrogativas especiales para asegurar su adecuada formaci\u00f3n y desarrollo, en resultas del concepto de su inter\u00e9s superior. <\/p>\n

En efecto, el constituyente de 1991 consagr\u00f3 como sujetos de especial protecci\u00f3n, por parte del Estado, a los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior1 y la prevalencia de sus garant\u00edas2 respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, incluidos los de su n\u00facleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten para la sociedad, am\u00e9n del momento de formaci\u00f3n en que se encuentren, que exige medidas adecuadas para permitir el desarrollo de una identidad propia, que contribuya dentro de su individualidad a la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, por tanto existen intereses superiores3 que claman por su salvaguarda. <\/p>\n

Sobre este inter\u00e9s superior del menor, la Corte Constitucional en sentencia T-587\/98, dijo: <\/p>\n

\u2026esta nueva visi\u00f3n del menor se justific\u00f3 tanto desde una perspectiva humanista -que propende la mayor protecci\u00f3n de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensi\u00f3n-, como desde la \u00e9tica que sostiene que s\u00f3lo una adecuada protecci\u00f3n del menor garantiza la formaci\u00f3n de un adulto sano, libre y aut\u00f3nomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consisti\u00f3 en reconocerle al menor una caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento qued\u00f3 plasmado en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (art\u00edculo 3\u00b0) y, en Colombia, en el C\u00f3digo del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica elev\u00f3 al ni\u00f1o a la posici\u00f3n de sujeto merecedor de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, la sociedad y la familia (art\u00edculos 44 y 45). <\/p>\n

Ahora bien, el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor. <\/p>\n

En ese sentido, la jurisprudencia tambi\u00e9n ha fijado algunas pautas (CC T-261\/13)4, entre las cuales se destaca que: <\/p>\n

Los funcionarios judiciales deben ser especialmente diligentes y cuidadosos al resolver casos relativos a la garant\u00eda de los derechos fundamentales de un menor de edad. Eso, entre otras cosas, implica que no pueden adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, afecten o pongan en peligro sus derechos, dado el impacto que las mismas pueden tener sobre su desarrollo, sobre todo si se trata de ni\u00f1os de temprana edad\u2026 <\/p>\n

[L]as decisiones susceptibles de afectar a un menor de edad deben ajustarse a par\u00e1metros de razonabilidad y proporcionalidad (…)
\nLo anterior da cuenta, en s\u00edntesis, de que la prevalencia del inter\u00e9s del menor en el marco de un proceso judicial se garantiza cuando la decisi\u00f3n que lo resuelve i) es coherente con las particularidades f\u00e1cticas debidamente acreditadas en el proceso y ii) considera los lineamientos que los tratados internacionales, las disposiciones constitucionales y legales relativas a la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as y la jurisprudencia han identificado como criterios jur\u00eddicos relevantes para establecer, frente a cada caso concreto, qu\u00e9 medidas resultan m\u00e1s convenientes, desde la \u00f3ptica de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, para asegurar el bienestar f\u00edsico, sicol\u00f3gico, intelectual y moral del menor (se resalt\u00f3). <\/p>\n

3.2.2. En consonancia con esa singular protecci\u00f3n que le asiste a los menores de edad, el legislador patrio al expedir el C\u00f3digo General del Proceso contempl\u00f3 en el par\u00e1grafo 1\u00ba de su canon 281 que \u00ab[e]n los asuntos de familia, el juez podr\u00e1 fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protecci\u00f3n adecuada a la pareja, al ni\u00f1o, la ni\u00f1a o adolescente… y prevenir controversias futuras de la misma \u00edndole\u00bb. <\/p>\n

