{"id":103124,"date":"2026-07-02T18:15:55","date_gmt":"2026-07-02T18:15:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103124"},"modified":"2026-07-02T18:15:55","modified_gmt":"2026-07-02T18:15:55","slug":"stc16886-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16886-2019\/","title":{"rendered":"STC16886-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16886-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2019-00454-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 6 de noviembre de 2019, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por V\u00edctor Rafael Rodr\u00edguez C\u00e1ceres contra el Juzgado Sexto de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en litigio n\u00ba 2013-00328. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tActuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada, porque dentro del juicio sucesorio de su progenitor, opt\u00f3 \u00abpor la no adjudicaci\u00f3n adicional de la herencia al heredero \u00fanico\u00bb.
\n2.\tDe los anexos e informaci\u00f3n proporcionada por los concurrentes a este asunto, se extrae que el accionante promovi\u00f3 proceso de sucesi\u00f3n intestada de su padre Rafael Humberto Rodr\u00edguez Hern\u00e1ndez, cuya sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n \u00aben ceros\u00bb fue proferida por el Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga el 4 de agosto de 2017, al establecerse que los bienes inicialmente inventariados no figuraban en cabeza del causante, aunado a que ya hab\u00edan sido liquidados dentro de la sociedad patrimonial conformada entre el de cujus y Benilda C\u00e1ceres Rojas. <\/p>\n

Adujo que como los recursos fueron desatados desfavorablemente y no se realiz\u00f3 la adjudicaci\u00f3n de los bienes a su favor, el juzgado \u00abme caus\u00f3 un perjuicio irremediable, como el derecho de defensa del demandante en el proceso reivindicatorio de heredero del rad. n\u00ba 2018-00088 conden\u00e1ndome por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb.
\nAsever\u00f3 que la titular del juzgado, \u00abpretende la acumulaci\u00f3n de un proceso de sucesi\u00f3n principal terminado y ejecutoriado, con un proceso que hasta ahora est\u00e1 naciendo al casamiento de la litis, ya que no se ha notificado a las partes [rad. 2019-00396]\u00bb y que \u00abni siquiera ha obedecido en la declaratoria de nulidad del auto del 17 de octubre de 2018, y prejuzgando el acontecer de un proceso marital de hecho del rad. N\u00ba 2018-00441\u00bb, por lo que la tild\u00f3 de \u00abmuy peligrosa, ya que al desobedecer la ley, encubre cantidad de delitos (\u2026), permitiendo esta funcionaria que la demandada Ana Bertilda C\u00e1ceres Rojas se insolvente pasando bienes a otros terceros\u00bb <\/p>\n

3.\tPretende que \u00abse adjudique conforme a la ley (\u2026) la herencia del causante Rafael Humberto Rodr\u00edguez Hern\u00e1ndez\u00bb, correspondiente a \u00ablos tres (3) inmuebles con M.I. No. 410-11625 del 70%; 410-398 del 100%, [y] 300-7719 del 100% (\u2026), al heredero \u00fanico V\u00edctor Rafael Rodr\u00edguez C\u00e1ceres\u00bb (fls. 1 a 3, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n

