{"id":103157,"date":"2026-07-02T18:23:45","date_gmt":"2026-07-02T18:23:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103157"},"modified":"2026-07-02T18:23:45","modified_gmt":"2026-07-02T18:23:45","slug":"stc16937-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16937-2019\/","title":{"rendered":"STC16937-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16937-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2019-02097-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 12 de noviembre de 2019, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por XXX contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Unidad de Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y la Representante Judicial de V\u00edctimas de la Defensor\u00eda del Pueblo. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa solicitante actuando en nombre propio, reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales al debido proceso e igualdad, que considera vulneradas por la colegiatura convocada.
\n2.\tDe la demanda y la informaci\u00f3n obrante en el expediente puede extraerse que en sesiones de 6 de diciembre de 2018, 29 de julio y 2 de agosto de 2019 ante la accionada, se llev\u00f3 a cabo la imputaci\u00f3n de cargos en contra de Salvatore Mancuso y otros postulados a la ley de Justicia y Paz por los delitos de \u00abdesplazamiento forzado, acceso carnal violento y tortura en persona protegida (\u2026)\u00bb de los que fue v\u00edctima la promotora. <\/p>\n

Frente a lo all\u00ed resuelto la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Ministerio P\u00fablico y un defensor, interpusieron recurso de apelaci\u00f3n, el cual se encuentra en tr\u00e1mite ante el ad quem (radicaci\u00f3n n\u00b0 2016-80008). <\/p>\n

Manifest\u00f3 que, dentro del juicio transicional acudi\u00f3 a diferentes entidades solicitando la reparaci\u00f3n de sus perjuicios, sin embargo, ello no ha sido posible, lo que considera ha vulnerado sus derechos. <\/p>\n

3.\tPor lo anterior, exigi\u00f3 la celebraci\u00f3n de la \u00abaudiencia de incidente de reparaci\u00f3n y el pago de $400.000.000\u00bb (fls. 4 a 6, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tLa Representante Judicial de V\u00edctimas de la Defensor\u00eda del Pueblo efectu\u00f3 un recuento de las etapas procesales surtidas al interior del asunto, y adujo que se ha comunicado a trav\u00e9s de whatsapp con la gestora a fin de informarle sobre el estado de su causa (fls. 38 a 39, ib\u00eddem).
\n2.\tLa Sala de Justicia y Paz -Control de Garant\u00edas- del Tribunal Superior de Barranquilla, inform\u00f3 que en el asunto discutido no se ha dado inici\u00f3 a la fase de conocimiento, toda vez que el expediente se encuentra en la Sala de Casaci\u00f3n Penal, pendiente por resolver la apelaci\u00f3n formulada por varios sujetos procesales, y finalmente, advirti\u00f3 que carece de competencia sobre la petici\u00f3n del incidente de reparaci\u00f3n integral citado en el libelo introductor (fl. 26, ib.) <\/p>\n

3.\tEl representante judicial de la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, expuso que la accionante fue incluida en el registro \u00fanico de v\u00edctimas -RUV-, bajo el marco normativo ley 1448 de 2011 y desde el 2017, registra cobrada la indemnizaci\u00f3n administrativa por parte de la promotora (fls. 42 a 43, ib.). <\/p>\n

4.\tLa Fiscal\u00eda 33 Especializada de Justicia Transicional, manifest\u00f3 que el 22 de junio de 2014 la gestora diligenci\u00f3 el formato de hechos punibles atribuibles a grupos armados al margen de la ley, por los delitos de los que fue v\u00edctima sucedidos en mayo de 2002 en la ciudad de Santa Marta, confesados por miembros del frente resistencia Tayrona de las autodefensas (fl. 46, ib.). <\/p>\n

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n

Neg\u00f3 la protecci\u00f3n implorada por incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, al concluir que en el tr\u00e1mite acusado no ha finalizado la etapa de control de garant\u00edas, y ser\u00e1 ante la jurisdicci\u00f3n especial donde la accionante deber\u00e1 plantear sus inconformidades, luego de agotar las audiencias concentrada y de incidente de reparaci\u00f3n integral, para que en su condici\u00f3n de v\u00edctima, plantee sus pretensiones a efectos de logar la indemnizaci\u00f3n econ\u00f3mica que trae por esta v\u00eda (fls. 48 a 57, cd. 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La interpuso la querellante insistiendo en los argumentos del escrito inicial (fl. 64 a 65, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema Jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si la autoridad judicial acusada vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la promotora, al demorar, supuestamente la reparaci\u00f3n integral de los perjuicios sufridos como v\u00edctima del conflicto armado en el curso del proceso de Justicia y Paz n\u00b0 2016-80008. <\/p>\n

