{"id":103129,"date":"2026-07-02T18:16:59","date_gmt":"2026-07-02T18:16:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103129"},"modified":"2026-07-02T18:16:59","modified_gmt":"2026-07-02T18:16:59","slug":"stc16891-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16891-2019\/","title":{"rendered":"STC16891-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16891-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2019-01933-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 22 de octubre de 2019, que neg\u00f3 la tutela de Norberto Brice\u00f1o Boh\u00f3rquez frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Treinta y Siete Penal del Circuito de esta capital, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2014-10731. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. \tEl actor, actuando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana y libertad, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n

2.\tRelat\u00f3 que el Juzgado Treinta y Siete Penal del Circuito de Bogot\u00e1, con sentencia del 31 de octubre de 2016 lo conden\u00f3 a la pena de 108 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abactos sexuales abusivos con menor de catorce a\u00f1os\u00bb, decisi\u00f3n que apel\u00f3. <\/p>\n

Refiri\u00f3 que el asunto fue radicado en el Tribunal Superior el 22 de noviembre de esa anualidad, siendo asignada la ponencia al magistrado Juan Carlos Garrido Barrientos, quien a la fecha no ha emitido pronunciamiento frente a la \u00abalzada\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed mismo, cont\u00f3 que su defensor radic\u00f3 ante esa corporaci\u00f3n solicitud de \u00absustituci\u00f3n de medida de aseguramiento\u00bb, la que fue remitida por competencia al juzgado fallador, que mediante auto de 25 de julio de 2019 neg\u00f3 la petici\u00f3n, decisi\u00f3n que impugn\u00f3. <\/p>\n

Sin embargo, cuestiona que el tribunal tampoco se ha pronunciado al respecto, pese a que cumple al momento de la interposici\u00f3n de la presente tutela \u00abuna privaci\u00f3n f\u00edsica de su libertad de 5 a\u00f1os y 2 meses, y desde que fue proferida la sentencia condenatoria [\u2026] cuenta con una privaci\u00f3n f\u00edsica de la libertad de 2 a\u00f1os y 9 meses\u00bb. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, pide \u00ab(\u2026) se sustituya la medida de aseguramiento privativa de la libertad que le fue impuesta por cualquiera de las medidas no privativas (\u2026) se conmine al Tribunal Superior de Bogot\u00e1 a proferir la decisi\u00f3n de la apelaci\u00f3n de la sentencia condenatoria del 31 de octubre de 2016 (\u2026)\u00bb (fls. 1 a 10, cd.1).
\nRESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tEl magistrado accionado, aclar\u00f3 que la apelaci\u00f3n contra la sentencia condenatoria \u00abse encuentra en estudio y se espera, en el menor tiempo posible, someter el proyecto correspondiente a examen de la sala de decisi\u00f3n para que, una vez reciba aprobaci\u00f3n, se fije data para su lectura (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Adicionalmente, indic\u00f3 que, \u00aben relaci\u00f3n con el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto de 25 de julio de 2019 [\u2026] con el cual se neg\u00f3 la sustituci\u00f3n de medida de aseguramiento en establecimiento de reclusi\u00f3n por detenci\u00f3n domiciliaria o la libertad, [\u2026] como consta en el acta de aprobaci\u00f3n del 30 de agosto de 2019 [\u2026] la Sala profiri\u00f3 decisi\u00f3n de segunda instancia en la que resolvi\u00f3 confirmar ese prove\u00eddo [\u2026] no obstante, verificado el encuadernamiento, se encontr\u00f3 que tal decisi\u00f3n no fue comunicada por Secretar\u00eda, y por tal motivo, con auto de la fecha se le requiri\u00f3 para que as\u00ed lo haga\u00bb. <\/p>\n

