{"id":103146,"date":"2026-07-02T18:21:12","date_gmt":"2026-07-02T18:21:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103146"},"modified":"2026-07-02T18:21:12","modified_gmt":"2026-07-02T18:21:12","slug":"stc16924-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16924-2019\/","title":{"rendered":"STC16924-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16924-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2019-02105-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 31 de octubre de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la salvaguarda promovida por Antonio Jos\u00e9 Ram\u00edrez Mart\u00ednez a los Juzgados Cincuenta Civil del Circuito y Veintisiete Civil Municipal de esta capital, con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite de \u201cpago directo de garant\u00eda mobiliaria\u201d previsto en la Ley 1676 de 2013 con radicado 2019-00164-00, incoado por Scotiabank Colpatria S.A. contra el gestor. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n

2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n

El actor constituy\u00f3 como garant\u00eda mobiliaria en favor de Scotiabank Colpatria S.A., el veh\u00edculo de placas HTP-447 de esta urbe, la cual se registr\u00f3 el 17 de enero de 2019 ante Confec\u00e1maras. <\/p>\n

Con fundamento en dicha inscripci\u00f3n y en lo previsto en los art\u00edculos 57, 58 y 60 par\u00e1grafo 2\u00b0 de la Ley 1676 de 2013, Scotiabank Colpatria S.A. solicit\u00f3 al despacho municipal confutado la cancelaci\u00f3n directa de su acreencia y la aprehensi\u00f3n y entrega del referido automotor. <\/p>\n

El 25 de febrero de 2019, sede municipal fustigada acogi\u00f3 el pedimento de la entidad financiera y dispuso la retenci\u00f3n del se\u00f1alado bien. <\/p>\n

Enterado de ese procedimiento, el promotor se opuso al mismo, destacando que el 3 de abril del a\u00f1o cursante, hab\u00eda presentado en la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de esta metr\u00f3poli, una \u201cnegociaci\u00f3n de deudas de persona natural no comerciante\u201d y, por tal motivo, el decurso materia de disenso no pod\u00eda rituarse, al tener la calidad de un juicio ejecutivo. <\/p>\n

El 8 de abril postrero, el juzgado municipal acept\u00f3 el planteamiento del aqu\u00ed tutelante y, por ello, suspendi\u00f3 las actuaciones surtidas. <\/p>\n

Inconforme con lo decidido, Scotiabank Colpatria S.A. formul\u00f3 reposici\u00f3n, pues, en su sentir, el diligenciamiento en cuesti\u00f3n no era un compulsivo y, por ello, la petici\u00f3n de insolvencia de persona natural del querellante no produc\u00eda efectos en la tramitaci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n

En prove\u00eddo de 9 mayo siguiente, el prenombrado estrado modific\u00f3 su determinaci\u00f3n y le dio la raz\u00f3n a la compa\u00f1\u00eda recurrente; en consecuencia, continu\u00f3 con las gestiones. <\/p>\n

Aun cuando el accionante deprec\u00f3 la nulidad de lo actuado, ese ruego fue rechazado al no fundamentarse en las causales de invalidez establecidas en la Ley adjetiva. <\/p>\n

Por lo antelado, el precursor impetr\u00f3 apelaci\u00f3n, la cual fue declarada inadmisible por el juzgado del circuito censurado el 5 de septiembre pasado, al advertir que el procedimiento acusado era de \u00fanica instancia, conforme a lo reglado en el numeral 7\u00b0, art\u00edculo 17 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

Para el suplicante, la postura de los despachos recriminados lesiona sus garant\u00edas superlativas, pues desconocieron que el asunto materia de disenso se trataba de una ejecuci\u00f3n, la cual no tiene cabida porque inco\u00f3 un proceso de \u201cinsolvencia de persona natural no comerciante\u201d; adem\u00e1s, relegaron lo previsto en la sentencia C-145 de 2018 de la Corte Constitucional. <\/p>\n

3. Exige, por tanto, suspender el decurso materia de disenso. <\/p>\n

1. Respuesta \t\tdel accionado \t\ty vinculados <\/p>\n

1. Los juzgados acusados, por separado, defendieron la legalidad de sus pronunciamientos y adujeron que en fecha reciente, el gestor formul\u00f3 otra salvaguarda con identidad f\u00e1ctica a la presente reclamaci\u00f3n, la cual no les fue concedida1. <\/p>\n

