{"id":103162,"date":"2026-07-02T18:24:35","date_gmt":"2026-07-02T18:24:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103162"},"modified":"2026-07-02T18:24:35","modified_gmt":"2026-07-02T18:24:35","slug":"stc16945-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16945-2019\/","title":{"rendered":"STC16945-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16945-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-03-000-2019-00533-01
\n(Aprobado en Sala de doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 12 de noviembre de 2019, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Mar\u00eda del Carmen Giraldo Giraldo contra los Juzgados Primero Civil del Circuito y Primero Civil Municipal, ambos de Bello. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa accionante, actuando por medio de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, propiedad privada \u00abadquirida con justo t\u00edtulo\u00bb, e igualdad ante la ley, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas dentro del ejecutivo hipotecario (radicaci\u00f3n 2017-00319) que adelant\u00f3 contra Luis Contreras Salazar. <\/p>\n

2.\tEn sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que en el 2013, el demandado constituy\u00f3 garant\u00eda hipotecaria en su favor, hecho que fue registrado en septiembre de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n

Explic\u00f3 que, en febrero de 2016, el se\u00f1or Contreras Salazar \u00abtraspas\u00f3\u00bb las oficinas a Negocios e Inversiones del Norte S.A.S., representada por Daniel Ortiz; pero, como sobre los precitados bienes pesaba un embargo, la oficina de registro devolvi\u00f3 las escrituras porque aquellas \u00abestaban hipotecadas y embargadas desde mucho antes de la negociaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Refiri\u00f3 que, en marzo siguiente, el se\u00f1or Ortiz \u00abvendi\u00f3 por documento privado\u00bb a su hija Daniela Ortiz una de las oficinas, y el 5 de mayo de ese a\u00f1o esta \u00faltima \u00abautentic[\u00f3] la copia de esa venta\u00bb. <\/p>\n

Expuso que, en ese contexto, luego de iniciado el proceso judicial, se program\u00f3 el secuestro de la propiedad y la se\u00f1ora Ortiz se opuso a la diligencia, alegando ser poseedora, lo que debi\u00f3 desestimarse porque no demostr\u00f3 tal calidad, sino la de tenedora, pues la promesa de venta acredita que ella reconoce dominio ajeno, y \u00abesa calidad de tenedora no se pierde por el simple paso del tiempo\u00bb. <\/p>\n

Recalc\u00f3 que, aun en gracia de discusi\u00f3n, \u00absuponiendo que fuera poseedora, no es admisible su oposici\u00f3n porque deriva el derecho del litigante vencido, pues ella le recibi\u00f3 a su padre Daniel Ortiz, quien actuando como representante legal de su S.A.S. le recibi\u00f3 al deudor hipotecario el inmueble, el cual estaba fuera del comercio en virtud de la medida cautelar de embargo\u00bb. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que, en esas condiciones, lo procedente era el rechazo de plano de su oposici\u00f3n porque \u00ablos derechos del opositor derivan directamente del litigante vencido y nadie puede dar m\u00e1s derechos de los que tiene\u00bb. <\/p>\n

Precis\u00f3 que, sin embargo, la juez a quo declar\u00f3 pr\u00f3spera la oposici\u00f3n y orden\u00f3 levantar el secuestro del inmueble; decisi\u00f3n que fue ratificada en sede de apelaci\u00f3n por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello, soslayando que \u00abel promitente comprador reconoce que su t\u00edtulo de adquisici\u00f3n del inmueble no es una escritura y de que (sic) sab\u00eda que el inmueble estaba hipotecado y embargado. Es decir, la opositora no tiene ning\u00fan t\u00edtulo de tenencia o de posesi\u00f3n porque los inmuebles solo pueden comprarse por escritura p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, pidi\u00f3 que se ordene la modificaci\u00f3n de las providencias proferidas por las autoridades accionadas, en el sentido de \u00abdenegar la oposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1. El Juzgado Primero Civil Municipal de Bello remiti\u00f3 el expediente al tribunal a quo para su evaluaci\u00f3n. <\/p>\n

2. Daniela Ortiz Bedoya dijo que la determinaci\u00f3n cuestionada se adopt\u00f3 con observancia de las garant\u00edas procesales, as\u00ed como de los requisitos establecidos en el C\u00f3digo General del Proceso para que prospere este tipo de oposici\u00f3n, en tanto acredit\u00f3 que era la poseedora material al momento de la diligencia de secuestro. <\/p>\n

