{"id":103121,"date":"2026-07-02T18:15:28","date_gmt":"2026-07-02T18:15:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103121"},"modified":"2026-07-02T18:15:28","modified_gmt":"2026-07-02T18:15:28","slug":"stc16867-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16867-2019\/","title":{"rendered":"STC16867-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16867-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2019-00304-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 23 de octubre de 2019, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Orlando Salcedo Salcedo contra el Juzgado Civil del Circuito de Fundaci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron citados los intervinientes en el juicio n\u00ba 2010-00148. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tActuando por intermedio de apoderado judicial, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, habeas data, petici\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada, al no dejar sin efecto la inscripci\u00f3n de la demanda de pertenencia, como consecuencia de la nulidad declarada por su superior jer\u00e1rquico el 27 de octubre de 2014 dentro del asunto antes referido. <\/p>\n

2.\tSeg\u00fan la informaci\u00f3n obrante en el expediente, se extracta que ante el Juzgado Civil del Circuito de Fundaci\u00f3n se tramit\u00f3 proceso de pertenencia agraria, impetrado por Einer Javier, Luis Eduardo, Daider Iv\u00e1n y Juan Carlos N\u00fa\u00f1ez Mancilla contra los herederos determinados e indeterminados de Orlando Salcedo De la Cruz, estando dentro de los primeros el ac\u00e1 accionante; la demanda fue admitida el 2 de junio de 2010, disponi\u00e9ndose su inscripci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 225-5992. <\/p>\n

Mediante sentencia del 27 de agosto de 2012 se desat\u00f3 desfavorablemente la primera instancia, pero como consecuencia del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, el tribunal declar\u00f3 la nulidad por haber omitido notificar al Banco Agrario S.A. y a los herederos de Celestino Antonio N\u00fa\u00f1ez Pe\u00f1aloza; renovada la actuaci\u00f3n con prove\u00eddo del 19 de diciembre de 2013, tras llegar de nuevo al conocimiento del tribunal, el 27 de octubre de 2014 y con vista en lo previsto en el art\u00edculo 140-4 del anterior estatuto adjetivo, declar\u00f3 la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda, inclusive. <\/p>\n

El 23 de octubre de 2018 el tribunal revoc\u00f3 el fallo desestimatorio de primer grado y en su lugar accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda; en cumplimiento a la anterior decisi\u00f3n, el 14 de noviembre de la misma anualidad, el juzgado dispuso la liquidaci\u00f3n concentrada de costas a cargo de la parte demandada, la que es aprobada el 8 de febrero de 2019. <\/p>\n

A trav\u00e9s de su apoderado judicial, el hoy reclamante solicit\u00f3 al juzgado \u00abcumplir la sentencia de 27 de octubre de 2014, oficiando al se\u00f1or Registrador [de Instrumentos P\u00fablicos de Fundaci\u00f3n]\u00bb, mediante la cual se declar\u00f3 la nulidad a partir del auto admisorio inclusive; el 28 de marzo de 2019, se emite decisi\u00f3n desfavorable, la cual fue recurrida por el solicitante, siendo ratificada con auto del 19 de julio de 2019, en la que se orden\u00f3 \u00abcancelar las anotaciones de las transferencias de propiedad, grav\u00e1menes y limitaciones al dominio efectuados despu\u00e9s de la inscripci\u00f3n de la demanda correspondiente a la anotaci\u00f3n n\u00famero 9\u00bb. <\/p>\n

Frente a dicha determinaci\u00f3n, el querellante pidi\u00f3 corregirla y al mismo tiempo propuso incidente de nulidad; por auto del 23 de agosto de 2019, se corri\u00f3 traslado del \u00faltimo tr\u00e1mite deprecado y finalmente se fij\u00f3 el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, para definirlo en audiencia p\u00fablica. <\/p>\n