3.2.3. Ahora, respecto a la figura de la patria potestad resulta necesario se\u00f1alar que el art\u00edculo 22 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia garantiza el derecho de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes a tener una familia y a no ser separados de ella, en armon\u00eda con el contenido del canon 14 ib\u00eddem5, que contempla la responsabilidad parental como un principio complementario de aquella figura, referente a aspectos de representaci\u00f3n personal y patrimonial del menor encaminada a facilitar a los progenitores sus deberes6, destacando que es, adem\u00e1s, \u00abla obligaci\u00f3n inherente a la orientaci\u00f3n, cuidado, acompa\u00f1amiento y crianza de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes durante su proceso de formaci\u00f3n. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes puedan lograr el m\u00e1ximo nivel de satisfacci\u00f3n de sus derechos. En ning\u00fan caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia f\u00edsica, psicol\u00f3gica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n

Sumado a ello, claramente el art\u00edculo 5\u00ba ib\u00eddem ense\u00f1a que \u00ab[l]as normas sobre los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, contenidas en [ese] c\u00f3digo, son de orden p\u00fablico, de car\u00e1cter irrenunciable y los principios y reglas en ellas consagrados se aplicar\u00e1n de preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes\u00bb; igualmente el precepto 9\u00ba de la misma codificaci\u00f3n resalta que \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u00bb, y que \u00ab[e]n caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, acorde con el canon 310 del C\u00f3digo Civil, la patria potestad \u00abtermina por las causales contempladas en el art\u00edculo 315\u00bb. <\/p>\n

3.2.4. Ahora, como la privaci\u00f3n de la patria potestad que aqu\u00ed se cuestiona se produjo en la sentencia criticada, resulta imperioso observar que el Juzgado para adoptar tal determinaci\u00f3n consider\u00f3 que: <\/p>\n

\u2026 En primer lugar, se tiene que la demandante fundamenta principalmente su pretensi\u00f3n, con base en los hechos acaecidos el 10 de abril de 2017, de lo cual afirma que\u2026 Didier Walte Est\u00e9vez V\u00e1squez, tom\u00f3 al ni\u00f1o\u2026, en estado de alicoramiento, aprovechando que este se encontraba al cuidado de su abuela materna y lo llev\u00f3 consigo al r\u00edo que queda cerca de su vivienda en el \u00e1rea rural del municipio de Silvania, poniendo en riesgo la vida e integridad del ni\u00f1o al someterlo al frio de dicho afluente, pese a los problemas de salud que presenta el ni\u00f1o, dado que se tra\u00eda de un ni\u00f1o prematuro que ha requerido de especial cuidado, para lo cual alleg\u00f3 la respectiva historia cl\u00ednica del ni\u00f1o. <\/p>\n

As\u00ed mismo se tiene que la Comisaria de Familia del municipio de Silvania, impuso medida de protecci\u00f3n a favor del ni\u00f1o\u2026, direccionando adem\u00e1s denuncia ante la Fiscal\u00eda Local de dicha municipalidad por el presunto punible de violencia intrafamiliar agravada. Evidenci\u00e1ndose adem\u00e1s que la demandante formul\u00f3 en contra del demandado denuncia por amenazas en su contra. <\/p>\n

Por su parte, el demandado manifest\u00f3 que cuando naci\u00f3 [el menor] y dada su condici\u00f3n de beb\u00e9 prematuro, permaneci\u00f3 en la cl\u00ednica a su cuidado, pendiente de cada una de sus necesidades. Que ha cumplido con su obligaci\u00f3n de padre frente a su hijo y que respecto a la situaci\u00f3n que denuncia la progenitora, esto es de haberlo llevado al r\u00edo, precis\u00f3 que es tradicional de la Regi\u00f3n Coste\u00f1a, de donde es oriundo, llevar a los hijos al r\u00edo. <\/p>\n

La prueba testimonial recaudada, a favor de la parte demandante, y decretadas de oficio, de manera un\u00e1nime, manifestaron conocer de los may\u00fasculos inconvenientes que ha tenido la demandante con el demandado incluso desde el inicio de la relaci\u00f3n afectiva entre ellos, que el progenitor no cumple a cabalidad con su obligaci\u00f3n frente a su hijo. <\/p>\n

