{"id":103149,"date":"2026-07-02T18:21:47","date_gmt":"2026-07-02T18:21:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103149"},"modified":"2026-07-02T18:21:47","modified_gmt":"2026-07-02T18:21:47","slug":"stc16928-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16928-2019\/","title":{"rendered":"STC16928-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16928-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 54001-22-21-000-2019-00035-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia dictada el 15 de noviembre de 2019, por Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Fredy Gonzalo Amaya Gonz\u00e1lez contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga, con ocasi\u00f3n del juicio de restituci\u00f3n de tierras radicado bajo el n\u00ba 2016-0013200, en el cual el quejoso present\u00f3 oposici\u00f3n. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El promotor procura la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, defensa, confianza leg\u00edtima y vivienda, entre otras, presuntamente quebrantadas por la autoridad jurisdiccional querellada. <\/p>\n

2.\tDel ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n

Mariela Rueda Beltr\u00e1n, a trav\u00e9s de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas Direcci\u00f3n Territorial del Magdalena Medio, solicit\u00f3 la restituci\u00f3n de sus derechos territoriales sobre el predio identificado con el folio de matr\u00edcula n\u00b0 320-13111. <\/p>\n

El conocimiento de ese asunto le correspondi\u00f3 a la sede judicial accionada, quien admiti\u00f3 el tr\u00e1mite y orden\u00f3 vincular a la Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito de Santander Ltda., -Financiera Comultrasan- en su condici\u00f3n de acreedora con garant\u00eda real, respecto del inmueble en disputa, y al aqu\u00ed actor, en su calidad de propietario. <\/p>\n

La primera convocada, present\u00f3 oposici\u00f3n el 16 de diciembre de 2016 y, el gestor, notificado personalmente el 1 de febrero de 2017, el 6 de marzo posterior, hizo lo propio, seg\u00fan se\u00f1ala, \u201c(\u2026) de forma extempor\u00e1nea, advirtiendo al juzgado en dicho escrito la imposibilidad de contratar un profesional del derecho por su condici\u00f3n econ\u00f3mica, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 el amparo de pobreza (\u2026)\u201d.
\nEl 7 de mayo de 2017, el estrado confutado no accedi\u00f3 al reconocimiento deprecado por el actor y se abstuvo de valorar su intervenci\u00f3n; luego, dada la oposici\u00f3n de la Cooperativa y tras recaudar las pruebas pertinentes, remiti\u00f3 las diligencias a su superior. <\/p>\n

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, el 14 de noviembre de 2017, manifest\u00f3 que la entidad Financiera Comultrasan hab\u00eda allegado a ese decurso constancia de paz y salvo del cr\u00e9dito hipotecario inscrito sobre el inmueble objeto de inter\u00e9s, raz\u00f3n por la cual \u201cal cesar las causas de una oposici\u00f3n real\u201d, orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del expediente al despacho de origen. <\/p>\n

El 2 de mayo de 2018, la c\u00e9lula judicial convocada profiri\u00f3 sentencia y resolvi\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Primero: Proteger el derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras de Mariela Rueda Beltr\u00e1n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Noveno: Reconocer la buena fe exenta de culpa de Fredy Amaya Gonz\u00e1lez (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Pese a lo expuesto, dicho funcionario el 7 de mayo siguiente, declar\u00f3 la nulidad de actuado desde el auto de traslado para alegar de conclusi\u00f3n y el 30 de agosto de 2019, profiri\u00f3 un nuevo fallo en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Primero: Amparar el derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras de Mariela Rueda Beltr\u00e1n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Tercero: No reconocer la calidad de segundo ocupante de Fredy Amaya Gonz\u00e1lez y su grupo familiar (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El 10 de septiembre ulterior, el censor solicit\u00f3 la invalidez de la decisi\u00f3n de 30 de agosto anterior, dadas las \u201cirregularidades\u201d evidenciadas, al no haberse realizado una valoraci\u00f3n probatoria \u201cid\u00f3nea\u201d y no tenerse en cuenta la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas iusfundamentales, pues durante todo el tr\u00e1mite judicial ha requerido un pronunciamiento frente a su situaci\u00f3n; empero, ya se comision\u00f3 la entrega de la heredad. <\/p>\n

