{"id":103126,"date":"2026-07-02T18:16:30","date_gmt":"2026-07-02T18:16:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103126"},"modified":"2026-07-02T18:16:30","modified_gmt":"2026-07-02T18:16:30","slug":"stc16888-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16888-2019\/","title":{"rendered":"STC16888-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16888-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-13-000-2019-00340-01
\n(Aprobado en Sala de doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 8 de noviembre de 2019, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Regina Esther Anzo\u00e1tegui Ruiz contra el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esa misma localidad y la Alcald\u00eda de la Localidad n.\u00b01 \u00abHist\u00f3rica y del Caribe Norte\u00bb de ese distrito. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, \u00abvida digna\u00bb y salud, presuntamente conculcados por las autoridades convocadas en el marco del ejecutivo hipotecario, en el que actu\u00f3 tercera poseedora.
\n2.\tEn sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que dentro del juicio referido promovido por el Banco Av. Villas, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena luego de adelantar el tr\u00e1mite propio del asunto adjudic\u00f3 el bien objeto de litigio el 1 de julio de 2004. <\/p>\n

Explic\u00f3 que, \u00abmediante despacho comisiorio No. 8 del 14 de abril de 2019\u00bb, el juzgado convocado comision\u00f3 la diligencia de entrega en la que dispuso no aceptar \u00aboposici\u00f3n\u00bb alguna, situaci\u00f3n con la que consider\u00f3 cercenados sus derechos teniendo en consideraci\u00f3n que es poseedora del predio \u00abpor espacio de 40 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n

Adicionalmente, agreg\u00f3 que la antedicha diligencia se practic\u00f3, el 21 de agosto de los corrientes, sin que en su oportunidad \u00abel auto que fij\u00f3 fecha para la diligencia (\u2026)\u00bb hubiere sido notificado \u00aben legal forma\u00bb, esto es, por aviso conforme lo exige el art\u00edculo 308 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

Asever\u00f3 que acudi\u00f3 a este tr\u00e1mite preferente, toda vez que, es una persona de la tercera edad sin \u00ablos recursos para adelantar las acciones judiciales inmediatas\u00bb y, dado que, \u00abno posee recursos para acceder a una vivienda\u00bb. <\/p>\n

3.\tAs\u00ed las cosas, exigi\u00f3 la \u00abnulidad de la diligencia de entrega realizada el 21 de agosto del a\u00f1o en curso\u00bb y, en su lugar, se ordene su notificaci\u00f3n conforme lo consagra el ordenamiento jur\u00eddico. Asimismo, pidi\u00f3 que \u00abse ordene el ingreso nuevamente de la se\u00f1ora Regina Anzo\u00e1tegui Ruiz a su vivienda\u00bb. <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n

El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena luego de historiar el tr\u00e1mite impartido al asunto, asegur\u00f3 que \u00abencontr\u00e1ndose embargado, secuestrado y avaluado el inmueble dado en garant\u00eda (\u2026) se efectu\u00f3 el remate (\u2026) adjudic\u00e1ndose el inmueble (sic) (\u2026) a la entidad ejecutante (\u2026) hoy BANCO COMERCIAL AV. VILLAS S.A.\u00bb. <\/p>\n

Explic\u00f3 que, el 27 de enero de 2015, previa solicitud de parte, orden\u00f3 la \u00abcomisi\u00f3n al inspector de polic\u00eda correspondiente (\u2026) a fin [de] que se cumpliera con la entrega real y material del inmueble rematado advirtiendo que no se aceptar\u00edan oposiciones a la entrega\u00bb, decisi\u00f3n que, en su oportunidad, fue recurrida en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n decidi\u00e9ndose \u00abno reponer la misma\u00bb y, \u00abno conceder el recurso de apelaci\u00f3n por improcedente\u00bb. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que, el 28 de febrero pasado, \u00aborden\u00f3 una nueva comisi\u00f3n, [e]sta vez al Alcalde Local No. 1 de la ciudad, a fin de que diera cumplimiento a la entrega\u00bb reiterando que no resulta procedente oposici\u00f3n alguna frente a tal diligencia. <\/p>\n

