{"id":103138,"date":"2026-07-02T18:19:13","date_gmt":"2026-07-02T18:19:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103138"},"modified":"2026-07-02T18:19:13","modified_gmt":"2026-07-02T18:19:13","slug":"stc16912-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16912-2019\/","title":{"rendered":"STC16912-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16912-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2019-00683-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 12 de noviembre de 2019, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la tutela instaurada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad y la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda, con ocasi\u00f3n de las acci\u00f3n populares con radicados N\u00b0 2015-22, 2015-1117, 2015-1168, 2016-119, 2016-473, 2016-478, 2016-489, 2016-510, 2016-512, 2016-518, 2016-525, 2016-613, 2016-621, 2016-628, 2016-639, 2016-609, 2016-474, 2016-503, 2016-500, 2016-481, 2016-100 y 2017-190 impulsadas todas por el aqu\u00ed gestor. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl promotor reclama la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, supuestamente lesionada por las autoridades querelladas. <\/p>\n

2. En sustento de su queja, expone que dentro de los casos materia de este auxilio, el estrado querellado \u201cse niega sistem\u00e1ticamente\u201d a atender el contenido del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

3. Implora, en concreto: i) se ordene a la juez querellada aplicar el citado precepto, remitiendo las tramitaciones al juez en el siguiente turno; y ii) expedirle copias de lo actuado en esa sede (fol. 1, cdno. 1). <\/p>\n

1. Respuesta de \t\tlos accionados y vinculados <\/p>\n

1. La c\u00e9lula judicial querellada se limit\u00f3 a remitir copia digital de las actuaciones cuestionadas (fol. 17, cdno. 1). <\/p>\n

2. El Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, al no conculcar, con su comportamiento, ninguna prerrogativa iusfundamental; similar argumento esboz\u00f3 la Alcald\u00eda de Pereira y la Defensor\u00eda del Pueblo. <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

El a quo constitucional, neg\u00f3 la s\u00faplica, tras se\u00f1alar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) En las acciones populares radicadas bajo los Nos 2015-22, 2016-474, 2016-478, 2016-481, 2016-489, 2016-503, 2016-525, 2016-609, 2016-613 y 2016-639, mediante prove\u00eddos del 27 de junio, 3 de septiembre y 7 de octubre este a\u00f1o, se negaron las solicitudes formuladas por el demandante, tendientes a obtener se declarara la nulidad (\u2026) con fundamento en el art\u00edculo 121 del C.G.P., sin que frente a esas decisiones se haya interpuesto alg\u00fan recurso. En la acci\u00f3n popular 2015-01168 se adopt\u00f3 id\u00e9ntica decisi\u00f3n, en prove\u00eddo del 24 de octubre \u00faltimo (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Dentro de [los tr\u00e1mites] 2016-100- 2016-119, 2016-473, 2016-00500 y 2016-00518, ninguna solicitud ha elevado el accionante para obtener la aplicaci\u00f3n de la citada norma (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Frente a [los decursos] 2017-190, 2015-1117, 2016-00510, 2016-512, 2016-621 y 2016-628, en distintas fechas de este a\u00f1o, Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga formul\u00f3 acciones de tutela (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Por lo anterior, lo conden\u00f3 en costas en cuant\u00eda de seis salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (fols. 154 al 161). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

La instaur\u00f3 el quejoso, se\u00f1alando que \u201cla temeridad y la mala fe, debe ser objetiva y nunca subjetiva (\u2026) [y] si quiere[n] multar[lo] deben abrir un incidente\u201d (fol. 175). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El auxilio se concreta en establecer si el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira vulner\u00f3 las garant\u00edas superiores de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga al no cumplir, en los decursos citados, con lo previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