3. Suplica, en concreto, dejar sin efectos los pronunciamientos atacados de 30 de agosto de 2019 y 7 de marzo y 7 de mayo de 2018 y, en su lugar, mantener la providencia de 2 mayo de 2018. <\/p>\n

1. Respuesta de \t\tlos accionados y vinculados <\/p>\n

1. El titular del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga indic\u00f3 que la protecci\u00f3n carece del requisito de inmediatez. Frente a la sentencia de 30 de agosto de 2019, indic\u00f3: \u201c(\u2026) el no pronunciamiento con relaci\u00f3n a la buena fe exenta de culpa obedeci\u00f3 a la presentaci\u00f3n extempor\u00e1nea del escrito de oposici\u00f3n allegado por el accionante (\u2026)\u201d. <\/p>\n

2. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n a este tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n

3. La Procuradur\u00eda 44 Judicial I para la Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga manifest\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) La decisi\u00f3n contenida en la sentencia de 30 de agosto de 2019 fue objeto de solicitud de modulaci\u00f3n por parte del Ministerio P\u00fablico, con miras a que se reconociera la calidad de segundo ocupante del se\u00f1or Amaya Gonz\u00e1lez, con fundamento en las siguientes razones: 1) El se\u00f1or Fredy Amaya es v\u00edctima del conflicto armado (\u2026) 2) No cuenta con ning\u00fan otro predio de su propiedad. (\u2026) 3) En el predio objeto de solicitud ha invertido [todos] sus ahorros; 4) En [la heredad] solicitada desarrolla una actividad agr\u00edcola l\u00edcita; 5) El predio le sirve como garant\u00eda para participar como contratista en procesos licitatorios; 6) El se\u00f1or Amaya es quien sostiene econ\u00f3micamente el hogar conformado por su esposa y dos hijos menores de edad; 7) El se\u00f1or Amaya Gonz\u00e1lez no estuvo involucrado en ninguna forma en las practicas que condujeron al despojo y\/o abandono por parte de los solicitantes (\u2026)\u201d. <\/p>\n

1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n

El a quo constitucional accedi\u00f3 a la salvaguarda porque, en su criterio, el juzgador cuestionado omiti\u00f3 pronunciarse frente la petici\u00f3n alusiva al amparo de pobreza y sobre ese t\u00f3pico manifest\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [P]oco o nada importa y menos aprovecha para justificar esa comentada falta de decisi\u00f3n, el mero hecho de que la petici\u00f3n de marras se hubiere presentado luego de haberse fenecido el t\u00e9rmino para oponerse. (\u2026) Pues el derecho para ser representado judicialmente no acaba con el plazo para formular la defensa, sino que aplica para toda la actuaci\u00f3n judicial, esto es, hasta que culmine el proceso. Otro tanto se\u00f1ala el [precepto 152] del C.G.P. (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]e cercen\u00f3 sin fundamento v\u00e1lido la posibilidad de que el accionante pudiere adelantar adecuadamente su gesti\u00f3n defensiva, vulnerando de paso su derecho al debido proceso toda vez que, por pasar de largo esas acotadas circunstancias, se produjo una decisi\u00f3n que lo perjudic\u00f3 dado que fue dictada sin tener en consideraci\u00f3n su cardinal derecho a tener abogado y por ah\u00ed mismo, con la gesti\u00f3n de este, contar con la facultad de controvertir las pruebas acopiadas, (\u2026) no cab\u00eda desconocer, el que fuere malograda su leg\u00edtima aspiraci\u00f3n porque el juez opt\u00f3 por no resolver el punto (\u2026) y acab\u00f3 afectamente indebidamente su debido proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En consecuencia, orden\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Declarar que queda sin efecto vinculante alguno todo lo actuado dentro del proceso de restituci\u00f3n de tierras formulado por MARIELA RUEDA BELTR\u00c1N (\u2026) a partir del auto de 7 de marzo de 2017, inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas documentales aportadas (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Ordenar al Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga, que, (\u2026) emita la decisi\u00f3n que corresponda y adelante el tr\u00e1mite consecuente, atendiendo para el efecto lo se\u00f1alado en la parte considerativa de esta providencia. El citado funcionario dar\u00e1 cuenta a esta Corporaci\u00f3n del oportuno cumplimiento de esta decisi\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Prevenir a la autoridad accionada para que en el futuro se abstenga de incurrir en las acciones y omisiones que dieron lugar a conceder el amparo deprecado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Exhortar al Procurador 44 Judicial I Para la Restituci\u00f3n de Tierras Territorial de Bucaramanga que, en cabal cumplimiento de sus claros deberes misionales, oportunamente intervenga ante el Juez para garantizar los derechos fundamentales de las partes involucradas en estos asuntos en aras de evitar situaciones como las aqu\u00ed sucedidas (\u2026)\u201d. <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 el titular del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga y la Direcci\u00f3n Territorial Magdalena Medio de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. <\/p>\n

