{"id":103105,"date":"2026-07-02T18:12:54","date_gmt":"2026-07-02T18:12:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103105"},"modified":"2026-07-02T18:12:54","modified_gmt":"2026-07-02T18:12:54","slug":"stc16850-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16850-2019\/","title":{"rendered":"STC16850-2019"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16850-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2019-02038-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 5 de noviembre de 2019 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier Augusto Su\u00e1rez Camacho contra la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Cimitarra y la Fiscal\u00eda 5\u00aa Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga, tr\u00e1mite al que se vincularon las partes e intervinientes del proceso que origina la queja. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la \u00abdefensa t\u00e9cnica y material\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades judiciales encausadas.
\nSolicit\u00f3, entonces, \u00abdeclarar la nulidad del proceso desde la audiencia preparatoria celebrada el 24 de julio de 2019\u2026, y consecuencialmente\u2026, se le d\u00e9 tr\u00e1mite a la colisi\u00f3n de competencias propuestas de forma fundada, procediendo a enviar el proceso al Consejo Superior de la Judicatura\u00bb (folio 65, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tSon hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n

2.1. Contra Javier Augusto Su\u00e1rez Camacho, Jos\u00e9 Antonio S\u00e1nchez Zarate, Hernando Amaris L\u00f3pez y Alfredo Guzm\u00e1n se adelanta un proceso penal por la presunta comisi\u00f3n de los delitos de homicidio en persona protegida en concurso homog\u00e9neo, que el 5 de febrero de 2009 el Juzgado 39 Penal Militar de San Vicente de Chucur\u00ed (Cauca) remiti\u00f3 a la justicia ordinaria a fin de que adelantara la investigaci\u00f3n, habida cuenta que \u00abno surg\u00eda de manera clara las circunstancias del combate referido por los militares, y que exist\u00eda duda sobre la realizaci\u00f3n del mismo, advirti\u00e9ndose la probable violaci\u00f3n del derecho fundamental a la vida de\u2026 tres personas protegidas por la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

2.2. El 14 de febrero de 2013 la Fiscal\u00eda 65 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Bucaramanga \u2013 Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario profiri\u00f3 resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n en contra de los procesados por el punible endilgado, impuso medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en establecimiento de reclusi\u00f3n; determinaci\u00f3n confirmada el 12 de junio de 2014 por la Fiscal\u00eda 5\u00aa Delegada ante el Tribunal Superior de esa ciudad. <\/p>\n

Asimismo, el ente investigador refiri\u00f3 que contaba con la competencia para calificar el m\u00e9rito del sumario, habida cuenta que conforme lo evidenciado, la muerte de las personas por parte de los militares no fueron producto de un combate, sino de una ejecuci\u00f3n extrajudicial, avalando las razones del despacho penal militar, que remiti\u00f3 el conocimiento de las diligencias. <\/p>\n

2.3. Luego, el asunto se envi\u00f3 al Juzgado Promiscuo del Circuito de Cimitarra, que el 22 de octubre de 2015 corri\u00f3 el traslado dispuesto en el art\u00edculo 400 de la Ley 600 de 2000, donde los mandatarios solicitaron pruebas y formularon nulidades; el 14 de enero siguiente concedi\u00f3 libertad provisional a los acusados, por vencimiento de t\u00e9rminos. <\/p>\n

2.4. El 24 de julio de 2019 el despacho adelant\u00f3 la audiencia preparatoria, en la que deneg\u00f3 la petici\u00f3n de anulaci\u00f3n formulada por el accionante de cara a la falta de competencia, pues, dedujo, \u00abla Fiscal\u00eda de segunda instancia no provoc\u00f3 la colisi\u00f3n de competencia que se plante\u00f3 en el recurso de apelaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n, y por el contrario asumi\u00f3 una facultad que no le pertenece, pues determin\u00f3 que era la competente para conocer de este proceso y no la Justicia Penal Militar\u00bb. <\/p>\n

La anterior determinaci\u00f3n fue confirmada el 26 de agosto siguiente por la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil, tras considerar que \u00abninguna raz\u00f3n les asiste a los recurrentes, dado que la manifestaci\u00f3n de incompetencia elevada por la Fiscal\u00eda ya se resolvi\u00f3 cuando la funcionaria del ente acusador expuso no hallar fundados los motivos arg\u00fcidos por el apoderado de Su\u00e1rez Camacho para provocar una colisi\u00f3n, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 96 [de la Ley 600 de 2000]\u00bb; asimismo, orden\u00f3 la investigaci\u00f3n disciplinaria de todos los jueces del despacho de Cimitarra, que han actuado en el asunto, y a su secretario, por la demora en el tr\u00e1mite, que llev\u00f3 a la libertad de los acusados. <\/p>\n

2.5. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de las decisiones referidas a espacio, pues, en su sentir, las autoridades accionadas vulneraron sus prerrogativas invocadas, toda vez que no se analiz\u00f3 las probanzas allegadas al plenario, que daban cuenta que lo ocurrido fue producto de un combate; adem\u00e1s, \u00abindependiente del hecho de no haber valorado las pruebas y no aplicar el art. 96 de la L 600 de 2000, lo cierto es que [le] cercen\u00f3 [su] derecho a definir el juez natural competente, pretermitiendo un tr\u00e1mite procesal contenido en la ley\u00bb, al no suscitar un conflicto de jurisdicciones a fin de que el Consejo Superior de la Judicatura fijara dicha competencia, bien en la ordinario o en la penal militar. <\/p>\n

