{"id":103087,"date":"2026-07-02T18:09:18","date_gmt":"2026-07-02T18:09:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103087"},"modified":"2026-07-02T18:09:18","modified_gmt":"2026-07-02T18:09:18","slug":"stc16827-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16827-2018\/","title":{"rendered":"STC16827-2018"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16827-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2018-03903-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se desata el resguardo de Ligia Rodr\u00edguez Fern\u00e1ndez contra la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Juzgado Promiscuo del Circuito, Juzgado Promiscuo de Familia, Juzgados Primero y Segundo Promiscuos Municipales, Alcald\u00eda Municipal, todos de In\u00edrida, y el Departamento de Guain\u00eda, extensiva a la Personer\u00eda Municipal, Defensor\u00eda Regional, ambos de ese Departamento; Procuradur\u00eda Ambiental Judicial II del Meta, Juzgado Sexto Administrativo Oral de Villavicencio y dem\u00e1s autoridades e intervinientes en i) las \u201cacciones de tutela\u201d con radicados 2017-00127, 2017-00091-00 (02) y 2018-00013-00, ii) el tr\u00e1mite seguido ante la Agencia Nacional de Tierras respecto del inmueble denominado \u201cLa Minga\u201d y iii) en la querella policiva impetrada por dicho Departamento. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- La accionante solicit\u00f3 que como consecuencia de la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y m\u00ednimo vital, se disponga: <\/p>\n

\u201c2. Dejar sin efectos y ordenar rehacer las actuaciones en el t\u00e9rmino de 48 horas desde primera instancia desde el auto admisorio sin afectar las pruebas recaudadas, de las providencias judiciales: <\/p>\n

2.1. De 05 de octubre de 2017 proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de In\u00edrida dentro del proceso 2017-00127-01, cuyo accionante es el Departamento de Guain\u00eda. <\/p>\n

2.2. De 14 de noviembre de 2017 proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Circuito de In\u00edrida dentro del proceso 2017-00126-01, cuyo accionante es el Departamento del Guain\u00eda. <\/p>\n

2.3. De 15 de febrero de 2018 proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de In\u00edrida dentro del proceso 2017-00091-00, cuya accionante es la suscrita. <\/p>\n

2.4. De 11 de abril de 2018 proferido por la Honorable Sala de Decisi\u00f3n Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, M.P. Dr. Alberto Romero dentro del proceso 2017-00091-02, cuyo accionante es la suscrita. <\/p>\n

2.5. De 22 de marzo de 2018, proferido por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de In\u00edrida dentro del proceso 2018-00013-00, cuya accionante es la suscrita. <\/p>\n

3. Concurrentemente y para garantizar el derecho fundamental a la oportuna y efectiva resoluci\u00f3n de los casos en la administraci\u00f3n de justicia, dejar sin efectos los dos actos policivos de 12 de mayo de 2017 suscrito por el Inspector Urbano de Polic\u00eda de In\u00edrida (que resolvi\u00f3 la querella y resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n) y 23 de mayo de 2017 proferido por el Alcalde de In\u00edrida (que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n), dentro de la querella por presunta perturbaci\u00f3n en el predio denominado \u201cLa Minga\u201d, sector rural del municipio de In\u00edrida instaurada por el Departamento de Guain\u00eda (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Como consecuencia de lo anterior ordenar en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho horas rehacer toda la actuaci\u00f3n desde la presentaci\u00f3n de la querella policiva, para su estudio de admisi\u00f3n y tr\u00e1mite conforme las competencias establecidas en la ley. <\/p>\n

4. Instar a la Alcald\u00eda de In\u00edrida que no asuma tr\u00e1mites y competencias propias de la Agencia Nacional de Tierras sobre suelos bald\u00edos rurales de In\u00edrida, en procura de prevenir da\u00f1o antijur\u00eddico del Estado por afectaciones a los derechos de los pueblos ind\u00edgenas y campesinos asentados en el municipio de In\u00edrida (Guain\u00eda). <\/p>\n

5. Instar a los Jueces del Circuito Judicial de In\u00edrida y la Sala Civil-Familia-Labora del Distrito Judicial de Villavicencio como superior jer\u00e1rquico, para que en lo sucesivo eviten tomar decisiones invocando causales inexistentes de improcedencia de la tutela que desgastan a los usuarios vulnerables en otros tr\u00e1mites judiciales improcedentes y que limitan su acceso a la administraci\u00f3n de justicia para la resoluci\u00f3n de sus casos de manera oportuna y eficaz\u201d. <\/p>\n