El primero, adujo sustentar la alzada con posterioridad, lo cual no realiz\u00f3 y, la segunda, si bien se\u00f1al\u00f3 \u201ccompartir en su gran mayor\u00eda la argumentaci\u00f3n\u201d del tribunal, manifest\u00f3, entre otros aspectos, con ese pronunciamiento se desconoc\u00edan las garant\u00edas superiores de la all\u00e1 solicitante Mariela Rueda Beltr\u00e1n, quien quedar\u00eda sujeta a debatir una nueva controversia, \u201cretrasando la satisfacci\u00f3n y el goce efectivo de sus derechos (\u2026) como v\u00edctima del conflicto armado y madre cabeza de familia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tLa naturaleza especial de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n prevista en la Ley 1448 de 20111, est\u00e1 mediada por la necesidad de garantizar la eficacia del derecho a la reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas, disponiendo de un procedimiento diferenciado y con efectos sustantivos no asimilables a la legislaci\u00f3n ordinaria, puesto que quiebra, al menos, temporalmente, algunos de estos principios, por virtud de los efectos de la justicia transicional. <\/p>\n

Por tal raz\u00f3n, las reglas para la restituci\u00f3n de inmuebles a las v\u00edctimas apuntan a proteger al despojado o desplazado, fijando hip\u00f3tesis sobre la ausencia de consentimiento o causa l\u00edcita, marcando derroteros de inversi\u00f3n de la carga de la prueba, dando preferencia a los intereses de las v\u00edctimas por encima de otro tipo de sujetos, optando por el establecimiento de restricciones a las operaciones que puedan realizarse sobre las tierras comprometidas en la restituci\u00f3n; imponiendo la obligaci\u00f3n de probar la buena fe exenta de culpa a los terceros opositores, al punto de valerse de un r\u00e9gimen extenso y severo de presunciones de despojo, a favor del solicitante en relaci\u00f3n con los inmuebles inscritos en el registro de tierras despojadas. En fin, se trata de un cat\u00e1logo de principios y de derechos, recalcados en el art\u00edculo 73 de la novedosa Ley, y en otros preceptos de similar linaje en la misma normativa. <\/p>\n

2.\tLas complejidades de las din\u00e1micas agrarias, entremezcladas con la violencia b\u00e9lica colombiana, crearon situaciones en donde diversos actores, ya sean armados o no, con distintos intereses, confluyeron para ejercer el control territorial a trav\u00e9s del despojo u ocupaci\u00f3n de los predios de quienes tradicionalmente los detentaban. <\/p>\n

El anterior escenario, combinado con condiciones inveteradas de escasez o inequidad, provocaron que personas pobres, desplazadas o asalariados de bajos ingresos, ocuparan o compraran con los ahorros de su vida, bienes supuestamente disponibles y sin limitaciones, desconociendo hechos de saqueo o abandono ocultos frente a los mismos. Tales sujetos se consideran segundos ocupantes. <\/p>\n

La ocupaci\u00f3n secundaria de hogares desterrados o marginados ha constituido un inconveniente para la restituci\u00f3n de los fundos despojados o abandonados producto del conflicto armado, aspecto que no es propio de nuestro pa\u00eds, pues tambi\u00e9n tuvo lugar en otras naciones afectadas por guerras civiles, en cuyo caso, pese a haberse implementado en ellas programas de retorno y reparaci\u00f3n, tal realidad constituy\u00f3 un obst\u00e1culo para su \u00e9xito2. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los Estados han de adoptar las medidas necesarias para proteger a los ocupantes secundarios de la indigencia, la reubicaci\u00f3n irrazonable, u otras violaciones de sus derechos humanos\u201d. <\/p>\n

