{"id":103115,"date":"2026-07-02T18:14:08","date_gmt":"2026-07-02T18:14:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103115"},"modified":"2026-07-02T18:14:08","modified_gmt":"2026-07-02T18:14:08","slug":"stc16861-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16861-2019\/","title":{"rendered":"STC16861-2019"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16861-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2019-00443-02
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de13 de noviembre de 2019, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Alberto Hoyos Serrano contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso \u00abadministrativo\u00bb, a la igualdad, al trabajo y al \u00abacceso a cargos p\u00fablicos\u00bb, presuntamente conculcados por la entidad accionada, al excluirlo de la lista de elegibles para el cargo de Profesional Universitario C\u00f3digo 3PU Grado 17 del concurso de m\u00e9ritos No. 051 de 2015.
\nSolicita entonces, que se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, \u00abreintegrar (\u2026) [su nombre] a la lista de elegibles [correspondiente al] cargo de Profesional Universitario C\u00f3digo 3PU Grado 17 de la convocatoria No. 51 de 2015\u00bb, y como consecuencia de ello, \u00abnombrar[lo] en per\u00edodo de prueba en uno de los cargos vacantes (\u2026) de preferencia en la Procuradur\u00eda (\u2026) Regional o Provincial de Bucaramanga, San Gil, y las otras sedes territoriales elegidas (\u2026) en [la] inscripci\u00f3n\u00bb (fls. 6 y 72, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tEn apoyo de tales pretensiones aduce en s\u00edntesis, que pese a que super\u00f3 todas las pruebas para poder acceder al nombramiento en el empleo referido en l\u00edneas anteriores, y que oportunamente opt\u00f3, en su orden, para las sedes ubicadas en las ciudades de Bucaramanga, San Gil, V\u00e9lez y Manizales, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n mediante Resoluci\u00f3n No. 2313 del 15 de mayo de 2018, lo nombr\u00f3 en el memorado empleo pero en la ciudad de Oca\u00f1a \u2013Norte de Santander, es decir, \u00abdepartamento y sede distinta y lejana a las escogidas\u00bb preliminarmente. <\/p>\n

Se\u00f1ala que aunque con posterioridad tuvo conocimiento de que \u00abexisten 23 cargos vacantes en Bucaramanga, 4 cargos en San Gil, 4 en Barrancabermeja y 6 en V\u00e9lez para un total de 37\u00bb, al no aceptar la designaci\u00f3n se dispuso su exclusi\u00f3n de la lista de elegibles mediante acto administrativo del 20 de diciembre del citado a\u00f1o, interpretando err\u00f3neamente un concepto de la Oficina Jur\u00eddica del ente de control, y el inciso 6\u00ba del art\u00edculo 216 del Decreto Ley 262 de 2000, raz\u00f3n por la cual interpuso recurso de reposici\u00f3n contra esa determinaci\u00f3n, \u00absin que hasta la fecha haya recibido respuesta alguna\u00bb, por lo que al encontrarse pr\u00f3ximas a expirar las listas de elegibles, se le est\u00e1 causando un perjuicio irremediable (fls. 1 a 11, Cit.). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

b.)\tLuisa Emma Torres Mogoll\u00f3n y otro vinculado al presente asunto, precisaron coincidieron en se\u00f1alar que acogen las decisiones proferidas por la entidad convocada, destacando que existe en cada uno de ellos razones que justifican su estabilidad laboral (fls. 128 a 130 y 135 a 138, Cit.). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Juez Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por resultar inexiste la vulneraci\u00f3n alegada en punto de la falta de resoluci\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n formulado contra el acto administrativo criticado, habida cuenta que, a diferencia de lo sostenido por el gestor, ya existi\u00f3 un pronunciamiento al respecto. <\/p>\n

Adicionalmente se\u00f1al\u00f3, que se incumple con el requisito de la subsidiariedad que gobierna este tipo de acciones especial\u00edsimas, pues frente a la queja endilgada al nombramiento del actor en el cargo de Profesional Universitario C\u00f3digo 3PU Grado 17 en la ciudad de Oca\u00f1a, y su posterior exclusi\u00f3n de la lista de elegibles para proveer dicho empleo, \u00e9ste debe suscitar es a trav\u00e9s de las acciones contencioso administrativas previstas por el legislador (fls. 160 a 166, \u00edd.). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El accionante recurri\u00f3 el fallo anterior, se\u00f1alando argumentos similares a los expuestos en el escrito de tutela; a m\u00e1s de agregar, que existe un pronunciamiento respecto de otro concursante que se encuentra en su misma situaci\u00f3n, sonde s\u00ed se le otorg\u00f3 la salvaguarda rogada (fls. 172 a 177, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tRecuerda la Corte que conforme con lo consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violaci\u00f3n, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n

