{"id":103131,"date":"2026-07-02T18:17:30","date_gmt":"2026-07-02T18:17:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103131"},"modified":"2026-07-02T18:17:30","modified_gmt":"2026-07-02T18:17:30","slug":"stc16903-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16903-2019\/","title":{"rendered":"STC16903-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16903-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2019-00844-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gladys Amanda Franco Vargas contra la Consejo Superior de la Judicatura -Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial-, con ocasi\u00f3n del nombramiento en propiedad de Nydia Zoraida Le\u00f3n Vel\u00e1squez como asistente administrativo grado 7, adscrita a la entidad convocada, cargo anteriormente desempe\u00f1ado por la quejosa. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa gestora requiere la protecci\u00f3n de las prerrogativas a la vida digna, estabilidad laboral reforzada, m\u00ednimo vital y seguridad social, presuntamente vulneradas por la corporaci\u00f3n accionada. <\/p>\n

2. En sustento de sus peticiones, la querellante aduce que se desempe\u00f1\u00f3 en el ente fustigado como asistente administrativa grado 7, desde el 3 de noviembre de 1992. <\/p>\n

Atesta, en misiva de 2 de septiembre de 2019, la direcci\u00f3n ejecutiva cuestionada le comunic\u00f3 \u201c(\u2026) el nombramiento en propiedad de una persona que se hab\u00eda inscrito y participado en el concurso, [la] cual se posesionar\u00eda a partir del 9 de septiembre [pasado] (\u2026)\u201d; en consecuencia, deb\u00eda dejar el cargo a partir de ese momento. <\/p>\n

Arguye, pese a reunir los requisitos de edad y tiempo exigidos para acceder a la pensi\u00f3n de vejez, no ha emprendido los tr\u00e1mites respectivos, por cuanto, actualmente, discute ante la jurisdicci\u00f3n, la nugatoria de Colpensiones (26 de abril de 2010) a aceptar su \u201c(\u2026) traslado al r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida (\u2026)\u201d aun cuando, \u201c(\u2026) en el mes de marzo de 2000, fu[e] enga\u00f1ada por [un fondo privado] para trasladar[se] al r\u00e9gimen de ahorro individual (\u2026)\u201d <\/p>\n

A dicho de la actora, la disparidad en el valor de la mesada a reconocerle, entre un r\u00e9gimen y otro, es cercana a un mill\u00f3n de pesos, afectando su m\u00ednimo vital y el de un hijo menor de edad que depende de ella. <\/p>\n

Comenta, el 9 de septiembre anterior, ces\u00f3 su relaci\u00f3n laboral con la encartada. <\/p>\n

Aduce la demandante, con su desvinculaci\u00f3n se desconoci\u00f3 su calidad de prepensionada y madre cabeza de familia. <\/p>\n

3. En concreto, la tutelante anhela \u201c(\u2026) se le restablezca al [empleo] que ven\u00eda desempe\u00f1ando o se le reubique en otro cargo de igual o mayor calidad, a partir del 9 de septiembre del presente a\u00f1o (\u2026) hasta tanto se resuelve la demanda y se define mi situaci\u00f3n pensional (\u2026)\u201d. <\/p>\n

1. Respuesta \t\tdel accionado <\/p>\n

El Consejo Seccional de la Judicatura aleg\u00f3 que la estabilidad reforzada reclamada por esta senda no tiene asidero pues Franco Vargas fue designada en provisionalidad, lo cual no genera derecho alguno para perpetuarse en la vacante. <\/p>\n

Sum\u00f3, la mora de la actual gestora en solicitar el reconocimiento pensional, por reunir los requisitos para ese efecto, resaltando que las circunstancias descritas por la tutelante, en torno al monto de aqu\u00e9lla prestaci\u00f3n, escapan de su control. <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El ruego tuitivo no sale avante por la inobservancia del presupuesto de subsidiariedad, porque la interesada debe proponer sus reparos a la memorada decisi\u00f3n de desvinculaci\u00f3n ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, a trav\u00e9s del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en la regla 138 de la Ley 1437 de 2011, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

\u201c(\u2026) NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jur\u00eddica, podr\u00e1 pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar que se le repare el da\u00f1o. La nulidad proceder\u00e1 por las mismas causales establecidas en el inciso segundo1 del art\u00edculo anterior (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Igualmente podr\u00e1 pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicaci\u00f3n. Si existe un acto intermedio, de ejecuci\u00f3n o cumplimiento del acto general, el t\u00e9rmino anterior se contar\u00e1 a partir de la notificaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