\u201cLas operaciones de paz y las instituciones de restituci\u00f3n, al mismo tiempo que defienden el respeto del derecho a la restituci\u00f3n, han de cerciorarse de que los ocupantes secundarios no se queden sin vivienda\u201d. <\/p>\n

\u201cEs importante desarrollar mecanismos para garantizar el acceso a otra vivienda (\u2026) no se puede retrasar continuamente la recuperaci\u00f3n de las viviendas por sus titulares leg\u00edtimos a consecuencia de la incapacidad del Estado para encontrar alojamiento alternativo para los actuales ocupantes (\u2026)\u201d4 (se resalta). <\/p>\n

La aplicaci\u00f3n irrestricta de la Ley 1448 de 2011, a cargo de la judicatura transicional de tierras, trajo consigo el descubrimiento de una realidad no prevista por el legislador al momento de aprobar dicho texto normativo: muchos de los inmuebles usurpados no estaban ocupados por grupos armados al margen de la ley ni por usurpadores, sino por campesinos (segundos ocupantes) que sin tener relaci\u00f3n pr\u00f3xima con el despojo o abandono forzado, respecto de los cuales no fue probada su buena fe exenta de culpa, se encontraban en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, ya fuera por su calidad de v\u00edctimas de la guerra o por razones de pobreza o subsistencia, depend\u00edan econ\u00f3micamente de los fundos a restituir. <\/p>\n

Ante la falta de reconocimiento legal, sumada a la imperiosa necesidad de proveer una compensaci\u00f3n a las referidas personas, la UAEGRT profiri\u00f3 el Acuerdo 15 de 2015, destacando: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [D]entro del desarrollo de algunos procesos, no se puede establecer en el opositor la buena fe exenta de culpa, trayendo consigo que \u00fanicamente se le considere como de buena fe simple, que puede dar lugar a ser reconocid[o] por el juez en virtud de su autonom\u00eda judicial y ordenar a su favor una medida de atenci\u00f3n, dadas sus condiciones socioecon\u00f3micas dependiendo del caso concreto (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Posteriormente, el Gobierno Nacional expidi\u00f3 el Decreto 440 de 2016, por el cual adopt\u00f3 \u201cMedidas de atenci\u00f3n a los segundos ocupantes\u201d, exponiendo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [D]ando cumplimiento a estas prescripciones y atendiendo a las complejidades inherentes a la restituci\u00f3n de tierras, los Jueces y Magistrados Especializados, en sus decisiones han reconocido esta problem\u00e1tica y han ordenado atender a los segundos ocupantes, por lo que resulta imprescindible que la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, como \u00f3rgano administrativo para la gesti\u00f3n de la restituci\u00f3n de tierras de los despojados, establezca mecanismos para dar cumplimiento efectivo a las decisiones judiciales que reconozcan y ordenen atender a los segundos ocupantes (\u2026)\u201d. <\/p>\n