Como soporte de sus pedimentos adujo que desde el 24 de noviembre de 2016 junto a \u201csu familia ind\u00edgena de la etnia Cubeo\u201d, entre otras, entr\u00f3 a ocupar diez (10) hect\u00e1reas del predio \u201cLa Minga\u201d \u201cde conformidad con las reglas agrarias\u201d, donde comenzaron \u201ca sembrar aj\u00ed, yuca pl\u00e1tano, ahuyama, ma\u00edz, ca\u00f1a, pi\u00f1a, arroz, fr\u00edjol, tomate, entre otros frutos amaz\u00f3nicos\u201d. Sin embargo, la \u201cGobernaci\u00f3n de Guain\u00eda\u201d, arguyendo que es propietaria del fundo, present\u00f3 ante el Inspector Urbano de Polic\u00eda de In\u00edrida \u201cquerella policiva\u201d por perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n, a trav\u00e9s de la cual el 12 de mayo de 2017 se \u201corden\u00f3\u201d su desalojo; apelada la decisi\u00f3n, fue ratificada por el Alcalde del lugar el 23 del mismo mes. <\/p>\n

Precis\u00f3 que el \u201cmunicipio\u201d carec\u00eda de competencia para conocer de la \u201cquerella\u201d y, el \u201cdepartamento\u201d, de legitimaci\u00f3n por activa para promoverla, ya que al tratarse de un bien bald\u00edo debi\u00f3 adelantarse el \u201ctr\u00e1mite\u201d de \u201cRecuperaci\u00f3n de bald\u00edos en los casos de indebida ocupaci\u00f3n o apropiaci\u00f3n por particulares, con el fin de restituirlos al Patrimonio del Estado\u201d previsto en el numeral 2 del art\u00edculo 2.14.19.1.1. del Decreto 1071 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, a cargo de la Agencia Nacional de Tierras. Agreg\u00f3, que la \u201cInspecci\u00f3n\u201d aplic\u00f3 la Ley 1801 de 2016, cuando deb\u00eda agotarse el procedimiento vigente para la fecha de ocupaci\u00f3n de La Minga en noviembre de 2016, esto es, el C\u00f3digo Departamental de Polic\u00eda del Guain\u00eda; am\u00e9n que la \u201cquerella\u201d era intempestiva, ya que \u201cen el peor de los casos\u201d deb\u00eda impetrarse el 23 de marzo de 2017, pero se radic\u00f3 el 28 de abril. <\/p>\n

No obstante lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que el \u201cDepartamento\u201d \u201cpromovi\u00f3\u201d una salvaguarda para obtener el cumplimiento de las disposiciones \u201cpolicivas\u201d, la cual fue \u201cdesatada\u201d por el Juez Segundo Promiscuo Municipal de In\u00edrida, quien orden\u00f3 su ejecuci\u00f3n, dando \u201cpor sentado que La Minga era de propiedad de la Gobernaci\u00f3n (2017-00126). En segunda instancia, el Juez Promiscuo de Familia del Circuito aval\u00f3 lo \u201cdispuesto\u201d, advirtiendo que \u201cla posesi\u00f3n regular y la buena fe frente al bien bald\u00edo de la Naci\u00f3n reclamado, la naturaleza y eficacia de los actos administrativos con car\u00e1cter policivo proferidos (\u2026)\u201d eran \u201ccompetencia\u201d de la \u201cjurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa\u201d.
\nAnot\u00f3, que como no fue vinculada en \u201cprimera instancia\u201d a esa \u201cactuaci\u00f3n\u201d plante\u00f3 otra \u201cacci\u00f3n de tutela\u201d, la n\u00famero 2017-00091, que conoci\u00f3 el \u201cJuzgado Promiscuo del Circuito\u201d, con la que \u201cpidi\u00f3\u201d dejar sin valor los \u201cactos\u201d refutados. No obstante se le neg\u00f3, bajo el argumento que pod\u00eda acudir a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo para discutir la legalidad de esas directrices. Esa determinaci\u00f3n la respald\u00f3 el Tribunal de Villavicencio con las mismas razones, desconociendo, que como lo aleg\u00f3 en distintas oportunidades, las \u201cdirectrices\u201d atacadas son de car\u00e1cter jurisdiccional y, por tanto, no son susceptibles de revisi\u00f3n por esa v\u00eda. <\/p>\n