La Juez Sexta de Familia de Bucaramanga se opuso a lo pretendido, porque, aunado a que la acci\u00f3n no cumple el requisito de la subsidiariedad, en tanto el quejoso no recurri\u00f3 el auto que dispuso la acumulaci\u00f3n de la nueva solicitud de partici\u00f3n adicional a la que se ven\u00eda tramitando, \u00abno se encuentra ninguna irregularidad al tenor de lo previsto en el C\u00f3digo General del Proceso, y mucho menos que con esto se le haya vulnerado ning\u00fan (sic) derecho fundamental del accionante\u00bb, y record\u00f3 que \u00abel mismo accionante\u00bb ha impetrado [7] tutelas \u00abdesde el momento en que se decidi\u00f3 adelantar la PARTICI\u00d3N ADICIONAL en el asunto rad. 2013-0328, al haber reconocido a los dem\u00e1s hermanos como herederos\u00bb (fls. 166 y 167, ib\u00eddem).
\nSENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Neg\u00f3 lo pretendido \u00abpor no existir ni siquiera aparente violaci\u00f3n al debido proceso, ni menoscabo de los derechos que en la sucesi\u00f3n analizada puede tener el tutelista, quien no puede aspirar a seguir siendo \u00fanico heredero para as\u00ed no permitir que otros posibles interesados puedan intentar exponer y alcanzar eventuales reconocimientos de la justicia\u00bb; ello, porque la \u00abdesaz\u00f3n\u00bb del accionante surgi\u00f3 por \u00abdejar de abrir un proceso con radicaci\u00f3n diferente para distribuir bienes dejados por el difunto (\u2026) que no se tuvieron en cuenta dentro del tr\u00e1mite de la radicaci\u00f3n 328 de 2013, y \u201cacumular\u201d una nueva demanda al susodicho tr\u00e1mite que \u201cse encuentra en curso\u201d, tanto en aplicaci\u00f3n del art. 23 del C.G.P., como por simple, l\u00f3gica al no ser legal tramitar dos liquidaciones adicionales del mismo causante, evidenci\u00e1ndose que dentro del negocio que se acumulaba ya ven\u00edan reconocimientos judiciales de otros interesados\u00bb, pues pretend\u00eda se realizara a su favor la \u00abadjudicaci\u00f3n directa de los bienes\u00bb (fls. 130 a 139, cd. 1). <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La interpuso el promotor del resguardo, reprochando la desestimaci\u00f3n de sus aspiraciones al aducir que \u00ablos conjueces no saben aplicar e interpretar la ley del art. 513 y 514 del C.G.P. y lo confunden con el art. 518 del C.G.P\u00bb (fls. 173 a 175, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si se vulneraron las prerrogativas invocadas por el demandante, por no definir a su favor la \u00abadjudicaci\u00f3n adicional\u00bb pretendida dentro del sucesorio n\u00ba 2013-00328. <\/p>\n

2. \tDe la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

La reiterada jurisprudencia de esta Sala ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario profiera alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, citada entre otras en STC5280-2019, 2 may. 2019, rad. 00111-01). <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que cuando el juez profiere una resoluci\u00f3n trascendental en el proceso obedeciendo al capricho o a la arbitrariedad, queda desconectado del ordenamiento jur\u00eddico, tiende a causar agravio a alguno de los intervinientes e incluso a la propia administraci\u00f3n de justicia, y en esas condiciones la v\u00eda excepcional resulta id\u00f3nea para conjurar o prevenir el perjuicio. <\/p>\n

3.\tDe la temeridad. <\/p>\n

El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, el que se concreta, por regla general, en la duplicidad del empleo del auxilio entre las mismas partes, hechos y objeto, ante lo cual esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche\u00bb (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 00171-00, citada entre otros en ATC986-2019, 3 jul. 2019, rad. 00723-01). <\/p>\n

Consecuente con lo anterior, frente al tema de la duplicidad o multiplicidad de acciones de tutela que no implican significativa variaci\u00f3n, con apoyo en la jurisprudencia constitucional se ha establecido distintas situaciones que entrelazan las figuras jur\u00eddicas de temeridad y cosa juzgada, as\u00ed: <\/p>\n

