{"id":103119,"date":"2026-07-02T18:15:07","date_gmt":"2026-07-02T18:15:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103119"},"modified":"2026-07-02T18:15:07","modified_gmt":"2026-07-02T18:15:07","slug":"stc16865-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16865-2019\/","title":{"rendered":"STC16865-2019"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16865-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2019-00348-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 22 de noviembre de 2019, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ver\u00f3nica Mar\u00eda Payares V\u00e1squez contra el Consejo Nacional Electoral -CNE, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Partido Liberal Colombiano y Hernando Jos\u00e9 Padau\u00ed \u00c1lvarez. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

Exige entonces, para la protecci\u00f3n de tales prerrogativas, que se ordene al Consejo Nacional Electoral, abstenerse de \u00abDECRET[AR] LA ELECCI\u00d3N DEL CANDIDATO CON LA TERCERA VOTACI\u00d3N GENERAL, A LA GOBERNACI\u00d3N DE BOL\u00cdVAR\u00bb (fl. 3, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tPara respaldar la queja el togado expone en compendio, que en las pasadas elecciones territoriales del 27 de octubre, su mandante obtuvo 18.159 votos como candidata a diputada de la Asamblea Departamental de Bol\u00edvar, ocupando el cuarto lugar dentro de la lista del Partido Liberal Colombiano, por lo que tendr\u00eda derecho a una curul en dicha corporaci\u00f3n p\u00fablica. <\/p>\n

Asevera que para la Gobernaci\u00f3n de ese departamento el voto en blanco obtuvo la segunda mayor votaci\u00f3n, mientras que el candidato Hernando Jos\u00e9 Padau\u00ed \u00c1lvarez ocup\u00f3 el tercer puesto, por lo que de conformidad con el art\u00edculo 25 de la Ley 1909 de 20181, el cual establece que \u00ab[l]os candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos en los cargos de Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal, tendr\u00e1n derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en las Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Concejos Municipales respectivos, durante el periodo de estas corporaciones\u00bb, \u00e9ste no tiene derecho a ocupar una curul en la Asamblea Departamental de Bol\u00edvar. <\/p>\n

Se\u00f1ala que pese a lo anterior, el Consejo Nacional Electoral expidi\u00f3 la resoluci\u00f3n referida en l\u00edneas precedentes, en cuyo par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 2\u00b0 determin\u00f3, que \u201c[e]n caso de que el voto en blanco o promotores de \u00e9ste, obtengan la segunda votaci\u00f3n en las elecciones de cargos uninominales, la misma no ser\u00e1 tenida en cuenta para los efectos del art\u00edculo 25 de la Ley 1909 de 2018 y de lo estipulado en el presente acto administrativo\u201d, con lo cual aqu\u00e9l candidato obtendr\u00eda una curul que, dice, no merece. <\/p>\n

Finalmente sostiene, que la citada entidad no tiene competencia para reglamentar y\/o modificar una ley estatutaria, dado que dicha facultad est\u00e1 en cabeza del Congreso de la Rep\u00fablica, am\u00e9n que con el aludido acto administrativo se desconoci\u00f3 la voluntad del \u201cpueblo\u201d de Bol\u00edvar manifestada a trav\u00e9s del voto en blanco, determinaci\u00f3n que a todas luces le genera un perjuicio irremediable a su poderdante, pues con ella se le negar\u00eda la posibilidad de ser reconocida como diputada electa del rese\u00f1ado cuerpo colegiado (fls. 1 a 26, Cit.). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

a. La Oficina Jur\u00eddica y de Defensa Judicial del Consejo Nacional Electoral, pidi\u00f3 denegar el resguardo implorado, con sustento en que esa entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno de la peticionaria, pues contrario a lo manifestado por \u00e9sta, de acuerdo con el art\u00edculo 265 superior y el canon 11 del Decreto Ley 2241 de 1986, una de sus funciones es expedir las medidas necesarias para el debido cumplimiento de toda la actividad electoral, sumado a que aqu\u00e9lla cuenta con la acci\u00f3n de nulidad ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa para debatir la legalidad de la resoluci\u00f3n que cuestiona (fls. 42 a 46, ejusdem). <\/p>\n

