{"id":103122,"date":"2026-07-02T18:15:43","date_gmt":"2026-07-02T18:15:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103122"},"modified":"2026-07-02T18:15:43","modified_gmt":"2026-07-02T18:15:43","slug":"stc16868-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16868-2019\/","title":{"rendered":"STC16868-2019"},"content":{"rendered":"
Magistrado ponente <\/p>\n

STC16868-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 54001-22-13-000-2019-00191-01
\n(Aprobado en Sala de doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 28 de Octubre de 2019, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Carmen Sof\u00eda Romero contra los Juzgados Sexto Civil del Circuito y Octavo Civil Municipal (ambos de la misma ciudad), as\u00ed como la Inspecci\u00f3n Sexta de Polic\u00eda de esa localidad, y los demandantes dentro del juicio reivindicatorio n.\u00b02010-00254. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, \u00abequidad\u00bb, \u00abvida en condiciones dignas\u00bb y \u00absalud mental\u00bb, presuntamente conculcados por el juzgado del circuito y la inspecci\u00f3n de polic\u00eda convocadas. <\/p>\n

2.\tEn sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que desde junio de 1987 tom\u00f3 posesi\u00f3n del predio en litigio previa anuencia de su hijo Jos\u00e9 Edgar Matagira Romero, quien en su oportunidad, era el titular inscrito de derechos reales del mismo. <\/p>\n

Afirm\u00f3 que el inmueble fue destinado para la vivienda de ella y su familia, entre ellos, su \u00abcompa\u00f1ero permanente\u00bb el se\u00f1or Marco Tulio Matagira respecto de quien asegur\u00f3 que jam\u00e1s ejerci\u00f3 \u00abposesi\u00f3n alguna sobre el inmueble\u00bb. <\/p>\n

De otro lado, revel\u00f3 que tras el deceso de su descendiente, los herederos de aqu\u00e9l \u00abinstauraron demanda reivindicatoria\u00bb en contra del Se\u00f1or Matagira la cual se adelant\u00f3 en el Juzgado Sexto Civil del Circuito de C\u00facuta. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que no tuvo oportunidad de \u00abcontrovertir el referido proceso\u00bb en la medida en que las comunicaciones del juicio, al parecer, le fueron entregadas directamente al demandado por ser \u00abla \u00fanica persona que permanec\u00eda en la casa, porque la suscrita y mis hijas sal\u00edamos a trabajar\u00bb. <\/p>\n

Explic\u00f3 que su pareja era una persona enferma \u00abque no recordaba de nada (sic)\u00bb pero permaneci\u00f3 en la casa hasta su fallecimiento \u201311 de febrero de 2013\u2013, raz\u00f3n por la cual \u00abtal vez recibi\u00f3 citaciones\u00bb m\u00e1s nunca \u00abdijo nada\u00bb; entonces, solo tuvo conocimiento del proceso \u00abcuando la inspecci\u00f3n 5\u00b0 (sic) de Polic\u00eda de la \u201cCasa de la Justicia\u201d de la Libertad solicitaba la entrega del inmueble en cumplimiento del [d]espacho [c]omisorio # 42 de 2015\u00bb. <\/p>\n

En raz\u00f3n de lo anterior, acudi\u00f3 de forma inmediata a la Defensor\u00eda del Pueblo donde le fue asignado un defensor para que la representara dentro del juicio reivindicatorio, sin embargo, pese a la gesti\u00f3n del profesional \u00ablos medios jur\u00eddicos\u00bb por \u00e9l ejercidos \u00able fueron despachados negativamente\u00bb. <\/p>\n

Asegur\u00f3 que es una persona de la tercera edad \u00absin medios de fortuna\u00bb, \u00abvive de la caridad de [sus]hijas\u00bb y, por lo tanto, no tiene \u00aba donde ir\u00bb; en raz\u00f3n de ello, el 19 de septiembre de los corrientes, \u00abinstaur[\u00f3] demanda de pertenencia por este inmueble por ser la poseedora\u00bb, no obstante, \u00ab[t]eniendo en cuenta que se me orden\u00f3 entregar la casa este 25 de septiembre, el Juzgado 9\u00b0 Civil Municipal de C\u00facuta [a quien correspondi\u00f3 por reparto el asunto]no alcanza (\u2026) a admitir la demanda, por ello, recurro a la acci\u00f3n de tutela como \u00fanico mecanismo residual para evitar un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n

3.\tAs\u00ed las cosas, pidi\u00f3 \u00abordenar a los accionados\u00bb que \u00absuspendan toda acci\u00f3n o diligencia tendiente a la [r]estituci\u00f3n o [l]anzamiento\u00bb del inmueble, \u00abmientras se resuelve [l]a controversia por la demanda de pertenencia instaurada\u00bb. <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

1.\tEl Juzgado Sexto Civil del Circuito de C\u00facuta manifest\u00f3 que la hoy accionante fue reconocida \u2013dentro del juicio reivindicatorio que origin\u00f3 la controversia\u2013 como sucesora procesal del fallecido Marco Tulio Matagira. <\/p>\n

Frente a la comisi\u00f3n ordenada dijo que \u00abpara llevar a cabo la diligencia de [r]estituci\u00f3n de bien inmueble objeto del proceso (\u2026) se profiri\u00f3 con las normas aplicables al subj\u00fadice (sic) (\u2026) habi\u00e9ndose librado para tal efecto el despacho comisorio (\u2026) el cual fue retirado por la parte interesada para su diligenciamiento desde el 7 de diciembre de 2018, sin que a la fecha se haya tenido conocimiento de las resultas de la diligencia comisionada\u00bb. <\/p>\n

