{"id":103125,"date":"2026-07-02T18:16:15","date_gmt":"2026-07-02T18:16:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103125"},"modified":"2026-07-02T18:16:15","modified_gmt":"2026-07-02T18:16:15","slug":"stc16887-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16887-2019\/","title":{"rendered":"STC16887-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16887-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 47001-22-13-000-2019-00325-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 6 de noviembre de 2019 dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alexi Enrique Rosado Vanegas contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, fueron vinculados al tr\u00e1mite las partes e intervinientes en el hipotecario radicado n\u00ba 2016-00093. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl solicitante, obrando en su propio nombre, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, propiedad privada y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada.
\n2.\tRelat\u00f3 que desde el a\u00f1o 2001, vive y explota comercialmente el predio ubicado en la ciudad de Santa Marta en \u00abcalle 1\u00aa n\u00ba 19-21\u00bb, matr\u00edcula inmobiliaria \u00ab080-6674\u00bb, donde funciona un parqueadero de veh\u00edculos. <\/p>\n

Cont\u00f3 que, recientemente, se enter\u00f3 por una publicaci\u00f3n en prensa que el referido lote ser\u00eda objeto de remate el \u00ab23 de octubre de 2019\u00bb con ocasi\u00f3n de un proceso ejecutivo promovido por el se\u00f1or Jacobo Ariza Barros contra \u00abInversiones de SM S.A.S.\u00bb, que se adelant\u00f3 en el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta. <\/p>\n

Afirm\u00f3 que desconoc\u00eda el asunto, y que la diligencia de secuestro del inmueble fue irregular, ya que no se le dio la oportunidad de ser escuchado; adem\u00e1s, \u00abse realiz\u00f3 desde afuera (sic) del lote, sin tocar ni dejar aviso de la diligencia que se realiz[\u00f3], ni preguntar a las personas que comercian en el sitio m\u00e1xime cuando es de conocimiento p\u00fablico que funjo como se\u00f1or y due\u00f1o del lote desde el a\u00f1o 2001\u00bb. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que el acta de la mencionada diligencia indica que se llev\u00f3 a cabo el 29 de diciembre de 2017, y qued\u00f3 destacado que el predio, aunque contaba con cerradura, estaba abandonado, \u00absituaci\u00f3n que contrar\u00eda la realidad, adem\u00e1s de que el secuestre no realiz\u00f3 los cambios de los candados con ayuda de un cerrajero como en normal en diligencias de este tipo, aunado a lo anterior el secuestre debi\u00f3 intentar un segundo secuestro dejando un aviso de la diligencia\u00bb. Agreg\u00f3 que, dos a\u00f1os despu\u00e9s de ese procedimiento, el auxiliar de la justicia no ha visitado el inmueble ni ha rendido informes sobre el mismo. <\/p>\n

Finalmente, adujo que ha sido desconocida su condici\u00f3n de poseedor, y \u00abtengo derecho que se me escuche en el proceso y no se me vulneren mis derechos, pues que se me est\u00e1 atropellando tomando una medida coercitiva de entrega a la fuerza de mi inmueble dej\u00e1ndome sin mi sustento para mi familia\u00bb. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, pretende \u00abse declare la nulidad de lo actuado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta (\u2026) se ordene al juzgado [\u2026] escuchar mis oposiciones como poseedor material del inmueble (\u2026)\u00bb (fls. 1 a 9, cd.). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS. <\/p>\n

1.\tEl Juez Quinto Civil del Circuito de Santa Marta, inform\u00f3 que con providencia de 20 de febrero de 2017 se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n y el proceso \u00abencontr\u00e1ndose en la actualidad en la etapa de remate a pesar que se ha programado en tres ocasiones para ello\u00bb, a saber 30 de octubre de 2018, reprogramada para el 29 de noviembre de ese mismo a\u00f1o, y luego, para el 23 de octubre pasado declar\u00e1ndose fallida esta \u00faltima \u00abpor falta de postores, fij\u00e1ndose fecha para el 10 de diciembre de 2019\u00bb. <\/p>\n