\u201cAnte la insistencia del judicial, y respuestas de la Alcald\u00eda de In\u00edrida y la apoderada de la Gobernaci\u00f3n de Guain\u00eda, y a sabiendas que (la rechazar\u00edan), con much\u00edsimas dificultades\u201d el 3 de julio de 2018 radic\u00f3 ante el Juzgado Sexto Administrativo una demanda haciendo uso del medio de control \u201cnulidad simple\u201d, pero en auto de 28 de julio de 2018 la rechaz\u00f3, arguyendo que \u201clos actos de polic\u00eda no son objeto de control porque fueron realizados en el ejercicio jurisdiccional conforme al numeral 3 del art\u00edculo 105 de la Ley 1437 de 2011 y numeral 3 del art\u00edculo 169 del CPACA\u201d. <\/p>\n

Luego, al ser remitida a una \u201cjurisdicci\u00f3n y proceso que abierta y claramente no era competente\u201d, le gener\u00f3 \u201cuna grave vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso judicial, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, pues ninguna jurisdicci\u00f3n ha optado por resolver su caso\u201d. <\/p>\n

De la \u201ctutela 2017-00013\u201d no hizo referencia alguna. <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS CONVOCVADOS <\/p>\n

1.- Los Juzgados Primero y Segundo Promiscuo Municipal de In\u00edrida despu\u00e9s de hacer un recuento de las \u201cactuaciones\u201d surtidas en los ruegos que conocieron, se opusieron a las aspiraciones de la \u201cdemandante\u201d, pues los dirimieron en debida forma; am\u00e9n que no es procedente \u201ctutela contra tutela\u201d. La \u00faltima agencia envi\u00f3 el \u201camparo 2017-00026\u201d. <\/p>\n

La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Guain\u00eda coadyuv\u00f3 el patrocinio, \u201cal ser la accionante una persona en alto grado de vulnerabilidad e indefensi\u00f3n, que por su condici\u00f3n cultural, mujer ind\u00edgena de la etnia cubeo; requiere de protecci\u00f3n constitucional reforzada al imped\u00edrsele el normal ejercicio al acceso a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026). <\/p>\n

La Secretar\u00eda Jur\u00eddica del Departamento de Guain\u00eda tambi\u00e9n replic\u00f3. Esgrimi\u00f3 que hay i) ausencia de inmediatez porque las \u201cdecisiones policivas\u201d y los \u201cfallos de tutela\u201d datan de 2017, ii) temeridad de la \u201cacci\u00f3n\u201d y iii) subsidiariedad, puesto que el error en cuanto al \u201cmedio de control seleccionado\u201d debe ser enmendado mediante una \u201cacci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa en la que se aduzca el error jurisdiccional de los jueces de tutela\u201d. Resalt\u00f3 que con todo, deben despacharse de forma desfavorable las pretensiones, por \u201cinexistencia de la vulneraci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- Aunque Rodr\u00edguez Fern\u00e1ndez disputa varios veredictos iusfundamentales, su inconformidad realmente recae en los expedidos en las \u201ctutelas 2017-00126 y 2017-00091\u201d, es decir, en los que se defini\u00f3 por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito y Tribunal Superior de Villavicencio, respectivamente, que para censurar \u201clas decisiones adoptadas en la querella policiva\u201d ten\u00eda a su alcance otra \u201cv\u00eda judicial\u201d, por tratarse de \u201cactos administrativos\u201d. Alega, que como result\u00f3 no ser as\u00ed, dado que el Juez Sexto Administrativo Oral del Circuito de esa urbe \u201crechaz\u00f3\u201d el libelo que con esos fines plante\u00f3, deben invalidarse y dilucidar los reparos que elev\u00f3 contra ese tr\u00e1mite. <\/p>\n

2.- Sobre la posibilidad de combatir por este remedio resoluciones dictadas en asuntos de similares contornos, la Corte en STC4314-2018 record\u00f3 que <\/p>\n

(\u2026) s\u00f3lo en el evento de flagrantes violaciones \u201cal debido proceso\u201d, por omitir vincular a interesados o indebida notificaci\u00f3n de las partes es posible estudiar la queja contra un auxilio anterior, al asegurar que \u00abpor regla de principio, la tutela contra tutela no est\u00e1 consagrada en la ley y, por consiguiente, es improcedente\u00bb. Empero, por v\u00eda de excepci\u00f3n, y \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, ser\u00eda admisible la acci\u00f3n de amparo, para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental. <\/p>\n

