{"id":103109,"date":"2026-07-02T18:13:24","date_gmt":"2026-07-02T18:13:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103109"},"modified":"2026-07-02T18:13:24","modified_gmt":"2026-07-02T18:13:24","slug":"stc16854-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16854-2019\/","title":{"rendered":"STC16854-2019"},"content":{"rendered":"
Magistrado Ponente <\/p>\n

STC16854-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-04085-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Constructora M y S S.A.S. contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad; tr\u00e1mite al que fueron citados las partes e intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2017-00099-00. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. \tObrando a trav\u00e9s de apoderado, la accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, el cual consider\u00f3 trasgredido con la sentencia del 6 de septiembre de 2019, mediante la cual el tribunal encartado, en el coactivo que se promovi\u00f3 en su contra, revoc\u00f3 el fallo de primera instancia (con que se dispuso la terminaci\u00f3n del juicio), desestim\u00f3 las pretensiones y orden\u00f3 proseguir la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n

2. \tEn s\u00edntesis, la actora aleg\u00f3 que con dicho prove\u00eddo, el fallador ad quem pas\u00f3 por alto que la ejecutante \u00abconfes\u00f3\u00bb que la suma realmente adeudada no era la que se indic\u00f3 en el libelo introductor ($615\u00b4231.256), sino una menor ($529\u00b4708.843); que esa acreencia fue cubierta integralmente por la ejecutada mediante tres pagos hechos todos con anterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda y que, en ese escenario, no se alcanzaron a generar intereses de mora que pudieran ser objeto del recaudo, porque para la fecha del \u00faltimo desembolso, ella no estaba notificada del mandamiento de pago y, por ende, no cobr\u00f3 eficacia la \u00abreconvenci\u00f3n en mora\u00bb que, en principio, genera la presentaci\u00f3n de la demanda, conforme al art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

3. \tPide, en consecuencia, que \u00abse declare la nulidad de la sentencia de segunda instancia\u00bb y, en su lugar, \u00abse ordene al tribunal emitir un nuevo fallo en que se valoren adecuadamente las pruebas recaudadas y en especial aquellas que demuestran el pago total de la obligaci\u00f3n, la exceptiva derivada del negocio causal y la mala fe\u00bb. <\/p>\n

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

Hasta el momento en que se discuti\u00f3 el asunto, no se hab\u00eda recibido ning\u00fan informe. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. \tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva vulner\u00f3 la garant\u00eda invocada en el libelo introductor, por avalar, en sede de apelaci\u00f3n, la continuidad del proceso ejecutivo en que la hoy accionante funge como ejecutada. <\/p>\n

2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

3. Soluci\u00f3n al caso concreto – razonabilidad de la providencia cuestionada. <\/p>\n

Aunque en el libelo introductor se hicieron algunas referencias al \u00abverdadero\u00bb monto de la deuda por la que se adelanta el compulsivo materia de esta tramitaci\u00f3n, y a la cuant\u00eda y fechas de los tres desembolsos con que se dijo haber sufragado la totalidad de esa acreencia, advierte la Corte que el verdadero descontento de la querellante no radica propiamente en esos aspectos \u2014en tanto que el convocado dio por probadas expresamente tales alegaciones1\u2014, sino en que, pese a ello, se dispuso la continuidad de la ejecuci\u00f3n para obtener el pago de unos \u00abintereses de mora\u00bb que, a juicio de la actora, no se llegaron a generar, por cuanto la notificaci\u00f3n del auto de apremio, y la consecuente constituci\u00f3n en mora, se efectu\u00f3 cuando ya la deuda se hab\u00eda extinguido. <\/p>\n

Delimitado en esos t\u00e9rminos el reproche, pronto se advierte su ineptitud para viabilizar el resguardo, en consideraci\u00f3n a que el planteamiento por el que aqu\u00ed nuevamente aboga la Constructora M y S fue frontalmente desestimado por el fallador accionado mediante una motivaci\u00f3n que no se muestra caprichosa ni arbitraria y, por el contrario, denota una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio recaudados, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n

En tal sentido, para abstenerse de atribuir efectos totalmente liberatorios al pago hecho por la all\u00ed ejecutada, la colegiatura convocada repar\u00f3 principalmente en que todos esos tres desembolsos se hicieron con posterioridad a la fecha que se pact\u00f3 como plazo para la exigibilidad de las obligaciones materia del juicio, a lo que agreg\u00f3 que, por tal motivo, s\u00ed se alcanzaron a generar r\u00e9ditos de mora a cuya satisfacci\u00f3n deb\u00edan destinarse, en primer lugar, esos dineros, conforme al orden de imputaci\u00f3n previsto en el art\u00edculo 1653 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n