\u00abpromover sucesivas o m\u00faltiples solicitudes de amparo en procesos que versen sobre un mismo asunto pueden generar las siguientes situaciones: \u201ci) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las circunstancias en que se interpone una acci\u00f3n de tutela sobre una causa decidida previamente en otro proceso de la igual naturaleza, sin que existan razones que justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya cosa juzgada, pero no temeridad, acaece como caso t\u00edpico, cuando de buena fe se interpone una segunda tutela debido a la convicci\u00f3n fundada que sobre la materia no ha operado el fen\u00f3meno de la cosa juzgada, acompa\u00f1ada de una expresa manifestaci\u00f3n en la demanda de la existencia previa de un recurso de amparo; y iii) los casos en los cuales se configure \u00fanicamente temeridad, una muestra de ello acontece en la presentaci\u00f3n simult\u00e1nea de mala fe de dos o m\u00e1s solicitudes de tutela que presentan la triple identidad a la que se ha aludido, sin que ninguna haya\u00a0 hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada\u00bb. CC T-560\/09 y T-185\/13. Subrayado fuera del texto. <\/p>\n

4. \tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

Bajo las premisas descritas, encuentra la Sala que el reproche dirigido contra el Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga, no surgi\u00f3 de lo dispuesto en auto del 1\u00ba de octubre de 2019, ratificado el 23 del mismo mes y a\u00f1o, donde se dispuso la \u00abacumulaci\u00f3n\u00bb de las solicitudes de partici\u00f3n adicional en relaci\u00f3n con los bienes dejados por el causante Rafael Humberto Rodr\u00edguez Hern\u00e1ndez, sino desde el prove\u00eddo del 13 de abril de 2018, por haberse ordenado notificar y correr traslado de la primigenia solicitud a Ana Benilda C\u00e1ceres Rojas, Jairo Arturo y Luis Humberto y Martha Cecilia Rodr\u00edguez C\u00e1ceres, la primera en su condici\u00f3n de \u00abcompa\u00f1era permanente\u00bb y los otros como \u00abherederos del causante\u00bb. <\/p>\n

La inconformidad del demandante radica en que para \u00e9l, los bienes del causante que surgieron tras la aprobaci\u00f3n de la partici\u00f3n inicial \u00aben ceros\u00bb, s\u00f3lo pueden ser adjudicados a su favor por haber sido quien promovi\u00f3 la declaraci\u00f3n de la nulidad de la escritura p\u00fablica que conten\u00eda la liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial Rodr\u00edguez \u2013 C\u00e1ceres, aspecto sobre el cual los jueces de instancia y constitucionales se pronunciaron, definiendo que en el nuevo liquidatorio, tambi\u00e9n est\u00e1n llamados a concurrir quienes demuestren igual o similar derecho al suyo, pues el que hubiera sido reconocido como \u00ab\u00fanico\u00bb heredero en una inicial sucesi\u00f3n, no cercena la posibilidad de que los dem\u00e1s intervengan en el tr\u00e1mite posterior con la misma posibilidad de recibir su derecho de cuota. <\/p>\n

Ciertamente, el demandante ha promovido sendas acciones de tutela dirigidas a aniquilar la f\u00e9rrea postura del juzgado sobre el tr\u00e1mite de la partici\u00f3n adicional, y pese a dichos intentos, tanto el tribunal a-quo como esta Sala, han ratificado la posici\u00f3n jur\u00eddica del juzgado, siendo una de tales salvaguardas la resuelta mediante sentencia STC7649-2018, 14 jun. 2018, rad. 00163-01, en la cual la Corte expres\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el hecho de que a la sucesi\u00f3n solo hubiera concurrido un interesado y en tal virtud se le hubiera reconocido como \u00fanico heredero, no conlleva que la partici\u00f3n adicional se hiciera de plano, omitiendo citar a personas que demostraron su inter\u00e9s sobre los bienes all\u00ed involucrados, como lo es el caso de quien funge como compa\u00f1era permanente, para que en dicho escenario hagan valer los derechos que puedan llegar a tener sobre los bienes que integran la masa partible\u00bb. <\/p>\n