(\u2026) cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo, la protecci\u00f3n no puede tener cabida, pues en caso contrario, esta Corte ha dicho que se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo. (\u2026) la inconformidad que se suscite frente a un fallo de amparo, no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n del mismo mecanismo jur\u00eddico, pues para el efecto, el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, \u00abcomo el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ, STC, 22 ag. 2008, exp. 01317-00). <\/p>\n

En ese sentido, s\u00f3lo es viable el estudio tuitivo de otra causa semejante en aquellos eventos en los que haya faltado integrar el contradictorio o no se llev\u00f3 a cabo debidamente la \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb de la apertura del \u00abtr\u00e1mite iusfundamental\u00bb; de manera que las dem\u00e1s cuestiones que no se enmarquen all\u00ed no son atendibles por este especial\u00edsimo sendero. <\/p>\n

Por otro lado, la doctrina de la \u00abCorte Constitucional\u00bb, la cual parte de entender que son \u00abinadmisibles las tutelas que se dirigen contra decisiones distintas a las que le ponen fin al incidente\u00bb (T-254-14), ahora acepta que es factible examinar la que se perfila frente a \u00abla providencia que resuelve un incidente de desacato\u00bb, siempre que se re\u00fanan los siguientes requisitos: <\/p>\n

i. La \tdecisi\u00f3n dictada en el tr\u00e1mite de desacato se \tencuentre ejecutoriada; es decir que la acci\u00f3n de tutela es \timprocedente si se interpone antes de finalizado el tr\u00e1mite \t\u2013incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del \tcaso\u2013. <\/p>\n

ii. Se \tacrediten los requisitos generales de procedencia de la acci\u00f3n \tde tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo \tmenos, la configuraci\u00f3n una de las causales espec\u00edficas \t(defectos). <\/p>\n

iii. Los \targumentos del promotor de la acci\u00f3n de tutela deben ser \tconsistentes con lo planteado por \u00e9l en el tr\u00e1mite del \tincidente de desacato, de manera que a) \tno debe traer a colaci\u00f3n alegaciones nuevas, que dej\u00f3 \tde expresar en el incidente de desacato, y b) \tno \tpuede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio \tdentro del desacato y que el juez no ten\u00eda que practicar de \toficio. (CC. \tSU034-18) (destaca la Sala). <\/p>\n

De manera que en la actualidad se puede afirmar que en esta sui generis \u00abjusticia\u00bb \u00fanicamente se puede repasar el decurso de otra \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb cuando se evidencia la \u00abfalta de vinculaci\u00f3n de litisconsorcio necesario\u00bb y la \u00abindebida pr\u00e1ctica de notificaci\u00f3n personal\u00bb de los all\u00ed citados; fen\u00f3meno que ocurre igualmente con el conglomerado de \u00abactos\u00bb que componen el \u00abincidente de desacato\u00bb, con la a\u00f1adidura que tambi\u00e9n ser\u00e1 sujeto de escrutinio el auto que desate el grado de consulta en este \u00faltimo. Los dem\u00e1s \u00abprove\u00eddos\u00bb dictados dentro del desarrollo de los dos rituales que se acaban de comentar ser\u00e1n inobjetables en el escenario supralegal. <\/p>\n

3.- En el sub lite, las exigencias enfiladas a expulsar del universo jur\u00eddico los mandatos constitucionales aludidos no puede prosperar, porque el que se haya se\u00f1alado a la gestora un camino que fue calificado por el \u201cjuez natural\u201d como impertinente para rebatir la \u201clegalidad de las decisiones dictadas por el Inspector y la Alcald\u00eda de In\u00edrida\u201d, no encaja en ninguna de las situaciones que habilitan la injerencia constitucional cuando se enjuician \u00abactuaciones\u00bb an\u00e1logas. <\/p>\n

Entonces, ese alegato deviene inadmisible en este contexto; lo contrario conllevar\u00eda a postergar perennemente temas de equivalente estirpe s\u00f3lo porque los juzgadores supralegales se equivocaron en sus apreciaciones, cuando el acierto o desacierto al \u201cdenegar\u201d o conceder un auxilio, luego que las \u201csentencias\u201d se hayan tornado \u201cdefinitivas\u201d e inmutables por virtud de la cosa juzgada, no puede servir de excusa para revisarlos. Por ende, los exhortos elevados en ese sentido ser\u00e1n \u201cdenegados\u201d. <\/p>\n