2. De la informaci\u00f3n vertida en la foliatura y la suministrada por los intervinientes, se concluye lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Respecto de la acci\u00f3n popular No. 2015-022, el ruego no sale avante, por cuanto ninguna arbitrariedad releva la gesti\u00f3n de la falladora denunciada, pues actu\u00f3 conforme a lo decidido por su superior. En efecto, el actor, en escrito radicado el 27 de septiembre de 2019, solicit\u00f3 la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso y el estrado confutado el 7 de octubre siguiente, se pronunci\u00f3 argumentando: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Dentro del presente tr\u00e1mite la labor de notificaci\u00f3n a la parte demandada, se surti\u00f3 mediante la figura de la conducta concluyente (\u2026) el 04-09-2015, por lo que las actuaciones posteriores al 04-09-2016, son nulas de pleno derecho tal y como lo dejo expresado el Tribunal Superior del Pereira, mediante providencia de 31 de enero de 2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) En la providencia proferida por el tribunal, orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del expediente al juzgado de origen, para que (\u2026) lo remitieran al funcionario judicial que le siga en turno, en este caso, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la Ciudad (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Como se puede apreciar, el tr\u00e1mite que se le viene dando a la presente acci\u00f3n popular, es en virtud del cumplimiento de una orden proferida por el superior funcional, (\u2026) quien determin\u00f3 que el Juzgado Segundo Civil del Circuito perdi\u00f3 competencia para conocer de la acci\u00f3n popular el 04-09-2016 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Es aqu\u00ed en donde surge una discordia de orden interpretativo entre el se\u00f1or coadyuvante del accionante y este despacho judicial y esto debido a que se tiene la firme convicci\u00f3n que las \u00f3rdenes proferidas por el superior son de obligatorio cumplimiento, lo que al parecer no comparte el coadyuvante, quien erradamente interpreta el art\u00edculo 121 del C.G.P. a su antojo y conveniencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En un caso de similares contornos sostuvo esta Sala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) De la transcripci\u00f3n antes vista se deduce que se efectu\u00f3 una argumentada y razonable exposici\u00f3n de los criterios que fundaron la resoluci\u00f3n adoptada, en tanto que efectivamente no existe norma expresa que imponga la p\u00e9rdida de competencia para el segundo funcionario que recibe la actuaci\u00f3n en la respectiva instancia, motivo por el cual la decisi\u00f3n de 18 de septiembre de 2017 no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

2.2. Atinente a los decursos radicados bajo los Nos. 2016-100- 2016-119, 2016-473, 2016-00500 y 2016-00518, tal como lo sostuvo el a-quo constitucional ninguna solicitud ha elevado el accionante para obtener la aplicaci\u00f3n de la citada norma. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con la acci\u00f3n popular N\u00ba 2015-01117, el 25 de julio de 2019, el tribunal desestim\u00f3 el amparo promovido por el tutelante contra la c\u00e9lula judicial aqu\u00ed accionada, en la cual, se discuti\u00f3 el desistimiento de esa tramitaci\u00f3n; ahora, si bien el tutelante al momento de impugnarla trajo a cuento la aplicaci\u00f3n de la aludida figura procesal contenida en la regla 121, ese tema no se resolvi\u00f3 de fondo, por ser un argumento nuevo. Dicha decisi\u00f3n se ratific\u00f3 por esta Sala en la providencia STC11514 de 27 de agosto de 2019; empero, ninguna solicitud formal elev\u00f3 al despacho. <\/p>\n

Esta Corte al ocuparse de asuntos que guardan simetr\u00eda con el aqu\u00ed abordado, ha sostenido: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a inconformidad relacionada con las consecuencias del canon 121 del estatuto adjetivo civil no ha sido ventilada ante el enjuiciador natural de la causa para que defina si es viable o no proceder conforme all\u00ed se dispone y lo insta el promotor (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) En efecto, de las piezas arrimadas no se vislumbra que Arias Id\u00e1rraga hubiere postulado la \u201cp\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia\u201d y su derivada invalidez en el decurso criticado, de donde emerge con claridad que el funcionario cognoscente no ha tenido la posibilidad de analizar ni, por ende, pronunciarse positiva o negativamente sobre tales t\u00f3picos. En otros t\u00e9rminos, la salvaguarda as\u00ed incoada resulta abiertamente carente de residualidad (\u2026)2\u201d(subraya para destacar). <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

Esta Sala recientemente razon\u00f3, en punto al t\u00f3pico del saneamiento de la invalidez prevista en la regla 121 lo siguiente: <\/p>\n

\u201c(\u2026) De esta manera, si se actu\u00f3 sin proponerla, o la convalid\u00f3 en forma expresa, la nulidad quedar\u00e1 saneada, pero si la parte la formula en la oportunidad prevista en el art\u00edculo 134, siempre que se cumplan los requisitos se\u00f1alados en el art\u00edculo 135, y una vez verificado el supuesto de hecho indicado en el art\u00edculo 121 \u2013que como se explic\u00f3, no es objetivo y admite el descuento de demoras que no se deben a la desidia del funcionario\u2013, el juez deber\u00e1 declarar la consecuencia jur\u00eddica expresada en esa disposici\u00f3n (\u2026)4\u201d. <\/p>\n

2.3. Frente a los litigios Nos. 2017-190, 2015-1117, 2016-00510, 2016-512, 2016-621 y 2016-628, se advierte que la protecci\u00f3n rogada no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque, tal como lo sostuvo el tribunal, el solicitante concurri\u00f3 a esta jurisdicci\u00f3n en pasadas ocasiones alegando eventos similares a los actuales. <\/p>\n

La Corte ha desestimado ruegos como el presente, si: <\/p>\n

\u201c(\u2026) la demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

2.3.1. As\u00ed, se observa que, mediante sentencia de 17 de julio de 2019, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira deneg\u00f3 el auxilio reclamado por el querellante frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, en relaci\u00f3n con la acci\u00f3n popular N\u00ba 2017-00190, donde el promotor, al igual que ahora, rebati\u00f3 la aplicaci\u00f3n del aludido canon 121 \u00eddem. <\/p>\n