3.\tSe infiere que lo pretendido es que se invalide el auto proferido por el accionado el 19 de julio de 2019, y con ello, se cancele la medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda respecto del predio objeto del litigio (fls. 4 a 10, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1. \tLa Juez Civil del Circuito de Fundaci\u00f3n, tras hacer un recuento de la actuaci\u00f3n procesal en cuesti\u00f3n, dijo que \u00ablo pretendido en sede constitucional guarda simetr\u00eda con la solicitud de nulidad presentada al interior de la causa y sobre la cual a\u00fan no se ha emitido pronunciamiento por esta funcionar\u00eda, por lo que la acci\u00f3n de tutela deviene improcedente, toda vez que el ciudadano accionante ha activado los carriles procesales adecuados para lograr un pronunciamiento por el Juez natural sobre el aspecto que genera su inconformidad\u00bb, y agreg\u00f3 que \u00aben el evento que la nulidad invocada no prospere, aun cuenta con los recursos de ley, los cuales puede interponer en el acto de notificaci\u00f3n de la providencia que considere lesiva de sus intereses\u00bb (fls. 128 y 129, ib\u00eddem). <\/p>\n

2.\tLuis Eduardo y Daider Iv\u00e1n N\u00fa\u00f1ez, se opusieron a lo pretendido aduciendo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, que contrario a lo aseverado por el accionante, \u00e9l si contaba con otro medio de defensa judicial, pues \u00abpudo promover un incidente de levantamiento de la inscripci\u00f3n tal como lo prev\u00e9 el par\u00e1grafo del art\u00edculo 597 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. Agreg\u00f3 que al haberse declarado la nulidad por el tribunal, \u00abper se no levantaba la inscripci\u00f3n de la demanda\u00bb, ya que \u00abal rehacer la actuaci\u00f3n ordenada por [auto de] fecha 2 de febrero de 2015, estando vigente la inscripci\u00f3n de la demanda, en nada modificaba la situaci\u00f3n jur\u00eddica del bien y cumpli\u00f3 la misma finalidad que hubiese cumplido la nueva inscripci\u00f3n: advertirle a los eventuales adquirentes del bien sobre el cual recae la medida, que \u00e9ste se hallaba en litigio, debiendo entonces atenerse a los resultados de la sentencia\u00bb (fls. 150 a 153, ib\u00edd.). <\/p>\n

3.\tEl Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes de la Caja Agraria en Liquidaci\u00f3n, inform\u00f3 que \u00aben el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 236-55560, se observa que el gravamen hipotecario (anotaci\u00f3n 2) y la medida cautelar de embargo (anotaci\u00f3n 5) se encuentran cancelados anotaciones 11 y 12, raz\u00f3n por la cual no existe ning\u00fan v\u00ednculo con el predio objeto de la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb, por lo que pidi\u00f3 se declare que respecto de esa entidad \u00abhay falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb (fls. 179 a 181, \u00eddem). <\/p>\n

SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n

Neg\u00f3 el auxilio al observar que pese a que el 27 de octubre de 2014, el ad quem declar\u00f3 la nulidad de lo actuado \u00aba partir del auto admisorio de la demanda, inclusive, fechado el 2 de junio de 2010\u00bb y \u00abno dispuso el levantamiento de la medida cautelar (\u2026) los argumentos esgrimidos por la titular del despacho encartado (\u2026) los comparte \u00edntegramente la Sala, pues en el evento de haberse dispuesto oportunamente [la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n], lo que correspond\u00eda seguidamente era decretarla nuevamente en el nuevo auto admisorio (\u2026), lo cual no consider\u00f3 necesario la juzgadora habida cuenta de la vigencia de la (\u2026) previamente dispuesta\u00bb. Adicionalmente, como el promotor \u00absolicit\u00f3 la nulidad del auto de 19 de julio pasado, (\u2026) una vez resuelto, si le es desfavorable, la decisi\u00f3n es susceptible del recurso de apelaci\u00f3n, de acuerdo con el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 322 del C. G. del P.\u00bb (fls. 184 a 189, cd. 1). <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La interpuso el gestor del auxilio para insistir en los argumentos de la demanda tutelar, y criticar, respecto de la subsidiariedad aducida por el tribunal a-quo, que contra el auto el 19 de julio de 2019 no proced\u00eda recurso alguno, habida cuenta lo previsto en el inciso final del art\u00edculo 591 del estatuto general, acotando que en audiencia del pasado 17 de octubre, el acusado \u00abresolvi\u00f3 negativamente la nulidad\u00bb y con ello la ejecuci\u00f3n del prove\u00eddo materia de ataque por esta senda constitucional (fls. 218 a 223, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema \tjur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Civil del Circuito de Fundaci\u00f3n, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el actor, al no levantar la medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda dispuesta en el juicio ordinario n\u00ba 2010-00148. <\/p>\n

