{"id":103127,"date":"2026-07-02T18:16:37","date_gmt":"2026-07-02T18:16:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103127"},"modified":"2026-07-02T18:16:37","modified_gmt":"2026-07-02T18:16:37","slug":"stc16889-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16889-2019\/","title":{"rendered":"STC16889-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

STC16889-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2019-00323-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se resuelve la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el pasado 6 de noviembre, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Fernando Devia Villegas contra los Juzgados Quinto Civil Municipal y Cuarto Civil del Circuito, ambos de la capital del departamento de Magdalena, extensiva a las partes e intervinientes del proceso ordinario 2016-00627. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, acude al presente mecanismo constitucional para reclamar la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales \u00abal debido proceso\u2026 buena fe\u2026 libre desarrollo de la personalidad\u2026 dignidad humana\u2026 a la aplicaci\u00f3n de la ley sustancial y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb que considera vulnerados por las autoridades judiciales querelladas. <\/p>\n

2.\tAfirma que, junto con su c\u00f3nyuge, adquiri\u00f3 un cr\u00e9dito hipotecario con el Banco BBVA cuyo desembolso fue condicionado a la suscripci\u00f3n de una p\u00f3liza de vida colectiva con la cual se garantizar\u00eda el pago de la acreencia en caso de muerte o invalidez, por lo que el 8 de mayo de 2013 suscribi\u00f3 una \u00abdeclaraci\u00f3n de asegurabilidad\u00bb en la que manifest\u00f3 \u00abno sufrir de enfermedades cardiacas y, a su vez, autoriz\u00f3 a la aseguradora para que revisara su historia cl\u00ednica y corroborara la veracidad de la informaci\u00f3n\u00bb <\/p>\n

Sostiene que el 20 de abril de 2015, a ra\u00edz de patolog\u00edas como \u00abhipertensi\u00f3n arterial\u00bb, \u00abtrastorno de estr\u00e9s postraum\u00e1tico\u00bb, \u00abepisodio depresivo grave sin s\u00edntomas psic\u00f3ticos\u00bb y \u00abtrastorno no org\u00e1nico del sue\u00f1o-vigilia\u00bb, fue calificado con un 96% de p\u00e9rdida de la capacidad laboral determin\u00e1ndose la invalidez como de origen profesional, raz\u00f3n por la que efectu\u00f3 reclamaciones a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A, buscando hacer efectiva la p\u00f3liza indicada en precedencia, las que fueron negadas, por cuanto la aseguradora consider\u00f3 que existi\u00f3 reticencia del tomador por no haber declarado que sufr\u00eda del primer padecimiento en menci\u00f3n. <\/p>\n

Por lo anterior, promovi\u00f3 demanda de responsabilidad civil contractual, cuyo conocimiento, en primera instancia, correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil Municipal de Santa Marta, despacho que emiti\u00f3 sentencia desestimatoria el 19 de diciembre de 2018, la que fue ratificada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, el pasado 28 de junio. <\/p>\n

Asegura que las providencias adolecen de \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb habida cuenta que los falladores no valoraron correctamente las pruebas adosadas, como el dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral en el que se expresa que el 76 % corresponde a patolog\u00edas mentales de origen profesional diferentes a la hipertensi\u00f3n y \u00abdefecto sustantivo\u00bb pues \u00abinaplicaron normas aplicadas al caso bajo criterio sist\u00e9mico [sic]\u00bb am\u00e9n que desconocieron precedente constitucional. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, pide \u00abrevocar las sentencias [sic]\u2026 y en su lugar ordenar conceder [sic] todas y cada una de las pretensiones declaraciones y condenas expuestas en la demanda [sic]\u00bb (fls. 1 a 25, cd.1). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tLa Juez Cuarta Civil del Circuito de Santa Marta se opuso a la prosperidad del amparo porque \u00abla cr\u00edtica realizada\u2026 son los argumentos de r\u00e9plica de la decisi\u00f3n tomada, no obstante haber realizado la sustentaci\u00f3n en las normas del caso, se observa la disidencia sobre la decisi\u00f3n tomada\u00bb (fls. 255 y 256, ib\u00eddem) <\/p>\n

