{"id":103150,"date":"2026-07-02T18:22:12","date_gmt":"2026-07-02T18:22:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103150"},"modified":"2026-07-02T18:22:12","modified_gmt":"2026-07-02T18:22:12","slug":"stc16930-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16930-2019\/","title":{"rendered":"STC16930-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16930-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2019-00327-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 30 de octubre de 2019, dictada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Alcald\u00eda Mayor de ese municipio contra los Juzgados Cuarto Civil del Circuito y Trece Civil Municipal, ambos de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del incidente de desacato proferido en el resguardo promovido en contra de la gestora por Jos\u00e9 Pinto Arenilla, como agente oficioso de sus hijas menores de edad. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La entidad accionante exige la protecci\u00f3n de la prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente transgredida por las autoridades convocadas.
\n2. En sustento de su queja, manifiesta que, en el decurso criticado, el 25 de abril de 2019, se neg\u00f3 la salvaguarda deprecada por Pinto Arenilla, decisi\u00f3n revocada el 14 de junio posterior para, en su lugar, acceder al resguardo y disponer la \u201crealizaci\u00f3n de las reparaciones urgentes en la Instituci\u00f3n Educativa de la Boquilla\u201d. <\/p>\n

El 21 de agosto de 2019, se impuso sanci\u00f3n al Alcalde de Cartagena, consistente en arresto por tres (3) d\u00edas y multa equivalente a tres (3) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, determinaci\u00f3n confirmada en sede de consulta el 9 de septiembre hoga\u00f1o. <\/p>\n

Asevera que los despachos cuestionados no tuvieron en cuenta las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la orden tutelar. <\/p>\n

El 1\u00b0 de octubre de 2019, el a quo neg\u00f3 la petici\u00f3n de \u201cinaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n\u201d, incurriendo en v\u00eda de hecho vulneratoria de sus prerrogativas, pues es evidente el acatamiento de la sentencia en el \u00e1mbito de sus competencias. <\/p>\n

3. Solicita, en concreto, dejar sin efecto la sanci\u00f3n impuesta por desacato, desvincular al Alcalde de Cartagena y archivar definitivamente las diligencias. <\/p>\n

1. Respuesta de \t\tlos accionados <\/p>\n

1. El juzgado municipal censurado realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el sublite y sostuvo que cada una de las providencias fueron notificadas pertinentemente a la aqu\u00ed accionante. Solicit\u00f3 denegar la protecci\u00f3n, pues, en su criterio, no ha vulnerado las prerrogativas de la petente (folios 129 y 130). <\/p>\n

2. El juzgado del circuito convocado guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

Neg\u00f3 el resguardo al estimar el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, dado que la accionante debi\u00f3 poner en conocimiento del despacho querellado el cumplimiento del fallo constitucional en virtud del cual le fue impuesta la sanci\u00f3n por desacato (folios 145-150). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La promovi\u00f3 la querellante, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y manifestando que el despacho censurado no tuvo en cuenta las pruebas mediante las cuales demostr\u00f3 el cumplimiento de la providencia donde se ampararon los derechos fundamentales de las agenciadas por Pinto Arenilla (folios 152 y 153). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tEsta Corte ha destacado la estrecha vinculaci\u00f3n existente entre la fase particular del incidente y la prevista para establecer si se accede o no a la protecci\u00f3n demandada, ya que este mecanismo extraordinario y la actuaci\u00f3n incidental est\u00e1n s\u00f3lidamente unidos y son etapas de un procedimiento con la misma finalidad. <\/p>\n

En reiteradas ocasiones la Sala, al estudiar el tema, en punto a las diligencias surtidas a prop\u00f3sito de dicho incidente, ha considerado improcedente, por regla general, una nueva revisi\u00f3n de igual naturaleza. Lo anterior, por cuanto, en torno al desacato, s\u00f3lo se previ\u00f3 la consulta respecto del auto mediante el cual se imponen las sanciones del caso. <\/p>\n

En esa direcci\u00f3n, es pertinente recordar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]l incidente de desacato, per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento, no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo. <\/p>\n

\u201cPor consiguiente, superadas esas etapas consustanciales a la acci\u00f3n de tutela, bien porque no se promovieron en tiempo los medios aludidos, ya por cuanto se interpusieron y fueron desatados por los funcionarios competentes, queda definitivamente cerrado el tema en torno a los puntos que all\u00ed comportaron debate (thema decissum), de suerte que no podr\u00edan volver aquellos sobre esa precisa controversia, menos, se itera, otros Jueces a trav\u00e9s de una nueva queja constitucional, puesto que el instrumento empleado se traducir\u00eda en un inconveniente espiral, en clara contrav\u00eda de claros postulados que edifican y salvaguardan la seguridad jur\u00eddica, pot\u00edsimo y acerado principio digno de frontal respeto y acatamiento. Obs\u00e9rvase que si hoy es pac\u00edfico que contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato) (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