4.- Frente a las protestas alusivas a la \u201cquerella policiva\u201d, como se acredit\u00f3 la existencia de un \u201checho nuevo\u201d, esto es, la infertilidad de la herramienta que el \u201cjuez constitucional\u201d le ense\u00f1\u00f3 a la \u201clibelista\u201d para impugnar los \u201cactos de polic\u00eda\u201d fustigados, dado el \u201crechazo\u201d in limine de la \u201cdemanda de nulidad\u201d que formul\u00f3, hay lugar a abordarlas, con lo que se descarta la \u201ctemeridad de la acci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

V\u00e9ase que lo no que permiti\u00f3 descender al fondo de la queja de la \u201cpeticionaria\u201d en torno a las \u201cdecisiones de 12 y 23 de mayo de 2017 del Inspector y la Alcald\u00eda de In\u00edrida\u201d, en los \u201cfallos de las tutelas 2017-00126 2017-00091\u201d, fue la \u201csubsidiariedad de la acci\u00f3n\u201d, pues a juicio de los servidores recriminados, dada su calidad de \u201cactos\u201d administrativos\u201d, ten\u00eda a su alcance otro instrumento \u201cjudicial\u201d para controvertirlas dada su calidad de \u201cactos\u201d administrativos\u201d. Como eso no aconteci\u00f3, porque esas \u201cdisposiciones\u201d no son \u201csusceptibles de control judicial ante la \u201cjurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u201d, seg\u00fan el prove\u00eddo de 27 de julio de 2018 del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio (folios 1 y 2, cuaderno uno), surge la posibilidad de analizar en esta ocasi\u00f3n el conflicto que suscit\u00f3 la \u201cquerella policiva\u201d. En otras palabras, se abre el espacio para zanjar los t\u00f3picos que \u201csobre\u201d el particular clama la recurrente. <\/p>\n

A su vez, la fecha de ese prove\u00eddo impide predicar falta de inmediatez, pues ese interlocutorio, debido a la modificaci\u00f3n que introduce frente a las \u201cpretensiones de la querellante\u201d es lo que demarca esta \u201cnueva queja\u201d. <\/p>\n

5.- La Corte se circunscribir\u00e1 a la \u201cresoluci\u00f3n de 23 de mayo de 2017 de la Alcald\u00eda de In\u00edrida\u201d que desat\u00f3 la alzada de la precursora frente a lo solventado por la \u201cInspecci\u00f3n de Polic\u00eda\u201d, ya que como lo ha ense\u00f1ado la \u201cSala\u201d <\/p>\n

Confrontado ese mandato, desde la perspectiva \u201cconstitucional\u201d no merece reproche alguno, si en cuenta se tiene que est\u00e1 fundado en \u201cargumentos\u201d que al margen que se compartan o no, no son arbitrarios o caprichosos. <\/p>\n

As\u00ed, para soportar la \u201clegitimaci\u00f3n\u201d del ente territorial de Guain\u00eda para impulsar la \u201cquerella policiva\u201d explic\u00f3, luego de puntualizar que seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 77 de la Ley 1801 de 2016, \u201cson aquellos contrarios a la posesi\u00f3n, la mera tenencia de los bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso p\u00fablico, bienes de utilidad p\u00fablica o social, bienes destinados a prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos\u201d, entre otros, \u201cperturbar, alterar o interrumpir la posesi\u00f3n o mera tenencia de un bien inmueble \u2018ocup\u00e1ndolo ilegalmente\u2019 cuya medida correctiva es \u2018la restituci\u00f3n y protecci\u00f3n de bienes inmuebles\u2019\u201d, que <\/p>\n

(\u2026)\u201cla Gobernaci\u00f3n (\u2026) demostr\u00f3 ser poseedora del predio rural conocido como \u2018La Minga\u2019, ubicado en el Municipio de In\u00edrida, evidenci\u00e1ndose el n\u00b0 de solicitud de adjudicaci\u00f3n EDP940001020111 registrada ante el entonces Incoder, la cual a la fecha se encuentra en estado de preadjudicaci\u00f3n, cuya \u00e1rea cubre 75.5802\u201d (se subraya). <\/p>\n

