{"id":103151,"date":"2026-07-02T18:22:34","date_gmt":"2026-07-02T18:22:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103151"},"modified":"2026-07-02T18:22:34","modified_gmt":"2026-07-02T18:22:34","slug":"stc16931-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16931-2019\/","title":{"rendered":"STC16931-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16931-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2019-00153-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 30 de octubre de 2019, dictada por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Rina Antonia Salcedo Guzm\u00e1n contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ceret\u00e9, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario adelantado frente a la gestora por Patricio Valverde Dom\u00ednguez. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La accionante exige la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente transgredidas por la autoridad convocada. <\/p>\n

2. En sustento de su queja, manifiesta que, en el decurso criticado, el 22 de abril de 2019, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ceret\u00e9 neg\u00f3 su petici\u00f3n de ilegalidad y dispuso la entrega del inmueble al demandante, determinaci\u00f3n recurrida por la actora en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n. <\/p>\n

En virtud del impedimento declarado por el referido funcionario, las diligencias fueron remitidas al despacho querellado. <\/p>\n

El 24 de septiembre de 2019, la c\u00e9lula judicial cuestionada, neg\u00f3 los medios de impugnaci\u00f3n rese\u00f1ados; sin embargo, dicha decisi\u00f3n no es coherente, pues seg\u00fan la tutelante, en principio se hab\u00eda determinado el rechazo de plano de los mismos olvidando que \u201cuna cosa es rechazar de plano un recurso y la otra muy distinta es disponer que los mismos sean negados\u201d. <\/p>\n

Aunque cuestion\u00f3 ese prove\u00eddo a trav\u00e9s del medio horizontal y, en subsidio, el vertical, los dos se rechazaron de plano el 2 de octubre siguiente, sin ofrecerse alguna explicaci\u00f3n. <\/p>\n

3. Solicita, en concreto, dejar sin efecto los autos censurados y decidir de fondo los recursos presentados. <\/p>\n

1. Respuesta del \t\taccionado <\/p>\n

El juzgado convocado sostuvo no haber vulnerado los derechos de la petente, pues su actuar ha estado enmarcado en los poderes de ordenaci\u00f3n otorgados por el C\u00f3digo General del Proceso (folio 228). <\/p>\n

Neg\u00f3 el resguardo al estimar el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, pues la actora no promovi\u00f3 el recurso de queja (folios 230-234). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La promovi\u00f3 la accionante, reiterando los argumentos del escrito inicial (folio 239). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La tutelante reclama dejar sin efecto los autos de (i) 24 de septiembre de 2019, a trav\u00e9s del cual se negaron los medios de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n interpuestos por ella contra el prove\u00eddo de 22 de abril de los corrientes, denegatorio de la ilegalidad inicialmente solicitada, y (ii) el de 2 de octubre hoga\u00f1o, que rechaz\u00f3 de plano los mecanismos de defensa presentados frente a la primera decisi\u00f3n referida. <\/p>\n

2. El juzgado convocado en las determinaciones censuradas sostuvo que las peticiones y recursos elevados por la censora resultaban dilatorios; por tanto, procedi\u00f3 a \u201crechazarlos de plano\u201d de conformidad con lo previsto por el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 43 del C\u00f3digo General del Proceso en virtud los poderes de ordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n otorgados a los jueces. <\/p>\n

3. Analizado lo expuesto, destaca la Sala que el funcionario criticado incurri\u00f3 en proceder lesivo de las garant\u00edas fundamentales invocadas, pues se limit\u00f3 a estimar que las \u201cpeticiones y recursos\u201d presentados por la querellante en el proceso ejecutivo adelantado en su contra, resultaban dilatorias; sin embargo, no motiv\u00f3 las decisiones criticadas, exteriorizando de manera clara y suficiente, como era su deber, las razones por las cuales consideraba que las solicitudes y manifestaciones de la gestora no permit\u00edan infirmar el prove\u00eddo impugnado. <\/p>\n

La Sala ha sostenido que el recurso de reposici\u00f3n, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso1, salvo norma en contrario, procede contra todos los autos del juez, mecanismo de defensa a trav\u00e9s del cual se busca brindarle una oportunidad adicional al funcionario de revisar sus decisiones, asegurando, de contera, los derechos de contradicci\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de los interesados.
\nSi bien esta Corte ha considerado que en la labor de administrar justicia, los juzgadores gozan de libertad para la ex\u00e9gesis del ordenamiento jur\u00eddico y la valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos2, motivo por el cual el fallador de tutela no puede inmiscuirse en sus pronunciamientos; en los eventos en los cuales la autoridad profiere una decisi\u00f3n ostensiblemente contradictoria o desajustada del plexo normativo o de la jurisprudencia, es factible la intervenci\u00f3n de esta particular jurisdicci\u00f3n, por cuanto, se afecta rectamente el debido proceso. <\/p>\n