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
\nEl tribunal neg\u00f3 el resguardo tras considerar que no se constat\u00f3 ning\u00fan yerro en la decisi\u00f3n cuestionada, pues no admitir oposiciones a terceros en la diligencia de entrega del bien rematado \u00abobedece a (\u2026) una interpretaci\u00f3n razonable del art\u00edculo 531 del C. de P. C.\u00bb. <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La interpuso la promotora por estimar que la norma aplicable al asunto era el art\u00edculo 308 del C\u00f3digo General del Proceso y, no las prerrogativas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil citadas por el tribunal a quo. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de la accionante, al advertir que no aceptar\u00eda oposiciones en la diligencia de entrega del bien rematado, respecto del cual, la tutelante dijo ser la poseedora. <\/p>\n

2.\tProcedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n han decantado que, en l\u00ednea de principio, la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales. Para mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es permitido, al menos por regla, inmiscuirse en el escenario propio de los tr\u00e1mites ordinarios. <\/p>\n

Bajo esta perspectiva, solo excepcionalmente resulta viable la prosperidad del amparo frente a dichas actuaciones, esto es, \u00abcuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos\u00bb (CSJ STC, 15279-2018, 22 nov.). <\/p>\n

3.\tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

3.1.\tDe la razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n

Se advierte la improcedencia del resguardo, dado que la decisi\u00f3n del funcionario judicial convocado, lejos de ser arbitraria, fue fruto de un an\u00e1lisis ponderado de las disposiciones que rigen la comisi\u00f3n, derivada de la adjudicaci\u00f3n de bienes rematados en los juicios ejecutivos. <\/p>\n

Ese labor\u00edo le permiti\u00f3 concluir que ordenada la entrega de un bien vendido forzosamente no es dable aceptar oposici\u00f3n alguna, conforme lo contempla el canon 308 del C\u00f3digo General del Proceso, en armon\u00eda con lo consagrado por el art\u00edculo 456 del ib\u00eddem (antes 531 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil). <\/p>\n

A tal respecto, este \u00faltimo precepto advierte que \u00ab[s]i el secuestre no cumple la orden de entrega de los bienes dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al recibo de la comunicaci\u00f3n respectiva, el rematante deber\u00e1 solicitar que el juez se los entregue, en cuyo caso la diligencia deber\u00e1 efectuarse en un plazo no mayor a quince (15) d\u00edas despu\u00e9s de la solicitud. En este \u00faltimo evento no se admitir\u00e1n en la diligencia de entrega oposiciones, ni ser\u00e1 procedente alegar derecho de retenci\u00f3n por la indemnizaci\u00f3n que le corresponda al secuestre en raz\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 2259 del C\u00f3digo Civil, la que ser\u00e1 pagada con el producto del remate, antes de entregarlo a las partes.\u00bb (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n

En un caso de contornos similares al que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) en todo proceso ejecutivo, previo a que se convoque a \u00abremate\u00bb, necesariamente debe estar \u00absecuestrado\u00bb el bien a subastar (Art. 448 C.G.P.); por manera que le corresponder\u00e1 al \u00absecuestre\u00bb ponerlo en manos del rematante y de no hacerlo, lo har\u00e1 el \u00abjuez\u00bb sin admitir discusi\u00f3n. <\/p>\n

Ahora, la raz\u00f3n por la que \u00abno se acepta oposici\u00f3n\u00bb, radica en que dicha contingencia est\u00e1 contemplada \u00fanicamente para el secuestro, por cuanto de salir avante \u00abel juez levantar\u00e1 la medida o no secuestrar\u00e1\u00bb, seg\u00fan corresponda, con la posibilidad del acreedor de perseguir los \u00abderechos sobre el bien cuyo secuestro se levanta\u00bb (art. 596, numeral 3\u00ba, C.G.P.); pero en el caso en que se consume, se entender\u00e1 que, desde ese instante, la tenencia no se perder\u00e1 por el encargado. <\/p>\n