Explic\u00f3 que se desempe\u00f1a como magistrado del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 desde el 1\u00ba de marzo de 2012, y que \u00abdurante estos a\u00f1os el trabajo ha sido muy intenso, le he destinado no solo las jornadas laborales ordinarias sino muy buena parte de mi tiempo libre, he atendido actividades del despacho, he asistido a salas de car\u00e1cter administrativo, tanto la especializada como la plena, y principalmente me he ocupado de la resoluci\u00f3n de los asuntos que me son asignados\u00bb; tambi\u00e9n inform\u00f3 que como medidas de descongesti\u00f3n, el Consejo Seccional autoriz\u00f3 para su despacho la creaci\u00f3n de una plaza de auxiliar judicial adicional y le fue suspendido el reparto de asuntos penales y tutelas por el periodo de septiembre a diciembre de 2018. <\/p>\n

De otro lado, aport\u00f3 una relaci\u00f3n estad\u00edstica de los ingresos y egresos de expedientes a su despacho, destacando que en los \u00faltimos dos a\u00f1os los \u00edndices de productividad de los a\u00f1os 2018 y 2019 fueron los m\u00e1s altos de toda la Sala, y que en todo caso, en general \u00abla producci\u00f3n ha estado razonablemente cerca dentro o por encima de los promedios de los despachos con los que integro sala de decisi\u00f3n [\u2026] evidencia de que no he desatendido las tareas, de que los atrasos se han debido a la voluminosa carga laboral, a la complejidad de los asuntos tratados, nunca a mi negligencia o intenci\u00f3n (\u2026)\u00bb (fls. 38 a 40, ib\u00eddem). <\/p>\n

2.\tLa Procuradora 3 Judicial Penal II, sostuvo que la mora judicial evidenciada en el caso \u00abno puede ser justificada por una presunta carga laboral excesiva\u00bb y pidi\u00f3 se compulsen copias con destino a la \u00abSala Disciplinaria Superior para que se apliquen las correcciones pertinentes si es que a ello hay lugar\u00bb (fls.48 y 49, ib.). <\/p>\n

3.\tEl Fiscal 229 Seccional de Bogot\u00e1, sostuvo que por estar en presencia de una persona sentenciada la privaci\u00f3n de su libertad \u00abno se puede tomar como medida de aseguramiento, dada que esta perdi\u00f3 vigencia a partir del fallo condenatorio (\u2026)\u00bb (fl. 70, \u00eddem). <\/p>\n

4.\tLa Directora jur\u00eddica de la C\u00e1rcel Distrital de Varones, se\u00f1al\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite (fls. 72 a 74, \u00edd.). <\/p>\n

FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n

Neg\u00f3 el amparo al no advertir injustificada la mora judicial denunciada y resalt\u00f3 que \u00abfrente al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la defensa del procesado contra la sentencia condenatoria de primera instancia, se evidencia que este no ha podido evacuarse porque existen otros asuntos de mayor urgencia as\u00ed como tambi\u00e9n otros que arrimaron a esa Corporaci\u00f3n con mayor antelaci\u00f3n, no obstante, manifest\u00f3 que la impugnaci\u00f3n propuesta se encontraba en estudio del Despacho para someter el proyecto a criterio de los dem\u00e1s Magistrados que componen la Sala\u00bb. <\/p>\n

