{"id":103120,"date":"2026-07-02T18:15:17","date_gmt":"2026-07-02T18:15:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103120"},"modified":"2026-07-02T18:15:17","modified_gmt":"2026-07-02T18:15:17","slug":"stc16866-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16866-2019\/","title":{"rendered":"STC16866-2019"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

STC16866-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2019-00752-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 5 de noviembre de 2019, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Alfredo Castro Bar\u00f3n contra las Salas de Casaci\u00f3n Laboral y Penal de la misma Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fue vinculada la Secretar\u00eda General de dicha Corte. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El \tpromotor \tdel amparo \treclama en nombre propio y como agente oficioso de sus parientes \tAbel de Jes\u00fas Barahona, \u00abdesparecido \tdesde 1996\u00bb, \tMargarita Bar\u00f3n de Castro y Julia Torres Calvo, \u00faltimas \tque dijo \u00abse \tencuentran secuestradas por sus hijos con fines de desaparici\u00f3n \tforzada\u00bb, \tla protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al \tdebido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a \tla \u00abpropiedad \tprivada\u00bb, \ta la vida, al trabajo y a la libertad, presuntamente conculcados por \tlas autoridades judiciales accionadas, \ten \tel tr\u00e1mite de las acciones de tutela identificadas con los \tradicados 2019-00021-00 y 2019-01860-00. <\/p>\n

Solicita, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene a las Salas de Casaci\u00f3n Penal y Laboral de la Corte Suprema, respectivamente, \u00abpermit[ir] el acceso a la administraci\u00f3n de justicia d\u00e1ndole el tr\u00e1mite regulado por el Decreto 2591 de 1991 a todas y cada una de las autoridades estatales, en las acciones de tutela [antes individualizadas]\u00bb (fl. 37, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tEn apoyo de tal pretensi\u00f3n aduce en s\u00edntesis, y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, que encontr\u00e1ndose recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario la Picota, el 21 de enero del a\u00f1o en curso present\u00f3 acci\u00f3n de tutela ante la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, a la que se le asign\u00f3 el consecutivo 2019-00021-00, la que fue rechazada el d\u00eda 28 del mismo mes y a\u00f1o, pese a que, asegura, el auto inadmisorio no le fue notificado oportunamente. <\/p>\n

Refiere que posteriormente present\u00f3 otra acci\u00f3n de tutela que correspondi\u00f3 conocer a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, y le fue asignado el radicado No. 2019-01860-00, en la que tambi\u00e9n se le pidi\u00f3 que aclarara lo reclamado, pese a que en la que anteriormente hab\u00eda formulado ante la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, dice, ya se hab\u00edan precisado los hechos y pretensiones, proceder que, en su criterio, constituye un abuso de los requerimientos que permite el art\u00edculo 17 del Decreto 2591 de 1991, todo lo cual, afirma, hace parte de un \u00abcomplot\u00bb en su contra por parte de todos los organismos del Estado y las autoridades de la Rama judicial que han conocido de su proceso, y el que tiene como \u00fanico prop\u00f3sito \u00abarrebatarle sus bienes y desaparecerlo\u00bb, situaciones \u00e9stas que justifican la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor (fls. 1 al 38, ib\u00eddem). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

