{"id":103097,"date":"2026-07-02T18:11:43","date_gmt":"2026-07-02T18:11:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103097"},"modified":"2026-07-02T18:11:43","modified_gmt":"2026-07-02T18:11:43","slug":"stc16840-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16840-2019\/","title":{"rendered":"STC16840-2019"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16840-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-04013-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Guillermo Enrique Tarapues contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, defensa y \u00abdoble instancia\u00bb, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada (folio 1, cuaderno 1). <\/p>\n

Solicit\u00f3, en consecuencia, se le ordene al convocado \u00abaceptar [sus] argumentos[,] reponer el auto de 22 de agosto de 2019, por medio del cual se declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n\u2026 [y] fijar nueva fecha y hora de sustentaci\u00f3n y fallo\u2026\u00bb; (folio 5, cuaderno 1). <\/p>\n

2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n

2.1. Guillermo Enrique Tarapues, Doris Cuastumal Moncayo, Luisa Fernanda y Lina Mar\u00eda Tarapues Cuastumal promovieron proceso responsabilidad civil extracontractual contra Cristi\u00e1n Camilo Casanova Bastidas y Mar\u00eda Guadalupe Bastidas, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ipiales, el que dict\u00f3 sentencia el 4 de septiembre de 2018 en la que deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n

2.2. Tras ser apelada la aludida decisi\u00f3n por el extremo demandante, el Tribunal criticado admiti\u00f3 la impugnaci\u00f3n y convoc\u00f3 a las partes a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo para el 22 de agosto de 2019, a la que no asisti\u00f3 la parte recurrente, por lo que fue declarada desierta la alzada. Posteriormente el apoderado del extremo actor present\u00f3 excusa, la que fue desestimada en auto de 3 de septiembre siguiente. <\/p>\n

2.3. Se\u00f1al\u00f3 el accionante que una vez emitida la sentencia, procedi\u00f3 a sustentar la alzada con fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que fueron aceptados, concedi\u00e9ndose as\u00ed la misma; que el Tribunal convocado admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n, en febrero de 2019 prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino para decidir por seis meses y el 22 de agosto siguiente declar\u00f3 desierto el recurso interpuesto. <\/p>\n

2.4. Se\u00f1al\u00f3 que siempre ha estado pendiente de las actuaciones procesales surtidas, pero como su apoderado estaba enfermo, le fue imposible asistir a la audiencia fijada; que su abogado estuvo incapacitado por tres d\u00edas \u2013del 21 al 23 de agosto-, con diagn\u00f3stico de faringoamigdalitis aguda, lo que le impidi\u00f3 comparecer a la diligencia programada; y que la Corporaci\u00f3n acusada adem\u00e1s de no apreciar la convalecencia de su defensor, no tuvo en cuenta su desconocimiento de las actuaciones en derecho y los t\u00e9rminos, as\u00ed como que no contaba con dinero para pagar otro abogado que lo acompa\u00f1ara. <\/p>\n

2.6. Agreg\u00f3 que el Tribunal censurado consider\u00f3 que el padecimiento de su abogado no configuraba una fuerza mayor o caso fortuito, fundado en literatura m\u00e9dica, como si \u00abfuera m\u00e9dico para dictaminar si una enfermedad es grave o no\u00bb; y que la determinaci\u00f3n emitida da a entender que para que sea de recibo una excusa, la persona debe encontrarse \u00abmoribunda\u2026 lo que\u2026 es totalmente absurdo ya que con estas apreciaciones contrarias a derecho se [le] vulner[an] [sus] derechos fundamentales donde la \u00fanica v\u00edctima siempre h[a] sido [\u00e9l]\u00bb (folio 4, cuaderno 1). <\/p>\n

3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ipiales indic\u00f3 que al proceso se le imparti\u00f3 el curso legal, se resolvi\u00f3 en forma oportuna y se dict\u00f3 sentencia el 4 de septiembre de 2018, decisi\u00f3n que fue apelada; que brind\u00f3 todas las garant\u00edas constitucionales y legales para el efectivo ejercicio de los derechos del apelante; que en el fallo efectu\u00f3 un estudio completo de la situaci\u00f3n puesta a su consideraci\u00f3n, efectuando el an\u00e1lisis doctrinal, probatorio y jurisprudencial respectivo; que el pronunciamiento de fondo se ajusta a derecho; y que no se configuran los requisitos generales o espec\u00edficos de procedibilidad, ni mucho menos un perjuicio irremediable. <\/p>\n

2. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Pasto se\u00f1al\u00f3 que en el prove\u00eddo de 22 de agosto de 2019 se encontraban plasmadas las consideraciones de orden legal que condujeron a declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n; que dicha decisi\u00f3n se fund\u00f3 en el inciso final del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, sin perjuicio de la facultad conferida al apelante para acreditar oportunamente alg\u00fan motivo de fuerza mayor o caso fortuito que le impidiera asistir a la audiencia; que el apoderado de los impugnantes solicit\u00f3 que se aceptara la justificaci\u00f3n presentada ante la inasistencia, sustentada en quebrantos de salud, la que fue denegada en auto de 3 de septiembre de los corrientes; que las reflexiones plasmadas no son fruto de un actuar caprichoso que repudie la normatividad que gobierna la materia; y que no se avizoraban causales de procedencia del resguardo. <\/p>\n

3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2. De lo expuesto en la demanda de tutela, concluye la Corte que el accionante cuestiona (i) el prove\u00eddo de 22 de agosto de 2019, mediante el cual el Tribunal acusado declar\u00f3 desierta la alzada que formul\u00f3 frente al fallo que dict\u00f3 el 4 de septiembre de 2018 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ipiales; y (ii) el auto de 3 de septiembre de los corrientes, a trav\u00e9s del cual se desestim\u00f3 la justificaci\u00f3n de inasistencia a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo. <\/p>\n

3. En este orden de ideas y en lo que ata\u00f1e a la primera de esas inconformidades, esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que esta Corporaci\u00f3n tuvo la oportunidad de pronunciarse en relaci\u00f3n con la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n de sentencias, en el marco del C\u00f3digo General del Proceso, sobre lo cual precis\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n

\u2026 tampoco resulta correcto sostener, como lo hace el tutelante, que las cuestiones aducidas en el escrito con el cual formul\u00f3 la apelaci\u00f3n contra el fallo del a quo eran suficientes para darle curso. <\/p>\n

Lo esgrimido porque como lo ha aseverado esta Corte en recientes oportunidades, quien apela una sentencia no s\u00f3lo debe aducir de manera breve sus reparos concretos respecto de esa decisi\u00f3n, sino acudir ante el superior para sustentar all\u00ed ese remedio, apoyado, justamente, en esos cuestionamientos puntuales. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

4. De lo hasta ahora recapitulado, se infiere que trat\u00e1ndose de autos esta Sala ha identificado como fases del recurso de apelaci\u00f3n, en primera instancia: interposici\u00f3n del recurso, sustentaci\u00f3n, traslados de rigor y concesi\u00f3n; y, en segunda: la inadmisi\u00f3n o admisi\u00f3n y decisi\u00f3n. Para las sentencias, en primera instancia; interposici\u00f3n, formulaci\u00f3n de los reparos concretos y concesi\u00f3n; y, en segunda, admisi\u00f3n o inadmisi\u00f3n con su ejecutoria, fijaci\u00f3n de audiencia con la eventual fase probatoria, sustentaci\u00f3n oral y sentencia. <\/p>\n

Por tanto, ning\u00fan desafuero se encuentra en la decisi\u00f3n del Tribunal relativa a declarar la deserci\u00f3n de la alzada propuesta por el tutelante, pues, se insiste, de un lado, aqu\u00e9l debi\u00f3 consultar el expediente de manera directa para enterarse de las determinaciones all\u00ed adoptadas, tales como la fecha para la audiencia de sustentaci\u00f3n de su recurso y, de otro, por cuanto le correspond\u00eda acudir a esa diligencia y fundamentar el remedio vertical ante el superior, tal y como lo prev\u00e9 el rese\u00f1ado canon 322 \u00eddem. <\/p>\n

5. Sobre ese \u00faltimo aspecto, esta Corte estima pertinente se\u00f1alar que el vigente Estatuto Procedimental Civil, en su T\u00edtulo Preliminar, establece sin ambig\u00fcedad la forma en la cual deben surtirse las actuaciones judiciales, esto es, de manera \u201c(\u2026) oral, p\u00fablica y en audiencias (\u2026)\u201d1, como principio neural del sistema procesal orientador en toda la Ley 1564 de 2012. <\/p>\n