2.\tLa Inspectora Sexta Urbana de Polic\u00eda de la misma ciudad, por su parte, anot\u00f3 que al llegar al inmueble objeto de comisi\u00f3n fue \u00abatendida\u00bb por la hoy tutelante quien se neg\u00f3 a identificarse, raz\u00f3n por la cual, la diligencia se adelant\u00f3 con Judith Matagira Romero quien afirm\u00f3 ser hija de la quejosa. <\/p>\n

Asegur\u00f3 que pese a lo anterior \u00abla se\u00f1ora [t]utelante fue la que solicit\u00f3 el plazo de los tres meses para la entrega del inmueble\u00bb, pero solo le fueron concedidos dos meses \u00ablos cuales se cumplieron el 25 de septiembre\u00bb de los corrientes. A\u00f1adi\u00f3 que \u00abno ha programado nuevamente fecha y hora para continuar con la diligencia\u00bb sin que tampoco el abogado de la parte actora haya solicitado nueva fecha para su para su pr\u00e1ctica. <\/p>\n

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
\nEl tribunal neg\u00f3 el resguardo porque consider\u00f3 que \u00abla diligencia de entrega no ha finalizado\u00bb y, en tal sentido, \u00abla accionante tiene todav\u00eda a su alcance los medios judiciales id\u00f3neos para reclamar la protecci\u00f3n de sus derechos\u00bb. <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La promotora recurri\u00f3 la providencia insistiendo en sus primigenias alegaciones. Agreg\u00f3 que el funcionario comisionado no la \u00abnotific\u00f3 sobre la diligencia que se iba a realizar el 25 de julio de 2019\u00bb y, que, de haberlo hecho \u00abestar\u00eda ah\u00ed para poder ejercer [su] sagrado derecho fundamental de defensa\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema Jur\u00eddico. <\/p>\n

De verificarse lo anterior se determinar\u00e1 si (ii) las autoridades accionadas vulneraron las prerrogativas invocadas por la promotora al omitir, presuntamente, informarle de la diligencia de entrega ordenada por el juez de conocimiento, dentro del proceso reivindicatorio que se adelant\u00f3 en contra de su compa\u00f1ero sentimental. <\/p>\n

2.\tProcedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n han decantado que, en l\u00ednea de principio, la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales. Para mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es permitido, al menos por regla, inmiscuirse en el escenario propio de los tr\u00e1mites ordinarios. <\/p>\n

Ahora, dicha regla encuentra su excepci\u00f3n en casos en los cuales el funcionario accionado ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que, luego de un ponderado estudio, tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

3.\tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

3.1.\tDe la subsidiariedad. <\/p>\n

Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas. De ah\u00ed que, entre tanto subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir al remedio constitucional previsto en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica (a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable). <\/p>\n

Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad iusfundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u201d\u00bb (CSJ STC 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01). <\/p>\n

As\u00ed, anticipadamente se advierte que la providencia impugnada ser\u00e1 refrendada, pues como se explicar\u00e1 los reparos incluidos en la demanda de tutela, no han sido debidamente elevados ante el juez de la causa. <\/p>\n

Ciertamente, de la inspecci\u00f3n judicial que realiz\u00f3 el tribunal a-quo al expediente y de la verificaci\u00f3n que de ello efect\u00faa la Sala, se establece que la quejosa no ha puesto en conocimiento de la sede encartada la presunta omisi\u00f3n en la notificaci\u00f3n que considera debi\u00f3 realiz\u00e1rsele. <\/p>\n

De manera que, el enteramiento y consecuente suspensi\u00f3n de la diligencia que ahora pretende sea ordenado por esta v\u00eda, en rigor, no han sido solicitados ante la juez del litigio para que adopte las medidas que considere pertinentes y, por lo mismo, impide la injerencia de la jurisdicci\u00f3n constitucional en la labor de los falladores ordinarios. <\/p>\n

3.2.\tDe la tutela como mecanismo transitorio. <\/p>\n

Sobre la posibilidad de conceder el auxilio bajo esa modalidad para evitar un perjuicio irremediable, esta Sala Especializada no encuentra configuradas las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01).
\nDe ah\u00ed que, la no demostraci\u00f3n de afectaci\u00f3n grave y actual de las garant\u00edas superiores de la demandante, se refuerza con lo que de manera espec\u00edfica se ha dicho sobre este tema, puesto que, \u00aben principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia de entrega no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u201d\u00bb (sentencia del 29 de noviembre de 2006, exp. 00079-01, reiterada el 22 de febrero de 2013, exp. 00302-00). <\/p>\n

En el mismo sentido, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que \u00abla tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2009, exp. 1496-01, citada entre otras en STC6039-2017, 4 may. 2017, rad. 00050-01, y STC13471-2018, 17 oct. 2018, rad. 00205-01). <\/p>\n

3.3.\tConsideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n

Finalmente, frente a las afirmaciones de la se\u00f1ora Anzo\u00e1tegui Ruiz, referentes a que es sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, por ser una persona \u00abde la tercera edad\u00bb y no contar con los recursos suficientes para garantizar su vivienda, por s\u00ed mismas, no resultan suficientes para justificar la intromisi\u00f3n del juez de tutela frente a una orden judicial debidamente ejecutoriada, en la medida en que \u00ab(\u2026) las condiciones personales y econ\u00f3micas invocadas por la gestora como fundamento del amparo, no pueden sobreponerse a lo decidido (\u2026) escenario donde cont\u00f3 con plenas garant\u00edas para la defensa de sus derechos e intereses jur\u00eddicos\u00bb (CSJ. 19 may. de 2011, exp. 00412, reiterada el 14 jul. De 2014 STC9124). <\/p>\n

4.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Corolario de lo discurrido, se impone refrendar el fallo de primer grado mediante el cual se neg\u00f3 el amparo implorado porque, la actuaci\u00f3n censurada no supera el esencial requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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