{"id":103160,"date":"2026-07-02T18:24:12","date_gmt":"2026-07-02T18:24:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103160"},"modified":"2026-07-02T18:24:12","modified_gmt":"2026-07-02T18:24:12","slug":"stc16942-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16942-2019\/","title":{"rendered":"STC16942.-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16942-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2019-02010-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 30 de octubre de 2019, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jhonatan Steve Guerrero contra el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial ambos de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fue vinculados las partes e intervinientes en el juicio penal radicado n\u00b0 2014-06141. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl solicitante, actuando en nombre propio, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n

2.\tEn sustento de sus suplicas manifest\u00f3 que en el curso de una indagaci\u00f3n preliminar, se present\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para rendir entrevista sobre la comisi\u00f3n del delito de \u00abtr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes agravado\u00bb y en ella, entreg\u00f3 sus datos personales como direcci\u00f3n de residencia, n\u00famero de tel\u00e9fono y correo electr\u00f3nico; posteriormente, fue citado a audiencia de imputaci\u00f3n de cargos, a la cual, asisti\u00f3 de \u00abmanera voluntaria\u00bb, quedando en libertad a la espera de la continuaci\u00f3n del tr\u00e1mite. <\/p>\n

Adujo que no fue notificado del juicio en su contra, sin embargo, \u00e9ste se surti\u00f3 ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1, quien en sentencia de 1 de febrero de 2019, lo declar\u00f3 responsable del punible referido y lo conden\u00f3 a purgar 256 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n

Inform\u00f3 que frente al referido fallo su defensor p\u00fablico interpuso recurso de apelaci\u00f3n, y el Tribunal Superior de la misma ciudad le imparti\u00f3 confirmaci\u00f3n el 2 de abril siguiente, decisi\u00f3n que adquiri\u00f3 firmeza al no ser recurrida por v\u00eda de casaci\u00f3n. <\/p>\n

Resalt\u00f3 que no recibi\u00f3 comunicaci\u00f3n alguna de las autoridades, ni de los abogados asignados, situaci\u00f3n que considera vulneradora de su derecho de defensa, pues dijo que \u00abno [ha] cometido esos hechos\u00bb y que su representante no cuestion\u00f3 \u00abla separaci\u00f3n de masas\u00bb, prueba que aduce, determin\u00f3 el peso del alcaloide y finalmente, el quantum punitivo al que fue condenado.
\n3.\tEn consecuencia pide, \u00abse proteja la presunci\u00f3n de inocencia (\u2026) [y] se ordene la nulidad de todo lo actuado\u00bb (fls. 1 a 4, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tEl Fiscal 10 Especializado de Bogot\u00e1, se opuso a la procedencia de la acci\u00f3n, arguyendo que el gestor fue notificado a la direcci\u00f3n y abonado telef\u00f3nico que \u00e9l mismo aport\u00f3, pero que nunca acudi\u00f3 a las citaciones, ni contest\u00f3 las llamadas del juzgado, el defensor p\u00fablico o de esa oficina (fl. 30, ib\u00eddem). <\/p>\n

2.\tLa Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s del Magistrado ponente de la providencia recriminada, reiter\u00f3 las razones por las que concluy\u00f3 que los derechos de defensa y debido proceso del acusado no fueron trasgredidos en la causa penal y por ello, mantuvo inc\u00f3lume la condena, decisi\u00f3n contra la cual no se interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, por tanto, cobr\u00f3 ejecutoria (fls. 31 a 33, ib\u00edd.). <\/p>\n

3.\tEl Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1, relacion\u00f3 lo acontecido en el proceso seguido contra el aqu\u00ed actor, indicando que no se omiti\u00f3 garant\u00eda fundamental alguna que amerite orden constitucional (fl. 46, ib.). <\/p>\n

FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n

Neg\u00f3 el resguardo implorado al concluir que el actor no cumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n de vigilancia del juicio seguido en su contra y \u00abopt\u00f3 por seguir una actitud desinteresada\u00bb, pese a estar enterado del mismo, en ese mismo sentido, debi\u00f3 agotar todos los mecanismos de defensa judicial. <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El querellante disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n insistiendo en las manifestaciones del libelo inicial (fls. 85 a 86, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema Jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el accionante agot\u00f3 todos los mecanismos de defensa establecidos en la ley para cuestionar la decisi\u00f3n que no comparte y, de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas lesionaron las prerrogativas denunciadas por el quejoso dentro de la causa penal que se sigui\u00f3 en su contra, al declararlo penalmente responsable del delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes agravado (rad. n\u00b0 2014-06141). <\/p>\n