2. \tDe la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado, por regla general, que el resguardo no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

3. \tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

Del an\u00e1lisis pertinente de los argumentos de la queja constitucional y las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala establece que el fallo denegatorio de primera instancia ser\u00e1 respaldado, porque la actuaci\u00f3n desplegada en el proceso de pertenencia, no se vislumbra que pueda ser el resultado de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del orden jur\u00eddico, sino que, por el contrario, obedece a uno jur\u00eddicamente razonable. <\/p>\n

3.1.\tEn efecto, para que el querellado, mediante providencia del 19 de julio de 2019, hubiera mantenido su decisi\u00f3n del 28 de marzo del mismo a\u00f1o, absteni\u00e9ndose de comunicar la cancelaci\u00f3n de la medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda como consecuencia de la nulidad decretada por el tribunal, se vali\u00f3 de reflexiones que lejos est\u00e1n de tornarse arbitrarias o caprichosas. <\/p>\n

En tal sentido, expuso que impetrada la demanda de pertenencia el 21 de mayo de 2010 y luego de que la actuaci\u00f3n sufriera \u00abvarios reveses\u00bb, atendiendo la declaratoria de nulidad del 27 de octubre de 2014, porque lo actuado se hizo \u00abpor tr\u00e1mite diferente\u00bb, la demanda se admiti\u00f3 el 2 de febrero de 2015, y surtida la primera instancia, el litigio se defini\u00f3 en segundo grado mediante sentencia estimatoria del 23 de octubre de 2018, y llevando \u00abun mes\u00bb archivado el expediente, advirti\u00f3 \u00abla ex\u00f3tica solicitud\u00bb elevada por el representante judicial del hoy tutelante en la que \u00abinsta a este juzgado para que se env\u00ede oficio a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos informando sobre la nulidad declarada el 27 de octubre de 2014, determinaci\u00f3n que seg\u00fan palabras del solicitante \u201ca\u00fan no ha sido cumplida\u201d, agregando a rengl\u00f3n seguido: \u201ceste desacato es grave y est\u00e1 causando graves problemas a mis clientes\u201d\u00bb. <\/p>\n

Para resolver negativamente lo perseguido, indic\u00f3 que si bien el tribunal \u00abmediante providencia de fecha 27 de octubre de 2014 declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado a partir del auto que dispuso imprimir tr\u00e1mite a la demanda; tambi\u00e9n lo es que el 2 de febrero de 2015 se profiri\u00f3 providencia de reemplazo que imparti\u00f3 las \u00f3rdenes correspondientes\u00bb y que del mismo modo \u00abse pudo verificar que a la fecha no ha sido librado oficio informando sobre la invalidez decretada, no obstante, son razones de l\u00f3gica elemental las que impiden proceder a hacerlo en este momento\u00bb. <\/p>\n

Precis\u00f3 que seg\u00fan lo previsto en los incisos 2\u00ba y 3\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abla invalidez cobija exclusivamente las decisiones que tienen relaci\u00f3n directa con la causal\u00bb por lo que \u00abconviene preguntarse, \u00bfser\u00e1 que la determinaci\u00f3n de ordenar la inscripci\u00f3n de la demanda est\u00e1 ligada al motivo que produjo la nulidad?\u00bb, la respuesta la otorg\u00f3 el legislador \u00abpues categ\u00f3ricamente estableci\u00f3 que \u201cse mantendr\u00e1n las medidas cautelares practicadas\u201d. Y a rengl\u00f3n seguido puntualiz\u00f3: \u201cEl auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u201d. Con fundamento en ello, seguidamente asever\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) no es acertada la interpretaci\u00f3n que hace el peticionario, cuando arguye que s\u00f3lo ante el silencio del operador de justicia es que tiene aplicaci\u00f3n la parte final del inciso 2\u00b0 de la norma, todo lo contrario, la hermen\u00e9utica con que debe ser le\u00edda revela que en todo caso s\u00f3lo es necesario indicar cu\u00e1l es la actuaci\u00f3n que est\u00e1 afectada por la nulidad, sin mencionar que las pruebas practicadas y las medidas cautelares contin\u00faan vigentes, pues existe imperativo legal sobre el particular, de tal suerte que ser\u00eda redundante incluir en esa providencia, la advertencia de que contin\u00faan vigentes las pruebas decretadas y las medidas cautelares, haciendo inane pronunciamiento en tal sentido por el inferior. <\/p>\n