2.\tMario Jacobo Ariza Barros, quien funge como ejecutante en el juicio en cuesti\u00f3n, asever\u00f3 que el ac\u00e1 tutelante sirve \u00abde testaferro al principal accionista de la empresa demandada en el ejecutivo que adelanto ante el juzgado demandado, poni\u00e9ndole dolosamente trabas a su desarrollo normal para as\u00ed entorpecer la diligencia de remate cada vez que se presenta fecha para desarrollo sin tener fundamentos para lograrlo, solo el uso abusivo del derecho (\u2026)\u00bb; a\u00f1adi\u00f3 que, aunque dice el actor que es poseedor del bien, \u00ab(\u2026) la realidad es que el bien ra\u00edz siempre ha estado desocupado y lleno de maleza, como consta en el acta de la diligencia de secuestro (\u2026)\u00bb (fls. 50 y 51, ib\u00eddem). <\/p>\n

3.\tLa Alcald\u00eda de Santa Marta, por intermedio de apoderada, se\u00f1al\u00f3 que el gestor tutelar no present\u00f3 oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro que se efectu\u00f3 el 29 de diciembre de 2017 en el predio, ubicado en el sector tur\u00edstico de \u00abEl Rodadero\u00bb, que seg\u00fan el accionante \u00abexplota o explotaba para parqueaderos, siendo esta fecha la temporada alta en ese sector, mal podr\u00eda decir que estaba cerrado, si bien, seg\u00fan su dicho, de all\u00ed proviene su sustento\u00bb. Se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n porque lo que se pretende con ella es \u00abrevivir t\u00e9rminos que est\u00e1n por dem\u00e1s prescritos\u00bb (fls. 52 a 58, ib.). <\/p>\n

4.\tLa representante legal de la sociedad \u00abInversiones de SM S.A.S.\u00bb, se opuso a las pretensiones aduciendo que el tutelante fue trabajador de la empresa desde el 2011 hasta el 2016, y aunque asegura que el lote es de su posesi\u00f3n \u00abes propiedad de la sociedad comercial [\u2026] as\u00ed mismo nunca se le ha dado un uso comercial por parte de la empresa, pero s\u00ed tenemos conocimiento que el se\u00f1or viv\u00eda en dicho lugar desde el 2001 conociendo que el lote es de la empresa y no como regalo ni donaci\u00f3n\u00bb (fls. 66 y 67, \u00eddem). <\/p>\n

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n

Desestim\u00f3 la salvaguarda en aplicaci\u00f3n del principio de subsidiariedad que orienta esta excepcional v\u00eda tutelar, porque, por un lado, el actor no \u00abha comparecido directamente a la causa judicial que reprocha por esta v\u00eda constitucional, para poner de presente su presunta condici\u00f3n de poseedor, adem\u00e1s de la nulidad que predica\u00bb; y por el otro, puntualiz\u00f3 que, \u00abla actuaci\u00f3n judicial a\u00fan se encuentra en curso, y cualquier inconformidad debe debatirse al interior de la misma, aunado al hecho que de producirse el remate y adjudicaci\u00f3n del inmueble, quien se repute due\u00f1o poseedor y acredite su calidad, podr\u00e1 oponerse en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 309 del C.G.P. (\u2026)\u00bb (fls. 77 a 81, cd.1). <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el quejoso reiterando los argumentos del escrito inicial, afirm\u00f3 tambi\u00e9n que el fallo de primer grado \u00abno se percat\u00f3 al momento de fallar que ya se encuentra en proceso de prescripci\u00f3n adquisitiva pendiente por admitir (\u2026)\u00bb y que, como prueba de su \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o del predio, cuenta con el pago del impuesto predial del a\u00f1o 2016 (ff. 103 y 104, ib). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas por, supuestamente, desconocer la posesi\u00f3n que invoca el ac\u00e1 querellante sobre el inmueble comprometido dentro del compulsivo que promovi\u00f3 Mario Jacobo Ariza Barrios contra \u00abInversiones de SM SAS\u00bb. <\/p>\n

2.\tLa subsidiariedad. <\/p>\n

El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado presupuesto y su inobservancia ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n

De la incuria. <\/p>\n

La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n

En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01). <\/p>\n

Y en otra ocasi\u00f3n se resalt\u00f3 que: <\/p>\n

3.\tCaso concreto. <\/p>\n

3.1.\tSe ratificar\u00e1 la negativa de la salvaguarda porque el actor no agot\u00f3 la v\u00eda procesal id\u00f3nea prevista por el estatuto adjetivo para hacer valer la posesi\u00f3n que dice detentar sobre el predio cautelado en el litigio, desatendiendo as\u00ed el car\u00e1cter subsidiario de la misma en la modalidad de incuria. <\/p>\n