2.\tDe la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

La reiterada jurisprudencia de esta Corte ha dicho, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n constitucional no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar providencias de \u00edndole judicial; s\u00f3lo excepcionalmente puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario profiera alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre otras en STC2345-2019, 27 feb. 2019, rad. 00463-00). <\/p>\n

3. De \tla subsidiariedad. <\/p>\n

El art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el desarrollo jurisprudencial, han precisado que solamente tiene cabida para proteger los derechos fundamentales que son objeto de vulneraci\u00f3n o amenaza, cuando el interesado carece de otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, pues dicha acci\u00f3n no es una herramienta sustitutiva de los dem\u00e1s instrumentos que ordinariamente consagra el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como elemento temporal para impedir un da\u00f1o insalvable. <\/p>\n

Al efecto, la Sala ha destacado: <\/p>\n

\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario \tllamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del \trespectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos \tfundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \t\u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal \trespecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan \tmomento puede entenderse como un mecanismo instituido para \tdesplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les \than asignado la competencia para resolver las controversias \tjudiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de \tacci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, \t17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n

Por otro lado, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, dicta las causales de improcedencia del amparo, que a tenor reza: \u00ab 1.\u00a0Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aqu\u00e9lla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios ser\u00e1 apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante\u00bb. <\/p>\n

4.\tImprocedencia de la salvaguarda cuando el proceso se encuentra en curso. <\/p>\n

En ese sentido, frente a concretos casos en los que el proceso penal se halla en tr\u00e1mite, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sede constitucional ha precisado: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la \tposibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios \tdefensivos que la normativa procesal contempla, requisito \tsin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su \ttr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, \tcomo insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como \topci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como \tlos expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por \tv\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene \tese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. \t91826-00). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n prever la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde satisfacer al juzgador competente, pues no puede usurpar facultades atribuidas a otros funcionarios. <\/p>\n

5.\tCaso concreto. <\/p>\n

Se ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n del resguardo, acogiendo lo expuesto por la Hom\u00f3loga Penal, por cuanto no se satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

En tal virtud, es anticipado cualquier pronunciamiento frente a la queja que exhibe la impugnante teniendo en cuenta que, seg\u00fan se desprende de lo aportado, el tr\u00e1mite de Justicia y Paz se encuentra pendiente de definici\u00f3n, habida cuenta que no se ha iniciado la fase de conocimiento, ni proferido sentencia que ponga fin a la instancia, actuaciones contra las cuales la peticionaria podr\u00e1 ejercitar los medios de defensa respectivos. <\/p>\n

Y es que ha sido criterio definido y reiterado de la Sala, que no es viable acudir al juez de amparo para que intervenga en procesos en tr\u00e1mite, no s\u00f3lo porque desconoce la independencia y la autonom\u00eda de que est\u00e1 revestido el despacho de la causa para dirigir y resolver los asuntos de su competencia, sino porque, tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que inspir\u00f3 la tutela para la protecci\u00f3n de derechos superiores, m\u00e1s no para su declaraci\u00f3n. <\/p>\n

As\u00ed, reiteradamente ha sido se\u00f1alado por esta Corte, al precisar que: <\/p>\n

\u00ab (\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o \tdesplazar las competencias propias de las autoridades judiciales \to administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado \tasunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta \tviolaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas \ttengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n \tsiguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo \tde protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las \therramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha \tcontemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. \t2011, rad. 00312-01, reiterada en STC10432-2017, 19 \tjul. 2017, rad. 00388-01, entre otras). (Subrayas extra \ttexto) <\/p>\n

Entonces, mientras haya posibilidad de discutir al interior del proceso, aspectos como los formulados por esta v\u00eda, al juez de amparo le est\u00e1 vedado incursionar, para reemplazar, los senderos legales debidamente establecidos, ya que este excepcional auxilio no constituye una instancia adicional o alternativa de la actividad de quien es el llamado a resolver sobre reparaci\u00f3n integral de las v\u00edctimas. <\/p>\n

6.\tConclusi\u00f3n <\/p>\n

Resultado de lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, dada la evidente improcedencia del resguardo, toda vez que la accionante tiene a su alcance instrumentos id\u00f3neos para procurar la defensa de sus derechos dentro del proceso de justicia transicional que se encuentra activo. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia confutada. <\/p>\n

Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16937-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2019-02097-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 12 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103157","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103157","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103157"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103157\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103157"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103157"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103157"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}