Impugnado el citado fallo constitucional, fue revocado por esta Corte en la providencia STC11708 de 30 de agosto de 2019, ordenando <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]n su lugar tutelar el debido proceso de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, invalidando los prove\u00eddos emitidos el 26 de junio y 18 de julio de 2019 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, al cual ordena que en el lapso de tres (3) d\u00edas a partir de que sea enterado dicte providencia de reemplazo en la que examine de fondo la solicitud apoyada en el art.121 del C\u00f3digo General del Proceso de declarar la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

2.3.2. En el mismo sentido, acontece frente al resguardo N\u00ba 2016-00510, desestimado el 6 de septiembre de 2019, pronunciamiento confirmado por esta Corporaci\u00f3n en sentencia STC15049-2019 de 5 de noviembre siguiente, por cuanto el censor no elev\u00f3 su \u201cpetici\u00f3n\u201d de invalidez a la c\u00e9lula judicial confutada, a fin de dar aplicaci\u00f3n al citado canon. <\/p>\n

2.3.3. En relaci\u00f3n con el tr\u00e1mite 2016-00512, en fallo de 30 de septiembre de 2019, el a-quo constitucional deneg\u00f3 el amparo deprecado por el gestor a la sede judicial fustigada, en torno a la normativa antes citada, determinaci\u00f3n ratificada por esta colegiatura el 5 de noviembre de 2019, (STC16311-2019). Ello Significa, que el actor promovi\u00f3 el presente resguardo (25-10-19), estando en curso el anterior frente al mismo tr\u00e1mite y por los mismos hechos. <\/p>\n

En ese caso, en la decisi\u00f3n de segunda instancia se se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Revisadas las piezas de las "acciones populares 20182016-00510 y 2016-00521", se advierte que el resguardo impetrado no puede abrirse paso y, por tanto, debe prohijarse el veredicto confutado, aunque por razones distintas. Lo expresado, por cuanto se verifica; que en relaci\u00f3n con los autos de 3 y 5 de septiembre de 2019, mediante los cuales la oficina acusada desestim\u00f3 la aspiraci\u00f3n de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga para que en cada uno de tales pleitos se aplicara el art.121 procedimental, \u00e9ste no formul\u00f3 el remedio horizontal que era de recibo seg\u00fan el art. 36 de la Ley 47 2 de 1998 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

2.3.4. En cuanto al asunto N\u00ba 2016-00621, el 3 de octubre de 2019, el colegiado de primer grado no accedi\u00f3 a la tutela instaurada por el interesado contra el juzgado aqu\u00ed accionado, en la cual, se discuti\u00f3 tambi\u00e9n la aplicaci\u00f3n del 121, pronunciamiento confirmado en prove\u00eddo STC15784-2019, de 20 de noviembre de 2019, al considerar que dicho t\u00e9rmino no se hab\u00eda cumplido. Es de anotar, que el actor acudi\u00f3 a esta especial jurisdicci\u00f3n (25-10-19) cuando no hab\u00eda quedado en firme la decisi\u00f3n del a-quo constitucional. En esa oportunidad dijo la Sala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]e anticipa la confirmaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n del Tribunal, puesto que los medios de convicci\u00f3n arrimados al tr\u00e1mite tutelar ponen de manifiesto que el reclamante en anterior oportunidad instaur\u00f3 otras tutelas respecto de esas mismas acciones populares6, con apoyo en id\u00e9nticas situaciones f\u00e1cticas a las aqu\u00ed denunciadas, en aquella ocasi\u00f3n la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira neg\u00f3 las protecciones imploradas; determinaciones que fueron confirmadas por esta Sala, en sentencia STC14585-2019 de 30 de octubre siguiente y STC15322-2019 de 13 de noviembre de 2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

2.3.5. Finalmente, se hace alusi\u00f3n a la controversia No. 2016-00628, donde la colegiatura de primer grado, el 22 de octubre anterior, Rad. 66001-23-13-000-2019-00670, \u201cdeclar\u00f3 improcedente\u201d la protecci\u00f3n reclamada por el aqu\u00ed actor frente a ese proceso y bajo los mismos supuestos f\u00e1cticos aqu\u00ed expuestos, decisi\u00f3n confirmada por esta Sala el 14 de noviembre de 2019 (STC15453-2019), al no hallar vencido el t\u00e9rmino contenido en el anotado precepto. <\/p>\n

3. De este modo, se insiste, no hay lugar a acoger las actuales peticiones en relaci\u00f3n con las acciones populares Nos. 2016-00510, 2016-512, 2016-621 y 2016-628, pues el asunto aqu\u00ed ventilado, ata\u00f1edero a la viabilidad o no de aplicar el canon 121, fue alegado en otras salvaguardas otrora deprecadas, frente a las cuales se emitieron las determinaciones referenciadas de 30 de agosto, 22 de octubre, 5 y 20 de noviembre de 2019 y, otras, ni si quiera se han resuelto a\u00fan. <\/p>\n