Esto, porque el actor no acredit\u00f3 haber puesto en conocimiento de la autoridad tutelada los alegatos que trae a este ruego a trav\u00e9s del incidente de levantamiento de medidas cautelares en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 597 del C\u00f3digo General del Proceso, ya que, por tratarse el asunto de una controversia ligada al compulsivo, correspond\u00eda exclusivamente analizarlo y definirlo al funcionario enjuiciado. <\/p>\n

En contextos similares al ac\u00e1 analizado, esta Sala puntualiz\u00f3 que:
\n\u00ab(\u2026) [e]l numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 687 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (hoy art\u00edculo 597 del C\u00f3digo General del Proceso) establece que \u201c[s]i un tercero poseedor que no se opuso a la pr\u00e1ctica de la diligencia de secuestro, solicita al juez del conocimiento, dentro de los veinte d\u00edas siguientes, que se declare que ten\u00eda la posesi\u00f3n material del bien al tiempo en que aqu\u00e9lla se practic\u00f3, y obtiene decisi\u00f3n favorable. La solicitud se tramitar\u00e1 como incidente, en el cual el solicitante deber\u00e1 probar su posesi\u00f3n\u201d (subraya la Sala). <\/p>\n

El ordenamiento ha previsto un mecanismo eficaz para que los terceros tengan la posibilidad de amparar la posesi\u00f3n que detentan frente al bien objeto de secuestro. As\u00ed las cosas, la persona que dice alegar la tenencia con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o de la cosa secuestrada, cuenta con la posibilidad de solicitar el levantamiento de esa medida cautelar por medio de un tr\u00e1mite incidental, en el cual deber\u00e1 demostrar su relaci\u00f3n posesoria con el bien cautelado\u00bb (CSJ STC5590-2014 May. 7 de 2014, rad. 2014-00083-01; reiterada en STC STC12642-2018, 28 sep. 2018, rad. 2018-01566-01). <\/p>\n

En suma, no puede admitirse que a partir de este tr\u00e1mite excepcional se pretenda proveer soluci\u00f3n a cuestiones que incumbe dirimir al juez ordinario en las instancias oportunas, pues, se itera, el amparo no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo de los medios de defensa establecidos por la ley o para anticiparse a las decisiones que compete proferir al accionado. <\/p>\n

3.2.\tAl margen de lo anterior, si el solicitante estima que re\u00fane los requisitos legales para adquirir el inmueble por prescripci\u00f3n, debe deprecarlo ante la autoridad jurisdiccional correspondiente a trav\u00e9s del proceso de pertenencia, el cual, dicho sea de paso ya promovi\u00f3, seg\u00fan lo inform\u00f3 en el escrito de impugnaci\u00f3n; de manera que, la existencia de medios propicios para obtener el resguardo de los derechos fundamentales revalida la causal de improcedencia antedicha, esto es, la contemplada en el inciso 3\u00ba del canon 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha indicado: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) Desde esa perspectiva, es claro el fracaso de la protecci\u00f3n deprecada por cuanto no fue instituida, como se anticip\u00f3, para sustituir los instrumentos ordinarios consagrados por el legislador en favor de las partes o para adelantarse a las decisiones que le corresponde adoptar al [funcionario competente], sino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta agraviada o afectada en una garant\u00eda fundamental, carezca de recursos (\u2026) o aunque contando con ellos no sean id\u00f3neos para el efecto (\u2026)\u00bb (STC14231-2019, 17 oct. 2019, rad. 00127-01; entre muchas otras). <\/p>\n

4.\tDel perjuicio irremediable. <\/p>\n

Aunado a lo anterior, y frente a la posibilidad de otorgar la protecci\u00f3n como mecanismo transitorio, cabe destacar que en los eventos en que deliberadamente los medios de defensa judiciales previstos al interior del litigio fueron desaprovechados, la tutela \u00abno podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n, pues tal modalidad procesal se encuentra subordinada al ejercicio de un medio judicial ordinario en cuyo tr\u00e1mite se resuelva definitivamente acerca de la vulneraci\u00f3n iusfundamental y a la diligencia del actor para hacer uso oportuno del mismo\u00bb (CC T-480\/11, acogido en STC1884-2017, 16 feb. 2017, rad. 2016-00460-01). <\/p>\n

5.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

La inobservancia del criterio de procedibilidad resaltado emerge suficiente para desestimar la s\u00faplica, por lo que no hace falta an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas, sin duda condicionadas a la superaci\u00f3n de la anterior materia, motivo por el cual se revalidar\u00e1 la negativa del auxilio, pero por lo advertido en este grado de conocimiento. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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