5. Es indispensable indicar que a todo funcionario judicial le asiste el deber de sustentar razonadamente sus determinaciones, apoyado en la normatividad aplicable a la materia; por ende, refulge con claridad el quebranto al debido proceso. <\/p>\n

Aunque los prove\u00eddos de los administradores de justicia son en principio ajenos al an\u00e1lisis propio de la acci\u00f3n de amparo consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, en los eventos en los cuales la respectiva autoridad profiere alguna decisi\u00f3n ostensiblemente arbitraria, en contrav\u00eda de la legislaci\u00f3n, como lo es la aqu\u00ed atacada, es factible la intervenci\u00f3n de esta particular sede en aras de reparar esa situaci\u00f3n. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, resulta procedente la protecci\u00f3n incoada porque, se insiste, el juzgador convocado no desat\u00f3 los recursos interpuestos y con ello afect\u00f3 los derechos de la tutelante. Por tanto, habr\u00e1 de revocarse el fallo impugnado para que el juez convocado resuelva, particularmente, el mecanismo de impugnaci\u00f3n horizontal presentado por la quejosa frente al auto de 22 de abril de 2019. <\/p>\n

6. En consecuencia, la Corte har\u00e1 el control constitucional inherente a la acci\u00f3n de resguardo, as\u00ed como tambi\u00e9n el de convencionalidad, dimanante del bloque de constitucionalidad, seg\u00fan lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3, que exige a los pa\u00edses suscriptores procurar armonizar el ordenamiento interno al mismo, para evitar cualquier disonancia entre uno y otro. As\u00ed se consign\u00f3 en sus preceptos primero y segundo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art\u00edculo 1. Obligaci\u00f3n de Respetar los Derechos: 1. Los Estados Partes en esta Convenci\u00f3n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est\u00e9 sujeta a su jurisdicci\u00f3n, sin discriminaci\u00f3n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opiniones pol\u00edticas o de cualquier otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social\u201d. <\/p>\n

\u201c2. Para los efectos de esta Convenci\u00f3n, persona es todo ser humano\u201d. <\/p>\n

\u201cArt\u00edculo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el art\u00edculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro car\u00e1cter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci\u00f3n, las medidas legislativas o de otro car\u00e1cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (\u2026)\u201d. <\/p>\n

De esta manera, las reglas de aquella normatividad deben observarse en asuntos como \u00e9ste, so pena de incumplir deberes internacionales. Por tanto, es menester tener en consideraci\u00f3n las prerrogativas a las \u201cgarant\u00edas judiciales\u201d y a la \u201cprotecci\u00f3n judicial\u201d, seg\u00fan las cuales, una persona podr\u00e1 acudir ante las autoridades jurisdiccionales competentes para obtener la pronta y eficaz resoluci\u00f3n de sus litigios. <\/p>\n

En el presente caso, como se dijo, el accionado procedi\u00f3 de manera err\u00f3nea al no resolver el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la quejosa y resolver sin motivaci\u00f3n alguna que los pedimentos por aqu\u00e9lla elevados eran dilatorios. De esa manera, contravino los c\u00e1nones 8.1 y 25 de ese tratado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art. 8. Garant\u00edas Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter (\u2026)\u201d.
\n\u201c(\u2026) Art. 25. Protecci\u00f3n Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r\u00e1pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n, la ley o la presente Convenci\u00f3n, aun cuando tal violaci\u00f3n sea cometida por personas que act\u00faen en ejercicio de sus funciones oficiales\u201d. <\/p>\n

\u201c2. Los Estados Partes se comprometen: \u201ca) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidir\u00e1 sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; \u201cb) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y \u201cc) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisi\u00f3n en que se haya estimado procedente el recurso (\u2026)\u201d (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n

El instrumento citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d.
\n\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u00ab(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u00bb5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

7. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 revocado, y en su lugar, se conceder\u00e1 el amparo. <\/p>\n

2. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO:\tREVOCAR la sentencia impugnada para en su lugar, CONCEDER la salvaguarda deprecada. <\/p>\n

SEGUNDO: En consecuencia, se le ordena al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ceret\u00e9 que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, deje sin efectos los autos de 24 de septiembre y 1\u00b0 de octubre de 2019 y las actuaciones que de \u00e9stos se desprendan, y, en el mismo t\u00e9rmino, proceda a desatar los recursos elevados por la gestora frente al prove\u00eddo de 22 de abril de los corrientes, conforme a lo expresado en este pronunciamiento. Por secretar\u00eda rem\u00edtasele copia del mismo. <\/p>\n

TERCERO: Notif\u00edquese lo decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb10, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb11; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tart\u00edculo \t318. procedencia y oportunidades. Salvo norma en contrario, el \trecurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el \tjuez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de \ts\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de \tla Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen (\u2026).
\n2 \tCSJ. STC de19 jun. 2013, rad. 2013-00182-01.
\n3 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n7 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de \tseptiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, \tcriterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n8 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n9 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n10 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n11 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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