Por lo discurrido, el correctivo dispuesto por el tribunal constitucional a quo, se ratificar\u00e1, pues el mismo deviene de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, y se funda en el actuar temerario del accionante, muchas veces comprobado por esta Sala. El inciso final de la citada regla ense\u00f1a: \u201cSi la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u201d. <\/p>\n

El sustento normativo de la sanci\u00f3n, fue encontrado ajustado a la Carta por la Corte Constitucional, sobre el cual se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Tiene raz\u00f3n uno de los demandantes cuando afirma que la condena en cuanto a indemnizaciones y costas s\u00f3lo puede ser el resultado de un debido proceso, pero esta aseveraci\u00f3n no lleva necesariamente a la inexequibilidad de la norma acusada, pues el proceso de tutela, aunque sumario y preferente, debe surtirse con plena observancia de las previsiones generales consagradas en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, de las cuales no ha sido ni podr\u00eda haber sido excluido en cuanto se trata de un derecho fundamental. Si en un proceso espec\u00edfico tales requerimientos constitucionales se transgreden, tiene competencia el superior ante quien se impugne el fallo y, en su caso, esta Corporaci\u00f3n, para revocar la correspondiente decisi\u00f3n judicial\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Tampoco es contrario a la Carta Pol\u00edtica que se disponga el pago de las costas procesales a cargo del responsable de la violaci\u00f3n o del peticionario que incurri\u00f3 en temeridad, seg\u00fan el caso, pues ello es apenas l\u00f3gico y equitativo trat\u00e1ndose de procesos judiciales (\u2026)\u201d7. <\/p>\n

As\u00ed mismo, el referido \u00f3rgano de cierre se ha pronunciado acerca de la sanci\u00f3n pecuniaria, interpretando que \u201c(\u2026) se aplica cuando \u2018fundadamente\u2019 se estime que el petente de la tutela incurri\u00f3 en temeridad (\u2026)\u201d8, la cual como se dijo fue evidenciada en el caso concreto. <\/p>\n

Es pertinente memorar que si bien en otros resguardos esta Corporaci\u00f3n ha concedido la protecci\u00f3n porque a los accionantes se les ha sancionado sin agotarse un tr\u00e1mite previo9, en este caso s\u00ed resulta procedente el correctivo enunciado aun cuando no se surti\u00f3 un incidente para definirlo, pues es palmario el h\u00e1bito del impulsor del ruego en hacer uso injustificado de \u00e9ste. <\/p>\n

4. Ahora, contrario a lo discurrido con antelaci\u00f3n, el reparo propuesto en relaci\u00f3n con los asuntos 2016-474, 2016-478, 2016-481, 2016-489, 2016-503, 2016-525, 2016-609, 2016-613, 2016-639 y 2015-01168, s\u00ed se abre paso, por cuanto de los soportes adosados, la sede judicial convocada, para proclamar la inaplicabilidad del precepto 121 \u00eddem, mediante prove\u00eddos del 27 de junio, 3 de septiembre, 7 y 24 de octubre este a\u00f1o, se limit\u00f3 a se\u00f1alar: <\/p>\n

En los Radicados N\u00ba 2016-00489 y 2016-503 <\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]e le informa al accionante que el d\u00eda 18 de marzo del a\u00f1o que avanza se surti\u00f3 la notificaci\u00f3n v\u00eda correo electr\u00f3nico a la entidad accionada, por lo que no est\u00e1n dadas las precisas circunstancias del art\u00edculo 121 C.G.P para acceder a la nulidad en tal sentido (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Frente a las acciones populares N\u00ba 2016-00474, 2016-00478, 2016-481, 2016-00525, 2016-609, 2016-613 y 2016-639 indic\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [R]especto a la nulidad con base en el [precepto] 121 del C.G.P., no es posible acceder a la misma puesto que hasta el momento no ha transcurrido un a\u00f1o desde la notificaci\u00f3n del auto admisorio a la sociedad accionada (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, ata\u00f1edero al juicio 2015-01168 adujo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) No es posible aplicar la nulidad de que trata el [canon] 121 [\u00eddem], ya que la notificaci\u00f3n a la entidad accionada se surti\u00f3 el 10 de septiembre de 2019, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, por lo que no ha transcurrido el a\u00f1o para dictar sentencia de que habla la norma en comento (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Como se observa, nada reflexion\u00f3 la funcionaria fustigada en torno a la precitada regla, en especial lo tocante al hito inicial para computar el t\u00e9rmino se\u00f1alado, la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda y su data de admisi\u00f3n. <\/p>\n