2.\tDe la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Por regla general este remedio no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n

Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y la subsidiariedad. <\/p>\n

3.\tSoluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n

En consonancia con la Sala a quo, y conforme la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas a la actuaci\u00f3n, no se advierte la circunstancia transgresora de derechos fundamentales que se atribuyen en el escrito introductor, por cuanto, se verific\u00f3, que los oficios de citaci\u00f3n correspondiente fueron librados y remitidos por telegrama a la direcci\u00f3n entregada por el mismo procesado sin que \u00e9ste compareciera al despacho. <\/p>\n

En efecto, el proceder rese\u00f1ado respondi\u00f3 a los preceptos 168, 169 y 171 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal que prev\u00e9: <\/p>\n

\u00abARTICULO 171. CITACIONES.\u00a0Procedencia. Cuando se convoque a la celebraci\u00f3n de una audiencia o deba adelantarse un tr\u00e1mite especial, deber\u00e1 citarse oportunamente a las partes, testigos, peritos y dem\u00e1s personas que deban intervenir en la actuaci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n

ART\u00cdCULO 168. CRITERIO GENERAL.\u00a0Se notificar\u00e1n las sentencias y los autos. <\/p>\n

ART\u00cdCULO 169. FORMAS.\u00a0Por regla general las providencias se notificar\u00e1n a las partes en estrados.
\nEn caso de no comparecer a la audiencia a pesar de haberse hecho la citaci\u00f3n oportunamente, se entender\u00e1 surtida la notificaci\u00f3n salvo que la ausencia se justifique por fuerza mayor o caso fortuito. En este evento la notificaci\u00f3n se entender\u00e1 realizada al momento de aceptarse la justificaci\u00f3n.
\nDe manera excepcional proceder\u00e1 la notificaci\u00f3n mediante comunicaci\u00f3n escrita dirigida por telegrama, correo certificado, facs\u00edmil, correo electr\u00f3nico o cualquier otro medio id\u00f3neo que haya sido indicado por las partes.
\nSi el imputado o acusado se encontrare privado de la libertad, las providencias notificadas en audiencia le ser\u00e1n comunicadas en el establecimiento de reclusi\u00f3n, de lo cual se dejar\u00e1 la respectiva constancia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Seg\u00fan lo expuesto, la alegaci\u00f3n sobre la que se edifica esta demanda no se configura, coligi\u00e9ndose que la queja del promotor en torno a ese espec\u00edfico punto se aviene claramente infundada, de ah\u00ed que no se aprecia un actuar de parte de la judicatura que conlleve a dispensar la protecci\u00f3n constitucional en los t\u00e9rminos reclamados por el accionante, dado que resulta indudable que se ci\u00f1\u00f3 estrictamente a la normativa espec\u00edfica aplicable, luego no puede hablarse de actuaci\u00f3n omisiva o negligente como pudo advertirse. <\/p>\n

4.\tDel deber de vigilancia procesal y la incuria. <\/p>\n

4.1. Prohijando lo razonado por la Sala a quo, nada justifica la desconexi\u00f3n con el acontecer procesal que se advierte en el tutelante, ello porque una causa judicial, de cualquier naturaleza, pero en especial un proceso penal donde se encuentra en vilo un derecho como la libertad, exige un apersonamiento riguroso y diligente del implicado, es decir, existe una carga que le corresponde asumir con el tr\u00e1mite que se le adelanta, un deber de vigilancia propia frente al cual no es admisible excusarse; al respecto esta la Sala ha dicho sobre la desidia procesal: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) quien acude a los estrados judiciales debe cumplir las cargas, deberes y obligaciones procesales que el ordenamiento prev\u00e9; y entre esas cargas reluce la de diligencia y esmero en la atenci\u00f3n del proceso, concretamente en lo concerniente a informarse, mediante los instrumentos id\u00f3neos, vgr. los estados, los edictos y si es del caso, los registros y libros respectivos, de las actuaciones judiciales. Por supuesto que es el ordenamiento, con un claro fin garantista, el que prescribe la forma como se notifican las decisiones judiciales y se computan los t\u00e9rminos judiciales mediante reglas que no solo, como ya se anunciara, amparan los derechos fundamentales de las partes, sino, tambi\u00e9n, que trazan derroteros seguros y fiables en la materia\u00bb (CSJ SC 13 feb. 2006, exp. T. No. 00099, reiterada en STC, 1\u00ba Oct. 2013, rad. 01137-01, STC 915-2014, 29 ene. 2014, rad. 2013-00181-01 y STC9248-2016, 7 jul. 2016, rad. 00160-01). <\/p>\n