Y, consider\u00f3 que no exist\u00eda afectaci\u00f3n respecto del otro pronunciamiento que reclama, puesto que el mismo fue dictado \u00aba trav\u00e9s de prove\u00eddo de 30 de agosto del a\u00f1o que avanza y si bien no ha sido notificado al interesado, se requiri\u00f3 por parte de la accionada a la Secretaria de esa Colegiatura a fin de proceder a su comunicaci\u00f3n allegando el auto que lo corrobora\u00bb (fls. 100 a 108, cd.1). <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La interpuso el querellante reiterando los argumentos del escrito inicial, insisti\u00f3 en que cumple casi \u00abtres a\u00f1os [\u2026] esperando a que le sea decidido el fallo de segunda instancia de la sentencia condenatoria impuesta, tiempo durante el que ha estado privado de la libertad y seg\u00fan el criterio del Juzgado y Sala del tribunal [\u2026] est\u00e1 cumpliendo pena, pena de la cual tampoco deciden respecto de la libertad condicional, de la cual se estiman cumplidas las 3\/5 partes exigidas de la condena como elemento temporal para la concesi\u00f3n del derecho de la libertad condicional\u00bb; a\u00f1adi\u00f3 que, conforme lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional en la sentencia C-221 de 2017, la medida detencionaria se entiende extendida hasta el proferimiento del fallo de segunda instancia, por lo que su t\u00e9rmino de vigencia no se suspende ni se agota con la sentencia del a quo. As\u00ed mismo, aleg\u00f3 que, aunque fue procesado por un delito contra la integridad sexual de un menor de catorce a\u00f1os, ello no implica que ante el vencimiento del plazo razonable de la medida de aseguramiento le sean aplicables las prohibiciones contenidas en el C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia \u2013 art\u00edculo 199 (fls. 117 a 127, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

En el presente asunto, el actor centr\u00f3 su inconformidad en el hecho de que la colegiatura accionada no ha resuelto los recursos de apelaci\u00f3n interpuestos por \u00e9l contra la sentencia de primera instancia del 31 de octubre de 2016, proferida por el Juzgado Treinta y Siete Penal del Circuito de Bogot\u00e1, que lo conden\u00f3 a una pena de 108 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abactos sexuales abusivos con menor de catorce a\u00f1os\u00bb; as\u00ed como del auto de 25 de julio de 2019 que deneg\u00f3 la solicitud de sustituci\u00f3n de medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva por otra no restrictiva de la libertad. <\/p>\n

2. \tCaso concreto \u2013 De la mora judicial. <\/p>\n

2.1.\tCabe destacar que frente a este tema solo resulta procedente la injerencia del juez constitucional cuando sea manifiesta y notoria la desidia o abandono de la autoridad vinculada, m\u00e1s no cuando \u00e9sta obedezca a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas. <\/p>\n

Dicha postura fue desarrollada de vieja data por la jurisprudencia constitucional, que precis\u00f3, <\/p>\n

\u00ab(\u2026) se infiere que a fin de que proceda la acci\u00f3n de tutela, es indispensable que determinada dilaci\u00f3n o mora judicial sean injustificadas, pues el mero incumplimiento de los t\u00e9rminos dentro de un proceso, no constituye per se una violaci\u00f3n al debido proceso [Ver sentencia T-604 de 1995, M.P. Carlos Gaviria D\u00edaz], salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable. As\u00ed entonces, la mora judicial s\u00f3lo se justifica si la autoridad correspondiente, a pesar de actuar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones \u2018imprevisibles e ineludibles\u2019, tal como, el exceso de trabajo, que no le permitan cumplir con los t\u00e9rminos se\u00f1alados por la ley\u00bb (CC T-357\/07). <\/p>\n

Entre tanto, esta Corporaci\u00f3n, al abordar el estudio de acciones de tutela que cuestionaron la dilaci\u00f3n en la definici\u00f3n de los procesos, indic\u00f3: <\/p>\n

\u00abAhora bien, cuando se presenta un incumplimiento de los t\u00e9rminos procesales, la prosperidad del amparo se somete a que el funcionario haya incurrido en mora judicial injustificada y que se est\u00e9 ante la posibilidad de materializar un da\u00f1o, generando un perjuicio que no pueda ser subsanado. Corresponde al juez de tutela examinar, en cada caso concreto, las condiciones espec\u00edficas del asunto sometido a decisi\u00f3n judicial y evaluar si existe o no una justificaci\u00f3n que explique la mora\u00bb (CSJ STP16417-2016, 9 de nov. 2015, rad. 88998) <\/p>\n