De esa forma, dispuso: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art\u00edculo 2.15.1.1.15. Si existieren providencias judiciales ejecutoriadas que reconozcan medidas y mecanismos de atenci\u00f3n a segundos ocupantes en la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras, emprender\u00e1 las acciones correspondientes a dar cumplimiento efectivo a dichos fallos (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Luego, la memorada entidad emiti\u00f3 el Acuerdo 33 de 2016, \u201cPor el cual se deroga el Acuerdo 29 de 2016 y se establecen medidas de atenci\u00f3n a segundos ocupantes\u201d, considerando: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [se] hace necesario contar con un reglamento que armonice con los efectos erga omnes de la Sentencia C-330 de 2016 y las sub reglas jurisprudenciales contenidas en el auto 373 y las Sentencias T-315 y T-367 de 2016, dado que conforme a los c\u00e1nones de la t\u00e9cnica normativa que exigen una estructura sistematizada y uniforme en las normas de car\u00e1cter administrativo, es conveniente la creaci\u00f3n de un nuevo acuerdo donde se d\u00e9 alcance a la providencia y compendie la forma en la que se adelantar\u00e1 la atenci\u00f3n a los segundos ocupantes, de cara a su contenido (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Bajo tales reflexiones, el comentado acto determin\u00f3 instrumentos de protecci\u00f3n espec\u00edficos para los \u201csegundos ocupantes\u201d, as\u00ed: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art\u00edculo 8. Ocupantes secundarios sin tierra que habitan o derivan del predio restituido sus medios de subsistencia. A los segundos ocupantes que no tuviesen la calidad de propietarios, poseedores u ocupantes de tierras diferentes al predio restituido y que habiten o deriven sus medios de subsistencia del predio restituido, se les otorgar\u00e1 una medida de atenci\u00f3n correspondiente a la entrega de un inmueble equivalente al restituido, pero en ning\u00fan caso con una extensi\u00f3n superior a una Unidad Agr\u00edcola Familiar (UAF) calculada a nivel predial conforme al art\u00edculo 38 de la 160 en general, y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, acompa\u00f1ado de la implementaci\u00f3n de un proyecto productivo (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Adem\u00e1s, si el segundo ocupante habita de forma permanente en el predio objeto de restituci\u00f3n, la unidad de restituci\u00f3n, realizar\u00e1 las gestiones para su priorizaci\u00f3n al programa de vivienda de inter\u00e9s social rural (VISR). En todo caso ser\u00e1 el Banco Agrario de Colombia quien determinar\u00e1 la viabilidad de otorgar el referido Subsidio seg\u00fan lo establecido en la normatividad del programa de vivienda de inter\u00e9s social rural (VISR). El valor ser\u00e1 el vigente del Subsidio Familiar VISR en la modalidad de construcci\u00f3n de vivienda nueva (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) El valor del proyecto productivo que se otorgar\u00e1 al segundo ocupante, ser\u00e1 el se\u00f1alado en la respectiva gu\u00eda operativa establecida al interior de la unidad y, en todo caso, ser\u00e1 hasta de cuarenta salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes (40 SMMLV) y el valor de la asistencia t\u00e9cnica ser\u00e1 hasta de quince salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes (15 SMLMV) (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Par\u00e1grafo. Cuando no sea posible la atenci\u00f3n mediante la entrega de la medida prevista en el art\u00edculo 8\u00ba, los segundos ocupantes, previa autorizaci\u00f3n de los correspondientes jueces y magistrados, pueden optar por una medida de atenci\u00f3n de car\u00e1cter econ\u00f3mico, que en ning\u00fan caso ser\u00e1 superior al valor del terreno de una (1) UAF calculada a nivel predial sobre el predio solicitado en restituci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Para efectos de conocer el valor que corresponde entregar al beneficiario de esta medida, se deber\u00e1 contar con el informe de aval\u00fao comercial vigente (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Si se constata que no procede efectuar la formalizaci\u00f3n del predio en favor del poseedor u ocupante, \u00e9ste ser\u00e1 considerado como un ocupante secundario sin tierra, es decir, ser\u00e1 sujeto de la medida de atenci\u00f3n dispuesta en el art\u00edculo 8\u00ba del presente acuerdo. Sin embargo, para ser beneficiario de la medida, \u00e9ste deber\u00e1 comprometerse a hacer entrega formal y material: del predio que posee u ocupa a la entidad competente de su administraci\u00f3n que determine el juez o magistrado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Para revisar de manera preliminar la posibilidad de formalizaci\u00f3n de la propiedad, deber\u00e1n remitirse a los criterios establecidos en el art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 1561 de 2012 para la aplicaci\u00f3n del proceso especial de saneamiento de la propiedad (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [Precepto] 10. Ocupantes secundarios propietarios de tierras distintas al predio restituido, que habitan o derivan del predio restituido sus medios de subsistencia. A los segundos ocupantes que sean propietarios de un predio rural en el territorio nacional y que habiten o deriven del predio restituido sus medios de subsistencia, se les otorgar\u00e1 una medida de atenci\u00f3n consistente en la implementaci\u00f3n de un proyecto productivo. El valor del proyecto productivo ser\u00e1 el se\u00f1alado en el art\u00edculo 8\u00ba del presente acuerdo (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. Aunque la protecci\u00f3n demandada no cumple el presupuesto de inmediatez frente a los prove\u00eddos de 7 de marzo de 2017, 2 y 7 de mayo de 2018, refulge palmaria la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso y contradicci\u00f3n del actor, quien, adem\u00e1s, a lo largo del decurso censurado, ha advertido al estrado confutado, la no resoluci\u00f3n de su petici\u00f3n frente al aludido amparo de pobreza; por lo cual, se obviar\u00e1 lo anotado y se estudiar\u00e1 de fondo la solicitud de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n