Lo que no desconoce, como lo afirma la interesada en el escrito genitor, que \u201cla adjudicaci\u00f3n que les hab\u00eda hecho el Incoder en el a\u00f1o 2013 mediante Resoluci\u00f3n 0658 de 2013 les fuere revocado mediante Resoluci\u00f3n 1592 de 20 de marzo de 2014 por no cumplir con los requisitos de adjudicaci\u00f3n\u201d, en tanto la medida que se otorg\u00f3 a su favor se sustenta en el principio de buen \u201cderecho\u201d del \u201cDepartamento\u201d para reclamar el \u201cpredio La Minga\u201d, que se infiere de la \u201cadjudicaci\u00f3n\u201d comentada, a pesar de ser infirmada. <\/p>\n

Ello, porque revisada la informaci\u00f3n que suministr\u00f3 la Agencia Nacional de Tierras respecto del estado jur\u00eddico de \u201cLa Minga\u201d en el expediente \u201c2017-00126-00\u201d, \u201cremitido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de In\u00edrida\u201d, se evidencia que la \u201cResoluci\u00f3n\u201d inicial se reform\u00f3 por problemas con el \u201c\u00e1rea del inmueble\u201d, a ra\u00edz de inconsistencias con la \u201csolicitada, el \u00e1rea comunicada en la etapa publicitaria del procedimiento y el \u00e1rea adjudicada\u201d (folios 126 y 127). De donde se infiere, que el \u201cderecho invocado para hacerse a la adjudicaci\u00f3n del fundo\u201d no fue objetado. <\/p>\n

Adicionalmente, la \u201cAlcald\u00eda\u201d destac\u00f3 que la opositora no detentaba en relaci\u00f3n con \u201cLa Minga\u201d, una \u201csituaci\u00f3n\u201d susceptible de ser \u201cprotegida\u201d, porque a pesar que invoc\u00f3 que su pap\u00e1 llevaba all\u00ed m\u00e1s de seis meses, las inspecciones realizadas \u201csobre\u201d \u00e9l demostraron lo contrario. As\u00ed, \u201cel 21 de abril de 2017 \u00fanicamente se encontraba una instalaci\u00f3n con un caucho color negro, conocido popularmente como \u2018cambuche\u2019\u201d, y el 8 de mayo hab\u00eda \u201cuna ramada de 10mt * 60mt aproximadamente (60 m2) cubierta en l\u00e1minas de zinc, piso en tierra, divisiones en l\u00e1minas de zinc, y que dicha estructura se encuentra dentro de las 75.5802 hect\u00e1reas que abarcan el predio rural, adem\u00e1s de ello el perito dentro de su informe estableci\u00f3 que dentro del terreno se evidencia una quema de \u00e1rboles, cuyo tiempo aparente es reciente\u201d. <\/p>\n

Sumado a que no aleg\u00f3 ni prob\u00f3 \u201chechos\u201d de los que se pudiera deducir un mejor \u201cderecho\u201d frente al \u201cDepartamento\u201d. Acerca del t\u00f3pico se mencion\u00f3: <\/p>\n

(\u2026) la se\u00f1ora Ligia Rodr\u00edguez dentro de lo manifestado al Inspector de Polic\u00eda de In\u00edrida dentro de la interposici\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n en subsidio de apelaci\u00f3n expuso: \u2018(\u2026) Esto lo hacemos como mecanismo de presi\u00f3n (\u2026)\u2019, adem\u00e1s de ello una vez escuchado el registro f\u00edlmico aportado por la querellante como material probatorio se pudo constatar que en la visita preventiva del d\u00eda 21 de abril de 2017 realizada por el Comandante de la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda de In\u00edrida. El Inspector de Polic\u00eda In\u00edrida, y funcionarios de la Gobernaci\u00f3n del Guain\u00eda, el Inspector de Polic\u00eda de In\u00edrida manifest\u00f3 lo siguiente a las personas que se encontraban en el predio rural denominado La Minga: \u2018Si bien es cierto ustedes tienen necesidades (\u2026) no los faculta para que accedan a las v\u00edas de hecho para ocupar los predios\u2019, a lo cual la se\u00f1ora Ligia Rodr\u00edguez manifest\u00f3 \u2018Yo s\u00e9 que no, nosotros lo entendemos, pero sabe qu\u00e9? A nosotros nos toca as\u00ed (\u2026) esto es un jal\u00f3n de orejas al Estado, sabemos que no estamos haciendo las cosas bien (\u2026), \u00e9sta es la forma de presionar al Estado, porque no queda de otra forma\u2019, por lo cual la se\u00f1ora Ligia Rodr\u00edguez no est\u00e1 aportando prueba y\/o soporte que avale que su posesi\u00f3n en dicho t\u00e9rmino es quieta, pac\u00edfica e ininterrumpida (\u2026). <\/p>\n