Con ese panorama, no es comprobable la v\u00eda de hecho alegada, toda vez que dentro del cobro de Luc\u00eda S\u00e1nchez contra Gonzalo Delgado, una vez \u00abembargada, secuestrada y adjudicada en p\u00fablica subasta\u00bb la unidad habitacional que sirvi\u00f3 de garant\u00eda al cr\u00e9dito, el \u00abjuez de conocimiento\u00bb orden\u00f3 darla de forma directa y sin consentir oposici\u00f3n, lo que no afrenta la ley comentada, conforme a lo analizado\u00bb (STC8966-2019). <\/p>\n

Conforme a lo que acaba de verse, esa particular decisi\u00f3n no constituye una v\u00eda de hecho susceptible de enmendarse por esta senda, en tanto que, conforme se advirti\u00f3 en precedencia la decisi\u00f3n cuestionada luce como una razonada aplicaci\u00f3n de la norma en cita, situaci\u00f3n que descarta la presencia de una cualquiera de las causales espec\u00edficas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, \u00fanico supuesto que amerita la intervenci\u00f3n del juez excepcional. <\/p>\n

Cabe insistir en que mientras las providencias cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura no es posible conceder la tutela, pues la sola divergencia conceptual no franquea el paso al amparo constitucional. Expresado con otras palabras, aunque se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el ad quem, <\/p>\n

\u00ab(\u2026) ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho. La rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC2293-2018, 22 feb.). <\/p>\n

De otro lado, frente a la presunta omisi\u00f3n del comisionado referente a la \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb de la diligencia de entrega, ha de decirse que, de la inspecci\u00f3n judicial que realiz\u00f3 el tribunal a-quo al expediente y de la verificaci\u00f3n que de ello efect\u00faa la Sala, se establece que la actora no puso en conocimiento de la sede encartada esa aparente negligencia. <\/p>\n

Tal circunstancia impide la injerencia de la jurisdicci\u00f3n constitucional en la labor de los falladores ordinarios, dado el car\u00e1cter subsidiario que gobierna este particular asunto. <\/p>\n

3.2.\tDe la tutela como mecanismo transitorio. <\/p>\n

Sobre la posibilidad de conceder el auxilio bajo esa modalidad para evitar un perjuicio irremediable, esta Sala Especializada no encuentra configuradas las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n

De ah\u00ed que, la no demostraci\u00f3n de afectaci\u00f3n grave y actual de las garant\u00edas superiores de la demandante, se refuerza con lo que de manera espec\u00edfica se ha dicho sobre este tema, puesto que, \u00aben principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia de entrega no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u201d\u00bb (sentencia del 29 de noviembre de 2006, exp. 00079-01, reiterada el 22 de febrero de 2013, exp. 00302-00). <\/p>\n

En el mismo sentido, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que \u00abla tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2009, exp. 1496-01, citada entre otras en STC6039-2017, 4 may. 2017, rad. 00050-01, y STC13471-2018, 17 oct. 2018, rad. 00205-01).
\n3.3.\tConsideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n

Finalmente, frente a las afirmaciones de la se\u00f1ora Anzo\u00e1tegui Ruiz, referentes a que es sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, por ser una persona \u00abde la tercera edad\u00bb y carecer de recursos econ\u00f3micos para garantizar su vivienda, por s\u00ed mismas, no resultan suficientes para justificar la intromisi\u00f3n del juez de tutela frente a una orden judicial debidamente ejecutoriada, en la medida en que \u00ab(\u2026) las condiciones personales y econ\u00f3micas invocadas por la gestora como fundamento del amparo, no pueden sobreponerse a lo decidido (\u2026) escenario donde cont\u00f3 con plenas garant\u00edas para la defensa de sus derechos e intereses jur\u00eddicos\u00bb (CSJ. 19 may. de 2011, exp. 00412, reiterada el 14 jul. De 2014 STC9124). <\/p>\n

4.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Corolario de lo discurrido, se impone refrendar el fallo de primer grado mediante el cual se neg\u00f3 el amparo implorado porque: <\/p>\n

(i) La providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, puesto que lo pretendido por la quejosa es anteponer su particular criterio al del estrado judicial convocado, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela; (ii) la actuaci\u00f3n censurada referente a las presuntas falencias en la notificaci\u00f3n de la diligencia de entrega no supera el esencial requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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