a).\tLa Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Penal inform\u00f3, que la acci\u00f3n de tutela con radicado No. 2019-01860-00, fue presentada por el aqu\u00ed interesado en nombre propio y como agente oficioso de Margarita Bar\u00f3n Castro, Julia Torres Calvo y Abel de Jes\u00fas Barahona Castro, frente a la Sala Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, la Universidad Nacional de Colombia, el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Com\u00fan, y, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, donde mediante auto del 27 de septiembre del a\u00f1o en curso, el Magistrado Ponente requiri\u00f3 al gestor para que subsanara las deficiencias presentadas en el escrito inicial, siendo el asunto reasignado a otro Togado debido a la culminaci\u00f3n del per\u00edodo constitucional de aqu\u00e9l, quien admiti\u00f3 la salvaguarda el 9 de octubre del a\u00f1o en curso, siendo agotada la instancia mediante sentencia STP14825-2019 del 24 de octubre, donde se deneg\u00f3 la protecci\u00f3n pedida, as\u00ed como improcedente la recusaci\u00f3n presentada contra el Exmagistrado Luis Guillermo Salazar Otero (fl. 64, ib\u00edd.)
\nb).\tEl Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral que conoci\u00f3 de la acci\u00f3n constitucional de radicado No. 2019-00021-00, pidi\u00f3 desestimar la presente protecci\u00f3n, para lo cual precis\u00f3 que inadmiti\u00f3 aquella solicitud con prove\u00eddo del 28 de enero del presente a\u00f1o, y al no ser subsanados los yerros advertidos, la rechaz\u00f3 el 1\u00ba de febrero siguiente; que no obstante el aqu\u00ed interesado solicit\u00f3 la nulidad de esa decisi\u00f3n, a fin de que le fuera habilitado el t\u00e9rmino dispuesto para la subsanaci\u00f3n, ello fue denegado el d\u00eda 20 siguiente (fls. 145 y 146, ib.). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal Constitucional de primera instancia, tras citar las exigencias que ha se\u00f1alado la doctrina constitucional para la procedencia de este mecanismo excepcional, neg\u00f3 la salvaguarda implorada, bajo el argumento de que el actor no est\u00e1 habilitado legalmente para interponerlo a nombre de las personas que dice agenciar, sino \u00fanicamente a t\u00edtulo personal, bajo el entendido de que \u00abla legitimaci\u00f3n para el ejercicio de la acci\u00f3n constitucional radica en la persona realmente afectada con las omisiones se\u00f1aladas, esto es, Luis Alfredo Castro, quien pod\u00eda ejercitarla directamente y a ello acudi\u00f3. Lo anterior aunado al hecho de que las personas respecto de las cuales se\u00f1al\u00f3 actuar, no presentaron las solicitudes de amparo que dice no fueron tramitadas, sino fue \u00e9l mismo quien las instaur\u00f3, por lo que es en cabeza de Castro Bar\u00f3n en quien recae la legitimidad por activa\u00bb. <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El gestor del amparo replic\u00f3 el anterior fallo, con argumentos similares a los planteados en el escrito inicial (fls. 94 al 141, Cit.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tTrat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, apoyado \u00fanicamente en sus particulares designios, a tal extremo que configure un actuar que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n

2.\tEn el caso que se somete a examen se observa, que lo pretendido por el ciudadano Luis Alfredo Castro Bar\u00f3n a trav\u00e9s del presente amparo, es que se le imparta tr\u00e1mite a las acciones de tutela identificadas con los consecutivos No. 2019-00021-00 y 2019-01860-00, que promovi\u00f3 ante las Salas de Casaci\u00f3n Laboral y Penal de esta Corte, respectivamente; sin embargo, de entrada ha de precisarse que el \u00fanico afectado con las actuaciones all\u00ed surtidas, y por ende legitimado para discutirlas mediante el presente mecanismo, es el citado ciudadano, m\u00e1s no Abel de Jes\u00fas Barahona, Margarita Bar\u00f3n de Castro, ni Julia Torres Calvo, quienes no fueron parte de los mismos, motivo por el cual para esta Sala no resulta procedente que el se\u00f1or Castro Bar\u00f3n acuda al presente mecanismo tambi\u00e9n como agente oficioso de \u00e9stos. <\/p>\n