2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n

1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n

Neg\u00f3 el auxilio, pues las decisiones de los estrados acusados se emitieron atendiendo a la normatividad aplicable en la materia2. <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 el querellante, reiterando los planteamientos esbozados en la demanda de amparo. <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Delanteramente, \tse advierte la ausencia de temeridad en la actividad confutada, por \tcuanto el ruego formulado con anterioridad, respecto a los tr\u00e1mites \trefutados, fue entablado por un abogado que adujo ser el mandatario \tdel ahora impulsor, sin dar cuenta de ello, y, por ese motivo, se \tneg\u00f3 ese auxilio por falta de legitimaci\u00f3n, lo cual no \tse present\u00f3 en esta oportunidad, es el mismo interesado quien \tacude directamente en defensa de sus derechos. <\/p>\n

2. Precisado \tlo anterior, la \tcontroversia se centra en determinar, si la solicitud efectuada por \tScotiabank \tColpatria S.A. al Juzgado Veintisiete Civil Municipal de esta \tcapital, encaminada a la aprehensi\u00f3n y entrega de un veh\u00edculo \tdado en calidad de garant\u00eda mobiliaria por el actor a esa \tempresa, tiene la connotaci\u00f3n de un proceso ejecutivo y, si \tpor haber iniciado el quejoso un decurso de insolvencia de persona \tnatural no comerciante, aqu\u00e9l asunto debi\u00f3 \tsuspenderse. <\/p>\n

3. La Sala evaluar\u00e1 el auto de 5 de septiembre de 2019, dictado por el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de esta urbe, relativo a la inadmisi\u00f3n de la apelaci\u00f3n entablada por el promotor ante del prove\u00eddo emanado del precitado despacho municipal donde se neg\u00f3 la nulidad del procedimiento, pues la censura se contrae a cuestionar los argumentos all\u00ed vertidos. <\/p>\n

4. El ad quem confutado, al no darle curso a la alzada enarbolada por tutelante, se\u00f1al\u00f3 que el pronunciamiento censurado no era susceptible de ese mecanismo de defensa, en tanto el ritual controvertido no era una ejecuci\u00f3n propiamente dicha, siendo en verdad un requerimiento judicial de \u00fanica instancia, pues <\/p>\n

\u201c(\u2026) al revisar el paginario se advierte que las presentes diligencias tratan de [un] pago directo (\u2026) [regido] por el Decreto 1835 de 2015 y [la] ley 1676 de 2013, lo que no supone el planteamiento de un [litigio] (\u2026), sino una diligencia (\u2026) asignad[a] (\u2026) a los jueces civiles municipales, para [surtirla conforme a los derroteros] del art\u00edculo 17, numeral 7\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

Lo discurrido por la autoridad demandada no merece reproche, porque la Ley 1676 de 2013 se adopt\u00f3 para permitir a las personas adquirir capital dando en garant\u00eda bienes muebles con los cuales, el acreedor, sin necesidad de acudir a una ejecuci\u00f3n, puede satisfacer su cr\u00e9dito a trav\u00e9s del \u201cpago directo\u201d previsto en el canon 60 de dicha normatividad4.
\nSobre el alcance de la referida legislaci\u00f3n, la Corte Constitucional en la sentencia C-145 de 2018, anot\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n