En efecto, n\u00f3tese que el auto de 27 de octubre de 2014 tantas veces mencionado; guard\u00f3 silencio sobre las pruebas, y a pesar de ello no fue necesario rehacer las que fueron practicadas, precisamente porque as\u00ed lo impone el art\u00edculo 138 en comento, circunstancia que adem\u00e1s, se resalta, fue avalada por el Honorable Tribunal Superior cuando resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia. Y atendiendo al contexto del proceso no pod\u00eda ser otra forma, pues por tratarse de un proceso de pertenencia, la inscripci\u00f3n se realiza a\u00fan de oficio, esto es, sin que medie solicitud de parte. En ese orden de ideas, no tendr\u00eda sentido que se hubiera ordenado el levantamiento, para acto seguido emitir nueva orden en igual sentido, pues actuar de ese modo hubiera constituido una afrenta el principio de econom\u00eda procesal. <\/p>\n

Aunado a lo anterior, si en ese momento se hubiera dejado sin efectos la medida, se hubiera concretado el riesgo que advierte la jurisprudencia citada, consistente en que \u201clos litigantes tendr\u00edan oportunidad para desplegar actuaciones encaminadas a sustraerse de su cumplimiento\u201d, verbi gratia, mediante contratos de compraventa que saquen del patrimonio del demandado los bienes en pugna\u00bb. <\/p>\n

Anot\u00f3 que la conducta en comento \u00abequivaldr\u00eda a generar una irregularidad procesal, pues el car\u00e1cter instrumental de las normas procesales las convierten en un medio para obtener el fin m\u00e1ximo, cual es la recta y cumplida impartici\u00f3n de justicia, de tal suerte que no pueden las partes ni el administrador de justicia sustraerse de su cumplimiento a voluntad. Es por ello, que cuando se emiti\u00f3 el auto de 2 de febrero de 2015, con el cual se procedi\u00f3 a rehacer el tr\u00e1mite por los defectos advertidos, no hubo necesidad de emitir nueva orden de inscripci\u00f3n de la demanda, toda vez que la decretada inicialmente se encontraba vigente\u00bb. Acot\u00f3 que \u00abcontinuando con el ejercicio hipot\u00e9tico, ninguna aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica tendr\u00eda proceder en estos momentos a oficiar al registrador para ponerle en conocimiento la nulidad declarada el 27 de octubre de 2014, pues como el proceso se encuentra terminado no habr\u00eda lugar a que se pudiera inscribir nuevamente la medida, pues se insiste el proceso est\u00e1 terminado\u00bb. <\/p>\n

Por lo dem\u00e1s, record\u00f3 que los demandados Salcedo Mart\u00ednez vendieron los derechos que ten\u00edan sobre el inmueble a Yakeline Mar\u00eda Pinilla [en febrero de 2016], y \u00e9sta a su vez los transfiri\u00f3 a favor de Lina Margarita Orozco Romero el 28 de diciembre de 2018, \u00abfecha para la cual ya hab\u00eda sido emitida la sentencia de segunda instancia que declar\u00f3 due\u00f1os a los demandantes\u00bb, por tanto las citadas \u00abcompraron a sabiendas que exist\u00eda la disputa sobre la propiedad del fundo, por lo que asumieron voluntariamente las consecuencias que resultaran del tr\u00e1mite procesal, porque precisamente ese es el fin perseguido [con] la instituci\u00f3n del registro de la demanda\u00bb, y sobre ello ya el tribunal se hab\u00eda pronunciado en la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 la se\u00f1ora Orozco Romero, pues inclusive actuaron, a trav\u00e9s de abogado, dentro del proceso de pertenencia en cuesti\u00f3n. <\/p>\n