Y en otra ocasi\u00f3n, esta Sala precis\u00f3 que el examen de la presunta actitud omisiva, deb\u00eda evaluarse a partir de la situaci\u00f3n individual del despacho accionado, considerando adem\u00e1s el sistema de turnos de resoluci\u00f3n de los casos al que se encuentra sujeto, al respecto se dijo: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) la tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque la accionada le dio el tr\u00e1mite legal correspondiente al recurso y no es dable ordenarle a la Sala tutelada que desate el conflicto antes del turno que le corresponde, porque tal como lo precis\u00f3 el juez constitucional de primer grado, se desconocer\u00eda el deber que le imponen los art\u00edculos 37, numeral 6\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 18 de la Ley 446 de 1998 y se vulnerar\u00eda derechos fundamentales de las partes e intervinientes en los otros procesos a su cargo, que por orden de ingreso al despacho deber\u00edan ser primeramente resueltos\u00bb (CSJ. STC de 5 de agosto de 2011, exp. 1359-01, reiterada en STC10755 del 12 de agosto de 2015). <\/p>\n

De esta forma, una vez revisado este asunto, la Corte advierte que la inobservancia de los t\u00e9rminos procesales para la resoluci\u00f3n de la apelaci\u00f3n formulada contra el fallo penal de primer grado no es resultado de una probada apat\u00eda o arbitrariedad de la colegiatura demandada, sino consecuencia de la congesti\u00f3n que a diferentes niveles padece la Rama Judicial y de la que no escapan esas corporaciones. <\/p>\n

2.2.\tEs cierto, el actor (procesado-sentenciado) no est\u00e1 obligado a permanecer en la indefinici\u00f3n, pero tampoco puede pasarse por alto que, adem\u00e1s de las explicaciones dadas por el funcionario tutelado ya referidas, los tribunales y sus operadores judiciales se encuentran sometidos a un sistema de turnos establecido para fallar los procesos seg\u00fan el orden de ingreso el cual incumbe respetar, puesto que, un obrar contrario conllevar\u00eda a quebrantar el derecho a la igualdad del resto de los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia que se hallan en las mismas condiciones, o a\u00fan peores. <\/p>\n

En tal sentido, esta Corte ha resaltado que no es posible pretender, a trav\u00e9s de una acci\u00f3n de tutela, que se alteren esos turnos; as\u00ed lo explic\u00f3 la Sala en un caso similar <\/p>\n

\u00abla tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque \u2026la accionada le dio el tr\u00e1mite legal correspondiente al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y no es dable ordenarle a la Sala tutelada que desate el conflicto antes del turno que le corresponde, porque tal como lo precis\u00f3 el juez constitucional de primer grado, se desconocer\u00eda el deber que le imponen los art\u00edculos 37, numeral 6\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 18 de la Ley 446 de 1998 y se vulnerar\u00eda derechos fundamentales de las partes e intervinientes en los otros procesos a su cargo, que por orden de ingreso al despacho deber\u00edan ser primeramente resueltos\u00bb (CSJ STC de 5 de agosto de 2011, exp. 1359-01, reiterada en STC10755 y, STC16975-2015, 10 dic. rad. 02027-01). <\/p>\n

Tambi\u00e9n, el art\u00edculo 18 de la Ley 446 de 19981 dispone, que \u00abes obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelaci\u00f3n legal\u00bb, y si bien el canon 16 de la Ley 1285 de 20092 – que modific\u00f3 el 63A de la Ley 270 de 1996 \u2013 permite a los jueces dar prelaci\u00f3n cuando se percaten de \u00abrazones de seguridad nacional o para prevenir la afectaci\u00f3n grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de cr\u00edmenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social\u00bb o \u00abasuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su soluci\u00f3n sea de inter\u00e9s p\u00fablico o pueda tener repercusi\u00f3n colectiva\u00bb, son caracter\u00edsticas que no se evidencian en el sub-examine. <\/p>\n