Esa circunstancia conlleva un cambio en la estructura de los decursos seguidos tradicionalmente por escrito y les impone a los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia modificar su comportamiento, pues ahora, entre otras cuestiones, est\u00e1n compelidos a presentarse personalmente ante el juez para exponerle sus argumentos. (CSJ STC8909-2017). <\/p>\n

As\u00ed mismo, en reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional destac\u00f3 que: <\/p>\n

En lo relacionado con el tr\u00e1mite del recurso de alzada contra sentencias, es del caso anotar que el estatuto procesal civil en su art\u00edculo 327 precisa que \u201c[e]jecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, el juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo. Si decreta pruebas, estas se practicar\u00e1n en la misma audiencia, y a continuaci\u00f3n se oir\u00e1n las alegaciones de las partes y se dictar\u00e1 sentencia de conformidad con la regla general prevista en este c\u00f3digo.\u201d (\u2026). <\/p>\n

Bajo ese contexto, el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 322 ib\u00eddem precept\u00faa que \u201c[c]uando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Seguidamente, dicha disposici\u00f3n dispone que \u201csi el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado.\u201d (\u2026). <\/p>\n

28. De acuerdo a los mencionados art\u00edculos del C\u00f3digo General del Proceso es preciso indicar que debido a la importancia que reviste la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, el legislador contempl\u00f3 como sanci\u00f3n la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, quedando con ello clausurada la segunda instancia y terminado el proceso\u2026 <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

30. En ese sentido, el CGP dispuso que los medios de impugnaci\u00f3n procedentes contra providencias dictadas en el marco de un proceso deben interponerse de manera inmediata una vez las partes y dem\u00e1s intervinientes sean notificadas de la decisi\u00f3n proferida por el fallador. En concordancia con ello, solo podr\u00e1 darse tr\u00e1mite al recurso que se invoque por el interesado si el mismo se presenta de manera personal, verbal y se sustenta en debida forma ante la autoridad judicial que est\u00e9 conociendo del caso, so pena de que el mismo se declare desierto y, en consecuencia, sea rechazado. <\/p>\n

32. En suma, la declaratoria de desierto del recurso surge como un castigo impuesto al apelante por no cumplir con una carga procesal de vital importancia, lo que trae como consecuencia no dar tr\u00e1mite al recurso vertical impidi\u00e9ndose el conocimiento del asunto en segunda instancia (Resaltado ajeno al texto) (CC, T-195\/19). <\/p>\n

Bajo esa perspectiva, es claro que la decisi\u00f3n del Tribunal de declarar desierta la alzada, ante la inasistencia de la parte recurrente a la audiencia fijada para su sustentaci\u00f3n, resulta acorde con los mandatos imperativos consagrados en el art\u00edculo 322 (inciso 4\u00ba, numeral 3\u00ba) del C\u00f3digo General del Proceso, lo que descarta la vulneraci\u00f3n de los derechos, cuya protecci\u00f3n reclam\u00f3 el actor. <\/p>\n

4. Ahora bien, respecto a la segunda de las quejas del promotor del resguardo, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional tampoco est\u00e1 llamada a prosperar, comoquiera que el Tribunal criticado, en la prenotada providencia del 3 de septiembre de los corrientes, expres\u00f3 los motivos por los que desestim\u00f3 la excusa presentada por el abogado de aquel, precisando que: <\/p>\n

\u2026Si bien el legislador no previo un t\u00e9rmino para allegar las justificaciones por no presentarse a la diligencia de sustentaci\u00f3n y fallo regulada en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, determin\u00f3 que por aplicaci\u00f3n extensiva del canon 372 de la misma obra, las justificaciones deb\u00edan aportarse dentro de los 3 d\u00edas siguientes a la realizaci\u00f3n de la audiencia, siempre y cuando se acreditara la configuraci\u00f3n una fuerza mayor o caso fortuito, evento en el cual, por v\u00eda de excepci\u00f3n, es posible la reprogramaci\u00f3n de la sesi\u00f3n, pues el ordenamiento jur\u00eddico establece la imposibilidad, en principio, de aplazar o suspender una diligencia, salvo por las razones expresamente contenidas en el Estatuto Procedimental Civil (art\u00edculo 5 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n

Sobre la fuerza mayor o el caso fortuito, determin\u00f3 esa misma Alta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n