b. Los vinculados, guardaron silencio. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Juez constitucional de primera instancia deneg\u00f3 el amparo suplicado, por incumplir con el requisito general de procedencia de la subsidiariedad, toda vez que \u00abel acto administrativo aqu\u00ed cuestionado por [la accionante] goza de presunci\u00f3n de legalidad, de modo que si ella considera que el organismo electoral accionado carec\u00eda de competencia para emitir la Resoluci\u00f3n No. 2276 de 2019 o que \u00e9sta contradice el art\u00edculo 25 de la Ley 1909 de 2018, tendr\u00eda la opci\u00f3n de promover ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo el medio de control de nulidad simple, a fin que el juez natural revise el acto en cuesti\u00f3n y decida si es del caso o no excluirlo del ordenamiento jur\u00eddico\u00bb, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 137 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. <\/p>\n

Por \u00faltimo indic\u00f3, que si bien la gestora aleg\u00f3 la posible causaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, en la medida que con la susodicha resoluci\u00f3n perder\u00eda la posibilidad de ser electa como diputada de la Asamblea Departamental de Bol\u00edvar, \u00abno aport\u00f3 ning\u00fan elemento de juicio que lleve a entender que las garant\u00edas superiores que invoca en la demanda est\u00e9n efectivamente en una situaci\u00f3n de riesgo inminente y no meramente eventual, cuya gravedad haga impostergable la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb (fls. 55 a 57, cdno. 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La tutelante a trav\u00e9s de su gestor judicial, se mostr\u00f3 descontenta frente a lo resuelto, esgrimiendo, en resumen, que adem\u00e1s de que el fallo replicado no es congruente con el problema jur\u00eddico planteado, no se aplicaron las sub-reglas jurisprudenciales vigentes sobre la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, particularmente, las contenidas en la sentencia T-232 de 2014 proferida por la Corte Constitucional, as\u00ed como tampoco el control de convencionalidad, ya que no se tuvo en cuenta la sentencia de 23 de junio de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Yatama Vs Nicaragua) (fls. 60 a 65, Cit.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Como es sabido, \tla acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido \tpor la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la \tprotecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las \tpersonas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que en cuanto a \tellos pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las \tautoridades p\u00fablicas o de los particulares. <\/p>\n

Tal instrumento de protecci\u00f3n, de acuerdo con el art\u00edculo 86 de la Carta, es de car\u00e1cter residual y subsidiario porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

2. En el caso que suscita la atenci\u00f3n de la Corte se advierte, que la peticionaria cuestiona la Resoluci\u00f3n No. 2276 del 11 de junio de 2019, \u201c[p]or medio de la cual se establecen medidas para la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 25 de la Ley 1909 de 2018\u201d2, pues en su sentir, el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para reglamentar y\/o modificar una ley estatutaria, ya que dicha funci\u00f3n es exclusiva del Congreso de la Rep\u00fablica, m\u00e1s a\u00fan cuando con dicho acto administrativo no solo se desconoci\u00f3 la voluntad manifestada por los ciudadanos del departamento de Bol\u00edvar a trav\u00e9s del voto en blanco en las pasadas elecciones para Gobernador del citado ente territorial, caus\u00e1ndole un perjuicio irremediable, en la medida que con su aplicaci\u00f3n perder\u00eda la posibilidad de ser reconocida como diputada electa de la Asamblea Departamental, al otorg\u00e1rsele una curul a quien ocup\u00f3 el tercer lugar en aquel certamen electoral. <\/p>\n

Repetidamente sobre el particular la Corte ha dicho, que \u00abla acci\u00f3n de tutela es un mecanismo extraordinario, instituido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que estos se tornen ineficaces y el amparo sea utilizado como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irreparable. <\/p>\n

An\u00e1logamente y en consonancia con la regla anterior, se ha predicado tambi\u00e9n que esta acci\u00f3n constitucional no procede, en principio, contra actos de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto, al igual que contra actos administrativos de car\u00e1cter particular y concreto, habida cuenta que su control de legalidad est\u00e1 atribuido a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, a trav\u00e9s de las acciones pertinentes\u00bb (CSJ STC5296-2016, citada hace poco en STC8023-2019 y STC16015-2019). <\/p>\n