De igual forma, sobre el tema, la Corte Constitucional sostuvo: <\/p>\n

\u00abDado que el principio del respeto de turno de fallo no es absoluto, pues las circunstancias especiales del caso pueden autorizar un trato prioritario, resulta necesario indicar que la ley confiere al funcionario judicial la valoraci\u00f3n de las circunstancias que permitir\u00edan modificar ese orden de decisi\u00f3n. Los criterios fijados por el art\u00edculo 18 de la Ley 446 de 1998, \u201cla naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio P\u00fablico en atenci\u00f3n a su importancia jur\u00eddica y trascendencia social\u201d, ofrecen al juez un marco de discrecionalidad importante para definir cu\u00e1ndo un asunto puesto a su consideraci\u00f3n puede ser resuelto sin atenci\u00f3n al turno de respuesta que le ha sido fijado. <\/p>\n

Por ello, debe entenderse que es el juez de la causa el \u00fanico funcionario habilitado por la ley para evaluar las condiciones especiales del caso y autorizar un posible cambio en el turno de resoluci\u00f3n del pleito. Los principios de autonom\u00eda e independencia judicial obligan a considerar que el \u00fanico autorizado para modificar el orden regular de soluci\u00f3n de los asuntos puestos a consideraci\u00f3n es el juez que tramita el proceso correspondiente. La Corte ha defendido este principio al advertir que el juez de tutela est\u00e1 inhabilitado, en principio, para subvertir el orden de prelaci\u00f3n de los fallos judiciales, pues tal determinaci\u00f3n hace parte de la \u00f3rbita de decisi\u00f3n del juez natural\u00bb (CC. T-945A\/08) Se resalta. <\/p>\n

As\u00ed entonces, es el magistrado encargado quien debe determinar el orden en que resolver\u00e1 los expedientes que le son asignados y s\u00f3lo cuando medien circunstancias excepcional\u00edsimas, podr\u00eda variarse ese mecanismo por esta v\u00eda, dado el car\u00e1cter subsidiario de esta acci\u00f3n constitucional, improcedente para desplazar la competencia en ese \u00e1mbito de quien est\u00e1 habilitado para fijar la prelaci\u00f3n de los procesos. <\/p>\n

2.3.\tEn suma, decantado lo anterior, al no se\u00f1alarse un comportamiento flagrantemente omisivo o desidioso por tratarse de una dilaci\u00f3n que obedece a un factor objetivo, como se rese\u00f1\u00f3, el resguardo se torna inviable. En otra ocasi\u00f3n, frente a denuncias de igual tenor se dijo:
\n\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterada el 5 de marzo de 2012, exp, 02408-01; y, STC11785-2017, 9 ago. 2017, rad. 01040-01). <\/p>\n

De manera que, se itera, no toda mora dentro del proceso judicial es vulneradora de derechos fundamentales, por lo que la tutela no procede autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del funcionario atacado, sino que emerge indispensable que se constate la falta de diligencia, lo que aqu\u00ed no ocurri\u00f3. <\/p>\n

3.\tDe la carencia actual de objeto. <\/p>\n

De cara a la inconformidad planteada por la supuesta falta de pronunciamiento del tribunal acusado respecto de la apelaci\u00f3n contra el prove\u00eddo de 25 de julio de 2019 dictado por el Juez Treinta y Siete Penal del Circuito de Bogot\u00e1 que neg\u00f3 la solicitud de \u00absustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva\u00bb por una no privativa de la libertad, advierte la Sala que el auxilio invocado no puede prosperar habida cuenta que, en este evento se configura la denominada \u00abcarencia de objeto\u00bb por hecho superado. <\/p>\n

Lo anterior, al comprobarse que la providencia reclamada fue proferida el 30 de agosto pasado (es decir, dentro de un t\u00e9rmino razonable) ratificando la desestimaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n liberatoria (fls. 41 a 46, ib\u00eddem); empero, como bien lo inform\u00f3 el accionado, la secretar\u00eda de la Sala Penal del referido tribunal no la notific\u00f3, implicando que el magistrado demandado, tras advertir dicha omisi\u00f3n, librara inmediato requerimiento a esa dependencia a fin de que procediera con esa labor, lo que efectivamente se cumpli\u00f3 (fl. 47, \u00eddem). <\/p>\n