En ese contexto, la motivaci\u00f3n de los autos de 27 de junio, 3 de septiembre, 7 y 24 de octubre de 2019, es insuficiente, pues pretermiti\u00f3 exteriorizar los raciocinios frente a los aspectos rese\u00f1ados en precedencia, los cuales resultaban esenciales para la resoluci\u00f3n del conflicto sometido a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n

Esta colegiatura, ha reiterado sobre el t\u00f3pico acotado10, que el vencimiento de los t\u00e9rminos contemplados en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso para el juzgamiento del conflicto, acarrea que el funcionario cognoscente pierda \u201cautom\u00e1ticamente la competencia para [continuar] el proceso\u201d, debiendo \u201c(\u2026) remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumir\u00e1 competencia y proferir\u00e1 la providencia dentro del t\u00e9rmino m\u00e1ximo de seis (6) meses\u201d (inciso 2\u00ba). <\/p>\n

En armon\u00eda con ese canon, el inciso 6\u00ba de tal norma, dispone que \u201c[s]er\u00e1 nula (\u2026) la actuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia\u201d. <\/p>\n

Se trata, pues, de reglas particulares que, por su especialidad, se sobreponen o prevalecen a las generales de las nulidades procesales, especialmente, a las de los preceptos 136 y 138 ib\u00eddem. <\/p>\n

Atinente al punto de partida para contabilizar el antelado plazo, el inciso 4\u00ba del numeral 7 de la regla 90 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]n todo caso, dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes a la fecha de la presentaci\u00f3n de la demanda, deber\u00e1 notificarse al demandante o ejecutante el auto admisorio o el mandamiento de pago, seg\u00fan fuere el caso, o el auto que rechace la demanda. Si vencido dicho t\u00e9rmino no ha sido notificado el auto respectivo, el t\u00e9rmino se\u00f1alado en el art\u00edculo 121 para efectos de la p\u00e9rdida de competencia se computar\u00e1 desde el d\u00eda siguiente a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda (\u2026)\u201d (subrayado para destacar). <\/p>\n

As\u00ed, correcto es entender que la circunstancia de no dictarse el fallo en la oportunidad fijada por el legislador, trae consigo la inmediata p\u00e9rdida de la competencia del juez, quien, por ende, no puede, a partir de la extinci\u00f3n del plazo para ello, adelantar ninguna actividad procesal, al punto que si la realiza, \u00e9sta es irregular, de pleno derecho. <\/p>\n

Los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo General del Proceso no constituyen una formalidad. Se trata de una b\u00fasqueda de la justicia material para los administrados y justiciables en el Estado Constitucional de Derecho, de modo que los juicios no se deben someter a plazos interminables, de nunca acabar. El remedio no puede ser peor que la enfermedad. <\/p>\n

S\u00f3lo hay justicia si las controversias se resuelven r\u00e1pida y cumplidamente, en lapsos razonables, de manera que la ciudadan\u00eda, crea en sus jueces y en el Estado, porque sus litigios se decidir\u00e1n prontamente y sin dilaciones. El juez del Estado contempor\u00e1neo comprende las necesidades de la ciudadan\u00eda y acata responsablemente sus deberes cuando dispensa justicia a tiempo y en forma transparente. El verdadero juzgador es adalid de la confianza leg\u00edtima, de la seguridad jur\u00eddica y de la inclusi\u00f3n y reconocimiento de derechos. Esta tarea la verifica al sentenciar con celeridad, comprometido con pol\u00edticas p\u00fablicas de soluci\u00f3n \u00e1gil de los juicios a su cargo. <\/p>\n

Atinente al deber de motivar las providencias, esta Corporaci\u00f3n ha indicado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]ufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de [decisiones] en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales. As\u00ed, en la sentencia de 22 de mayo de 2003, expediente No. 2003-0526, se increp\u00f3 al Tribunal por no \u2018fundar sus decisiones en razones y argumentaciones jur\u00eddicas que con rotundidad y precisi\u00f3n (\u2026)\u2019\u201d [resolvieran el caso bajo su conocimiento], \u201c(\u2026) lo propio ocurri\u00f3 en el fallo de 31 de enero de 2005, expediente 2004-00604, en que se recrimin\u00f3 al ad quem por no expresar las \u2018razones puntuales\u2019 equivalentes a una falta de motivaci\u00f3n; defecto que en el fallo de 7 de marzo de 2005 expediente 2004-00137, se describe como desatenci\u00f3n de \u2018la exigencia de motivar con precisi\u00f3n la providencia\u2019 (\u2026)\u201d11. <\/p>\n

Varios principios y derechos en los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos imponen la obligatoriedad de motivar las decisiones judiciales: el de publicidad porque asegura la contradicci\u00f3n del fallo y muestra la transparencia con que act\u00faan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisi\u00f3n no habr\u00e1 motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas; los de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional. <\/p>\n

El deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso. <\/p>\n

Frente a la tem\u00e1tica planteada, memor\u00f3 esta Sala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [Es] menester dejar sentado que la motivaci\u00f3n de las [providencias] constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir \u201cla funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n

\u201c(\u2026) La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo (\u2026)\u201d12. <\/p>\n

5. Lo discurrido impone conceder el auxilio deprecado, por la patente vulneraci\u00f3n del debido proceso del tutelante en las acciones populares Nos. 2016-474, 2016-478, 2016-481, 2016-489, 2016-503, 2016-525, 2016-609, 2016-613, 2016-639, y 2015-01168, por tanto, se ordenar\u00e1 a la colegiatura encartada que invalide los anunciados autos de 27 de junio, 3 de septiembre, 7 y 24 de octubre de 2019, proferidos en los decursos reprochados, para que, en su lugar, resuelva, nuevamente, refiri\u00e9ndose a cada uno de los temas se\u00f1alados en el numeral anterior. <\/p>\n

Si bien esta Corte ha considerado que en la labor de administrar justicia, los juzgadores gozan de libertad para la ex\u00e9gesis del ordenamiento jur\u00eddico y la valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos, motivo por el cual el fallador de tutela no puede inmiscuirse en sus pronunciamientos; en los eventos donde la autoridad profiere una decisi\u00f3n ostensiblemente contradictoria o desajustada del plexo normativo, de la jurisprudencia o de los hechos debidamente comprobados, como acontece en el presente asunto, es necesaria la intervenci\u00f3n de esta particular jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

6. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada por virtud del control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196913, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d14, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio15. <\/p>\n

6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia16, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales17; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas18. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

7. Atinente a la solicitud de copias presentada por el petente, respecto de ese decurso, como en m\u00faltiples oportunidades lo ha precisado esta Sala, las mismas se expedir\u00e1n a su costa, por cuanto Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga no se encuentra inmerso en ninguno de los eventos contenidos en la ley para exonerarlo del cumplimiento de dicha carga, acorde con lo dispuesto en el art\u00edculo 114 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con los Acuerdos 1772 de 200319 y PSAA14-10280 de 2014 del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n

Referente al pago de las citadas piezas procesales, es pertinente recordar lo dicho por la Corte Constitucional al respecto: <\/p>\n

\u201c(\u2026) desde la perspectiva constitucional, resulta totalmente admisible y razonable que, bajo ciertas circunstancias, se impongan cargas pecuniarias a las partes y tr\u00e1mites procesales espec\u00edficos, los cuales no desconocen de suyo el n\u00facleo esencial de los derechos en juego, pues, se repite, el hecho mismo de acudir a la administraci\u00f3n de justicia supone algunas erogaciones econ\u00f3micas para las partes y el sometimiento a un proceso sin que esto viole el principio de gratuidad y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026)\u201d20. <\/p>\n

8. De acuerdo a lo discurrido, no se acceder\u00e1 a la salvaguarda reclamada, respecto de las controversias radicadas bajo los Nos 2016-100- 2016-119, 2016-473, 2016-00500, 2016-00518, 2017-190, 2015-1117, 2016-00510, 2016-512, 2016-621 y 2016-628; empero s\u00ed, respecto de los decursos Nos 2016-474, 2016-478, 2016-481, 2016-489, 2016-503, 2016-525, 2016-609, 2016-613, 2016-639 y 2015-01168. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: REVOCAR parcialmente la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, para, en su lugar, CONCEDER el amparo deprecado en las salvaguardas impetradas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, con ocasi\u00f3n de las acciones populares radicadas bajo los Nos 2016-474, 2016-478, 2016-481, 2016-489, 2016-503, 2016-525, 2016-609, 2016-613, 2016-639 y 2015-01168, todas incoadas por el aqu\u00ed actor. <\/p>\n

SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENA a la c\u00e9lula judicial atacada que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, decida en los litigios antes identificados, sobre la aplicaci\u00f3n del canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso atendiendo lo consignado en este prove\u00eddo. Por Secretar\u00eda adj\u00fantese copia de este pronunciamiento. <\/p>\n

TECERO: CONFIRMAR en todo lo dem\u00e1s la providencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

CUARTO: Enviar copias escaneadas de la presente providencia al correo electr\u00f3nico del actor, y, a su cargo, entr\u00e9guensele las dem\u00e1s fotocopias reclamadas. <\/p>\n