As\u00ed, consider\u00f3 infundada la reclamaci\u00f3n para emitir oficio que levantara la cautela sobre el bien, cuando, (i) \u00abesa orden fue emitida hace poco m\u00e1s de 4 a\u00f1os y medio, tiempo durante el cual ninguna objeci\u00f3n se elev\u00f3 por las partes dentro del tr\u00e1mite procesal\u00bb (ii) \u00abpara la fecha en que se elev\u00f3 la solicitud el expediente se encontraba archivado por haberse proferido sentencia que declara a los demandantes due\u00f1os del predio y esa providencia ya hab\u00eda sido inscrita en el respectivo folio de matr\u00edcula\u00bb; (iii) \u00abcuando las se\u00f1oras Pinilla Bredes y Orozco Romero compraron, lo hicieron bajo el conocimiento que exist\u00eda este proceso, y m\u00e1s a\u00fan, para la \u00e9poca que la \u00faltima de las mencionadas celebr\u00f3 el negocio ante la respectiva notar\u00eda, que lo fue el 28 de diciembre de 2018, ya exist\u00eda sentencia que acced\u00eda a las pretensiones de la demanda, la que fue proferida el 23 de octubre de 2018, con lo cual era claro que se habla perfeccionado la contingencia que indicada la inscripci\u00f3n de la demanda\u00bb (iv) \u00ab[el tribunal], en las m\u00faltiples ocasiones que ha tenido la oportunidad de estudiar el expediente no orden\u00f3 que se oficiara al registrador de instrumentos p\u00fablicos en eses sentido\u00bb, y (v) \u00abla parte que hoy solicita que se libre el oficio dej\u00f3 transcurrir el tiempo sin solicitar durante el curso del proceso que se adoptaran las medidas para corregir lo que en su sentir constituye una actuaci\u00f3n an\u00f3mala, dejando que la situaci\u00f3n se consolidara, sin manifestar su inconformidad en oportunidad legal\u00bb. <\/p>\n

En tales condiciones, adem\u00e1s de reprochar el comportamiento del abogado del solicitante por elevar \u00absolicitudes notoriamente improcedentes\u00bb que \u00abatentan contra la buena fe, econom\u00eda y lealtad procesal, con lo que se podr\u00eda configurar una infracci\u00f3n a los deberes de que trata el art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, procedi\u00f3 a \u00abdecidir sobre la solicitud elevada por el extremo activo, consistente en que se realice la cancelaci\u00f3n de las anotaciones de transferencias de propiedad, grav\u00e1menes y limitaciones al dominio efectuadas despu\u00e9s de la inscripci\u00f3n de la demanda, pronunciamiento que se omiti\u00f3 en la sentencia que accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda\u00bb, atendiendo lo preceptuado en el canon 591 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

3.2. \tComo acaba de verse, para llegar a la conclusi\u00f3n que el quejoso refuta, la autoridad enjuiciada se ajust\u00f3 al ordenamiento jur\u00eddico y se vali\u00f3 de una motivaci\u00f3n que no se muestra caprichosa o antojadiza, por el contrario, los razonamientos all\u00ed contenidos evidencian una adecuada valoraci\u00f3n de las normas aplicables al caso analizado y de los medios de convicci\u00f3n pertinentes, y ello hace parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al juez constitucional para inmiscuirse en el asunto. <\/p>\n

En tales condiciones, se ha dicho que mientras las providencias cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder al amparo, pues la sola divergencia conceptual no es fuente de la salvaguarda, y se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00abno constituye v\u00eda de hecho las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb que resolvieron el asunto cuya actuaci\u00f3n es objeto de cuestionamiento (CSJ STC 21 jul. 1995, rad. 2397, citada en STC15511-2019, 14 nov. 2019, rad. 00513-01, entre otras). <\/p>\n

As\u00ed, el hecho de que la providencia criticada no se avenga a los intereses de una de las partes, es un asunto que en s\u00ed mismo considerado escapa al \u00e1mbito del juez excepcional, pues \u00e9ste \u00abno puede entrar a descalificar la gesti\u00f3n del juzgador, ni a imponerle una determinada hermen\u00e9utica, m\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, citada entre otras en STC9792-2019, 24 jul. 2019, rad. 01322-00). <\/p>\n

En este orden, las cosas, queda claro que lo pretendido por la accionante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada y atacar, por este sendero jur\u00eddico, la decisi\u00f3n que la desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la presente acci\u00f3n, la cual se fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

4.\tConclusi\u00f3n <\/p>\n

De acuerdo con lo anteriormente discurrido, se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, pero precisando que lo ser\u00e1 s\u00f3lo porque la decisi\u00f3n criticada, no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por este excepcional mecanismo jur\u00eddico.
\nDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, con las precisiones dadas en esta instancia. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16867-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2019-00304-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103121","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103121","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103121"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103121\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103121"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103121"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103121"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}