3. Ahora \tbien, ya \ten punto al quebrantamiento superior atribuido a la Sala de \tCasaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, en relaci\u00f3n \tcon la acci\u00f3n radicada bajo el No. 2019-00021-00, \tse observa con vista en los medios de prueba allegados a las \tpresentes diligencias, que la salvaguarda solicitada no tiene \tvocaci\u00f3n de prosperidad, pues tal y como lo advirti\u00f3 \tel a \tquo constitucional, \tcon \tbase en los mismos reproches aqu\u00ed expuestos ya se solicit\u00f3 \ten anterior oportunidad una protecci\u00f3n constitucional del \tmismo linaje de la presente, la que fue denegada por la Sala de \tCasaci\u00f3n Penal de esta Colegiatura en providencia del 24 de \toctubre de 2019 (STP14825), luego \tde advertir que \u00abLa \tSala de Casaci\u00f3n Laboral, en providencia del 28 de enero del \ta\u00f1o en curso, dispuso subsanar el libelo introductorio de la \tacci\u00f3n constitucional 2019-00021, pero atendiendo a que dicha \torden no fue acatada, procedi\u00f3 a su inadmisi\u00f3n el \tprimero de febrero de la misma anualidad, decisi\u00f3n que se \tofrece razonable si en cuanta se tiene que el actor desacat\u00f3 \tla disposici\u00f3n impartida por la autoridad accionada pese a \tconocer las consecuencias que le acarrear\u00eda tal omisi\u00f3n, \tde modo que frente a tal actuaci\u00f3n no se avizora la \texistencia de una vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por \ttratarse de una decisi\u00f3n judicial razonable\u00bb. <\/p>\n

De este modo, no cabe duda que la presente salvaguarda es el reflejo de un ejercicio doble, en un asunto esencialmente similar, donde el aqu\u00ed accionante ya demand\u00f3 constitucionalmente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte con fundamentos id\u00e9nticos a los que ahora aduce, por lo que es indudable que se presenta identidad de partes, hechos y pretensiones, sin que exista alguna justificaci\u00f3n para entender ese proceder, buscando es replantear un tema que ya fue sometido al estudio constitucional, lo que se adec\u00faa en un todo a lo que regula el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, que en su inciso primero reza: \u00abCuando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb; situaci\u00f3n que desnaturaliza la esencia fundamental de este mecanismo excepcional e impone concluir que el gestor incurri\u00f3 en temeridad, pues tal y como lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abel abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad\u00bb (ver recientemente en CSJ STC7601-2018 y STC2289-2019). <\/p>\n

4.\tPor otra parte, y en lo que tiene que ver con la transgresi\u00f3n ius fundamental atribuida a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la misma Colegiatura, por supuestamente no haber dado curso a la acci\u00f3n de tutela con radicado No. 2019-01860-00, de la revisi\u00f3n de la documental adosada al presente tr\u00e1mite se pudo constatar, que a diferencia de lo expuesto por el actor, el 27 de septiembre pasado la autoridad acusada lo requiri\u00f3 para que esclareciera los hechos y las pretensiones (fl. 64, cdno. 1), notific\u00e1ndole personalmente dicha decisi\u00f3n el 3 de octubre siguiente; de manera que tras ser atendido el requerimiento el d\u00eda 8 del mismo mes y a\u00f1o, el asunto fue admitido a tr\u00e1mite el d\u00eda inmediatamente siguiente, orden\u00e1ndose el traslado de la demanda a las partes y dem\u00e1s intervinientes (ib\u00eddem), para ser finalmente decidido mediante sentencia del 28 de octubre del a\u00f1o en curso (STP14825), desestimando el amparo reclamado, determinaci\u00f3n que, conforme lo refleja el registro de actuaciones de la rama judicial (fls. 3 y 4, este cdno.), fue oportunamente notificada al actor, quien la impugn\u00f3, siendo concedido el mecanismo con prove\u00eddo del pasado 15 de noviembre, de manera que, no cabe duda que a diferencia de lo esbozado por el promotor, no exist\u00eda raz\u00f3n alguna para formular el presente amparo, ante la inexistencia de vulneraci\u00f3n superior alguna. <\/p>\n

Al punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado, que \u00ab[e]l objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u201ccuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares (\u2026). As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n

Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u201d\u00bb (T-130 2014). <\/p>\n

5. \tDe este modo, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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