Complementariamente tambi\u00e9n se ha dejado sentado: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) no se puede \u00abdejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u00bb (Providencia de 29 de enero de 2007, Exp. T. N\u00b0. 00282-01), ni tampoco puede perderse de vista que \u00abexiste en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u00bb (CSJ STC 10 may. 2011, rad. 00365-01, reiterada en STC 19 ene. 2012, rad. 01601-01, y m\u00e1s recientemente en STC13840-2015, 8 oct., rad. 00224-01). <\/p>\n

4.2.\tCiertamente, se pudo verificar la negligencia del actor al impugnar a trav\u00e9s del recurso de casaci\u00f3n la sentencia de segundo grado proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal, el 2 de abril de 2019 (fls. 57 a 69, ib.), mediante la cual confirm\u00f3 el fallo dictado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, en lo que es materia de reproche, esto es, la notificaci\u00f3n de las diligencias y la supuesta falta de defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n

Por tanto, al prescindir de esa oportunidad renunci\u00f3 al mecanismo id\u00f3neo con que contaba para alegar ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, las censuras que aqu\u00ed plantea. <\/p>\n

De manera que, no puede por esta v\u00eda pretender enmendar esa falta de gesti\u00f3n, siendo entonces el propio interesado quien no respald\u00f3 su posici\u00f3n en el instante procesal adecuado, permitiendo que la decisi\u00f3n del ad quem adquiriera firmeza sin agotar el debate que ahora propone ante el tribunal de cierre de la justicia penal. <\/p>\n

Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n

\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n

As\u00ed mismo ha referido que, <\/p>\n

\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014). <\/p>\n

Entonces, la no utilizaci\u00f3n de los medios de control judiciales, torna inviable la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todos los mecanismos de defensa antes de ejercer la tutela. <\/p>\n

5.\tSobre la supuesta falta de defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n

Finalmente, si en criterio del accionante el desenlace del juicio deriv\u00f3 de la negligencia del abogado que lo represent\u00f3, ello no resulta suficiente para acreditar la afectaci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales, aunado a que est\u00e1 facultado para denunciar tal situaci\u00f3n ante las autoridades disciplinarias respectivas. Ante eventos como el anterior, esta Corte ha indicado: <\/p>\n

\u00abSe agrega que la eventual negligencia del profesional no sirve como descargo, ni habilita el escrutinio desde una perspectiva meramente subsidiara como la que ata\u00f1e a este mecanismo, lo que no obsta para que, si a bien lo tiene, el gestor acuda ante las autoridades competentes, aunque desde luego asumiendo la responsabilidad de sus inculpaciones\u00bb (CSJ SC STC214-2016, 21 ene. 2016, rad. 2015-02887-01). <\/p>\n

En todo caso, ha resaltado que, <\/p>\n

\u00ab(\u2026) en relaci\u00f3n con las afirmaciones efectuadas referentes a una inadecuada defensa t\u00e9cnica, tal situaci\u00f3n no conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues, (\u2026) seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas (\u2026). No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente (\u2026) por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado (\u2026) (subrayado en texto)\u00bb (CSJ. STC, 22 en. 1999, rad. 05715, reiterado STC4850-2017, 5 ab. rad. 00772-00). <\/p>\n

En definitiva, lo expuesto impone ratificar la desestimaci\u00f3n del resguardo por incumplimiento del presupuesto que viene destac\u00e1ndose, lo cual es motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas por la superaci\u00f3n del criterio expuesto. <\/p>\n

6.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Consecuencia de lo analizado en precedencia, es la ratificaci\u00f3n del fallo de primer grado en el sentido de negar la salvaguarda porque, la desatenci\u00f3n del quejoso respecto del tr\u00e1mite del asunto, tal como se resalt\u00f3, deriv\u00f3 en la omisi\u00f3n que permiti\u00f3 cobrar firmeza a la la condena que le fue impuesta, desperdiciando la posibilidad de plantear las alegaciones que por este sendero constitucional propone ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16942-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2019-02010-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 30 de octubre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103160","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103160","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103160"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103160\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103160"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103160"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103160"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}