Esta Corte al ocuparse de asuntos que guardan simetr\u00eda con el aqu\u00ed abordado, ha sostenido: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]xisten circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u00abpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u00bb, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante[,] la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

En igual sentido, la Sala ha dicho: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Se impone entonces proteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. No soslaya la Corte que si bien no se utilizaron las herramientas que se tuvieron al alcance para impugnar las decisiones que ahora cuestiona, habida cuenta que no se interpuso recurso de reposici\u00f3n frente a ellas, \u201ctal abandono no tiene la suficiente trascendencia para denegar el amparo por esta raz\u00f3n, si se tiene en cuenta que el Estado en cabeza de los Jueces de la Rep\u00fablica deben y pueden en ejercicio de su plena autonom\u00eda que le otorga la Ley y la Constituci\u00f3n, realizar sin ninguna clase de cortapisas los actos preparatorios a efectos de llevar a cabo la venta forzada (\u2026)\u201d6. <\/p>\n

4. Critica el gestor, particularmente, que dentro del comentado subex\u00e1mine, (i) mediante auto de 7 de marzo de 2017, no se le reconoci\u00f3 como opositor y tampoco se resolvi\u00f3 su petici\u00f3n atinente al amparo de pobreza; y (ii) la decisi\u00f3n de 7 de mayo de 2018, donde dej\u00f3 sin efecto la de 2 de mayo anterior, mediante la cual se le hab\u00eda reconocido la buena fe exenta de culpa para, en su lugar, negarle la compensaci\u00f3n a la cual ten\u00eda derecho, pronunciamiento del cual reclam\u00f3 su invalidez sin \u00e9xito. <\/p>\n

4.1. En lo atinente al primer reclamo y para resolver este resguardo constitucional, es pertinente definir el alcance del memorado beneficio jur\u00eddico. <\/p>\n

El art\u00edculo 151 del C\u00f3digo General del Proceso desarrolla la aludida instituci\u00f3n y su procedencia as\u00ed: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Se conceder\u00e1 el amparo de pobreza a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a t\u00edtulo oneroso (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Ahora, a voces del canon 152 \u00eddem la oportunidad, competencia y requisitos son: <\/p>\n

\u201c(\u2026) El amparo podr\u00e1 solicitarse por el presunto demandante antes de la presentaci\u00f3n de la demanda, o por cualquiera de las partes durante el curso del proceso. <\/p>\n

El solicitante deber\u00e1 afirmar bajo juramento que se encuentra en las condiciones previstas en el art\u00edculo precedente, y si se trata de demandante que act\u00fae por medio de apoderado, deber\u00e1 formular al mismo tiempo la demanda en escrito separado. <\/p>\n

Cuando se trate de demandado o persona citada o emplazada para que concurra al proceso, que act\u00fae por medio de apoderado, y el t\u00e9rmino para contestar la demanda o comparecer no haya vencido, el solicitante deber\u00e1 presentar, simult\u00e1neamente la contestaci\u00f3n de aquella, el escrito de intervenci\u00f3n y la solicitud de amparo; si fuere el caso de designarle apoderado, el t\u00e9rmino para contestar la demanda o para comparecer se suspender\u00e1 hasta cuando este acepte el encargo (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, el precepto 154 \u00eddem, tiene como efectos entre otros, los siguientes: <\/p>\n

\u201c(\u2026) El amparado por pobre no estar\u00e1 obligado a prestar cauciones procesales ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuaci\u00f3n, y no ser\u00e1 condenado en costas. <\/p>\n

\u201cEn la providencia que conceda el amparo el juez designar\u00e1 el apoderado que represente en el proceso al amparado, en la forma prevista para los curadores ad l\u00edtem, salvo que aquel lo haya designado por su cuenta. <\/p>\n

\u201cEl cargo de apoderado ser\u00e1 de forzoso desempe\u00f1o y el designado deber\u00e1 manifestar su aceptaci\u00f3n o presentar prueba del motivo que justifique su rechazo (\u2026)\u201d (subrayado para destacar). <\/p>\n