En cuanto al \u201cprocedimiento y la competencia\u201d, mal puede aseverar que la \u201cquerella policiva\u201d no pod\u00eda seguirse por las \u201cautoridades\u201d reconvenidas invocando que \u201cLa Minga\u201d es un \u201cbald\u00edo\u201d, tomando en consideraci\u00f3n que al menos desde el 2011 cursa el \u201cprocedimiento de Adjudicaci\u00f3n de Bald\u00edos a Entidades de Derecho P\u00fablico adelantado por la Gobernaci\u00f3n del Guain\u00eda\u201d, a prop\u00f3sito que \u201cel predio solicitado (\u2026) est\u00e1 destinado al servicio p\u00fablico de educaci\u00f3n\u201d (confrontar folio 130 cuaderno expediente 2017-00126). <\/p>\n

Es lo que se concluye de la \u201cResoluci\u00f3n No. 1585 de 20 de marzo de 2014\u201d del Incoder, en la que se expuso: <\/p>\n

\u201cLa diligencia de inspecci\u00f3n ocular se llev\u00f3 a cabo el d\u00eda 24 de octubre de 2011, y en el acta levantada para tal fin (\u2026) se lee el siguiente concepto del servidor p\u00fablico que realiz\u00f3 la diligencia: Es un predio que ha tenido uso agropecuario, actualmente el 80% se encuentra en rastrojos sobre praderas mejoradas, la solicitud se realiza para obras de beneficio comunitario dadas las caracter\u00edsticas del predio y la distancia al centro poblado de In\u00edrida\u201d (folio 147, cuaderno principal tutela 2017-00126). <\/p>\n

Luego, el \u201cDepartamento\u201d por conducto de la \u201cquerella\u201d no hizo cosa a distinta a pedir la \u201cprotecci\u00f3n de una situaci\u00f3n\u201d amparada por la ley, como lo es el de la \u201cdisposici\u00f3n de un inmueble\u201d destinado al uso de la comunidad de In\u00edrida. De all\u00ed, que su \u201cproceder\u201d o el de los funcionarios encargados del tr\u00e1mite correspondiente no pueda ser tildado de \u201cilegal\u201d. <\/p>\n

Entonces, como el desalojo del que se lamenta Ligia Rodr\u00edguez fue el fruto de tales \u201ccircunstancias\u201d, tampoco es dable sostener que sus privilegios fueron transgredidos, <\/p>\n

Ahora, si en su \u201ccriterio\u201d dada la condici\u00f3n \u00e9tnica que aduce, estima tener un \u201cderecho\u201d respecto del predio \u201cLa Minga\u201d, bien puede, si as\u00ed lo \u201cconsidera\u201d pertinente, comparecer a la Agencia Nacional de Tierras, ya que es esa la entidad la que sigue el concerniente \u201cprocedimiento de adjudicaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

Finalmente, en torno a la oportunidad para interponer la \u201cactuaci\u00f3n policiva\u201d, de los medios de convicci\u00f3n aportados al paginario, no se observa que tal aspecto haya sido propuesto en el \u201ctr\u00e1mite policivo\u201d, en donde deb\u00eda \u201cdefinirse\u201d, pues \u00e9ste no es el \u201cescenario\u201d para reabrir debates que debieron producirse en aquel procedimiento, pues <\/p>\n

(\u2026) el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia y, de otra, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural (CSJ STC040-2018). <\/p>\n

6. Por consiguiente, no se acceder\u00e1 a la ayuda implorada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: NEGAR el auxilio suplicado por Ligia Rodr\u00edguez Fern\u00e1ndez. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, por el medio m\u00e1s expedito, a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC16827-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2018-03903-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de enero de dos mil diecinueve (2019). Se desata el resguardo de Ligia Rodr\u00edguez Fern\u00e1ndez contra la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103087","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103087","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103087"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103087\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103087"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103087"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103087"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}