\u201c(\u2026) En la exposici\u00f3n de motivos se indic\u00f3 que Colombia carec\u00eda de un sistema efectivo de acceso al cr\u00e9dito, lo cual no solo perjudicaba el crecimiento de la empresa como fuente generadora de riqueza y de empleo, sino que tambi\u00e9n afectaba a los consumidores de bienes y servicios, en la medida en que los altos costos de financiaci\u00f3n terminaban traslad\u00e1ndose al precio de los bienes y servicios (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Adem\u00e1s, se advirti\u00f3 que la ejecuci\u00f3n era onerosa y demorada y los bienes se depreciaban, los registros eran ineficientes y los procedimientos de ejecuci\u00f3n costosos (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [Por tal motivo, el] legislador puso en marcha una espec\u00edfica forma de intervenci\u00f3n del Estado en la econom\u00eda. No pretendi\u00f3 fijar restricciones o racionalizar el mercado, para salvaguardar bienes ambientales u otros derechos fundamentales. Tampoco actu\u00f3 estrictamente con el objeto de garantizar los atributos propios de las libertades econ\u00f3micas de los sujetos. Por el contrario, su objetivo fue promover el desarrollo econ\u00f3mico, la competitividad y la productividad, as\u00ed como reactivar la empresa, en particular, la micro, peque\u00f1a y mediana empresa, a partir de unas reglas modernas y un sistema efectivo para el acceso al cr\u00e9dito (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Atinente a la naturaleza del procedimiento dirigido a la aprehensi\u00f3n y entrega de bienes sujetos a una garant\u00eda mobiliaria, la Sala estableci\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a Ley 1676 de 2013, por la cual se promueve el acceso al cr\u00e9dito y se dictan normas sobre garant\u00edas mobiliarias, introdujo la modalidad del \u00abpago directo\u00bb, consistente en la posibilidad que tiene el acreedor de satisfacer la prestaci\u00f3n debida con el bien mueble gravado en su favor (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Para esa finalidad, en su art\u00edculo 60 par\u00e1grafo segundo previ\u00f3 que \u00ab[s]i no se realizare la entrega voluntaria de los bienes en poder del garante objeto de la garant\u00eda, el acreedor garantizado podr\u00e1 solicitar a la autoridad jurisdiccional competente que libre orden de aprehensi\u00f3n y entrega del bien, con la simple petici\u00f3n del acreedor garantizado\u00bb, lo que corresponde armonizar con el art\u00edculo 57 ejusdem, seg\u00fan el cual [p]ara los efectos de esta ley, la autoridad jurisdiccional ser\u00e1 el Juez Civil competente y el numeral 7 del art\u00edculo 17 del C\u00f3digo General del Proceso seg\u00fan el cual los Jueces Civiles Municipales conocen en \u00fanica instancia de todos los requerimientos y diligencias varias, sin consideraci\u00f3n a la calidad de las personas interesadas (\u2026)\u201d5 (se destaca). <\/p>\n

Es claro que la petici\u00f3n Scotiabank Colpatria S.A. encaminada a la aprehensi\u00f3n y retenci\u00f3n del automotor dado en garant\u00eda por el suplicante, no es un proceso ni una ejecuci\u00f3n y, por tanto, no se predica su suspensi\u00f3n por el hecho de haber iniciado el gestor diligencias notariales para obtener su \u201cinsolvencia como persona natural no comerciante\u201d. <\/p>\n

Adicionalmente, el inicialista no demostr\u00f3 que fuese deudor de un cr\u00e9dito privilegiado de car\u00e1cter laboral o de alimentos como para anteponerlo al pago deprecado por la referida entidad financiera. <\/p>\n

5. Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa arbitraria al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, pues la solicitud de Scotiabank Colpatria S.A. no ten\u00eda una finalidad distinta a la satisfacci\u00f3n de la garant\u00eda mobiliaria dada por el tutelante y, en esa medida, el ad quem cuestionado no pod\u00eda darle el alcance pretendido por el querellante <\/p>\n

Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d6. <\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario <\/p>\n

6. Ata\u00f1edero al reparo formulado por el reclamante ante la inobservancia de los par\u00e1metros jur\u00eddicos plasmados en la sentencia C-145 de 2018 de la Corte Constitucional, se advierte que, si bien esa decisi\u00f3n se refiere a los alcances de la Ley de garant\u00edas mobiliarias, en manera alguna se\u00f1ala que cuando se busca perseguir la materializaci\u00f3n de un cr\u00e9dito de ese linaje, ese procedimiento se suspende por el inicio de un decurso de \u201cinsolvencia de persona natural no comerciante\u201d. <\/p>\n

En la enunciada providencia, la tem\u00e1tica vers\u00f3 sobre la facultad que tiene un acreedor, con respaldo en la Ley 1676 de 2003, de hacer valer las obligaciones en su favor por fuera del proceso de reorganizaci\u00f3n previsto en la Ley 1116 de 2006, o, en \u00e9l, pero con prelaci\u00f3n respecto a otros cr\u00e9ditos, sin desconocer aquellos con categor\u00eda superlativa como los laborales o de alimentos. <\/p>\n