2.\tEl representante legal judicial de BBVA Seguros de Vida Colombia S. A. solicit\u00f3 \u00abrechazar por improcedente [sic]\u00bb la salvaguarda por no existir la vulneraci\u00f3n denunciada en la medida que las decisiones acusadas est\u00e1n \u00abcompletamente ajustadas a derecho\u00bb (fl. 260 a 263, ib.). <\/p>\n

3.\tXiomara Hern\u00e1ndez Bernal, c\u00f3nyuge del gestor, coadyuv\u00f3 sus pretensiones solicitando \u00abse acceda a cada una de [ellas]\u00bb pues considera que la \u00abaseguradora BBVA deber\u00e1 hacer efectiva la p\u00f3liza\u00bb (fl. 265, ib.). <\/p>\n

4.\tLa Juez Quinta Civil Municipal de Santa Marta asegur\u00f3 que la decisi\u00f3n proferida en primera instancia \u00abtuvo como fundamento los medios de pruebas recopilados durante el juicio\u00bb y que \u00abel inter\u00e9s del actor es hacer valer su criterio\u2026 y pretender que el juzgado acoja su posici\u00f3n\u00bb (fl. 309, ib.). <\/p>\n

FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el accionante insistiendo en los planteamientos esbozados en la demanda (fls. 295 a 297, ib\u00eddem).
\nCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si las autoridades jurisdiccionales convocadas vulneraron las garant\u00edas fundamentales invocadas por Carlos Fernando Devia Villegas, al desestimar sus pretensiones dentro del proceso declarativo de responsabilidad civil contractual 2016-00627, declarando la nulidad relativa del contrato de seguro suscrito con BBVA Seguros de Vida Colombia S. A. por reticencia al momento de brindar informaci\u00f3n en la declaratoria de asegurabilidad. <\/p>\n

2.\tDecisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n

Si bien el reclamo se dirige contra las sentencias de primera y segunda instancia, en esta oportunidad el examen se circunscribir\u00e1 a la proferida el pasado 26 de agosto por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta, por cuanto fue la que defini\u00f3 la discusi\u00f3n aqu\u00ed planteada. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n

3.\tProcedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

4.\tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

Auscultadas las discrepancias planteadas por el accionante contra la determinaci\u00f3n de la autoridad judicial que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de nulidad relativa del contrato de seguro, se observa que son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la de los funcionarios querellados y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que le fue adversa, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n

Esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado reiterativamente que incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la valoraci\u00f3n probatoria o aplicaci\u00f3n de una normativa espec\u00edfica, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del Juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n

No obstante, en el presente caso, si bien el promotor del amparo se\u00f1ala lo que, en su sentir, son \u00abyerros\u00bb de las autoridades judiciales convocadas al momento del ejercicio deductivo y de hermen\u00e9utica dentro del tr\u00e1mite procesal discutido, observa la Corte que en realidad lo que hace es insistir en puntos que fueron agotados y resueltos de fondo al interior del proceso ordinario de responsabilidad civil contractual por los funcionarios competentes, en virtud de las atribuciones conferidas en el ordenamiento, es decir, lo que contienen en s\u00ed sus argumentos no es otra cosa que un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

La intenci\u00f3n del querellante es que se aplique, seg\u00fan su personal apreciaci\u00f3n, la normativa que gobierna el tema de la reticencia en materia de aseguramiento, y se d\u00e9 el alcance por \u00e9l pretendido a los medios de convicci\u00f3n allegados al informativo para que se acceda a sus demandas dentro de la actuaci\u00f3n promovida contra BBVA Seguros de Vida Colombia S. A., lo cual implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una nueva revisi\u00f3n de instancia, en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n

