{"id":103101,"date":"2026-07-02T18:12:19","date_gmt":"2026-07-02T18:12:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103101"},"modified":"2026-07-02T18:12:19","modified_gmt":"2026-07-02T18:12:19","slug":"stc16846-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16846-2019\/","title":{"rendered":"STC16846-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16846-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-04014-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Edgar Villamizar Mattos, Zayda Rosa Matos de Villamizar, Bibiana Ram\u00edrez Rueda y Silvia Fernanda Villamizar Ram\u00edrez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de la misma ciudad; tr\u00e1mite al que fueron citados los intervinientes en el proceso verbal n\u00ba 2014-00024. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. \tObrando a trav\u00e9s de apoderado, los accionantes reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, los cuales consideraron trasgredidos con las sentencias \u2014de primera y segunda instancia\u2014 de 7 de septiembre de 2018 y 24 de mayo de 2019, mediante las cuales los encartados, en el proceso verbal de responsabilidad civil m\u00e9dica que ellos promovieron, desestimaron integralmente la demanda. <\/p>\n

2. \tAdem\u00e1s de memorar el fundamento f\u00e1ctico de su reclamo indemnizatorio, los libelistas reprocharon que, al absolver a la cl\u00ednica y a los galenos demandados (por falta de prueba de la culpa y del nexo causal entre el actuar m\u00e9dico y las secuelas f\u00edsicas y emocionales que hoy presenta Edgar Villamizar Mattos, a causa del \u00abbypass g\u00e1strico\u00bb que le practicaron los all\u00ed opositores), se pretermitieron todos los elementos de juicio que evidenciaban que esas lesiones del paciente s\u00ed se derivaron de un negligente manejo quir\u00fargico y, adem\u00e1s, se vieron agravadas por un tard\u00edo control postoperatorio que impidi\u00f3 detectar oportunamente la peritonitis que redund\u00f3 en una prolongada hospitalizaci\u00f3n del paciente; el contagio de bacterias nosocomiales y una consecuente falla renal severa. <\/p>\n

3. Piden, en consecuencia, que se revoquen los pronunciamientos cuestionados y, en su lugar, \u00abse acceda a las pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tSaludcoop EPS \u2013en liquidaci\u00f3n- defendi\u00f3 la legalidad de las decisiones judiciales cuestionadas y, tras enfatizar en la naturaleza excepcional de este mecanismo de protecci\u00f3n, pidi\u00f3 que se denegaran las pretensiones.
\n2.\tSeguros Generales Suramericana S.A. solicit\u00f3 que se le desvinculara de esta actuaci\u00f3n, por cuanto \u00abno se evidencia una acci\u00f3n u omisi\u00f3n vulneradora que pueda endilg\u00e1rsele a esta aseguradora\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas en el libelo introductor, por ratificar, en sede de apelaci\u00f3n, la sentencia con que el juez a quo desestim\u00f3 integralmente la demanda de responsabilidad civil que promovieron los hoy accionantes. <\/p>\n

Lo anterior, en la medida en que si bien el reclamo involucra la providencia de primera instancia dictada por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de la aludida municipalidad, fue la dictada por su superior jer\u00e1rquico funcional la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n

2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

3. Soluci\u00f3n al caso concreto – razonabilidad de la providencia cuestionada. <\/p>\n

Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la magistratura tutelada refrend\u00f3 la negativa impartida al reclamo resarcitorio que elevaron los all\u00ed convocantes, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, en raz\u00f3n a que tal determinaci\u00f3n obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas y los pronunciamientos jurisprudenciales que regulan la materia. <\/p>\n

En tal sentido, para definir el asunto de esa manera, el tribunal manifest\u00f3, inicialmente, que \u00abla responsabilidad civil derivada de la actividad profesional m\u00e9dica, sigue la regla general en cuanto hace referencia a la carga probatoria contemplada en el art\u00edculo 167 del C. G. del P., por lo que compete al demandante acreditar sus elementos estructurales, entre ellos, la culpa de la parte demandada, sin que tal deber resulte desvirtuado por la circunstancia de que, seg\u00fan las particularidades de determinados casos, pueda flexibilizarse dicho principio procesal y, en tal virtud, recurriese a instrumentos l\u00f3gicos, en procura de tener por acreditados los requisitos axiol\u00f3gicos propios de la indicada clase de responsabilidad civil\u00bb. <\/p>\n

Posteriormente destac\u00f3 que \u00ablos planteamientos de la censura en relaci\u00f3n con las pruebas, hechos y omisiones en los que dice hubo absoluta ausencia de su apreciaci\u00f3n, aparecen arraigados a una interpretaci\u00f3n equivocada de las mismas (\u2026), como quiera que si de la historia cl\u00ednica se trata, evidente es que constituy\u00f3 pieza angular de la decisi\u00f3n, pues de ella se extrajo de manera pormenorizada todo lo relacionado a la atenci\u00f3n m\u00e9dico-asistencial prestada al usuario por los implicados, as\u00ed como de las dem\u00e1s probanzas t\u00e9cnicas y cient\u00edficas que ponder\u00f3 conforme al principio de la sana cr\u00edtica, tal y como se infiere de la simple escucha del audio\u00bb. <\/p>\n

