{"id":103132,"date":"2026-07-02T18:17:37","date_gmt":"2026-07-02T18:17:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103132"},"modified":"2026-07-02T18:17:37","modified_gmt":"2026-07-02T18:17:37","slug":"stc16905-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16905-2019\/","title":{"rendered":"STC16905-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16905-2019 <\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Lidia Patricia Gordillo Castellanos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, concretamente la magistrada Mar\u00eda Julia Figueredo Vivas, y el Juzgado Tercero de Familia de esa ciudad, en atenci\u00f3n al juicio de declaratoria de existencia de uni\u00f3n marital de hecho radicado bajo el n\u00b0 2019-00126, incoado por la quejosa a los herederos de Jos\u00e9 Antonio Ur\u00e1n Guerrero (q.e.p.d.). <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa gestora reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas a la igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulneradas por las autoridades acusadas. <\/p>\n

2. En sustento de sus pedimentos, la querellante arguye que ante el Juzgado Tercero de Familia de Tunja, solicit\u00f3 se reconociera la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho conformada entre ella y el difunto Jos\u00e9 Antonio Ur\u00e1n Guerrero. <\/p>\n

Atesta, el 23 de septiembre de 2019, recus\u00f3 a la titular del citado despacho, invocando las causales 1\u00aa1 y 9\u00aa2 del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto, la funcionaria cognoscente: i) no atendi\u00f3 las solicitudes probatorias presentadas en el escrito de reforma al documento genitor; ii) durante el juicio \u201cdirigi\u00f3 y amenaz\u00f3\u201d a los extremos de la lid y los testigos, para obtener versiones favorables a la demandada Mar\u00eda Helena Mesa; y iii) tiene una \u201cestrecha amistad\u201d con la apoderada judicial de los all\u00e1 encausados, dado que \u00e9sta fungi\u00f3, hasta hace poco, como procuradora de \u201cfamilia\u201d de esa urbe. <\/p>\n

Comenta, en auto de 24 de septiembre siguiente, el se\u00f1alado ente jurisdiccional no acept\u00f3 la preanotada \u201crecusaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

Narra, esa determinaci\u00f3n fue ratificada por el tribunal confutado, el 23 de octubre pasado, quien adujo que, en su criterio, la omisi\u00f3n en el decreto de las pruebas requeridas en la \u201creforma a la demanda\u201d no denota, per se, una falta de imparcialidad de la antelada falladora, m\u00e1xime cuando tal falencia ya fue superada, al atender la observaci\u00f3n que, en tal sentido, efectu\u00f3 la all\u00ed accionante. <\/p>\n

Acorde con el documento tutelar, por auto de 5 de noviembre anterior, la sentenciadora de primera instancia convoc\u00f3 a audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento para el 10 de diciembre venidero. <\/p>\n

Seg\u00fan la petente, la magistratura atacada \u201cno se pronunci\u00f3 sobre las dem\u00e1s irregularidades que fueron anotadas una a una a lo largo de cada una de las audiencias\u201d, las cuales pon\u00edan en evidencia el sesgo de la juzgadora \u201crecusada\u201d. <\/p>\n

3. La promotora alega la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso y la garant\u00eda de un juzgador imparcial por parte de la c\u00e9lula judicial de \u201cfamilia\u201d convocada, al desechar la \u201crecusaci\u00f3n\u201d planteada en oportunidad, omitiendo las conductas \u201cirregulares\u201d desplegadas por \u00e9sta en el decurso. <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n

Las autoridades encartadas, en escritos separados, se reafirmaron en las motivaciones que las condujeron a adoptar la decisi\u00f3n cuestionada por esta senda. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Delanteramente, ha de precisarse que el an\u00e1lisis de la presente salvaguarda se circunscribir\u00e1 a la postura adoptada por el fallador de segundo grado porque con ella se zanj\u00f3 la controversia y, en \u00faltimas ese es el criterio que se impone jur\u00eddicamente mientras no sea revocado o invalidado. <\/p>\n

2. Revisados los reparos propuestos y los soportes adosados al plenario, fulgura la prosperidad del amparo suplicado, pues la corporaci\u00f3n cuestionada, para ratificar la nugatoria a la \u201crecusaci\u00f3n\u201d enarbolada contra la a quo, en el pleito censurado, se limit\u00f3 a se\u00f1alar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Revisado el expediente, este despacho, no encuentra que se haya vulnerado el debido proceso a la parte que presenta la recusaci\u00f3n, si bien, en alg\u00fan momento se omiti\u00f3 decretar las pruebas solicitadas, la se\u00f1ora juez, en uso de sus facultades otorgadas por la ley, corrige tal situaci\u00f3n y las decreta, lo hace de manera clara y p\u00fablica, en audiencia. El control del decreto y pr\u00e1ctica de pruebas, tambi\u00e9n es de las partes (\u2026)\u201d <\/p>\n