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
\nEl tribunal desestim\u00f3 las pretensiones del amparo, habida cuenta que la decisi\u00f3n cuestionada es razonable, y no se vislumbra ninguna v\u00eda de hecho que habilite la protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n

En efecto, destac\u00f3 que \u00aba trav\u00e9s del contrato mal denominado de compraventa que, en realidad, contiene una promesa de compraventa \u2013como acertadamente lo indicara el ad quem\u2013, se confiri\u00f3 a la opositora Daniela Ortiz Bedoya la posesi\u00f3n del bien objeto de litigio, posesi\u00f3n que fue corroborada por los testigos interrogados en la diligencia del 5 de octubre de 2018\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 que \u00abal acreditarse la calidad de poseedora de Ortiz Bedoya no pod\u00eda ser otro el desenlace de despachar favorablemente el tr\u00e1mite incidental y ordenar el levantamiento de la medida cautelar\u00bb. <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La promotora recurri\u00f3 la providencia porque, en su criterio, \u00abhay una ostensible v\u00eda de hecho cuando se le da prelaci\u00f3n al promitente comprador sobre el acreedor hipotecario porque est\u00e1 violando el derecho constitucional a la propiedad privada adquirida con justo t\u00edtulo\u00bb. Por \u00faltimo, reiter\u00f3 que las decisiones de instancia desconocen que est\u00e1 prohibida la oposici\u00f3n de quien deriva su derecho del demandado. <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de la accionante, al confirmar el auto mediante el cual su hom\u00f3logo municipal declar\u00f3 pr\u00f3spera la oposici\u00f3n de la presunta poseedora frente a la diligencia de secuestro del bien en disputa, en el marco del ejecutivo con garant\u00eda real (radicaci\u00f3n 2017-00319) que aquella promovi\u00f3. <\/p>\n

2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n

3. \tDecisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n

Si bien el reclamo se dirige contra las providencias proferidas por: (i) el Juzgado Primero Civil Municipal de Bello, que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra el auto que accedi\u00f3 a la oposici\u00f3n al secuestro y orden\u00f3 el levantamiento de dicha medida; y (ii) su hom\u00f3logo del Circuito de la misma ciudad, que confirm\u00f3 dicha determinaci\u00f3n, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a esta \u00faltima, por cuanto fue la que defini\u00f3 la controversia <\/p>\n

4.\tDe la razonabilidad de la providencia cuestionada. <\/p>\n

4.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello confirm\u00f3 la prosperidad de la oposici\u00f3n al secuestro \u2013formulado por la presunta poseedora del inmueble objeto de disputa en el ejecutivo con garant\u00eda real que promovi\u00f3 la aqu\u00ed recurrente\u2013, no se advierte la vulneraci\u00f3n de los derechos invocados, comoquiera que se ajust\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable. <\/p>\n

Lo anterior, toda vez que la autoridad convocada, luego de explicar la normativa aplicable al caso concreto, adujo los elementos que deb\u00edan concurrir para acreditarse la posesi\u00f3n por parte de la opositora, y para el efecto explic\u00f3 que: <\/p>\n

\u00abPara efectos de saber qu[\u00e9] elementos probatorios deben allegarse al proceso para acreditar la calidad de poseedor, es relevante tener en cuenta lo dispuesto en el art. 981 del C\u00f3digo Civil, que literalmente se\u00f1ala: \u201cse debe probar la posesi\u00f3n del suelo por hechos positivos de aquellos a que solo da derecho el dominio (\u2026), ejecutados sin el consentimiento del que disputa la posesi\u00f3n\u201d. <\/p>\n

Los derechos a que hace referencia la disposici\u00f3n citada \u2013los de due\u00f1o\u2013 est[\u00e1]n previstos a su vez en el art. 669 del C. Civil y son el goce y la disposici\u00f3n, es [decir], que el poseedor para ser reconocido como tal, debe probar que ha gozado y\/o dispuesto del bien objeto de la posesi\u00f3n sin el consentimiento del propietario. <\/p>\n