En esa misma l\u00ednea, resalt\u00f3 que \u00ablas probanzas recaudadas nos muestran ineludiblemente que la EPS demandada autoriz\u00f3 oportunamente todos y cada uno de los servicio m\u00e9dicos, medicamentos, tratamientos y procedimientos que requiri\u00f3 el paciente, coligi\u00e9ndose de ello, sin menor asomo de duda, que una vez diagnosticado, recibi\u00f3 el manejo y tratamiento que, de acuerdo a la etiolog\u00eda, era el apropiado (\u2026), pues ese manejo se concret\u00f3 incluyendo las especialidades de cirug\u00eda general, medicina interna e intensivista, nutrici\u00f3n y diet\u00e9tica, fisi\u00e1trica, infectolog\u00eda, entre otras, desprendi\u00e9ndose de tal acontecer que se cumpli\u00f3 o despleg\u00f3 la actividad de acuerdo al protocolo impuesto por la lex artis\u00bb. <\/p>\n

Tambi\u00e9n Indic\u00f3 que, ante la falta de prueba del nexo causal en que se fincaron las pretensiones, no era factible atribuir relevancia a la infecci\u00f3n intrahospitalaria a que se aludi\u00f3 en la demanda, ni tampoco a la insuficiencia renal que en la actualidad presenta el paciente, en tanto que \u00abning\u00fan medio persuasivo se aport\u00f3 que conllevara a conclusi\u00f3n diferente a la adoptada por la juzgadora de instancia, pues si bien es cierto que en la actualidad el se\u00f1or Villamizar Mattos es paciente renal cr\u00f3nico estadio V (\u2026), tal situaci\u00f3n no es indicativa de que hubiese sido generada por las causas que insistentemente menciona la censora a lo largo del tr\u00e1mite procesal, pues tal da\u00f1o ninguna incidencia guarda con los dem\u00e1s presupuestos de la responsabilidad m\u00e9dica como son la culpa de los demandados y el nexo de causalidad, al paso que en ese sentido es de gran importancia no perder de vista el hecho que no hubo ning\u00fan tipo de complicaci\u00f3n en la realizaci\u00f3n de la pluricitada cirug\u00eda, como bien lo pudieron comprobar los cirujanos a partir de la prueba de azul de metileno utilizada, ya que de su resultado `negativo\u00b4 se deduce que se desarroll\u00f3 normalmente el acto quir\u00fargico, en tanto que la sutura efectuada era impermeable y adolec\u00eda de orificios o f\u00edstulas y con ello evidentemente se descartaron errores m\u00e9dicos en la sutura\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3 el fallador ad quem que \u00abes innegable que, en el post operatorio, el se\u00f1or Villamizar Mattos present\u00f3 una complicaci\u00f3n grave, como es la `filtraci\u00f3n de anastomosis gastroyeyunal y peritonitis localizada\u00b4, as\u00ed como el cuadro de `sepsis severa\u00b4 y en su estancia en la UCI, present\u00f3 foco de infecci\u00f3n abdominal y derrame pleural\u00bb, patolog\u00edas que, adem\u00e1s de no poderse atribuir a una falla m\u00e9dica, y de no haber estado presentes para el momento en que el se\u00f1or Villamizar Mattos fue dado de alta despu\u00e9s del procedimiento quir\u00fargico, \u00abpara el paciente no era desconocido que pudieran ocurrir, ya que con antelaci\u00f3n a la realizaci\u00f3n de la cirug\u00eda, el m\u00e9dico tratante le inform\u00f3 clara, amplia y detalladamente acerca de los beneficios y tambi\u00e9n de los riesgos y complicaciones que conllevaba la pr\u00e1ctica de este procedimiento, consintiendo en su realizaci\u00f3n sin ning\u00fan reparo\u00bb. <\/p>\n

Resalt\u00f3 igualmente que, ante la ausencia de prueba de una culpa m\u00e9dica, eran intrascendentes las alegaciones que esgrimieron los actores con miras a denunciar una \u00abfalta de experiencia\u00bb de los galenos que practicaron el bypass g\u00e1strico, y un indebido \u00abmanejo post operatorio\u00bb, tema este sobre el cual a\u00f1adi\u00f3 que \u00abse trata de simples especulaciones al no contar con los criterios cient\u00edficos que la apoyen y, contrario a ello, se desprende sin lugar a equ\u00edvoco de la experticia rendida por el doctor Luis Ernesto L\u00f3pez (\u2026) que ni la salida al d\u00eda siguiente del enfermo, ni el comienzo de dieta l\u00edquida, han sido determinantes en el desencadenamiento de las patolog\u00edas padecidas por aquel, sino que se debi\u00f3 a un riesgo inherente al procedimiento, como se le inform\u00f3 al paciente\u00bb. <\/p>\n