2. S\u00famese, en el eventual proceso, la promotora puede requerir el decreto de las medidas cautelares que estime pertinentes a fin de conjurar un posible perjuicio irremediable, con sustento en el precepto 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, seg\u00fan el cual: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las medidas cautelares podr\u00e1n ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensi\u00f3n, y deber\u00e1n tener relaci\u00f3n directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podr\u00e1 decretar una o varias de las siguientes medidas: <\/p>\n

\u201c1. Ordenar que se mantenga la situaci\u00f3n, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible\u201d. <\/p>\n

\u201c2. Suspender un procedimiento o actuaci\u00f3n administrativa, inclusive de car\u00e1cter contractual. A esta medida solo acudir\u00e1 el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situaci\u00f3n que d\u00e9 lugar a su adopci\u00f3n y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicar\u00e1 las condiciones o se\u00f1alar\u00e1 las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuaci\u00f3n sobre la cual recaiga la medida\u201d. <\/p>\n

\u201c3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo\u201d. <\/p>\n

\u201c4. Ordenar la adopci\u00f3n de una decisi\u00f3n administrativa, o la realizaci\u00f3n o demolici\u00f3n de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravaci\u00f3n de sus efectos\u201d. <\/p>\n

Frente a lo discurrido, en pret\u00e9rita oportunidad precis\u00f3 esta Colegiatura: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [P]or tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces especializados competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que a juicio de la persona interesada, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho o la reparaci\u00f3n directa a que hubiere lugar (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

3. Refuerza la nugatoria de este resguardo la ausencia de un perjuicio irremediable, por cuanto, Gladys Amanda Franco Vargas, habiendo reunidos los requisitos de edad y tiempo de cotizaci\u00f3n, puede acceder al derecho pensional mientras se zanja la memorada controversia respecto de la legalidad o no de su traslado de r\u00e9gimen y, s\u00ed eventualmente prosperan las aspiraciones de Franco Vargas, el juez cognoscente de ese litigio, deber\u00e1 definir la forma de reajustar la val\u00eda de la mesada ya reconocida por el fondo privado al cual se encuentra afiliada actualmente. <\/p>\n

De otra parte, se evidencia la desidia de la quejosa en la defensa de sus propios intereses, pues: <\/p>\n

i) Aun cuando conoci\u00f3 desde el 26 de abril de 2010, la negativa de Colpensiones a aceptar su \u201ctraslado al r\u00e9gimen\u201d de prima media, solo hasta la presente anualidad inco\u00f3 la respectiva acci\u00f3n judicial, cuando resultaba inminente su retiro con ocasi\u00f3n de la provisi\u00f3n en propiedad del cargo que ven\u00eda desempe\u00f1ando; y <\/p>\n

ii) Pese a ser de p\u00fablico conocimiento el inicio del concurso de m\u00e9ritos para ocupar los cargos con vacantes definitivas en la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial desde el a\u00f1o 2012, la gestora no emprendi\u00f3, desde entonces, los tr\u00e1mites necesarios para consolidar el \u201ctraslado de r\u00e9gimen\u201d que actualmente pretende. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, el estado actual de la situaci\u00f3n censurada obedece a la omisi\u00f3n de la propia accionante en el uso tempestivo de las herramientas defensivas brindadas por el ordenamiento jur\u00eddico, incuria que no puede suplirse con la interposici\u00f3n de este mecanismo excepcional. <\/p>\n

4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

5. Ep\u00edlogo de lo razonado, se denegar\u00e1 la protecci\u00f3n rogada por esta senda. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Gladys Amanda Franco Vargas contra la Consejo Superior de la Judicatura -Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial-, con ocasi\u00f3n del nombramiento en propiedad de Nydia Zoraida Le\u00f3n Vel\u00e1squez como asistente administrativo grado 7 adscrita a la entidad convocada, cargo anteriormente desempe\u00f1ado por la quejosa. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

TERCERO:\tSi este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb10, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb11; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1\u0002 \tCanon \t137 C.P.A.C.A. \u201c(\u2026) \tProceder\u00e1 \tcuando hayan sido expedidos con infracci\u00f3n de las normas en \tque deber\u00edan fundarse, o sin competencia, o en forma \tirregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, \to mediante falsa motivaci\u00f3n, o con desviaci\u00f3n de las \tatribuciones propias de quien los profiri\u00f3 \t(\u2026)\u201d.
\n2\u0002 \tCSJ. \tSTC de 24 de septiembre de 2013, rad. 00676-01.
\n3\u0002 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, \tCosta Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la \tLey 16 de 1972.
\n4\u0002 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5\u0002 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n

7\u0002 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de \tseptiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, \tcriterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n8\u0002 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n9\u0002 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n10\u0002 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n11\u0002 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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