En ese orden, la motivaci\u00f3n descrita por el Juzgado acusado dentro del proceso de sucesi\u00f3n cuya actuaci\u00f3n el accionante cuestiona, no desencadena flagrante vulneraci\u00f3n a las prerrogativas que \u00e9ste invoca, pues tal actividad judicial no se aleja de realidad f\u00e1ctica que muestra el expediente y menos de la normativa aplicable, esto es, de los preceptos 514 a 518 del estatuto adjetivo, por lo que habr\u00e1 de concluirse que lo decidido obedece a un criterio razonable que cierra la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n

Posteriormente, con sentencia STC8895-2018 del 12 de julio de 2018 (rad. 00191-01), esta Corporaci\u00f3n declar\u00f3 que exist\u00eda temeridad en el demandante, ya que para perseguir el mismo objetivo cual es que el juzgado proceda a adjudicarle a \u00e9l los bienes que relacion\u00f3 en la sucesi\u00f3n, nuevamente utilizaba esta herramienta excepcional. <\/p>\n

Entonces, al volver a invocar esta acci\u00f3n bajo similares argumentos en aras a que se excluya de la partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n a otros interesados en la causa mortuoria, aunque para la actual ocasi\u00f3n a\u00f1ada que el juzgado sum\u00f3 otra \u00abilegalidad\u00bb al \u00abacumular\u00bb la nueva \u00abdemanda\u00bb de sucesi\u00f3n con la partici\u00f3n adicional en curso, la motivaci\u00f3n de la protecci\u00f3n implorada sigue siendo la misma, ya que los sutiles cambios entre las acciones de tutela, no dan pie para que se deje de lado la soluci\u00f3n que merece la presente queja: improcedencia por temeridad. <\/p>\n

Esto, porque la nueva acci\u00f3n corresponde al reflejo del injustificado ejercicio realizado anteriormente, y en tales condiciones no es posible su replanteamiento, pues como lo ha venido reiterando el precedente de esta Sala: \u00abadmitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 00517-01, citada entre otras, en STC5000-2019, 24 abr. 2019, rad. 00194-01). <\/p>\n

Lo anterior significa que al mantenerse id\u00e9ntica aspiraci\u00f3n y los mismos presupuestos que motivan los amparos solicitados, se constituye un paralelismo de acciones que estructuran un supuesto de abuso y exceso en el ejercicio del auxilio, reprochado por el ordenamiento jur\u00eddico como comportamiento temerario, el que, seg\u00fan la jurisprudencia descrita en precedencia, conlleva tambi\u00e9n su falta de justificaci\u00f3n ya que implica la existencia del fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional, la que acontece al ser \u00abdecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y precluido el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (\u2026) (art. 243 numeral 1 C.P.)\u00bb (CC SU-1219\/01 y T-218\/12). <\/p>\n

5.\tConsideraciones adicionales. <\/p>\n

Pese al evidente abuso del reclamante en el ejercicio de la acci\u00f3n, seg\u00fan lo rese\u00f1\u00f3 el tribunal a-quo y lo constat\u00f3 esta Corte, en esa ocasi\u00f3n la Sala se abstendr\u00e1 de imponerle multa, en consideraci\u00f3n a que la promoci\u00f3n de esta nueva salvaguarda pudo obedecer a una errada comprensi\u00f3n de lo que considera como hechos y pretensiones nuevas. No obstante, se advierte que en lo sucesivo deber\u00e1 abstenerse de mantener la injustificada postura de pretender utilizar la tutela para excluir a quienes legalmente tienen derecho a intervenir en el juicio de sucesi\u00f3n de su progenitor. <\/p>\n

Por lo dem\u00e1s, para la Corte no pasa desapercibida la irrespetuosa redacci\u00f3n empleada por el accionante tanto en la demanda tutelar como en el escrito de impugnaci\u00f3n, al realizar, respecto de la titular del juzgado acusado como de los magistrados y conjueces del tribunal, aseveraciones que van m\u00e1s all\u00e1 de un razonable disentimiento frente a sus posturas jur\u00eddicas, y enfilarlos en un ataque personal a la probidad y honestidad de los funcionarios, al punto de se\u00f1alar que su proceder raya con la comisi\u00f3n de un delito. <\/p>\n

