{"id":103154,"date":"2026-07-02T18:23:04","date_gmt":"2026-07-02T18:23:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103154"},"modified":"2026-07-02T18:23:04","modified_gmt":"2026-07-02T18:23:04","slug":"stc16934-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16934-2019\/","title":{"rendered":"STC16934-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16934-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2019-01602-03
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 17 de octubre de 2019, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Benjam\u00edn Gonz\u00e1lez Calder\u00f3n contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Obrando por medio de apoderado, el querellante reclama la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales al debido proceso, defensa, dignidad humana, igualdad, presunci\u00f3n de inocencia y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial acusada en el curso del juicio penal n\u00b0 2011-86048. <\/p>\n

2. Manifest\u00f3 que ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Medina-Cundinamarca, el 12 de agosto de 2017 se realizaron las audiencias concentradas de legalizaci\u00f3n de captura, formulaci\u00f3n de cargos por los delitos de \u00abacceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de catorce a\u00f1os agravado\u00bb los cuales -en asesor\u00eda con su defensor de confianza- acept\u00f3, y finalmente, le fue impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. <\/p>\n

Relat\u00f3 que tal allanamiento no fue libre ni voluntario, por ello, con sustento en el video de la diligencia referida, donde se observa \u00abcon claridad que se hab\u00edan violado los derechos de capturado visualizando a unos funcionarios con mucha premura y con evidente voluntad de terminar el asunto en el menor tiempo posible\u00bb, su nuevo abogado elev\u00f3 solicitud de nulidad ante el juez de conocimiento, quien accedi\u00f3 a lo pretendido el 12 de diciembre de 2017. <\/p>\n

Indic\u00f3 que frente a tal determinaci\u00f3n, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y el Ministerio P\u00fablico interpusieron recurso de alzada, que fue resuelto por el Tribunal Superior de Villavicencio en auto de 9 de junio de 2019, revocando la providencia de primera instancia, para en su lugar, dejar en firme la aceptaci\u00f3n de cargos. <\/p>\n

Acus\u00f3 este \u00faltimo prove\u00eddo de incurrir en v\u00eda de hecho, toda vez que el allanamiento se debi\u00f3 a un mal asesoramiento del profesional del derecho que lo representaba en aquel momento. <\/p>\n

3. Pidi\u00f3, en consecuencia, ordenar \u00abla pr\u00e1ctica de la audiencia de imputaci\u00f3n con observancia plena de las formas (\u2026) y con respeto a la presunci\u00f3n de inocencia\u00bb (fls. 1 a 3, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1. El Juzgado Promiscuo Municipal de Medina, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas bajo su conocimiento, sin pronunciarse a las pretensiones del presente amparo (fl. 36, ib\u00eddem). <\/p>\n

2. La Fiscal\u00eda 16 Seccional CAIVAS de Villavicencio, efectu\u00f3 similar manifestaci\u00f3n (fl. 118, ib.). <\/p>\n

3. La representante judicial de la v\u00edctima adscrita a la Defensor\u00eda del Pueblo, dijo que lo narrado en el escrito de tutela contrar\u00eda lo sucedido en audiencia p\u00fablica, pues en ella, se explicaron con detalle las consecuencias del allanamiento a cargos, precisando la prohibici\u00f3n legal de los beneficios deseados y as\u00ed mismo el quantum punitivo, por ello, considera que las decisiones adoptadas al interior del proceso penal se encuentran ajustadas a derecho (fls. 40 a 41, ib.) <\/p>\n

4. La Procuradur\u00eda 180 Judicial II Penal indic\u00f3 que no es posible afirmar que dentro de la discutida diligencia se produjo un vicio en el consentimiento, error o dolo para coaccionar la voluntad del accionante, toda vez que al procesado se le indag\u00f3 en dos oportunidades sobre la aceptaci\u00f3n de cargos y en ambas contest\u00f3 afirmativamente (42 a 43, ib.). <\/p>\n

5.\tEl Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la misma ciudad, efectu\u00f3 un recuento de las gestiones adelantas y finalmente, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite (fl. 45, ib.). <\/p>\n

SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el auxilio argumentando que lo que se acusa es un proceso penal en curso, siendo ese el escenario donde el gestor deber\u00e1 elevar las quejas que plantea por esta v\u00eda, agotando los medios que consagr\u00f3 el legislador de acuerdo a la etapa en que se encuentre (fls. 123 a 131, cd. 1). <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La impetr\u00f3 el apoderado del quejoso, insistiendo en los argumentos del escrito inicial (fl. 132, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema \tjur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si las autoridades acusadas, vulneraron las garant\u00edas denunciadas por el accionante al revocar el auto de 12 de diciembre de 2017, mediante el cual se decret\u00f3 la nulidad del allanamiento a los cargos, dentro del juicio penal n\u00b0 2011-86048, pues, el actor considera que su consentimiento en tal aceptaci\u00f3n estuvo viciado. <\/p>\n