2.\tExcepcionalmente, se abrir\u00eda paso este resguardo frente a determinaciones adoptadas en el tr\u00e1mite incidental, siempre que, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, adem\u00e1s de cumplirse con los requisitos propios de procedibilidad de este instrumento extraordinario, se demuestre la existencia de una v\u00eda de hecho, lesiva del debido proceso y originada en los llamados defectos \u201c(\u2026) sustantivo, org\u00e1nico, procedimental absoluto [y] f\u00e1ctico (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

El alto Tribunal Constitucional tambi\u00e9n ha precisado la viabilidad de este mecanismo de forma particular y respecto de actuaciones como la presente, \u201c(\u2026) cuando el juez de desacato se extralimita en sus funciones o cuando se vulnera el derecho a la defensa de las partes o se impone una sanci\u00f3n arbitraria (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

3. Analizadas las probanzas aportadas, advierte la Sala que el amparo no sale avante porque la providencia emitida por el juzgado del circuito criticado, para definir la presunta desobediencia de la ahora querellante, no merece reproche. <\/p>\n

Sobre el espec\u00edfico tema acot\u00f3 el ad quem convocado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) En este caso en particular, la decisi\u00f3n de amparo fue bastante clara tanto en su objeto como en sus t\u00e9rminos, precisamente teniendo en cuenta la relevancia de las prerrogativas constitucionales amparadas a los ni\u00f1os y ni\u00f1as estudiantes ante los riesgos que a diario deben inconstitucionalmente asumir en las instalaciones de la instituci\u00f3n educativa de la Boquilla. De all\u00ed que resulten inadmisibles las explicaciones de los incidentados, por cuanto, m\u00e1s bien, se concluyen proclives a trasladar los efectos negativos de los errores confesados por la administraci\u00f3n en el tr\u00e1mite administrativo para la contrataci\u00f3n de las obras respectivas de reparaci\u00f3n, a la misma poblaci\u00f3n estudiantil, por cuanto debe seguir soportando la prolongaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n a sus derechos fundamentales a la educaci\u00f3n en condiciones dignas a pesar de contar con una sentencia favorable de amparo tutelar\u201d. <\/p>\n

\u201cSin embargo, dicha norma elemental de contrataci\u00f3n estatal parece ser olvidada por el Distrito al momento de centrarse a cumplir con las \u00f3rdenes de tutela impuestas pret\u00e9ritamente por este despacho judicial y por el contrario, diluy\u00f3 los esfuerzos en engorrosos tr\u00e1mites por dem\u00e1s circundados de imprecisiones y errores, soslayando que la decisi\u00f3n ante la cual debe ajustarse es de car\u00e1cter-constitucional m\u00e1s que legal\u201d. <\/p>\n

\u201cNo puede perderse de vista, adem\u00e1s, que seg\u00fan el informe elaborado por el tecn\u00f3logo en control de calidad e ingeniero industrial WALBIS M. ZAMBRANO ORTIZ, auxiliar administrativo de la instituci\u00f3n educativa de la boquilla, se vienen presentando -entre otras- serias aver\u00edas en el cien por ciento de la baranda de seguridad y un cuarenta por ciento de las tejas de la cubierta del segundo piso de la sede principal, adem\u00e1s de esto las actas de visitas t\u00e9cnica de la secretaria de educaci\u00f3n distrital de los d\u00edas 17 y 20 de septiembre del 2018 resaltaron los siguientes hallazgos\u201d. <\/p>\n

\u201cVentiladores con desajustes e inadecuado soporte de instalaciones el\u00e9ctricas inadecuadas\u201d <\/p>\n

\u201cBaranda de madera presenta alto deterioro cielo raso en madera con riesgo de colapso en determinadas aulas adem\u00e1s de otros deterioros relacionados en el fallo de tutela\u201d. <\/p>\n

\u201cEn este caso es deber de la administraci\u00f3n tutelada, cumplir dentro de los t\u00e9rminos impuestos la sentencia de tutela que amerit\u00f3 este tr\u00e1mite incidental, con el objeto no solo de conjurar los da\u00f1os mencionados que padece la instituci\u00f3n educativa, sino tambi\u00e9n -y sobre todo- de evitar una calamidad en la poblaci\u00f3n estudiantil que, m\u00e1s all\u00e1 de ponerla en riesgo, de acontecer, evidenciar\u00eda la consumaci\u00f3n del da\u00f1o a los derechos fundamentales de los amparados por la v\u00eda de tutela, que es precisamente lo que se quiso evitar con ella\u201d. <\/p>\n

Y, en el auto de 1\u00b0 de octubre de 2019, el a quo precis\u00f3 que no se ha materializado realmente la orden tutelar, pues, en definitiva, no se han realizado las reparaciones urgentes que necesita la instituci\u00f3n educativa. <\/p>\n