En la misma l\u00ednea, sostuvo que \u00abde acuerdo con los testimonios vertidos por los diferentes m\u00e9dicos en las distintas especialidades sobre el caso del promotor, ya porque tuvieron contacto con \u00e9l, ora porque fueron tra\u00eddos como testigos t\u00e9cnicos, y los dict\u00e1menes rendidos por expertos, a la par de los contenidos del consentimiento informado, son claros en indicar que la filtraci\u00f3n de la anastomosis gastroyeyunal y peritonitis, son complicaciones comunes en las cirug\u00edas bari\u00e1tricas, porque la diabetes y la hipertensi\u00f3n, en especial la primera, originan diversos problemas a nivel de la inmunidad celular, lo que hace que su sistema inmunol\u00f3gico y sus mecanismos de reparaci\u00f3n celular no sean los mismos a los de una persona que no padezca esa patolog\u00eda, ya que esos pacientes tienen m\u00e1s riesgo de infectarse y que las heridas se abran o que haya dehiscencia de sutura intestinal; es decir, que se suelten los puntos por dentro, debido a que el sistema de cicatrizaci\u00f3n est\u00e1 alterado, la migraci\u00f3n de las c\u00e9lulas de defensa al sitio de la injuria no sea la misma\u00bb. <\/p>\n

Seguidamente resalt\u00f3 que \u00ablos yerros que los apelantes atribuyen al a quo en la apreciaci\u00f3n probatoria se tornan inexistentes y parten de premisas que se dieron por probadas a partir de un an\u00e1lisis seccionado de las probanzas recaudadas, especialmente de los testimonios vertidos, de los cuales tomaron los apartes que consideraban serv\u00edan para fundamentar su tesis, sin reconocer el verdadero alcance que en el argumento judicial llegaron a tener y tambi\u00e9n porque se pretende revelar como contraevidentes las conclusiones de la juzgadora, sin ocuparse del an\u00e1lisis, en su integridad, de los medios de prueba utilizados\u00bb. <\/p>\n

En esa misma oportunidad, destac\u00f3 el tribunal accionado que todas las pruebas t\u00e9cnicas recaudadas coincid\u00edan en que \u00abel procedimiento realizado en el caso del se\u00f1or Villamizar era el adecuado, que el manejo dado por los m\u00e9dicos que lo trataron por las diferentes patolog\u00edas que padeci\u00f3, se ajust\u00f3 a la lex artis y que, de acuerdo con la evoluci\u00f3n de las enfermedades base por tantos a\u00f1os, sin la pr\u00e1ctica de la cirug\u00eda, en este momento el paciente estar\u00eda en igual estado de salud\u00bb, a lo que adicion\u00f3 que \u00abtales conclusiones, de orden cient\u00edfico, sin duda, no pod\u00edan rebatirse a partir de una construcci\u00f3n argumental que apelara solo a la l\u00f3gica formal, porque con prescindencia de bases igualmente cient\u00edficas, toda conclusi\u00f3n contraria a las de los especialistas es mera especulaci\u00f3n que el fallador no estaba llamado a atender\u00bb. <\/p>\n

Con base en todo lo anotado, termin\u00f3 por concluir que \u00abno puede achacarse al procedimiento quir\u00fargico realizado por los galenos especialistas, las actuales patolog\u00edas y la minusval\u00eda que padece el demandante, o que haya sido el resultado de una mala praxis, como lo pretende hacer ver la gestora, cuando, se itera, todos los m\u00e9dicos y la prueba pericial escogida, apuntan a la misma conclusi\u00f3n, en virtud a que tal minusval\u00eda se habr\u00eda podido provocar con o sin cirug\u00eda, conforme ven\u00edan evolucionando las enfermedades; y, finalmente, que el procedimiento era el adecuado\u00bb. <\/p>\n

Ante tales razonamientos \u2014los cuales, valga destacar, no fueron rebatidos por los accionantes, quienes se limitaron a reformular los mismos planteamientos que esgrimieron ante los jueces de instancia\u2014 no se encuentra acreditado el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador ad quem. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n

Tal conclusi\u00f3n no puede ser desaprobada de plano, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta contrario a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado [el] defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n

Seg\u00fan lo rese\u00f1ado, surge palpable que la pretensi\u00f3n de los gestores del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones que la autoridad accionada tuvo para resolver el asunto sometido a su escrutinio, disconformidad que, se itera, excede el \u00e1mbito de la tutela. <\/p>\n

En ese sentido, la Sala ha dicho que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n

4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n

Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la determinaci\u00f3n cuestionada fue motivada y lo pretendido por los querellantes es anteponer su propio criterio al de la colegiatura convocada, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16846-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-04014-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Edgar Villamizar Mattos, Zayda Rosa Matos de Villamizar, Bibiana Ram\u00edrez Rueda y Silvia Fernanda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103101","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103101","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103101"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103101\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103101"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103101"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103101"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}