\u201cla fuerza mayor o caso fortuito, por definici\u00f3n legal, es el \u2018imprevisto a que no es posible resistir (art. 64 C.C., sub. Art. 1 Ley 95 de 1890), lo que significa que el hecho constitutivo de tal debe ser, por un lado, ajeno a todo presagio, por lo menos en condiciones de normalidad, y del otro, imposible de evitar, de modo que el sujeto que lo soporta queda determinado por sus efectos. No se trata entonces, per se, de cualquier hecho, por sorpresivo o dificultoso que resulte, sino de uno que inexorablemente re\u00fana los mencionados rasgos legales, los cuales, por supuesto, deben ser evaluados en cada caso en particular (…)\u201d. <\/p>\n

En concordancia, para lo que interesa a este asunto, el art\u00edculo 159 de C\u00f3digo General del Proceso, establece que el proceso se interrumpir\u00e1 entre otros motivos por \u2018enfermedad grave\u2019 del apoderado judicial de alguna de las partes. <\/p>\n

En el caso presente, el mandatario judicial de la parte actora, aporta certificaci\u00f3n expedida el 21 de agosto de a\u00f1o en curso, por el medico Martin Caicedo, en la que se puede constatar que el abogado Roberto Cuat\u00edn Tutalcho, fue incapacitado por tres d\u00edas, a partir de la referida fecha, por padecer \u2018faringoamigdalitis aguda\u2019, que en t\u00e9rminos generales, acorde con la literatura m\u00e9dica, corresponde a una infecci\u00f3n de la faringe y de las am\u00edgdalas que se caracteriza por garganta roja de m\u00e1s de cinco d\u00edas de duraci\u00f3n. <\/p>\n

En ese sentido, la patolog\u00eda diagnosticada al profesional del derecho no es de aquellas que puedan ser consideradas graves, es decir, no revest\u00eda trascendencia suficiente para configurar la fuerza mayor o el caso fortuito alegado, por lo que pudo sustituir el poder a \u00e9l conferido, m\u00e1s a\u00fan cuando la incapacidad m\u00e9dica se le concedi\u00f3 desde el d\u00eda anterior a la diligencia, sin que lo haya informado oportunamente al Tribunal. <\/p>\n

En un asunto que guarda similitud con el que ahora se decide, precis\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Civil de nuestro m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n ordinaria lo siguiente: <\/p>\n

\u201cEse razonamiento est\u00e1 acorde con lo precisado en el ac\u00e1pite jurisprudencial anterior, pues no se trata de cualquier afecci\u00f3n a la salud, esta debe ser grave, de forma tal que impida al abogado asistir al acto, comunicar oportunamente esa circunstancia al despacho judicial e imposibilitarlo de sustituir el poder\u201d (las negrillas y las subrayas no son del texto). <\/p>\n

Y agreg\u00f3 en otra providencia: <\/p>\n

\u201cPara la Corte la excusa mencionada ciertamente no cumple el presupuesto normativo consagrado en el inciso 3\u00ba del canon referenciado (\u2026) en tanto que con ella no se alcanzan a divisar los elementos de \u2018irresistibilidad\u2019 e \u2018insuperabilidad\u2019 que comprende aqu\u00e9l acontecimiento (STC1877-2017), al menos frente al cometido de informar al Tribunal de dicha circunstancia en forma oportuna, teniendo en cuenta que, de un lado, acudi\u00f3 al m\u00e9dico un (1) d\u00eda antes de la fecha fijada para la realizaci\u00f3n de la diligencia\u201d (las negrillas y las subrayas no son del texto). <\/p>\n

Delimitados los referidos aspectos, se establece que al no configurarse una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, no es viable acceder a la petici\u00f3n del abogado que representa a los demandantes. <\/p>\n

De otro lado, aduce el profesional del derecho que present\u00f3 los reparos concretos en contra de la sentencia apelada ante el juzgador de primer grado, siendo esa actuaci\u00f3n suficiente para que esta Corporaci\u00f3n resuelva la alzada, en sustento de su argumento cita la sentencia de tutela STL3467-2018. <\/p>\n

Para desestimar sus razonamientos, basta con indicar que si bien la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, ha acogido la referida tesis, lo cierto es que la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esa misma Alta Corporaci\u00f3n los desech\u00f3, precisando que ella puede ser aplicable en materia laboral, pero no en asuntos de orden civil: <\/p>\n