4.\tLas conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no refulge anomal\u00eda; las dependencias reprochadas efectuaron una disertaci\u00f3n adecuada de los lineamientos legales y los elementos f\u00e1cticos que los condujeron a las decisiones ahora cuestionadas. <\/p>\n

Las providencias examinadas no se observan arbitrarias al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, pues, en efecto, tanto el colegiado como el juzgado atacados encontraron que la orden tutelar no fue cumplida cabalmente. <\/p>\n

Lo anterior, por cuanto, resulta evidente que las obras tendientes a proteger los derechos fundamentales de los estudiantes de la Instituci\u00f3n Educativa la Boquilla no han sido realizadas, permaneciendo la afectaci\u00f3n de su integridad, dignidad y vida; adem\u00e1s, no se han tomado medidas de urgencia que permitan cumplir efectivamente la orden constitucional. <\/p>\n

Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

5. Con todo, se destaca, el prop\u00f3sito del incidente de desacato no se restringe, exclusivamente, a sancionar al denunciado, sino que se orienta a lograr el eficaz cumplimiento de las disposiciones expedidas en la tutela, enfiladas a salvaguardar las garant\u00edas fundamentales quebrantadas; por tanto, la funcionaria puede conseguir el levantamiento de los correctivos a ella impuestos cuando acredite la observancia del mandato tutelar. <\/p>\n

Mem\u00f3rese, los decursos incidentales no est\u00e1n previstos, exclusivamente, para castigar a las personas acusadas de desconocer las \u00f3rdenes tutelares, dado que aqu\u00e9llos propenden por obtener el acatamiento de esas decisiones para as\u00ed garantizar efectivamente las prerrogativas vulneradas, cuesti\u00f3n que puede ocurrir, incluso, luego de surtirse el grado jurisdiccional de consulta. <\/p>\n

Ante cumplimientos posteriores a los correctivos decretados en asuntos como el reprochado, esta Corporaci\u00f3n ha dicho: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [C]omo el accionante (sic) aun cuando extempor\u00e1neamente, acat\u00f3 el referido fallo, la Corte dejar\u00e1 sin efectos las sanciones que le fueron impuestas por el juzgado, pues el fin perseguido con el tr\u00e1mite del desacato ya se cumpli\u00f3 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Cabe acotar, que la Corte Constitucional sobre el tema ha precisado que se puede deducir que la finalidad del incidente de desacato no es la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n en s\u00ed misma, sino la sanci\u00f3n como una de las formas de b\u00fasqueda del cumplimiento de la sentencia. Al ser as\u00ed, el accionante que inicia el incidente de desacato se ve afectado con las resultas del incidente puesto que \u00e9ste es un medio para que se cumpla el fallo que lo favoreci\u00f3 (\u2026)\u201d.
\n\u201c(\u2026) La imposici\u00f3n o no de una sanci\u00f3n dentro del incidente puede implicar que el accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanci\u00f3n, deber\u00e1 acatar la sentencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) En caso de que se haya adelantado todo el tr\u00e1mite y resuelto sancionar por desacato, para que la sanci\u00f3n no se haga efectiva, el renuente a cumplir podr\u00e1 evitar ser sancionado acatando (subrayado fuera del texto, sentencia T-421 de 23 de mayo de 2003) (\u2026)\u201d (subl\u00ednea original). <\/p>\n

5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u00ab(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u00bb8, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha instado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo decidido en este fallo a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb13, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb14; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. Civil. Sentencia de \t21 \tde febrero de 2003, exp. 00382.
\n2 \tCorte Constitucional. Sentencia T-652 de 30 de agosto de 2010.
\n3 \t\u00cddem.
\n4 \t\u201cART\u00cdCULO 42. DE LA URGENCIA MANIFIESTA. <Aparte \ttachado derogado por el art\u00edculo 32 de la Ley 1150 de 2007> \tExiste urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige \tel suministro de bienes, o la prestaci\u00f3n de servicios, o la \tejecuci\u00f3n de obras en el inmediato futuro; cuando se \tpresenten situaciones relacionadas con los estados de excepci\u00f3n; \tcuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas \tcon hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre \tque demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate \tde situaciones similares que imposibiliten acudir a los \tprocedimientos de selecci\u00f3n o concurso \tp\u00fablicos. La urgencia manifiesta se declarar\u00e1 mediante \tacto administrativo motivado. PAR\u00c1GRAFO. <Par\u00e1grafo \tCONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Con el fin de atender las necesidades \ty los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podr\u00e1n \thacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro \tdel presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente\u201d.
\n5 \tCSJ. Civil. Sentencia de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n6 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, Costa \tRica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la Ley 16 \tde 1972.
\n7 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n8 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n9 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n10 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a \t290, criterio reiterado Caso Masacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n11 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, \tExcepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a \t274.
\n12 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares c. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n13 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n14 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC16930-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2019-00327-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 30 de octubre de 2019, dictada por la Sala Civil-Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103150","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103150","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103150"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103150\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103150"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103150"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103150"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}