Examinada la queja y los soportes adosados a este asunto se observa que, el actor, el 6 de marzo de 2017, alleg\u00f3 escrito de oposici\u00f3n y elev\u00f3 una solicitud en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cen raz\u00f3n a que estoy en condiciones econ\u00f3micas absolutamente cr\u00edtica (sic) ruego n\u00f3mbrame (sic) un abogado en amparo de pobreza\u201d; empero, el fallador accionado en prove\u00eddo de 7 de marzo siguiente, resolvi\u00f3 denegar, la oposici\u00f3n del querellante al estimarla extempor\u00e1nea; no obstante, respecto del socorro invocado no hizo ning\u00fan pronunciamiento. <\/p>\n

El proceder descrito evidencia la denegaci\u00f3n del acceso a la administraci\u00f3n de justicia y el desconocimiento de la situaci\u00f3n del promotor, quien, como lo se\u00f1al\u00f3 la Procuradur\u00eda 44 Judicial I para la Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga \u201ces v\u00edctima del conflicto (\u2026) y es quien sostiene econ\u00f3micamente el hogar conformado por su esposa y dos hijos menores de edad\u201d <\/p>\n

El juzgado convocado, ha debido tener especial consideraci\u00f3n con las circunstancias particulares del quejoso. As\u00ed, le correspond\u00eda definir lo concerniente a la designaci\u00f3n de un profesional del derecho que lo representara en el proceso, dada su manifestaci\u00f3n de no hallarse en capacidad de atender los gastos del mismo, sin menoscabo de su propia subsistencia, la de su esposa o la de sus menores hijos. <\/p>\n

De este modo, como lo anot\u00f3 el a-quo constitucional, ese derecho a ser asistido se ve vigorizado si se tiene en cuenta el contenido de los art\u00edculos 357 y 438 de la Ley 1448 de 2011, que lo autorizan para ser representado gratuitamente por un abogado de la Defensor\u00eda P\u00fablica. <\/p>\n

En el caso concreto, el fallador querellado, en franca preterici\u00f3n de los mandatos transcritos, se abstuvo de pronunciarse sobre la aludida petici\u00f3n, lo cual ri\u00f1e abiertamente con la conceptualizaci\u00f3n de las premisas contenidas en los art\u00edculos 151 y siguientes del Estatuto Procesal Civil, preceptos de los cuales se infer\u00eda, con claridad, que el actor deb\u00eda ser cobijado con la referida figura. <\/p>\n

5. Por tanto, en esta ocasi\u00f3n, corresponde confirmar la protecci\u00f3n otorgada, en los t\u00e9rminos dispuestos por el a-quo constitucional, pues solo atendiendo a la intervenci\u00f3n del aqu\u00ed petente, quien merece un trato especial por sus circunstancias de vulnerabilidad, podr\u00e1 definirse el decurso de restituci\u00f3n de tierras garantizando los derechos de todos los involucrados.
\nCon todo, aunque no hay lugar a definir el segundo t\u00f3pico, planteado, por cuanto deben agotarse, de nuevo, las etapas del litigio con la participaci\u00f3n del tutelante, se exhortar\u00e1 al fallador censurado para que imparta celeridad al tr\u00e1mite a fin de evitar su dilaci\u00f3n y, con ello, el quebranto de las prerrogativas de los all\u00ed interesados. <\/p>\n

6.\tEn consecuencia, se abre paso a la protecci\u00f3n incoada por virtud del control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19699, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d10, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio11. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia12, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales13; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas14. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

7. Por las razones expuestas, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO:\tCONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, sin perjuicio de la exhortaci\u00f3n realizada al juzgado accionado conforme al numeral quinto de este pronunciamiento. Por secretar\u00eda rem\u00edtasele copia. <\/p>\n