En efecto, sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, de cara a la normativa que gobierna el tema planteado en este mecanismo excepcional, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta, en la sentencia que es objeto de censura puntualiz\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) Cuando el recurrente pone en sus argumentos que su padecimiento de salud motiv\u00f3 la incapacidad laboral, fue posterior a la celebraci\u00f3n del contrato de vida en grupo suscrito, se desentiende de lo establecido como obligaci\u00f3n a su cargo, en el art\u00edculo 1058 de la obra ya citada en la cual correspond\u00eda declarar todas las circunstancias inherentes al riesgo, palabras m\u00e1s sencillas, evitar reticencias, aspecto sobre el cual se encauza el argumento de un actuar errado o confuso, por parte del demandante, pero no es un acto de mala fe, aspecto sobre el cual sin duda el art\u00edculo 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que nos ense\u00f1a sobre las presunciones de la buena fe en todos los actos, asunto que tambi\u00e9n tiene desarrollo legal en la normatividad comercial ya antes citada textualmente. <\/p>\n

Los par\u00e1metros tipificantes de la reticencia deben ser analizados frente a cada caso en concreto, en este caso en particular, se ha centrado el argumento en que no se actu\u00f3 de mala fe y tal acto no fue acreditado en el asunto; no obstante ello, se debe recordar que el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio no regula la mala fe o la buena fe en el tomador, lo que regula es una obligaci\u00f3n a cargo del tomador <\/p>\n

(\u2026) El art\u00edculo 1060 del C\u00f3digo de Comercio, que nos ense\u00f1a la conservaci\u00f3n del estado del riesgo y la notificaci\u00f3n de sus cambios, ha sido la Corte Suprema de Justicia quien nos ha guiado en su entender lo siguiente, y cito textualmente aparte de la sentencia SC2803-2016: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Aunque esta exposici\u00f3n puede ser espont\u00e1nea, cuando se inquiere en general por el estado del riesgo al momento del contrato, el asegurador cuenta con la facultad de provocarla mediante un cuestionario sobre puntos que le concreten, incluso es posible que con prelaci\u00f3n agote pesquisas o requisa en la realizaci\u00f3n de ex\u00e1menes y pruebas tendientes a hacerlo; por ende, la falta de honestidad del tomador sobre aspectos de su pleno conocimiento y que de saberlas la aseguradora, incidir\u00eda en la relaci\u00f3n ya para abstenerse de concretarlas, delimitar las exclusiones o incrementar el valor de la p\u00f3liza, ri\u00f1en con la buena fe exigida y acarrea la nulidad relativa del convenio (\u2026)\u201d <\/p>\n

Por otra parte encontramos que el 1158 del C\u00f3digo de Comercio no expone que \u201caunque el asegurador prescinda del examen m\u00e9dico, el asegurado no podr\u00e1 considerarse exento de las obligaciones a que se refiere el art\u00edculo 1058 ni de las sanciones o que su infracci\u00f3n d\u00e9 lugar\u201d; no puede entonces endilgarse cu\u00e1l ha sido el inter\u00e9s del recurrente que correspond\u00eda y es a cargo de la aseguradora la consecuci\u00f3n previa de todos los medios a su alcance para constatar cu\u00e1l es el estado del riesgo, al instante en que se asume como si fuera de su exclusivo cargo, pues como se ha venido explicando, normativamente el tomador est\u00e1 compelido a declarar sinceramente los hechos o circunstancias para entonces los efectos adversos por inexactitud se reducen, si hay error inculpable o se desvanecen, por inadvertir el asegurador las serias se\u00f1ales de alerta sobre inconsistencia en el cual aquel reportaba. <\/p>\n

Por \u00faltimo, no puede en este caso, omitirse como ya se precis\u00f3 por la Corte en sentencia referida, lo siguiente: <\/p>\n

\u201c(\u2026) ahora bien, no puede pasar por alto que trat\u00e1ndose de seguros de vida colectivos, en el que se contrata por cuenta de un tercero determinado o determinable, la obligaci\u00f3n de declarar el estado del riesgo, la tiene el asegurado, de conformidad con el art\u00edculo 1039 del C\u00f3digo de Co, puesto que es \u00e9l quien sabe sobre las afecciones o la inexistencia de ellas al momento de adquirirlo (\u2026)\u201d. <\/p>\n