2. No \tcabe duda que, en el presente asunto, el accionante cuestiona la \tResoluci\u00f3n \tNo. 385 del 22 \tde marzo del a\u00f1o en curso, \tmediante la cual la \tProcuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n resolvi\u00f3 \t\u00ab[n]o \treponer\u00bb \tel Decreto No. 5221 del 20 de diciembre de 2018, a trav\u00e9s del \tcual se dispuso \u00abRETIRAR \tde la lista de elegibles [para \tproveer el cargo de Profesional Universitario C\u00f3digo 3PU, \tGrado 17] \tal participante LUIS ALBERTO HOYOS SERRANO\u00bb \t(fls. 91 y 92, Cit.), \tello dentro de la convocatoria p\u00fablica 051 de 2015, \tpues en sentir de \u00e9ste, la entidad convocada realiz\u00f3 \tuna inadecuada interpretaci\u00f3n de las normas que rigen el \tconcurso. <\/p>\n

3.\tPara brindar soluci\u00f3n a la presente contienda, resulta necesario para la Corte verificar la documentaci\u00f3n obrante en el expediente, y que permite advertir lo siguiente: <\/p>\n

3.1.\t En el marco del certamen referido en l\u00edneas anteriores, el 17 de mayo de 2017 la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n public\u00f3 la lista de elegibles para proveer el cargo de Profesional Universitario C\u00f3digo 3PU Grado 17, quedando el se\u00f1or Luis Alberto Hoyos Serrano, aqu\u00ed interesado, en la posici\u00f3n 236 (fls. 93 a 97, Cit.). <\/p>\n

3.2. Mediante Decreto No. 2313 del 15 de mayo de 2018, el ente de control dispuso \u00abNOMBR[AR] en periodo de prueba, por un t\u00e9rmino de cuatro (4) meses\u00bb, al tutelante en el aludido empleo con sede en la Procuradur\u00eda Provincial de Oca\u00f1a N. de Sder. (fl. 86, Cit.). <\/p>\n

3.3.\tEl actor interpuso recurso de reposici\u00f3n contra esa decisi\u00f3n, apoyando su inconformidad, entre otras, en la falta de motivaci\u00f3n y en que no se hayan tenido en cuenta las plazas por las que opt\u00f3 al inscribirse al certamen, requiriendo adem\u00e1s informaci\u00f3n respecto de los cargos existentes en dichas sedes y su ocupaci\u00f3n; as\u00ed mismo puso de presente, \u00abque en el evento que no exista vacante disponible en el cargo de [su] inter\u00e9s (\u2026) \u00abse (\u2026) indique (\u2026) si en el evento que el suscrito decida no aceptar el nombramiento en Oca\u00f1a, esa entidad va a garantizar [la] permanencia en la lista de elegibles\u00bb; sin embargo, la entidad nominadora mediante acto administrativo No. 430 del 30 de julio siguiente, resolvi\u00f3 \u00abRECHAZAR por improcedente\u00bb el aludido mecanismo (fls. 7 y 8, cdno. Corte, y fl. 89, cdno. 1).
\n3.4. Comoquiera que el concursante guard\u00f3 silencio respecto de la aceptaci\u00f3n o no a la mentada designaci\u00f3n, con sustento en lo \u00abestipulado [en el] numeral segundo del art\u00edculo 169 del Decreto Ley 262 de 2000, en concordancia con el inciso sexto del art\u00edculo 216 ib\u00eddem\u00bb, mediante Decreto No. 5221 del 20 de diciembre de 2018, se resolvi\u00f3 revocar el mentado nombramiento, y en consecuencia, \u00abRETIRAR de la lista de elegibles\u00bb al participante Hoyos Serrano. <\/p>\n

3.5.\tFinalmente, a trav\u00e9s de Resoluci\u00f3n No. 385 del 22 de marzo de los corrientes, la entidad criticada resolvi\u00f3 mantener inc\u00f3lume su determinaci\u00f3n, tras considerar que el actor de manera alguna manifest\u00f3 aceptar o declinar la nominaci\u00f3n al cargo efectuada, y aunque aqu\u00e9l sostuvo que lo hizo a trav\u00e9s del mecanismo horizontal formulado en otrora oportunidad, destac\u00f3 que \u00abde la lectura minuciosa del mencionado escrito no se logra extraer de su contenido que el participante haya manifestado de manera clara, expresa e inequ\u00edvoca la no aceptaci\u00f3n del nombramiento, toda vez que los argumentos expuestos en esa oportunidad iban encaminados a justificar los fundamentos de un recurso que como se indic\u00f3 en la Resoluci\u00f3n 430 de[l] 30 de julio de 2018 no era procedente frente al acto administrativo de nombramiento [y] por el contrario se puede leer textualmente en dicho escrito: \u201c(…) solicito que se me indique concretamente si en el evento que el suscrito decida no aceptar el nombramiento en Oca\u00f1a (\u2026)\u201d, solicitud que contrario a lo indicado por el recurrente, permite inferir claramente que su intenci\u00f3n era abstenerse de realizar la manifestaci\u00f3n respectiva\u00bb (fls. 100 y 101, ib.). <\/p>\n