SEGUNDO:\tNotif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb15, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb16; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1\u0002 \tSu particularidad corresponde a la fijaci\u00f3n de presunciones \trespecto del despojo, en relaci\u00f3n con los predios inscritos \ten el registro de tierras (art\u00edculo 77), lo que tiene como \tresultado la inversi\u00f3n de la carga de la prueba a favor del \tdespojado o de la v\u00edctima que se ha visto obligada a \tabandonar la tierra (art\u00edculo 78); se contemplan condiciones \tm\u00ednimas para las solicitudes de restituci\u00f3n as\u00ed \tcomo un procedimiento \u00e1gil para tramitarlas (art\u00edculos \t86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, y 95); le asignan a la autoridad \tjudicial amplias facultades para proteger los derechos de las \tv\u00edctimas previendo que el Juez o Magistrado, seg\u00fan el \tcaso, mantendr\u00e1 la competencia para garantizar el goce \tefectivo de tales derechos hasta tanto est\u00e9n completamente \teliminadas las causas de la amenaza (art\u00edculos 91 y 102); y \tse contempla el recurso de revisi\u00f3n ante la Corte Suprema de \tJusticia (art\u00edculo 92).
\n2\u0002 \tTal \tes el caso de Azerbaiy\u00e1n, Armenia, Ruanda, But\u00e1n, \tBosnia- Herzegovina, Croacia, Georgia, K\u00f3sovo, entre otros. \t(Manual \tsobre la Restituci\u00f3n de las Viviendas y el Patrimonio de \tRefugiados y Personas Desplazadas. Aplicaci\u00f3n de los \t\u201cPrincipios \tPinheiro\u201d. \tMarzo 2007. (ACNUR, OCHA, ONU-DERECHOS HUMANOS, FAO, NRC y \tONU-HABITAT).
\n3\u0002 \tEl \tComit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales \t(CESCR, por sus siglas en ingl\u00e9s) se cre\u00f3 en virtud de \tla\u00a0resoluci\u00f3n \t1985-17 de 28 de mayo de 1985, expedida por el Consejo Econ\u00f3mico \ty Social de las Naciones Unidas para desempe\u00f1ar las funciones \tde supervisi\u00f3n del\u00a0Pacto \tInternacional de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales \t(PIDESC)\u00a0asignadas \ta este Consejo en la\u00a0parte \tIV\u00a0del \tPIDESC.
\n4\u0002 \tP\u00e1gina 79.
\n5\u0002 \tCSJ, \tSTC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, reiterada en STC11491-2015, 28 \tagosto de 2015, radicaci\u00f3n 00059-02
\n6\u0002CSJ \tSTC \tSentencia \tde 12 de octubre de 2012, exp. 00328-01, rad. 01545, reiterada en \tSTC11491-2015, 28 agosto, 2015, rad. 00059-02.
\n7\u0002 \tDerechos de las V\u00edctimas dentro de los Procesos Judiciales
\n\u201c(\u2026) \tArt\u00edculo \t35. informaci\u00f3n de asesor\u00eda y apoyo. La v\u00edctima \ty\/o su representante deber\u00e1n ser informados de todos los \taspectos jur\u00eddicos, \t(\u2026) Para \ttales efectos, las autoridades que intervengan en las diligencias \tiniciales, los funcionarios de polic\u00eda judicial, los \tdefensores de familia y comisarios de familia en el caso de los \tni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, los Fiscales, Jueces o \tintegrantes del Ministerio P\u00fablico deber\u00e1n suministrar \tla siguiente informaci\u00f3n:
\n1. \tLas entidades u organizaciones a las que puede dirigirse para \tobtener asesor\u00eda y apoyo \t(\u2026)\u201d.
\n6. \tLas entidades y\/o autoridades que pueden brindarle orientaci\u00f3n, \tasesor\u00eda jur\u00eddica o servicios de representaci\u00f3n \tjudicial gratuitos.
\n8\u0002 \t\u201c(\u2026) \tArt\u00edculo \t43. Asistencia Judicial. La Defensor\u00eda del Pueblo prestar\u00e1 \tlos servicios de orientaci\u00f3n, asesor\u00eda y \trepresentaci\u00f3n judicial a las v\u00edctimas (\u2026)\u201d.
\n9\u0002 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n10\u0002 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n11\u0002 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n12\u0002 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a \t290, criterio reiterado Caso Masacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n13\u0002 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a \t274.
\n14\u0002 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n15\u0002 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n16\u0002 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC16928-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 54001-22-21-000-2019-00035-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia dictada el 15 de noviembre de 2019, por Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103149","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103149","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103149"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103149\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103149"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103149"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103149"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}