\u201c(\u2026) El hecho que (sic) la (\u2026) juez, solicite a los actores dirigirse al despacho de manera respetuosa, no significa que se est\u00e9 beneficiando a alguna de ellas. Este es un deber de parte, art\u00edculos 78.4, 42.3 y 44 del [\u00eddem] (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y agreg\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) En todo caso, la (\u2026) actora, estuvo asistida de apoderada en la audiencia de pruebas [y] pudo controvertir e intervenir si alguna anormalidad encontraba en los interrogatorios e indagar por los hechos y la ciencia de su dicho a los testigos (\u2026); el escenario para exponerlo era la audiencia. La parte tambi\u00e9n tiene control de la actuaci\u00f3n, no es de recibo, no actuar y luego, a trav\u00e9s de la poderdante, cuestionar la direcci\u00f3n de la audiencia por medio de (\u2026) las recusaciones (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Con base en lo trasuntado, el tribunal enjuiciado convalid\u00f3 la nugatoria a la comentada \u201crecusaci\u00f3n\u201d incoada por la aqu\u00ed querellante. <\/p>\n

Como se observa, nada reflexion\u00f3 la falladora de segundo grado encartada en torno a si: <\/p>\n

i) Las preguntas efectuadas por la sentenciadora de primera instancia condicionaban el sentido de las manifestaciones de los declarantes; <\/p>\n

ii) La actitud adoptada por la se\u00f1alada juzgadora, al recabar los testimonios requeridos por los litigantes, evidenciaba su intenci\u00f3n de favorecer a la presunta \u201cc\u00f3nyuge\u201d del memorado decujus o si, por el contrario, aqu\u00e9lla mostraba una conducta ecu\u00e1nime e imparcial de su parte; y <\/p>\n

iii) La supuesta \u201cestrecha amistad\u201d existente entre la apoderada de la pasiva y la titular de la c\u00e9lula jurisdiccional de primer nivel fue acreditada y si esa circunstancia, pod\u00eda o no obnubilar el juicio de la a quo.
\nLos anteriores cuestionamientos habr\u00edan permitido a la magistratura tutelada efectuar un estudio m\u00e1s concienzudo sobre la viabilidad o no de la tantas veces referida \u201crecusaci\u00f3n\u201d, como v\u00e1lidamente lo reclama la actual accionante, pues las cuestiones omitidas sustentaban el \u201cimpedimento\u201d presentado. <\/p>\n

En ese contexto, la motivaci\u00f3n del auto de 23 de octubre de 2019, es insuficiente, pues pretermiti\u00f3 exteriorizar los raciocinios frente a los aspectos rese\u00f1ados con antelaci\u00f3n, los cuales resultaban esenciales para la resoluci\u00f3n del conflicto sometido a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n

Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha indicado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]ufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de [providencias] en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales. As\u00ed, en la sentencia de 22 de mayo de 2003, expediente No. 2003-0526, se increp\u00f3 al Tribunal por no \u2018fundar sus decisiones en razones y argumentaciones jur\u00eddicas que con rotundidad y precisi\u00f3n (\u2026)\u2019\u201d [resolvieran el caso bajo su conocimiento], \u201c(\u2026) lo propio ocurri\u00f3 en el fallo de 31 de enero de 2005, expediente 2004-00604, en que se recrimin\u00f3 al ad quem por no expresar las \u2018razones puntuales\u2019 equivalentes a una falta de motivaci\u00f3n; defecto que en el fallo de 7 de marzo de 2005 expediente 2004-00137, se describe como desatenci\u00f3n de \u2018la exigencia de motivar con precisi\u00f3n la providencia\u2019 (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

Varios principios y derechos en los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos imponen la obligatoriedad de motivar la sentencia judicial: el de publicidad porque asegura la contradicci\u00f3n del fallo y muestra la transparencia con que act\u00faan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisi\u00f3n no habr\u00e1 motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas; los de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional. <\/p>\n

El deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso. <\/p>\n

Frente a la tem\u00e1tica planteada, memor\u00f3 esta Sala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [Es] menester dejar sentado que la motivaci\u00f3n de las [providencias] constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir \u201cla funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n

\u201c(\u2026) La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

3. Lo discurrido impone conceder el auxilio deprecado, por la patente vulneraci\u00f3n del debido proceso del tutelante; por tanto, se ordenar\u00e1 a la colegiatura encartada que invalide el anunciado prove\u00eddo de 23 de octubre de 2019, para que, en su lugar, resuelva, nuevamente, la alzada refiri\u00e9ndose a cada uno de los temas se\u00f1alados en el numeral anterior. <\/p>\n

4. Si bien esta Corte ha considerado que en la labor de administrar justicia, los juzgadores gozan de libertad para la ex\u00e9gesis del ordenamiento jur\u00eddico y la valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos, motivo por el cual el fallador de tutela no puede inmiscuirse en sus pronunciamientos; en los eventos donde la autoridad profiere una decisi\u00f3n ostensiblemente contradictoria o desajustada del plexo normativo, de la jurisprudencia o de los hechos debidamente comprobados, como acontece en el presente asunto, es necesaria la intervenci\u00f3n de esta particular jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