A favor de la parte demandante, se decret\u00f3 como prueba pericial, valoraci\u00f3n de Psicolog\u00eda y Psiquiatr\u00eda Forense ante el Instituto de Medicina Legal, para efectos de determinar si posee idoneidad parental para ejercer el cuidado y las visitas de su hijo\u2026 Sin embargo, dicha valoraci\u00f3n no fue practicada. <\/p>\n

Ahora, la demandante en audiencia alleg\u00f3 una serie de derechos de petici\u00f3n que ha elevado el demandado al colegio donde estudia\u2026, a la Comisaria de Familia, y ante el Gerente del Hospital Ismael Silva, lugar de trabajo de la demandante. <\/p>\n

Pues bien, analizado en su conjunto el material probatorio recaudado, a la luz de la sana cr\u00edtica y en virtud de lo consagrado en el 176 Del C\u00f3digo General del Proceso, y sin desconocer lo fracturada que se encuentra la relaci\u00f3n de padres entre los extremos, procesales, respecto de su hijo\u2026, por lo que han acudido ante diferentes autoridades en busca de soluci\u00f3n a ellas, no puede pasar por alto este Despacho, las actitudes asumidas por el extremo pasivo. <\/p>\n

En primer lugar, porque se considera fundamentado el temor de la progenitora, con la conductas asumida por el demandado al llevar al ni\u00f1o a un rio, pese a su condici\u00f3n de beb\u00e9 prematuro y que requiere de un especial cuidado; poniendo en riesgo su salud, indistintamente de las razones que lo motivaron a hacerlo, ya que en su interrogatorio de parte manifest\u00f3 haberlo hecho por motivos culturales y de costumbre dado su origen a la regi\u00f3n coste\u00f1a de la cual es oriundo, ello no \u00f3bice para desconocer o desmeritar las consecuencias que ello pudo originar en la salud de su hijo. <\/p>\n

En segundo lugar, y no menos importante, se tiene que el se\u00f1or Didier Walte Est\u00e9vez Quevedo no cumple con la cuota alimentaria que la ley le impone como padre, ni antes ni despu\u00e9s que la fuera fijada por la Comisar\u00eda de Familia de Silvania, consignando la suma que su capricho considera, lo cual es censurable, toda vez que de acuerdo a su decir labora como profesional en la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Bogot\u00e1, pues es cierto que alega ser padre de seis hijos, \u00fanicamente est\u00e1 acreditada que cuenta con tres hijos menores de edad y no acredit\u00f3 que los mayores de edad se encuentren estudiando. <\/p>\n

Llama la atenci\u00f3n que el demandado tiene su residencia en Bogot\u00e1 y se desplaza a el municipio de Silvania para ejercer seg\u00fan su decir, sus derechos como padre\u2026, pero utiliz\u00f3 tal espacio para el consumo de bebidas alcoh\u00f3licas durante la supuesta visita a su hijo con el desenlace apreciado anteriormente. <\/p>\n

Sumado a su incumplimiento se tiene que adem\u00e1s ha puesto en riesgo la satisfacci\u00f3n de las necesidades b\u00e1sicas de su hijo, se aprecia claramente la violencia velada que ejerce al cuestionar la vinculaci\u00f3n laboral de la progenitora, increpando al Gerente de la entidad donde labora Luz Adriana, a expedir a su favor copia de actos administrativos, nombramientos y posesiones de determinados funcionarios, que en nada lo involucran respecto a su condici\u00f3n de progenitor\u2026 <\/p>\n