4.\tVisto lo anterior, se advierte con claridad que la protecci\u00f3n rogada resulta improcedente, toda vez que el reclamante tuvo o tiene a su alcance otro medio de defensa a trav\u00e9s del cual puede procurar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que estima transgredidos, pues como el inconforme aqu\u00ed se duele de haber sido nombrado en una sede distinta a las que opt\u00f3 en el marco del concurso de m\u00e9ritos No. 051 de 2015, y, de haber sido posteriormente excluido de la lista de elegibles, tuvo o tiene a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad de dichas determinaciones, por lo que no resulta pertinente convertir la tutela en un camino alterno o paralelo a aqu\u00e9l. <\/p>\n

En casos de asuntos similares al presente, la Sala ha precisado que \u00abpor tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces Contencioso Administrativos competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que, a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho\u2026\u2019. Adem\u00e1s, en este escenario la interesada puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto ilegal, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio\u00bb (reiterada entre otras, en CSJ STC16137-2019). <\/p>\n

5.\tAhora, con prescindencia de lo anterior, tambi\u00e9n se observa la inexistencia de la vulneraci\u00f3n superior alegada, si en cuenta se tiene que, a diferencia de lo considerado por el actor, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n ajust\u00f3 las decisiones criticadas a las previsiones del Decreto Ley 262 del 2000, en punto del nombramiento del cargo para el cual se adelantaron una serie de etapas concursales, no obstante la sede a la que fue designado el inconforme, y con posterioridad cuando tuvo lugar su exclusi\u00f3n de la lista de elegibles, pues n\u00f3tese que si bien el gestor del amparo interpuso recurso de reposici\u00f3n contra el acto administrativo que dispuso su designaci\u00f3n en provisionalidad en el citado empleo, no solo en el citado mecanismo de manera alguna \u00e9ste acept\u00f3 o neg\u00f3 tal designaci\u00f3n, sino que le mismo fue rechazado por improcedente, en el t\u00e9rmino de que trata el art\u00edculo 84 ib\u00eddem1, frente a lo cual el postulado guard\u00f3 silencio, lo que a todas luces obligaba a la entidad de control a ordenar la revocatoria de la designaci\u00f3n, y la exclusi\u00f3n del concursante de la lista de elegibles a voces de los c\u00e1nones 169 y 216 Cit2. <\/p>\n

Al punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado, que \u00abEl objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u201ccuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares (\u2026). As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n

En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u201cpartiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u201d, ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u201d\u00bb (T-130 2014). <\/p>\n

6.\tFinalmente, no se advierte la transgresi\u00f3n del derecho fundamental a la igualdad, pues si bien el gestor del amparo hace referencia a la sentencia de tutela STC16188-2019, que concedi\u00f3 el amparo rogado a otro concursante que fue excluido de la lista de elegibles para proveer el mismo cargo del actor, lo cierto es que no se acompasan los supuestos f\u00e1cticos con el presente asunto, pues para otorgar all\u00ed la protecci\u00f3n invocada, fue porque a pesar de que el all\u00e1 accionante manifest\u00f3 expresamente no aceptar el cargo al que fue designado, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, en una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 216 del Decreto Ley 262 de 2000, impuso unas cargas inexistentes al aspirante, concluyendo que para que surtiera efecto esa negativa, aqu\u00e9l deb\u00eda mencionar o aportar prueba alguna que sustentara las razones ajenas a la voluntad que le imped\u00edan aceptar el empleo, circunstancia, se reitera, que resulta dis\u00edmil al presente asunto, en la medida que la exclusi\u00f3n de la lista de elegibles del aqu\u00ed actor obedeci\u00f3, simple y llanamente a su silencio respecto del nombramiento que le fue comunicado, luego no hay lugar a tener aqu\u00ed en cuenta el precedente en cita. <\/p>\n

7. En ese orden de ideas, las razones consignadas se estiman suficientes para ratificar el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tArt. 84. El nombramiento deber\u00e1 ser comunicado al interesado \tdentro de los ocho (8) d\u00edas siguientes a su expedici\u00f3n \ty \u00e9ste deber\u00e1 aceptarlo dentro de un t\u00e9rmino \tigual.
\n2 \tArt. 169. El Procurador General podr\u00e1 revocar un nombramiento \tcuando se presente alguna de las siguientes causales (\u2026), 2. \tCuando el nombrado no ha manifestado su aceptaci\u00f3n o no se ha \tposesionado dentro de los plazos se\u00f1alados. 3. Cuando el \tnombrado manifiesta expresamente que no acepta el nombramiento.
\nArt. 216. Efectuados los respectivos nombramientos para proveer los \templeos objeto de la convocatoria u otros iguales a \u00e9stos, se \tretirar\u00e1n de la lista de elegibles los servidores en los que \thayan reca\u00eddo dichos nombramientos, salvo que no hayan \taceptado o no se hayan posesionado por razones ajenas a su voluntad \t(\u2026).<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC16861-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2019-00443-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de13 de noviembre de 2019, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103115","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103115","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103115"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103115\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103115"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103115"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103115"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}