En este caso, el despacho considera que la parte incidentista cumple con los tres requisitos descritos en la parte considerativa para lograr el levantamiento de las medidas cautelares, pues efectivamente no estuvo presente en el momento de la diligencia de secuestro. Su petici\u00f3n de que se levantasen las medidas fue [realizada] dentro de los 20 d\u00edas siguientes a [la] diligencia\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed mismo, se\u00f1al\u00f3 que la incidentante alleg\u00f3 elementos de prueba que permitieron colegir de forma razonable que, para la fecha en que se llev\u00f3 a cabo la diligencia, aquella era poseedora del bien, y ejerc\u00eda actos de se\u00f1ora y due\u00f1a del mismo, a saber: (i) \u00abLos contratos de arrendamiento aportados en copias debidamente autenticadas (\u2026) sobre el bien que afirma poseer (\u2026), actuando ella en calidad de arrendadora\u00bb; (ii) \u00ab[los recibos] de pago de los servicios p\u00fablicos domiciliarios y [el] contrato de entrega en consignaci\u00f3n a arrendamientos Nutibara para su administraci\u00f3n\u00bb; y que (iii) \u00ab[asumi\u00f3] las obligaciones tributarias y gastos que genera el inmueble; [lo que] es indiciario de su \u00e1nimo de dominio, que como lo afirman los testigos la incidentista ha venido concertando el pago y\/o cancelaci\u00f3n de estas obligaciones\u00bb. <\/p>\n

En ese sentido, recalc\u00f3 que los testimonios ratificaron la anterior inferencia, de la siguiente manera: \u00abComo prueba testimonial declararon (sic) los se\u00f1ores: Daniel Ovidio Ortiz Avenda\u00f1o que [informa] que la [incidentista] es la due\u00f1a de la oficina 440 antes mencionada (\u2026). Sthepanie Valencia Ram\u00edrez, al igual que la se\u00f1ora Daniela Ortiz, quien ha tenido en arrendamiento la oficina desde el 2016. Y ha sido con dicha se\u00f1ora como arrendadora con quien se han entendido [en] todo lo relacionado con el contrato de arrendamiento en sus momentos y durante ese tiempo ninguna persona se ha presentado a reclamar o disputar la propiedad, y advierten que siempre han tenido conocimiento de que Daniela es la propietaria, y que cuando llegan las cuentas de cobro de la administraci\u00f3n e impuestos se le entregan a Daniela para su pago\u00bb. <\/p>\n

Bajo ese preciso contexto, el referido despacho concluy\u00f3: \u00abDel material probatorio recaudado en el marco del incidente, es posible afirmar que la se\u00f1ora Daniela Ortiz Bedoya pose\u00eda el bien inmueble (\u2026) mucho antes de que se practicara sobre \u00e9l la diligencia de secuestro, prueba de ello es que esta se\u00f1ora fue reconocida por los testigos como la \u00fanica que custodiaba dicho bien, que lo cedi\u00f3 en varias veces en arrendamiento, y que a lo largo de los a\u00f1os se ha entendido siempre con sus inquilinos, velando porque se pague[n] los gastos que [genera el] bien\u00bb. <\/p>\n

Deducci\u00f3n que reiter\u00f3 al sostener que: \u00ab(\u2026) ni las manifestaciones de posesi\u00f3n de la incidentista, ni las pruebas documentales mediante las cuales se intent\u00f3 su acreditaci\u00f3n fueron objeto de contradicci\u00f3n por el acreedor hipotecario o su deudor, lo que de conformidad con el art. 241 del C.G. del P. habr\u00e1 de tomarse como un indicio en su contra[,] para este despacho resulta claro que la se\u00f1ora Daniela Ortiz Bedoya efectivamente es poseedora del bien objeto de las medidas cautelares, y por tanto, teniendo en cuenta la concurrencia de los dem\u00e1s requisitos de ley, debe confirmarse el prove\u00eddo objeto de recurso\u00bb. (Resaltado y negrillas fuera de texto). <\/p>\n

Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que se descarta la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la quejosa no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterios de la recurrente frente al despacho accionado, en tanto no resolvi\u00f3 de forma favorable sus pedimentos. <\/p>\n

Adem\u00e1s, frente a las cr\u00edticas formuladas por v\u00eda de tutela sobre la forma en que los jueces efect\u00faan la valoraci\u00f3n de las pruebas, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 abr. 2016, rad. 00052-01); y, de otro, que, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 abr. 2016, rad. 00696-00). <\/p>\n

4.2. As\u00ed, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n

En ese sentido, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n

De suerte que la promotora no puede aspirar a anteponer su propia interpretaci\u00f3n a la del juzgado requerido y atacar, por esta v\u00eda, una providencia que considera desfavorable, porque tal finalidad resulta ajena a esta salvaguarda, dada su naturaleza excepcional y en raz\u00f3n a que no fue creada para erigirse como una instancia adicional dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

5.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Corolario de lo discurrido, se confirmar\u00e1 la negativa del amparo porque la determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, ya que la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve una manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Presidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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