As\u00ed mismo, no puede pasar por alto este Despacho, la violencia de g\u00e9nero en que ha incurrido el demandado Est\u00e9vez M\u00e9ndez, no solo en contra de Luz Adriana, al desplegar actos que atentan contra su dignidad y m\u00ednimo vital, sino tambi\u00e9n en contra de las funcionarias que han conocido de los distintos procesos en que ha estado involucrado, espec\u00edficamente en contra de quien fung\u00eda como Comisaria de Familia del municipio de Silvania, Dra. Claudia Yurany Espitia Castillo, a quien en diversos escritos dirigidos a diferentes autoridades, tilda de "corrupta y sin verg\u00fcenza" (folios 627 y 628), quiz\u00e1s por el hecho de querer garantizar los derechos fundamentales del ni\u00f1o mencionado. As\u00ed mismo, por referirse en t\u00e9rminos peyorativos respecto de la se\u00f1ora Yaneth Vargas Rodr\u00edguez, madrina de su hijo y compa\u00f1era de trabajo de Luz Adriana, de quien tambi\u00e9n cuestiona su vinculaci\u00f3n laboral,, y atenta contra su dignidad personal, quiz\u00e1s por ser la persona que trasport\u00f3 a la demandante el d\u00eda de los hechos acaecidos en el rio, al dejar entrever situaciones, que como ya se dijo, en nada afectan su rol de padre. <\/p>\n

A las conductas anteriormente descritas, se suma la persecuci\u00f3n y acoso de que tambi\u00e9n han sido v\u00edctimas las docentes y rectora de la instituci\u00f3n, pertenecientes al g\u00e9nero femenino, en donde se encuentra escolarizado el ni\u00f1o, cuestionando hasta la licencia o resoluci\u00f3n de funcionamiento de dicho establecimiento educativo, conforme se evidenci\u00f3 tanto en la comunicaci\u00f3n allegada por rectora de la instituci\u00f3n al expediente, as\u00ed como las documentales allegadas por la demandante a la audiencia. <\/p>\n

Al respecto, la H. Corte Constitucional en Sentencia T-338\/18, se\u00f1al\u00f3\u2026 La violencia psicol\u00f3gica y dom\u00e9stica que ocurre en el hogar tiene una dificultad probatoria muy alta si se verifica desde los par\u00e1metros convencionales del derecho procesal, debido a que el agresor busca el aislamiento y el ocultamiento de los hechos violentos. Por tanto, es claro que las v\u00edctimas de tales agresiones tienen como \u00fanica posibilidad de protecci\u00f3n abrir los espacios de intimidad familiar a sus m\u00e1s allegados. En esa medida, desde una perspectiva, de g\u00e9nero, es necesario que los operadores de justicia, empleen la flexibilizaci\u00f3n de esas formas de prueba, cuando se evidencian actos de violencia al interior del hogar. <\/p>\n

De manera, que en aplicaci\u00f3n de las l\u00edneas jurisprudenciales citadas en l\u00edneas anteriores, f\u00e1cil es concluir que el demandado ha pretendido desvirtuar las reprochables conductas en que ha incurrido, pretendiendo tergiversar cada una de las situaciones en que se ha visto involucrado, justificando ello, queri\u00e9ndose mostrar como v\u00edctima de todos los funcionarios, especialmente de quien como tales pertenecen al g\u00e9nero femenino, y que han conocido los procesos que en su contra han cursado, sin pasar por alto que no prest\u00f3 su colaboraci\u00f3n para la valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica y psiqui\u00e1trica ordenada, lo cual constituye un indicio grave en su contra. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, para este Despacho, las conductas asumidas por el se\u00f1or Didier Walte Est\u00e9vez M\u00e9ndez, constituyen un evidente maltrato hacia su hijo…, al poner en riesgo su salud, no cumplir con la obligaci\u00f3n alimentaria que le asiste y poner en riesgo la actividad laboral de su progenitora que es quien le garantiza la satisfacci\u00f3n de sus necesidades b\u00e1sicas, al presuntamente haber propinado maltratos f\u00edsicos a la demandante estando en estado de gestaci\u00f3n, seg\u00fan lo dicho por \u00e9sta en su interrogatorio, concluy\u00e9ndose entonces que se encuentra plenamente demostrada la causal invocada, por lo que hay lugar acceder a las pretensiones de la demanda y que como consecuencia de ello se le prive de la patria potestad que ostentaba respecto de su hijo\u2026 <\/p>\n