(\u2026)\u00bb. <\/p>\n

A continuaci\u00f3n, se refiri\u00f3 al dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral, medio de convicci\u00f3n sobre el cual el quejoso edific\u00f3 su censura, de la manera siguiente: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) Baste entonces, en el caso a observar, que el seguro de vida referente que reposa en este expediente, constante en el folio 114 en el primer cuaderno, se determina que es un certificado individual, seguro de vida \u201cgrupo deudores\u201d en el que se observa la declaraci\u00f3n de asegurabilidad y en el que se declar\u00f3 para el a\u00f1o 2013, que no se sufre o ha sufrido cualquier problema de salud, no contemplado anteriormente. <\/p>\n

Si nosotros observamos lo que significa esa expresi\u00f3n, si nosotros entendemos qu\u00e9 significa que no sufre o no ha sufrido cualquier problema de salud, la patolog\u00eda indicada en contra del se\u00f1or Carlos Fernando Devia Villegas, implicaba controles porque la hipertensi\u00f3n es una patolog\u00eda de control; presentada esa patolog\u00eda encontramos que necesariamente ese sujeto se le alivia el diagn\u00f3stico pero no tiene cura hasta la fecha de ayer, pues posiblemente se invente alg\u00fan otro medicamento que puede haber cura, y sobre eso ya no es aspecto sobre este asunto. <\/p>\n

Considerar que el asunto debe estudiarse en las circunstancias de la reticencia de la hipertensi\u00f3n como aspecto que no tiene trascendencia, en el estado del riesgo del asegurado, cual es la tesis del recurrente, en consideraci\u00f3n que laboralmente tiene una incapacidad superior al determinado en la condici\u00f3n de docente, es descontextualizar en el sentido de la relaci\u00f3n comercial habida entre las partes que fundamentalmente es distinta a la que corresponda a la laboral. <\/p>\n

Cosa distinta ser\u00eda y sin duda habr\u00eda sido tema de estudio, por parte de este juzgado, si al momento de calificarse la incapacidad del se\u00f1or Carlos Fernando Devia Villegas no se hubiese afectado la calificaci\u00f3n dada como reticente por parte de la aseguradora, el estado del riesgo asegurado, aun cuando el recurrente busca en todo momento establecer que no existe ese nexo entre una patolog\u00eda y la otra, no es menos cierto que al momento en que se le hace la pregunta de esa patolog\u00eda debi\u00f3 haber dicho \u201csi sufro de otras patolog\u00edas\u201d, pues de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 1039, a \u00e9l le correspond\u00eda declarar el estado del riesgo y solo \u00e9l sab\u00eda cu\u00e1l era su condici\u00f3n, sobre todo al encontrarnos nosotros ante un seguro de vida colectivo y no un seguro de vida individual, es la misma norma quien le marca a \u00e9l su obligaci\u00f3n. <\/p>\n

(\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Se aprecia que la determinaci\u00f3n se encuentra debidamente sustentada, pues el despacho acusado, efectivamente valor\u00f3 los elementos de convicci\u00f3n allegados, apreci\u00e1ndolos dentro de los par\u00e1metros de la sana cr\u00edtica, tanto as\u00ed que la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 era que se configuraba la reticencia porque Devia Villegas omiti\u00f3 informar, en la declaratoria de asegurabilidad, que padec\u00eda de hipertensi\u00f3n arterial, cosa diferente es que no haya prohijado la interpretaci\u00f3n que a los mismos el promotor del resguardo pretend\u00eda que se le diera, de all\u00ed que no se presente el defecto f\u00e1ctico atribuido. <\/p>\n

Bajo la anterior perspectiva, no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida por el promotor del amparo, toda vez que las consideraciones expuestas por la autoridad judicial convocada en la sentencia de segunda instancia, resultan razonables en tanto se sustentan en el ordenamiento jur\u00eddico, la jurisprudencia de esta Sala y en las pruebas recaudadas en el tr\u00e1mite ordinario, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n

Cabe se\u00f1alar que con suficiencia la Corte ha dicho que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n

5.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Corolario de lo discurrido, se impone confirmar la negativa del amparo porque el demandante pretende desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, pues busca imponer un determinado criterio sustituyendo a los funcionarios de instancia, am\u00e9n que la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda.
\nDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA STC16889-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2019-00323-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Se resuelve la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103127","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103127","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103127"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103127\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103127"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103127"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103127"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}