{"id":103145,"date":"2026-07-02T18:20:56","date_gmt":"2026-07-02T18:20:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103145"},"modified":"2026-07-02T18:20:56","modified_gmt":"2026-07-02T18:20:56","slug":"stc16923-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16923-2019\/","title":{"rendered":"STC16923-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2019-00570-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 25 de octubre de 2019, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la salvaguarda promovida por Jonathan Rodrigo Pach\u00f3n Bol\u00edvar al Juzgado Doce de Familia de esta capital, con ocasi\u00f3n del juicio de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria con radicado N\u00ba 2014-00282-00, incoado por Adriana Natalia L\u00f3pez Vargas en representaci\u00f3n de sus menores hijos Joen F\u00e1ver Santiago y Jonathan Mateo Pach\u00f3n L\u00f3pez contra el gestor. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de su prerrogativa al m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, presuntamente violentada por la autoridad accionada. <\/p>\n

2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n

En providencia de 1\u00b0 de junio de 2015, el despacho acusado aprob\u00f3 el acuerdo conciliatorio, mediante el cual, el impulsor se oblig\u00f3 a suministrar en favor de sus menores hijos, Joen F\u00e1ver Santiago y Jonathan Mateo Pach\u00f3n L\u00f3pez, un total de trescientos cincuenta mil pesos ($350.000) mensuales m\u00e1s los incrementos de Ley. <\/p>\n

Dicho monto se descuenta de la n\u00f3mina del tutelante como pensionado de la Polic\u00eda Nacional y se consigna a \u00f3rdenes de la sede judicial fustigada. <\/p>\n

El actor aduce haber adquirido esa prestaci\u00f3n en raz\u00f3n de su incapacidad para trabajar, superior al 50%. Agrega que actualmente reside en M\u00e9xico, como refugiado de Acnur, lugar donde constituy\u00f3 una nueva familia. <\/p>\n

El promotor predica que el dinero percibido no le alcanza para sufragar sus gastos b\u00e1sicos; adem\u00e1s, los d\u00e9bitos efectuados por el despacho encausado, afectan sus ingresos, m\u00e1xime si perdi\u00f3 buena parte de sus facultades f\u00edsicas y mentales para laborar.
\n3. Solicita, por tanto, ordenar al estrado acusado oficiar a la Polic\u00eda Nacional para obtener el pago su pr\u00f3xima mesada pensional por un valor que no afecte lo necesario para su congrua subsistencia. <\/p>\n

1. Respuesta \t\tdel accionado \t\ty vinculados <\/p>\n

Guardaron silencio. <\/p>\n

1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n

Neg\u00f3 el amparo, pues, el petente, cuenta con la posibilidad de adelantar el decurso correspondiente para los fines aqu\u00ed perseguidos 1. <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 el querellante, reiterando los planteamientos esbozados en la demanda de amparo2. <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

2. El accionante pretende que, a trav\u00e9s de este instrumento residual, se reduzca la cuota de alimentos a su cargo y en favor de sus menores hijos, aun cuando tiene a su alcance el procedimiento de revisi\u00f3n de la mesada alimentaria, previsto en el par\u00e1grafo 2\u00b0 art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso3, para lograr la disminuci\u00f3n aqu\u00ed reclamada. <\/p>\n

Este mecanismo impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de protecci\u00f3n a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente supletivo, de otra manera se convertir\u00eda en un medio para obviar las alternativas contempladas en los ordenamientos ordinarios y ante los jueces naturales, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios edificantes de esta v\u00eda residual. <\/p>\n

Sobre lo discurrido, esta Colegiatura ha se\u00f1alado:
\n\u201c(\u2026) conforme a lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2651 de 1991, se torna nugatorio el amparo constitucional demandado, ya que si la normatividad ha dado los instrumentos jur\u00eddicos para la protecci\u00f3n de [los] derechos, (\u2026) ha de recurrirse a ellos y no a la tutela, la que no ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces ni para crear instancias adicionales a las existentes, sino que tiene el prop\u00f3sito claro, definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica indica, que no es otro diferente de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta reconoce (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

3.\tSe destaca, no se configura un perjuicio irremediable que permita conceder, de manera transitoria, el auxilio invocado, al no estar probados los presupuestos de inminencia, gravedad y urgencia, propios del mismo, pues la aducida condici\u00f3n de refugiado y de residente en M\u00e9xico, no le impiden acudir ante el juez natural para formular los planteamientos aqu\u00ed invocados. <\/p>\n

Al respecto, la Corte ha manifestado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (\u2026)\u201d5 (negrillas originales). <\/p>\n

4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

5.\tDe acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 la decis\u00f3n de primer grado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley,
\nRESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante telegrama, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb13, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb14; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tFols. \t274 a 277, C1.
\n2 \tFols \t112 a 121.
\n3 \t\u201c(\u2026) \tLas \tpeticiones de incremento, disminuci\u00f3n y exoneraci\u00f3n de \talimentos se tramitar\u00e1n ante el mismo juez y en el mismo \texpediente y se decidir\u00e1n en audiencia, previa citaci\u00f3n \ta la parte contraria, siempre y cuando el menor conserve el mismo \tdomicilio \t(\u2026)\u201d.
\n4 \tCSJ. Civil. Sentencia de 13 \tde marzo de 2013, \texp. 52001-22-13-000-2013-00011-01.
\n5 \tCSJ \tSTC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. \t11001-02-03-000-2019-03021-00
\n6 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n7 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n8 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n9 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n10 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n11 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n12 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 308.
\n13 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n14 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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