3.2.5. Bajo todas las premisas jurisprudenciales, normativas y f\u00e1cticas hasta ac\u00e1 condensadas, resulta incuestionable que en el caso concreto el juzgador acusado, en pro de las garant\u00edas prevalentes del menor de edad, al estar comprometido el ejercicio de la patria potestad de su padre y a pesar de no haber recurrido en alzada la sentencia, de manera oficiosa debi\u00f3 hacer uso de sus facultades ultra y extrapetita -incluso, de considerarlo necesario, disponiendo el acopio suasorio que resultara pertinente-7 para ocuparse de verificar si la privaci\u00f3n de aqu\u00e9lla, estuvo ajustada al ordenamiento jur\u00eddico patrio, especialmente a lo reglado en el art\u00edculo 310 en concordancia con el 315 del C\u00f3digo Civil, con miras a brindarle una protecci\u00f3n adecuada al ni\u00f1o, sin que con ello incurriera en incongruencia, pues as\u00ed no s\u00f3lo se lo permit\u00eda el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso sino que las particularidades del caso puesto a su definici\u00f3n se lo impon\u00eda. <\/p>\n

Ciertamente, la privaci\u00f3n de la patria potestad debe ser el \u00faltimo mecanismo por el que se debe propender, atendiendo las graves consecuencias que conlleva dicha declaraci\u00f3n, m\u00e1s cuando, tal como qued\u00f3 rese\u00f1ado, deben primar los derechos de los ni\u00f1os a tener una familia y no ser separado de ella, raz\u00f3n por la cual el an\u00e1lisis efectuado en la decisi\u00f3n criticada no pretende el restablecimiento de las relaciones familiares, con el apoyo interdisciplinario respectivo, sino que determina su distanciamiento definitivo con fundamento en la conducta del demandado \u2013llevar al ni\u00f1o al r\u00edo- y el incumplimiento de la cuota alimentaria. <\/p>\n

Luego, como frente al particular el estrado acusado no procedi\u00f3 de la forma antedicha, se impone la intervenci\u00f3n del juez constitucional para salvaguardar los derechos del hijo de los contendientes en el proceso censurado, al ser aqu\u00e9l un sujeto de especial protecci\u00f3n. <\/p>\n

4. Lo consignado fuerza conceder el resguardo, exclusivamente, frente a los derechos fundamentales del menor involucrado en el juicio cuestionado, ordenando al juzgador acusado que, tras dejar sin valor ni efecto la sentencia emitida, proceda a dictar la determinaci\u00f3n que en derecho corresponda, atendiendo las anteriores consideraciones. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y, en su lugar, concede el resguardo a las garant\u00edas de primer grado del menor de edad que result\u00f3 involucrado en el juicio criticado. En consecuencia, dispone: <\/p>\n

Primero: Ordenar al Juzgado de Familia de Fusagasug\u00e1 que, dentro del t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contado a partir de la fecha en la cual le sea devuelto el expediente contentivo del juicio de privaci\u00f3n de la patria potestad criticado, instaurado por Luz Adriana Quevedo M\u00e9ndez, en representaci\u00f3n de su hijo menor, contra Didier Walte Est\u00e9vez V\u00e1squez, tras dejar sin valor ni efecto la sentencia que dict\u00f3 el 29 de julio de 2019, junto con todas las determinaciones que de ella dependan, proceda a emitir la providencia que en derecho corresponda, atendiendo las consideraciones precedentes. <\/p>\n

En lo dem\u00e1s, se deniega la solicitud de protecci\u00f3n incoada por Didier Walte Est\u00e9vez V\u00e1squez. <\/p>\n

Segundo: Por la Secretar\u00eda de la Sala, de forma inmediata, devu\u00e9lvase al Juzgado de origen el proceso cuestionado, remitido a esta Corporaci\u00f3n en calidad de pr\u00e9stamo. <\/p>\n

Tercero: La autoridad accionada deber\u00e1 enterar a esta Corporaci\u00f3n sobre el acatamiento de lo aqu\u00ed dispuesto, a m\u00e1s tardar dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n