As\u00ed discurri\u00f3 la mencionada colegiatura en el pronunciamiento que el accionante echa de menos: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Por consiguiente, (\u2026), las potestades conferidas al acreedor garantizado para que ejecute su garant\u00eda por fuera del proceso de reorganizaci\u00f3n y, as\u00ed mismo, en caso de hacerse parte del proceso, su obligaci\u00f3n sea pagada con preferencia de las de los otros acreedores que participan del acuerdo de reorganizaci\u00f3n (inciso 2\u00ba y primera parte del inciso 6\u00ba del art\u00edculo 50 de la Ley 1676 de 2013), solo proceden siempre que los dem\u00e1s bienes del deudor sean suficientes para asegurar el pago de las obligaciones alimentarias de los ni\u00f1os y las salariales y prestaciones derivadas del contratos de trabajo, en caso de haberlas (\u2026)\u201d <\/p>\n

Como ninguna de las circunstancias rese\u00f1adas fueron objeto de debate en el asunto materia de disenso, los juzgados convocados no desatendieron el precedente en comento. <\/p>\n

7. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19698, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

7.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

7.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

8.\tDe acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante telegrama, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb14, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb15; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tFols. \t51 a 54, C1.
\n2 \tFols. \t47 a 49, C1
\n3 \tFol \t10, C1.
\n4 \t\u201c(\u2026) Art\u00edculo \t60. Pago directo.\u00a0El \tacreedor podr\u00e1 satisfacer su cr\u00e9dito directamente con \tlos bienes dados en garant\u00eda por el valor del aval\u00fao \tque se realizar\u00e1 de conformidad con lo previsto en el \tpar\u00e1grafo 3\u00b0\u00a0del \tpresente art\u00edculo, cuando as\u00ed se haya pactado por \tmutuo acuerdo o cuando el acreedor garantizado sea tenedor del bien \tdado en garant\u00eda \t(\u2026). Par\u00e1grafo \t1\u00b0.\u00a0Si \tel valor del bien supera el monto de la obligaci\u00f3n \tgarantizada, el acreedor deber\u00e1 entregar el saldo \tcorrespondiente, deducidos los gastos y costos, a otros acreedores \tinscritos, al deudor o al propietario del bien, si fuere persona \tdistinta al deudor, seg\u00fan corresponda, para lo cual se \tconstituir\u00e1 un dep\u00f3sito judicial a favor de quien \tcorresponda y siga en orden de prelaci\u00f3n, cuyo t\u00edtulo \tse remitir\u00e1 al juzgado correspondiente del domicilio del \tgarante (\u2026). \tPar\u00e1grafo \t2\u00b0.\u00a0Si \tno se realizare la entrega voluntaria de los bienes en poder del \tgarante objeto de la garant\u00eda, el \tacreedor garantizado podr\u00e1 solicitar a la autoridad \tjurisdiccional competente que libre orden de aprehensi\u00f3n y \tentrega del bien, con la simple petici\u00f3n del acreedor \tgarantizado \t(\u2026). Par\u00e1grafo \t3\u00b0.\u00a0En \tel evento de la apropiaci\u00f3n del bien, este se recibir\u00e1 \tpor el valor del aval\u00fao realizado por un perito escogido por \tsorteo, de la lista que para tal fin disponga la Superintendencia de \tSociedades, el cual ser\u00e1 obligatorio para garante y acreedor, \ty se realizar\u00e1 al momento de entrega o apropiaci\u00f3n del \tbien por el acreedor \t(\u2026)\u201d (se destaca).
\n5 \tCSJ. \tAC747-2018 de 26 de febrero de 2018, exp. \t11001-02-03-000-2018-00320-00.
\n6 \tCSJ. Civil. Sentencia de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n7 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n8 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n9 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n10 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n11 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1r. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n12 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n13 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rs. 278 a 308.
\n14 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n15 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC16924-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2019-02105-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 31 de octubre de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103146","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103146","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103146"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103146\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103146"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103146"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103146"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}