\u201cAceptar entonces que los reparos concretos aducidos ante el a quo al formularse la alzada contra una sentencia son suficientes y que puede soslayarse la sustentaci\u00f3n oral frente al superior, impuesta en el canon 322 del C\u00f3digo General del Proceso, contradice los postulados en menci\u00f3n y, de contera, el principio democr\u00e1tico representativo, seg\u00fan el cual es el Congreso de la Rep\u00fablica, revestido de una amplia potestad legislativa el competente para regular los decursos judiciales (art. 150 CP.)" <\/p>\n

Y m\u00e1s adelante agreg\u00f3 en esa misma sentencia: <\/p>\n

\u201c5. Ahora, las elucubraciones esbozadas en sede de impugnaci\u00f3n por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, cuando ha revocado decisiones de esta Sala para conceder la protecci\u00f3n en casos como el presente, cual es, la improcedencia de exigir una doble sustentaci\u00f3n, aduciendo que ello no lo prev\u00e9 el legislador, no se aviene al ordenamiento del C\u00f3digo General del Proceso. El sistema procesal civil vigente es oral, no escrito. Es el ejercicio del derecho fundamental a ser o\u00eddo en forma p\u00fablica, con presencia de la comunidad como ejercicio de la democracia y de la transparencia. <\/p>\n

Adem\u00e1s, la exigencia de la sustentaci\u00f3n ante el superior, encuentra respaldo en los art\u00edculos 322 numeral 3, incisos 2, 3 y 4, en concordancia con el canon 327 incisos 2 y 3 del C\u00f3digo General del Proceso, normatividad que fue citada en el auto que convoc\u00f3 audiencia del pasado 22 de agosto del a\u00f1o en curso. <\/p>\n

Por \u00faltimo, es de se\u00f1alar que la notificaci\u00f3n del prove\u00eddo del 30 de julio de la presente anualidad, mediante el cual se cit\u00f3 a la audiencia sustentaci\u00f3n y fallo, fue notificado por estado del d\u00eda 31 de los mismos mes y a\u00f1o, conforme lo dispone el art\u00edculo 295 del C\u00f3digo General del Proceso, siendo carga de las partes intervinientes en el proceso, prestar la debida diligencia en su revisi\u00f3n, encontr\u00e1ndose atentas a la notificaci\u00f3n que se hace por medio de estados, resultando las comunicaciones que elabora secretar\u00eda una pr\u00e1ctica que usualmente se realiza con el fin asegurar la comparecencia a las audiencias que se programan; no obstante, para nada estas sustituyen la notificaci\u00f3n que de forma legal se realiza mediante la publicaci\u00f3n de las decisiones en estados, m\u00e1s a\u00fan cuando seg\u00fan el informe visible a folio 15 de este cuaderno, al profesional del derecho se le inform\u00f3 acerca de la referida decisi\u00f3n. <\/p>\n

Al respecto, precis\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia: <\/p>\n

"Por tanto, ning\u00fan desafuero se encuentra en la decisi\u00f3n del Tribunal relativa a declarar la deserci\u00f3n de la alzada propuesta por el tutelante, pues, se insiste, de un lado, aquel debi\u00f3 consultar el expediente de manera directa para enterarse de las determinaciones all\u00ed adoptadas, tales como la fecha para la audiencia de sustentaci\u00f3n de su recurso y, de otro, por cuanto le correspond\u00eda acudir a esa diligencia y fundamentar el remedio vertical ante el superior, tal y como lo prev\u00e9 el rese\u00f1ado canon 322 ib\u00eddem\u201d (resaltado fuera de texto). <\/p>\n

Por las razones expuestas, se NIEGA la solicitud del apoderado de la parte actora para tener por justificada su inasistencia a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo convocada para el pasado 22 de agosto del a\u00f1o en curso y, en consecuencia, la de su reprogramaci\u00f3n. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n

Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la desestimaci\u00f3n de la excusa presentada por su apoderado frente a su inasistencia a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n

Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n

5. Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \t\u201c(\u2026) Art\u00edculo \t3\u00b0. PROCESO ORAL Y POR AUDIENCIAS. Las actuaciones se cumplir\u00e1n \ten forma oral, p\u00fablica y en audiencias, salvo las que \texpresamente se autorice realizar por escrito o est\u00e9n \tamparadas por reserva (\u2026)\u201d.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16840-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-04013-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Guillermo Enrique Tarapues contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103097","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103097","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103097"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103097\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103097"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103097"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103097"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}