4. Por tanto, como la reclamante dispone de otro medio de defensa a trav\u00e9s del cual puede procurar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que estima transgredidos, ello si se tiene en cuenta que aqu\u00e9lla tiene a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de simple nulidad para cuestionar la legalidad del demarcado acto administrativo (Art. 137 Ley 1437\/11), no resulta pertinente convertir esta v\u00eda en un camino alterno o paralelo a aqu\u00e9l, m\u00e1xime cuando ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo puede pedir en el proceso correspondiente, la suspensi\u00f3n provisional de la determinaci\u00f3n atacada, o cualquier otra medida cautelar permitida por la ley (229 y 230 \u00eddem), por lo que ha de colegirse que la protecci\u00f3n deviene improcedente por el incumplimiento del presupuesto de subsidiaridad, m\u00e1xime cuando tales herramientas resultan id\u00f3neas y eficaces para mitigar los supuestos perjuicios que se le est\u00e1n causando. <\/p>\n

5. Por otra parte, aunque en la sentencia C-132 de 2018 la Corte Constitucional indic\u00f3 que \u201cexcepcionalmente, es posible acudir al mecanismo de amparo constitucional, cuando se compruebe que de la aplicaci\u00f3n o ejecuci\u00f3n de un acto de esta naturaleza se origina la vulneraci\u00f3n o amenaza a alg\u00fan derecho fundamental de una persona determinada o determinable, y siempre que se trate de conjurar la posible configuraci\u00f3n de un perjuicio o da\u00f1o irremediable en los t\u00e9rminos definidos por la jurisprudencia constitucional\u201d, la promotora no alleg\u00f3 ning\u00fan elemento de prueba que permitiera colegir, con la certeza requerida, que con la aplicaci\u00f3n de la mentada resoluci\u00f3n las garant\u00edas superiores que invoca pudieran verse transgredidas, amenazadas o puestas en peligro, pues no demostr\u00f3 que tuviese derecho a obtener una curul en la Asamblea Departamental de Bol\u00edvar, menos a\u00fan que la fuese a perder por efecto de la ejecuci\u00f3n de aquella determinaci\u00f3n, y por ende, la existencia del perjuicio irremediable que alega. <\/p>\n

6. As\u00ed mismo, basta decir, en cuanto al reproche atinente a que el Tribunal constitucional de instancia no tuvo en cuenta la sentencia T-232 de 2014, as\u00ed como el fallo de 23 de junio de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Yatama Vs Nicaragua), que los mismos no guardan relaci\u00f3n f\u00e1ctica con el asunto aqu\u00ed debatido, pues, en la primera de las citadas decisiones, se trat\u00f3 un caso donde el Movimiento de Autoridades Ind\u00edgenas de Colombia (AICO) cuestionaba actos administrativos de tr\u00e1mite que, a su juicio, les imped\u00eda inscribir candidatos a la circunscripci\u00f3n especial ind\u00edgena, mientras que en el segundo, se analiz\u00f3 la responsabilidad internacional del citado Estado por la exclusi\u00f3n de la organizaci\u00f3n ind\u00edgena Yatama de participar en las elecciones municipales de 2000, raz\u00f3n por la que no resultaban aplicables al sub examine, como insistentemente lo sugiere la accionante. <\/p>\n

7.\tPor todo lo expuesto, se respaldar\u00e1 la decisi\u00f3n censurada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \t\u201cPor \tmedio de la cual se adoptan el Estatuto de la Oposici\u00f3n \tPol\u00edtica y algunos derechos a las organizaciones pol\u00edticas \tindependientes.\u201d
\n2 \tConsultar en \thttps:\/\/www.cne.gov.co\/component\/phocadownload\/category\/10-resoluciones-cne<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC16865-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2019-00348-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 22 de noviembre de 2019, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103119","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103119","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103119"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103119\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103119"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103119"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103119"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}