5. En consecuencia, la Corte har\u00e1 el control constitucional inherente a la acci\u00f3n de resguardo, as\u00ed como tambi\u00e9n el de convencionalidad, dimanante del bloque de constitucionalidad, seg\u00fan lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5, que exige a los pa\u00edses suscriptores procurar armonizar el ordenamiento interno al mismo, para evitar cualquier disonancia entre uno y otro. <\/p>\n

As\u00ed se consign\u00f3 en sus preceptos primero y segundo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art\u00edculo 1. Obligaci\u00f3n de Respetar los Derechos: 1. Los Estados Partes en esta Convenci\u00f3n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est\u00e9 sujeta a su jurisdicci\u00f3n, sin discriminaci\u00f3n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opiniones pol\u00edticas o de cualquier otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social\u201d. <\/p>\n

\u201c2. Para los efectos de esta Convenci\u00f3n, persona es todo ser humano\u201d. <\/p>\n

\u201cArt\u00edculo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el art\u00edculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro car\u00e1cter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci\u00f3n, las medidas legislativas o de otro car\u00e1cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (\u2026)\u201d. <\/p>\n

De esta manera, las reglas de aquella normatividad deben observarse en asuntos como \u00e9ste, so pena de incumplir deberes internacionales. Por tanto, es menester tener en consideraci\u00f3n las prerrogativas a las \u201cgarant\u00edas judiciales\u201d y a la \u201cprotecci\u00f3n judicial\u201d, seg\u00fan las cuales, una persona podr\u00e1 acudir ante las autoridades jurisdiccionales competentes para obtener la pronta y eficaz resoluci\u00f3n de sus litigios. <\/p>\n

En el presente caso, como se dijo, la accionada omiti\u00f3 pronunciarse frente los argumentos centrales del recurso sometido a su conocimiento. En esa forma, contravino el canon 25 de ese tratado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art. 25. Protecci\u00f3n Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r\u00e1pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n, la ley o la presente Convenci\u00f3n, aun cuando tal violaci\u00f3n sea cometida por personas que act\u00faen en ejercicio de sus funciones oficiales\u201d. <\/p>\n

\u201c2. Los Estados Partes se comprometen: \u201ca) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidir\u00e1 sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; \u201cb) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y \u201cc) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisi\u00f3n en que se haya estimado procedente el recurso (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El instrumento citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6. Por las razones mencionadas, se impone acceder al auxilio invocado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONCEDER el amparo promovido por Lidia Patricia Gordillo Castellanos, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja, concretamente la magistrada Mar\u00eda Julia Figueredo Vivas, y el Juzgado Tercero de Familia de esa misma ciudad, en atenci\u00f3n al juicio de declaratoria de la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho incoado por la quejosa a los herederos de Jos\u00e9 Antonio Ur\u00e1n Guerrero. <\/p>\n

SEGUNDO: Por consiguiente, se ordena a la magistrada Mar\u00eda Julia Figueredo Vivas, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir del momento en que sea enterada de la presente decisi\u00f3n, deje sin efecto el auto reprochado por esta v\u00eda y todos los otros pronunciamientos derivados del mismo, y en su lugar, provea, nuevamente, sobre la recusaci\u00f3n formulada contra la juez a quo dentro del memorado litigio, teniendo en cuenta lo trazado en el ac\u00e1pite considerativo de este prove\u00eddo. <\/p>\n

TERCERO: Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica todos los interesados. Por secretar\u00eda rem\u00edtase copia de esta sentencia al despacho tutelado. <\/p>\n

CUARTO: Si el fallo no fuere impugnado rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb12, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb13; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \t\u201c(\u2026) \tTener \tel juez, su c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero permanente o alguno de \tsus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o \tsegundo de afinidad, inter\u00e9s directo o indirecto en el \tproceso \t(\u2026)\u201d.
\n2 \t\u201c(\u2026) \tExistir \tenemistad grave o amistad \u00edntima entre el juez y alguna de \tlas partes, su representante o apoderado \t(\u2026)\u201d.
\n3 \tCSJ. STC 28 \tde marzo de 2008, exp. 2008-00384-00; v\u00e9anse igualmente el \tfallo de de \t16 \tde febrero de 2011, exp. 2010-00445-01, entre otros.
\n4 \tCSJ. Civil. 22 de mayo de 2003, Rad. 00526-01, invocada el 10 de \tagosto de 2011, Rad. 00168-02.
\n5 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n6 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n7 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n8 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n9 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n10 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n

12 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n13 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC16905-2019 (Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Lidia Patricia Gordillo Castellanos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103132","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103132","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103132"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103132\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103132"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103132"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103132"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}