2.\tDe la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

La reiterada jurisprudencia de esta Corte ha dicho, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n constitucional no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar providencias de \u00edndole judicial; s\u00f3lo excepcionalmente puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario profiera alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre otras en STC2345-2019, 27 feb. 2019, rad. 00463-00). <\/p>\n

3. De \tla subsidiariedad. <\/p>\n

El art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el desarrollo jurisprudencial, han precisado que solamente tiene cabida para proteger los derechos fundamentales que son objeto de vulneraci\u00f3n o amenaza, cuando el interesado carece de otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, pues dicha acci\u00f3n no es una herramienta sustitutiva de los dem\u00e1s instrumentos que ordinariamente consagra el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como elemento temporal para impedir un da\u00f1o insalvable. <\/p>\n

\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario \tllamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del \trespectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos \tfundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \t\u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal \trespecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan \tmomento puede entenderse como un mecanismo instituido para \tdesplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les \than asignado la competencia para resolver las controversias \tjudiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de \tacci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, \t17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n

Por otro lado, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, dicta las causales de improcedencia del amparo, que a tenor reza: \u00ab 1.\u00a0Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aqu\u00e9lla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios ser\u00e1 apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante\u00bb. <\/p>\n

4.\tImprocedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso. <\/p>\n

Atado al razonamiento anterior, se ha manifestado que tampoco procede el auxilio constitucional cuando la demanda procura la protecci\u00f3n de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco de un tr\u00e1mite judicial en curso, pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a trav\u00e9s de las herramientas previstas en el estatuto normativo que regula la materia. <\/p>\n

En ese sentido, frente a concretos casos en los que el proceso penal se halla en tr\u00e1mite, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sede constitucional ha precisado: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la \tposibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios \tdefensivos que la normativa procesal contempla, requisito \tsin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su \ttr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, \tcomo insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como \topci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como \tlos expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por \tv\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene \tese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. \t91826-00). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n prever la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde satisfacer al juzgador competente, pues no puede usurpar facultades atribuidas a otros funcionarios. <\/p>\n

5.\tCaso concreto. <\/p>\n

Se ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n del resguardo, acogiendo lo expuesto por la Hom\u00f3loga Penal, por cuanto no se satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

En tal virtud, es anticipado cualquier pronunciamiento frente a la queja que exhibe el impugnante teniendo en cuenta que, seg\u00fan se desprende de lo aportado, el tr\u00e1mite penal se encuentra pendiente de definici\u00f3n, habida cuenta que no se ha iniciado el juicio oral, ni el debate probatorio, ni proferido sentencia que ponga fin a la instancia, actuaciones contra las cuales el peticionario podr\u00e1 ejercitar los medios de contradicci\u00f3n respectivos. <\/p>\n

Y es que ha sido criterio definido y reiterado de la Sala, que no es viable acudir al juez de amparo para que intervenga en procesos en tr\u00e1mite, no s\u00f3lo porque desconoce la independencia y la autonom\u00eda de que est\u00e1 revestido el despacho de la causa para dirigir y resolver los asuntos de su competencia, sino porque, tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que inspir\u00f3 la tutela para la protecci\u00f3n de derechos superiores, m\u00e1s no para su declaraci\u00f3n. <\/p>\n

As\u00ed, reiteradamente ha sido se\u00f1alado por esta Corte, al precisar que: <\/p>\n

\u00ab (\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o \tdesplazar las competencias propias de las autoridades judiciales \to administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado \tasunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta \tviolaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas \ttengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n \tsiguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo \tde protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las \therramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha \tcontemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. \t2011, rad. 00312-01, reiterada en STC10432-2017, 19 \tjul. 2017, rad. 00388-01, entre otras). (Subrayas extra \ttexto) <\/p>\n

Entonces, mientras haya posibilidad de discutir al interior del proceso, aspectos como los formulados por esta v\u00eda, al juez de amparo le est\u00e1 vedado incursionar, para reemplazar, los senderos legales debidamente establecidos, ya que este excepcional auxilio no constituye una instancia adicional o alternativa de la actividad de quien es el llamado a resolver sobre la responsabilidad penal del accionante. <\/p>\n

En definitiva, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n del criterio expuesto <\/p>\n

6.\tConclusi\u00f3n <\/p>\n

Resultado de lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, dada la evidente improcedencia del resguardo, toda vez que el accionante tiene a su alcance instrumentos id\u00f3neos para procurar la defensa de sus derechos dentro del proceso penal que se encuentra activo. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16934-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2019-01602-03 (Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 17 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103154","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103154","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103154"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103154\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103154"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103154"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103154"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}