QUINTO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

Con salvamento de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nCon el mayor respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito expresar mi disentimiento frente a las consideraciones all\u00ed consignadas con base en los siguientes argumentos:
\n1. La Sala concedi\u00f3 parcialmente el amparo, tras considerar que existi\u00f3 una falta de motivaci\u00f3n del juzgador al indicar que no era aplicable "en la acci\u00f3n popular la nulidad establecida en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso.
\nSin embargo, considero que no hab\u00eda lugar a concederse la protecci\u00f3n, porque la decisi\u00f3n censurada obedece a una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de las normas que regulan dicho tr\u00e1mite constitucional, por las razones que paso a exponer.
\nEn efecto, la acci\u00f3n popular, tambi\u00e9n de raigambre constitucional, consagrada en el art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y cuya regulaci\u00f3n se deleg\u00f3 al legislador, tiene por objeto la \u00abprotecci\u00f3n de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la
\nseguridad y la salubridad p\u00fablicos, la moral administrativa, el
\nambiente, la libre competencia econ\u00f3mica y otros de similar naturaleza que se definen en ella\u00bb, esto es, de las prerrogativas de las colectividades o garant\u00edas difusas que el Constituyente consagr\u00f3 de manera espec\u00edfica y diferenciada, as\u00ed como su mecanismo de protecci\u00f3n.
\nSu finalidad es la de \u00abevitar el da\u00f1o contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneraci\u00f3n o agravio sobre los derechos e <\/p>\n

intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible\u00bb; por tanto, se trata de un instrumento efectivo, c\u00e9lere, de impulso oficioso por el juez del conocimiento y preferente sobre otros asuntos.
\nLa indicada herramienta est\u00e1 regulada por una normatividad especial contenida en la Ley 472 de 1998 \u00abpor
\nla cual se desarrolla el articulo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en relaci\u00f3n con el ejercicio de las acciones populares…\u00bb, la cual es omnicomprensiva de todos los aspectos relevantes de su tr\u00e1mite y decisi\u00f3n.
\nReglamentaci\u00f3n que contempla el objeto, finalidad, procedencia, caducidad, legitimaci\u00f3n por activa y por pasiva y facilidades para promover la acci\u00f3n, adem\u00e1s de la jurisdicci\u00f3n y competencia para su conocimiento, requisitos de la demanda, derechos pro-tedos, amparo de pobreza, medidas cautelares y coercitivas, pacto de cumplimiento, etapas en que se desarrolla, recursos procedentes contra las decisiones proferidas por el juez, contenido de la sentencia, costas y desacato a las \u00f3rdenes impartidas, entre otros temas.
\nEl art\u00edculo 5\u00b0 de esa reglanientaci\u00f3n precept\u00faa en cuanto al tr\u00e1mite de las acciones reguladas por ella que adem\u00e1s de los principios constitucionales de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad y eficacia, se aplicar\u00e1n tambi\u00e9n \u00ablos principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuando \u00e9stos no se contrapongan a la naturaleza de dichas acciones\u00bb.
\nLuego, la remisi\u00f3n que efect\u00faa la anterior disposici\u00f3n <\/p>\n

no es a las normas de la codificaci\u00f3n procesal que hoy debe entenderse corresponde al C\u00f3digo General del Proceso, sino a los principios generales de dicho estatuto, precepto que debe interpretarse en conjunto con el art\u00edculo 45 ib\u00eddem, conforme al cual el tr\u00e1mite y procedimiento de las otras acciones populares consagradas en la legislaci\u00f3n nacional se sujetar\u00e1 a lo previsto en la normatividad especial (Ley 472 de 1998), previsi\u00f3n extensiva a aquellas iniciadas en vigencia de dicha reglamentaci\u00f3n.
\nAunque el art\u00edculo 44 de la citada ley ordena la aplicaci\u00f3n de las disposiciones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -l\u00e9ase hoy CGP- y del C\u00f3digo Contencioso Administrativo -reemplazado por el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, restringe \u00e9sta a \u00ablos aspectos no regulados\u00bb y siempre que \u00abno se oponga a la naturaleza y a la finalidad de tales acciones\u00bb, frente a lo cual debo destacar que la normatividad especial consagr\u00f3 de manera expresa la duraci\u00f3n de cada etapa procesal a partir de plazos perentorios e improrrogables (art. 84), de ah\u00ed que la norma general contenida en la actual codificaci\u00f3n procedimental no es aplicable a las acciones populares en lo que refiere al t\u00e9rmino para resolver las instancias y las consecuencias que de su incumplimiento derivan.
\nAti\u00e9ndase adem\u00e1s que de acuerdo con el art\u00edculo 1'
\ndel C\u00f3digo General del Proceso, dicho estatuto (=regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, adem\u00e1s, a todos los asuntos de cualquier jurisdicci\u00f3n o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no est\u00e9n regulados expresamente en otras <\/p>\n