Fue con esa orientaci\u00f3n que el juzgador encartado inici\u00f3 destacando que \u00abtoda suma pagada con posterioridad al vencimiento de los t\u00edtulos una vez los mismos han sido aportados para el cobro judicial, deben entenderse como abonos en las fechas en que cada uno se verifique, abon\u00e1ndose primero a intereses y luego a capital, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 1653 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n

Seguidamente puntualiz\u00f3 que, si bien era cierto que \u00ablos movimientos bancarios por valor de $176\u00b4000.000, $175\u00b4000.000 y $178\u00b4708.844 aceptados por la ejecutante, fueron realizados con anterioridad al inicio de la demanda ejecutiva (\u2026), pues el libelo introductorio se radic\u00f3 el 20 de abril del 2017, (mientras que) el primero de los abonos se efectu\u00f3 el 22 de abril de 2017 \u2013fl. 50- el segundo se practic\u00f3 el 15 de junio de 2017 \u2013fl. 51- y el \u00faltimo de ellos se produjo el 8 de septiembre de 2017\u00bb, tambi\u00e9n lo era que las erogaciones fueron posteriores al vencimiento de las facturas de venta y, \u00aben ese contexto (\u2026), es claro que los mismos saldan el monto de capital reclamado, pero no as\u00ed los intereses moratorios que se causaron desde que las facturas se hicieron exigibles y que, por ministerio de la Ley, hay lugar a ellos por el retardo en el pago de la obligaci\u00f3n, imputable a la ejecutada\u00bb. <\/p>\n

Y bajo la misma l\u00ednea argumentativa, destac\u00f3 finalmente que \u00ablo expuesto en precedencia sirve de sustento para descartar la excepci\u00f3n de cobro de lo no debido, pues est\u00e1 probado que, a la fecha., no se ha extinguido totalmente la deuda amparada por los t\u00edtulos valores aportados. As\u00ed mismo, no sobra precisar que no hay prueba de que en los montos facturados se hayan incluido sumas correspondientes a honorarios como se alude a la excepci\u00f3n, pues de la revisi\u00f3n llana de las cuentas de cobro que obran a folios, refulge con claridad que la actora deslinda este concepto del capital adeudado y ejecutado en este asunto. Por su parte, no hay prueba de la supuesta alteraci\u00f3n del t\u00edtulo, toda vez que se hizo consistir en el presunto desconocimiento del negocio causal que, se itera, no se prob\u00f3 que se hubiese celebrado entre las partes. En cuanto concierne a la perdida de intereses, basta decir que no se prob\u00f3 que la obligaci\u00f3n se en contra saldada antes de emprenderse el juicio ejecutivo y que, el hecho de no pactarse intereses moratorios no impide su causaci\u00f3n por expresa disposici\u00f3n del art. 884 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n

Ante tales razonamientos, no es factible tener por acreditado el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador ad quem, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que aqu\u00ed la accionante no lleg\u00f3 a precisar por qu\u00e9 consideraba que, en este caso en particular, el cobro de intereses de mora requer\u00eda necesariamente una \u00abreconvenci\u00f3n\u00bb que, en principio, el art\u00edculo 1608 del C\u00f3digo Civil no parece exigir para las obligaciones sujetas a plazo como las que son objeto de la acci\u00f3n cambiaria que aqu\u00ed interesa (seg\u00fan se destac\u00f3 en la sentencia cuestionada). <\/p>\n

Por tal motivo, ha de convenirse en que la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n

Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se advierte es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el tribunal apreci\u00f3 el contexto jur\u00eddico planteado y coligi\u00f3, a partir de lo dilucidado en la actuaci\u00f3n, que para la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda ejecutiva, todav\u00eda quedaban saldos de las obligaciones materia del recaudo que imped\u00edan darlo por terminado. <\/p>\n

Tal conclusi\u00f3n no puede ser desaprobada de plano, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta contrario a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado [el] defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n

Seg\u00fan lo rese\u00f1ado, surge palpable que la pretensi\u00f3n de la gestora del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones que la autoridad accionada tuvo para resolver el asunto sometido a su escrutinio, disconformidad que, se itera, excede el \u00e1mbito de la tutela. <\/p>\n

En ese sentido, la Sala ha dicho que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n

4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n

Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la determinaci\u00f3n cuestionada fue motivada y lo pretendido por la querellante es anteponer su propio criterio al de la colegiatura convocada, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tmins. 29:50; 35:01 y 35:27, CD., fl. 174<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Magistrado Ponente STC16854-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-04085-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Constructora M y S S.A.S. contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103109","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103109","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103109"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103109\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103109"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103109"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103109"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}