En efecto, la Sala requerir\u00e1 al abogado V\u00edctor Rafael Rodr\u00edguez C\u00e1ceres, para que deje de utilizar aserciones o vocablos ofensivos que podr\u00edan configurar faltas disciplinarias (como las que aparecen en los antecedentes expedidos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura \u2013 fl. 4, cd. Corte), y de eventuales procesos penales en su contra. <\/p>\n

Ello, porque si aunado a la descalificaci\u00f3n sobre conocimientos en derecho de la juzgadora accionada y de los falladores excepcionales, el actor cuenta con elementos probatorios para endilgarle a la funcionaria encartada que efect\u00faa \u00abjuego sucio e ilegal\u00bb, que \u00abes muy peligrosa\u00bb y \u00abdesobedece la ley\u00bb, en lugar de realizar esos se\u00f1alamientos en este escenario, debi\u00f3 proponer las pertinentes denuncias ante las autoridades competentes para investigar y sancionar tales conductas, haci\u00e9ndose responsable de su gesti\u00f3n y de las consecuencias que ello pueda acarrear. <\/p>\n

Es menester reiterar al accionante la prohibici\u00f3n de utilizar ese tipo de lenguaje, pues el numeral 4\u00ba del canon 78 del C\u00f3digo General del Proceso se\u00f1ala que dentro de los deberes de las partes y apoderados, est\u00e1 el de \u00ababstenerse de utilizar expresiones injuriosas en sus escritos y exposiciones orales, y guardar el debido respeto al juez, a los empleados de \u00e9ste, a las partes y a los auxiliares de la justicia\u00bb. <\/p>\n

Lo anterior, no pretende disminuir el derecho a controvertir las decisiones, sino a precisar que el mismo debe realizarse sin superar \u00abel rango normal del comportamiento que se debe asumir en el curso de un proceso judicial, a\u00fan en los eventos de que quienes los suscriben aprecien situaciones eventualmente irregulares o injustas, generadas en desarrollo de la actividad judicial. Es posible igualmente que a trav\u00e9s de un escrito se pueda defender con vehemencia y ardent\u00eda una posici\u00f3n, pero sin llegar al extremo del irrespeto\u00bb (CC T-017\/07). <\/p>\n

6.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Ahora, conforme a lo antes discurrido, se le advierte al accionante que de volver a proferir agravios, o imputar actos punibles sin soporte o ante la autoridad que no corresponde adelantar su investigaci\u00f3n, puede hacerse acreedor a las sanciones disciplinarias y penales que la ley prev\u00e9, pues si le asiste alg\u00fan fundamento para ello, deber\u00e1 formular las quejas o denuncias a que hubiere lugar. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

Primero: CONFIRMAR la sentencia impugnada, precisando que la desestimaci\u00f3n del resguardo se produce por haber incurrido el demandante en temeridad conforme se explic\u00f3 en la parte motiva de esta providencia, advirtiendo que de continuar ejerciendo esta acci\u00f3n de manera infundada, se aplicar\u00e1n las sanciones previstas en los art\u00edculos 25 y 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

Segundo: ORDENAR al accionante V\u00edctor Rafael Rodr\u00edguez C\u00e1ceres, que en lo sucesivo, en sus escritos y manifestaciones, se abstenga de proferir expresiones injuriosas o realizar imputaciones sin soporte probatorio y en un escenario judicial inapropiado, respecto de la titular del Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga, magistrados y conjueces del Tribunal Superior de ese distrito judicial e intervinientes procesales, so pena de incurrir en las sanciones disciplinarias y penales conforme a lo previsto en los pertinentes ordenamientos legales. <\/p>\n

Tercero: \tComun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16886-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2019-00454-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103124","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103124","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103124"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103124\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103124"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103124"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103124"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}