Entonces, sobre la figura que viene de indicarse, esta Corte se\u00f1al\u00f3 que la acci\u00f3n de salvaguarda pierde su fuerza \u00abbien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo\u00bb, por lo que, como \u00abse pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. Ante este panorama, el juzgador no puede m\u00e1s que declarar la carencia de objeto de la actuaci\u00f3n constitucional\u00bb (CSJ STC 21 jun. 2012, rad. 00121-01; citada en CSJ STC2539-2016, 2 mar. 2016, rad. 2016-00355-00). <\/p>\n

En asunto similar esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el pedimento que origin\u00f3 la actual formulaci\u00f3n ya fue definido mediante prove\u00eddo de 8 de marzo de la cursante anualidad, habida cuenta que el aludido auto desat\u00f3 el recurso vertical interpuesto contra la resoluci\u00f3n dictada en primera instancia el 20 de junio de 2013, advierte la Corte que el motiv\u00f3 que gener\u00f3 la presentaci\u00f3n de la tutela materia de decisi\u00f3n ha desaparecido; luego el m\u00f3vil de la lamentaci\u00f3n del actor ya constituye un \u201checho superado\u201d y, en consecuencia, la acci\u00f3n de amparo perdi\u00f3 eficacia y raz\u00f3n de ser frente a esa censura\u00bb (CSJ STC2913-2016, 10 mar. 2016, rad. 00434-00; reiterada en STC5134-2018, 19 abr. 2018, rad. 00870-00). <\/p>\n

Es as\u00ed que, por no existir una conculcaci\u00f3n actual en punto de la queja por la presunta falta de resoluci\u00f3n por el ad quem de la impugnaci\u00f3n contra la determinaci\u00f3n que neg\u00f3 la sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento, de acuerdo a lo discurrido, la tutela deviene igualmente improcedente frente a esa espec\u00edfica cuesti\u00f3n. <\/p>\n

4.\tConclusiones. <\/p>\n

4.1.\tDel an\u00e1lisis del retraso judicial recriminado as\u00ed como de las exculpaciones ofrecidas por el funcionario tutelado, no puede atribu\u00edrsele a una actitud ap\u00e1tica o negligente dado que, como lo demostr\u00f3 en estas diligencias, aqu\u00e9l se explica a partir de circunstancias objetivas que justifican el contexto particular de su despacho puesto a consideraci\u00f3n; de suerte que, no resulta viable proveer el auxilio en los t\u00e9rminos reclamados por el actor. <\/p>\n

4.2.\tEn relaci\u00f3n con el pronunciamiento echado de menos por el accionante atinente a la definici\u00f3n de la segunda instancia de la petici\u00f3n de sustituci\u00f3n de la medida detencionaria, se ha superado la afectaci\u00f3n al ordenarse por el magistrado tutelado su inmediato enteramiento al interesado del auto adiado el 30 de agosto de 2019 que resolvi\u00f3 el tema, configur\u00e1ndose la carencia actual de objeto. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tPor \tla cual se adoptan como legislaci\u00f3n permanente algunas normas \tdel \u00a0Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del C\u00f3digo \tde Procedimiento \u00a0Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 \ty del Decreto 2279 de 1989, \u00a0se modifican y expiden normas del \tC\u00f3digo Contencioso Administrativo y se \u00a0dictan otras \tdisposiciones sobre descongesti\u00f3n, eficiencia y acceso a la \tjusticia
\n2 \tPor medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la \tAdministraci\u00f3n de Justicia.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16891-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2019-01933-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 22 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103129","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103129","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103129"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103129\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103129"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103129"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103129"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}