leyes\u00bb (se subraya), de ah\u00ed que si el tema debatido por el tutelante est\u00e1, como se indic\u00f3, reglado en la Ley 472 de 1998, la aplicaci\u00f3n del aludido art\u00edculo 121 se excluye.
\n2. Ahora bien, en relaci\u00f3n con el t\u00e9rmino para fallar la primera instancia de las acciones populares, el art\u00edculo 34 de la citada Ley indica:
\n\u00abVencido el t\u00e9rmino para alegar, el juez dispondr\u00e1 de veinte (20) d\u00edas para proferir sentencia. La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una acci\u00f3n popular podr\u00e1 contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado da\u00f1o a un derecho o inter\u00e9s colectivo en favor de la entidad p\u00fablica no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realizaci\u00f3n de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneraci\u00f3n del derecho o del inter\u00e9s colectivo, cuando fuere f\u00edsicamente posible. La orden de hacer o de no hacer definir\u00e1 de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o el inter\u00e9s colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron m\u00e9rito para acceder a las pretensiones del demandante. Igualmente fijar\u00e1 el monto del incentivo para el actor popular.\u00bb
\nDe manera que la misma norma especial estableci\u00f3 un plazo determinado para que se emita la decisi\u00f3n de m\u00e9rito que ponga fin a la primera instancia, que se limita a veinte (20) d\u00edas contados a partir del vencimiento del t\u00e9rmino para alegar.
\nDe igual forma, esa legislaci\u00f3n estableci\u00f3 en su art\u00edculo 84 ib\u00eddem, \u00abplazos perentorios e improrrogables\u00bb, e indic\u00f3 que si el funcionario judicial desatiende dicho t\u00e9rmino, al igual qu\u00e9 cualquier otro contenido en la norma, incurrir\u00e1,
\n\u00aben causal de mala conducta sancionable con destituci\u00f3n del cargo\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed que no es posible, bajo ning\u00fan razonamiento, prorrogar el plazo para dictar sentencia en una acci\u00f3n popular o ampliarlo, en aplicaci\u00f3n de la regla que consagra el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, pues \u00e9sta regula de manera gen\u00e9rica los procesos civiles y de familia, sin que tenga la virtualidad de derogar o sustituir lo que la norma especial ya precis\u00f3.
\nM\u00e1xime, cuando se advierte que con ello no se da m\u00e1s celeridad a las citadas quejas constitucionales, sino que se establece un t\u00e9rmino muy superior al ya se\u00f1alado por el legislador; a\u00fan m\u00e1s grave, se permite eludir la prohibici\u00f3n de \u00e9ste de prorrogar el mencionado lapso de tiempo.
\nGeneral del Proceso.
\nDe los se\u00f1ores magistrado. <\/p>\n

ARIEL \tSALAZAR RAM\u00cdREZ \t<\/p>\n

Magistrado <\/p>\n

1\u0002 \tSTC21350 de 14 de diciembre 2017. Rad. \t11001-02-03-000-2017-02836-00. Reiterada en STC13827 de 10 de \toctubre de 2019, Rad. 11001 22 03 000 2019 01703 01.
\n2\u0002 \tSTC12780 de 20 de septiembre de 2019. Rad. \t66001-22-13-000-2019-00523-01
\n3\u0002 \tCSJ. Civil. Sentencia de 22 \tde febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, \texp, 00051-01; \ty el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre \totras.
\n4\u0002 \tCSJ. \tSTC14449-2019 de 23 de octubre. exp. \t11001-02-03-000-2019-03319-00
\n5\u0002 \tCSJ. STC de 13 \tde febrero de 2013, exp. 00168-00; \treiterada el 20 \tde marzo de 2013, 680122130002012-00517-01.
\n6\u0002 \tTutela \tn\u00ba 2019-00625, formulada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga \tcontra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira.
\nTutela \tn\u00b0 2019-00627, formulada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga \tcontra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira.
\n7\u0002 \tCorte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.
\n8\u0002 \tCorte Constitucional. Sentencia T-032 de 1994.
\n9\u0002 \tCSJ. \tSTC de 1\u00b0 de diciembre de 2016, exp. \t11001-22-03-000-2016-02342-01.
\n10\u0002 \tCSJ. STC aprobada en Sala de 10 de octubre de 2018, exp. \t11001-02-03-000-2018-02863-00. <\/p>\n

12\u0002 \tCSJ. Civil. 22 de mayo de 2003, Rad. 00526-01, invocada el 10 de \tagosto de 2011, Rad. 00168-02.
\n13\u0002 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n14\u0002 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n15\u0002 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n16\u0002 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n17\u0002 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n18\u0002 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n19\u0002 \tAcuerdo 1772 de 2003, \tart\u00edculo 4\u00b0: \t\u00abEn \tlas acciones de tutela, en los casos de amparo de pobreza y en los \tque as\u00ed lo disponga la ley no habr\u00e1 lugar al cobro de \tlas expensas de que trata el presente acuerdo\u00bb.
\n20\u0002 \tSentencia C808 de 2002, en la cual se reitera lo dicho en la C1512 \tde 2000.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente STC16912-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2019-00683-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 12 de noviembre de 2019, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103138","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103138","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103138"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103138\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103138"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103138"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103138"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}