2.6. Anot\u00f3 que en la audiencia preparatoria el ente investigador \u00ablleg\u00f3 tarde\u00bb, lo que produjo que tal diligencia iniciara con posterioridad y, por ende, el tiempo de intervenci\u00f3n de su defensa fuera menor; igualmente, porque no se le permiti\u00f3 \u00abdefenderse por s\u00ed mismo, con el equivocado argumento que su defensor ya hab\u00eda hecho uso de tal derecho\u00bb, lo que tambi\u00e9n quebranta sus garant\u00edas de primer grado. <\/p>\n

2.7. Agreg\u00f3 que el estrado judicial accionado no se pronunci\u00f3 sobre las pruebas peticionadas con el traslado de que trata el art\u00edculo 400 de la Ley 600 de 2000. <\/p>\n

LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

1. La \tSala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil \trelat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; \tsostuvo que la decisi\u00f3n censura no luce arbitraria; y que lo \tevidenciado es \u00abun \tinter\u00e9s de continuar dilatando el tr\u00e1mite del proceso \ten comento, pese a la gravedad y naturaleza de los hechos\u00bb \t(folios 129 y 130, cuaderno 1). <\/p>\n

2. La \tProcuradur\u00eda Judicial refiri\u00f3 que el actor interpret\u00f3 \terradamente el art\u00edculo 96 de la Ley 600 de 2000 y las dem\u00e1s \tdisposiciones que regulan el estatuto de colisi\u00f3n de \tcompetencia, que no deja duda que \u00abson \tlos funcionarios judiciales los \u00fanicos facultados para trabar \tlos conflictos de competencia\u00bb; \tque el prove\u00eddo criticado es razonable; y que su intervenci\u00f3n \ten el asunto inici\u00f3 en octubre del a\u00f1o anterior, \tcuando solicit\u00f3 impulso procesal (folios 131 a 133, cuaderno \t1). <\/p>\n

3. La \tFiscal\u00eda 5\u00aa Delegada ante el Tribunal Superior de \tBucaramanga, extempor\u00e1neamente, inst\u00f3 la improcedencia \tdel resguardo, al considerar que el gestor cuenta con la acci\u00f3n \tde revisi\u00f3n conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 220 \tde la Ley 600 de 2000 a fin de alegar lo que por esta v\u00eda \texcepcional expone; manifest\u00f3 que no era procedente la \tcolisi\u00f3n de competencia de oficio o a solicitud de parte \u00abpor \tno encontrar\u2026 elementos que [les] permita llegar a esa \tconclusi\u00f3n procesal. Adem\u00e1s tampoco funcionario alguno \tde la Justicia Penal Militar ha reclamado la competencia\u00bb \t(folios \t146 a 154, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n deneg\u00f3 el resguardo al encontrar insatisfecho el presupuesto de subsidiariedad, pues el proceso criticado a\u00fan est\u00e1 en curso, por lo que le est\u00e1 vedado al fallador constitucional intervenir en el mismo, habida cuenta que el actor a\u00fan cuenta con los mecanismos ordinarios propios de defensa (folios 135 a 144, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que el a quo constitucional no le \u00able dio respuesta a ninguno de los argumentos planteados en la demanda de tutela, sino que, pleg\u00e1ndose al supuesto incumplimiento de un requisito general de procedencia de la tutela como lo es el agotamiento de todos los recursos de la v\u00eda ordinaria, termina indic\u00e1n[dole] que dicha alegaci\u00f3n\u2026 debe plante[arla] en una etapa ulterior como en la apelaci\u00f3n de la sentencia adversa, e incluso, en casaci\u00f3n, no obstante que dentro del proceso penal est\u00e1 en tela de juicio la competencia del juez que actualmente est\u00e1 conociendo del caso\u00bb, de ah\u00ed que no pueda esperar a la \u00faltima instancia para seguir alegando que el fallador competente es el de la justicia penal militar, situaci\u00f3n que plante\u00f3 desde la formulaci\u00f3n de la salvaguarda (folios 169 a 179, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n

2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, de entrada se advierte que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso penal objeto de reproche se halla en curso, pues obs\u00e9rvese que a\u00fan no se ha proferido sentencia de primera instancia, seg\u00fan lo informado por los estrados judiciales, e incluso, por el mismo gestor. <\/p>\n

Entonces, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por el promotor de la tutela, e incluso, en su impugnaci\u00f3n, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, de donde configurada se encuentra la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n

En otra oportunidad la Corte puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n

\u2026la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada ocasi\u00f3n [Vid sentencia del 9 de octubre de 2003, exp. 02766.] y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios y los extraordinarios para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n

Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094] (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 2008-01155-01; reiterada, entre muchas otras, en STC10591-2016, 3 ago., rad. 2016-01093-01). <\/p>\n

3. A lo anterior debe agregarse que, advertida la improcedencia del amparo, por la presencia de otro mecanismo judicial mediante el cual discutir la situaci\u00f3n expuesta ante el juez constitucional, \u00e9ste queda relevado de analizar el fondo del asunto, pues de lo contrario entrar\u00eda a usurpar las funciones del fallador ordinario, de donde no puede producirse aqu\u00ed una manifestaci\u00f3n expresa frente a la actuaci\u00f3n que el accionante tilda como irregular. <\/p>\n

4. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.
\nComun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

10<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16850-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2019-02038-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 5 de noviembre de 2019 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103105","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103105","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103105"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103105\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103105"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103105"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103105"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}