Cuarto: Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, rem\u00edtasele copia de esta providencia al despacho accionado y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tArt\u00edculo 8 de la Ley 1098 de 2006. Inter\u00e9s superior de \tlos ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes. \u00abSe \tentiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y \tadolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a \tgarantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de \ttodos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e \tinterdependientes\u00bb.
\n2\u0002 \tArt\u00edculo 9\u00ba \u00eddem.
\n3\u0002 \tCSJ STC, 4 oct. 2007, rad. 2007-00091-01.
\n4\u0002 \tCitada en STC5016-2016, 21 abr., rad. 2016-00922-00.
\n5\u0002 \tArt\u00edculo \t14.\u00a0La \tresponsabilidad parental. \tLa responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad \testablecida en la legislaci\u00f3n civil. Es adem\u00e1s, la \tobligaci\u00f3n inherente a la orientaci\u00f3n, cuidado, \tacompa\u00f1amiento y crianza de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as \ty los adolescentes durante su proceso de formaci\u00f3n. Esto \tincluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la \tmadre de asegurarse que los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los \tadolescentes puedan lograr el m\u00e1ximo nivel de satisfacci\u00f3n \tde sus derechos. \t<\/p>\n

En \tning\u00fan caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede \tconllevar violencia f\u00edsica, psicol\u00f3gica o actos que \timpidan el ejercicio de sus derechos.
\n6\u0002 \tExtracto de la sentencia C-404\/13 de la Corte Constitucional: \u00abPues \tbien, el art\u00edculo 288 del C\u00f3digo Civil consagra el \tejercicio de la patria potestad de forma conjunta por los padres \tsobre los hijos\u00a0\u201cleg\u00edtimos\u201d, \tcomo un derecho que les reconoce para facilitar los deberes que su \tcalidad de progenitores les impone. Sobre el punto, esta Corporaci\u00f3n \tha sostenido que la patria potestad es una instituci\u00f3n de \torden p\u00fablico, obligatoria e irrenunciable, personal e \tintransferible, e indisponible, porque es deber de los padres \tejercerla en inter\u00e9s del menor, sin que tal ejercicio pueda \tser atribuido, modificado, regulado ni extinguido por la propia \tvoluntad privada.
\n\u00a0
\nDe \tall\u00ed que ha definido la patria potestad como\u00a0\u201cel \tconjunto de derechos y facultades que la ley atribuye al padre y a \tla madre sobre la persona y los bienes de los hijos, para facilitar \ta aquellos el cumplimiento de los deberes que su condici\u00f3n \tles impone, es decir, para garantizar respecto de los hijos su \tprotecci\u00f3n, bienestar y formaci\u00f3n integral, desde el \tmomento mismo de la concepci\u00f3n, y mientras sean menores de \tedad y no se hayan emancipado\u201d. \tTambi\u00e9n ha precisado que la patria potestad\u00a0\u201chace \treferencia a un r\u00e9gimen paterno-filial de protecci\u00f3n \tdel hijo menor no emancipado, en cabeza de sus padres, que no deriva \tdel matrimonio de estos pues surge por ministerio de la ley \tindependientemente a la existencia de dicho vinculo\u201d.
\n\u00a0
\nAs\u00ed, \tla Corte ha establecido que la patria potestad es una instituci\u00f3n \tcreada por el derecho para facilitar la observancia adecuada de los \tdeberes impuestos por el parentesco y la filiaci\u00f3n, lo que \tsignifica que la patria potestad no se ha otorgado a los padres en \tprovecho personal, sino como un deber que reporta bienestar al menor \ten cuanto a la crianza, la educaci\u00f3n, el establecimiento de \tla persona; \u00e9stos \u00faltimo relacionado directamente con \tla ayuda y asistencia que le deben otorgar al menor\u00bb.
\n7\u0002 \tAcorde con el art\u00edculo 170 del C\u00f3digo General del \tProceso.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16825-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 25000-22-13-000-2019-00266-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 26 de septiembre de 2019 por la Sala Civil – Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103085","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103085","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103085"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103085\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103085"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103085"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103085"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}