{"id":103166,"date":"2026-07-02T18:25:33","date_gmt":"2026-07-02T18:25:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103166"},"modified":"2026-07-02T18:25:33","modified_gmt":"2026-07-02T18:25:33","slug":"stc16955-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16955-2019\/","title":{"rendered":"STC16955-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16955-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2019-01906-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 15 de octubre de 2019, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Luis Melo G\u00f3mez frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Descongesti\u00f3n de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del asunto penal seguido contra el aqu\u00ed actor por los delitos de hurto calificado y agravado en concurso con porte ilegal de armas, con radicado n\u00ba 2004-0501. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El tutelante, exige la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, dignidad humana y libertad, supuestamente transgredidos por las autoridades convocadas. <\/p>\n

2. En sustento de su queja, manifiesta que el 30 de julio de 2010, el juzgado accionado lo conden\u00f3 a 177 meses 10 d\u00edas de prisi\u00f3n, como autor de los delitos de hurto calificado y agravado en concurso con porte ilegal de armas; determinaci\u00f3n confirmada, en sede apelaci\u00f3n, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el 28 de febrero de 2012. <\/p>\n

Alega que su defensora, de manera insistente, solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de un reconocimiento en fila de personas o a trav\u00e9s de fotograf\u00edas, sin que se accediera al mismo por considerarse innecesario, bajo el argumento de que la v\u00edctima lo reconoci\u00f3 de manera contundente, sin ser ello cierto, pues, en su denuncia y ampliaci\u00f3n, describi\u00f3 al responsable de los hechos como un hombre trigue\u00f1o, fornido, de 1.70 metros de estatura, de apariencia coste\u00f1a, 28 a 30 a\u00f1os de edad, ojos oscuros, cabello ondulado corto, rasgos f\u00edsicos que no coinciden con su morfolog\u00eda. <\/p>\n

Asevera que desde el a\u00f1o 2007, cuando sali\u00f3 de la c\u00e1rcel del circuito judicial de Ibagu\u00e9, se puso a trabajar y constituy\u00f3 una familia con Nidia Velasco, quien, en la actualidad, se encuentra en estado de embarazo; de manera que no comprende como nuevamente es privado de libertad estando ya resocializado y rehabilitado. <\/p>\n

A\u00f1ade que solo tuvo conocimiento de la sentencia que ahora censura, a partir de su captura, el 23 de junio pasado. <\/p>\n

3. Insistiendo en que fue condenado injustamente, pide, en concreto, deje si valor y efecto la sentencia de 30 de julio de 2010 proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1 y, en su lugar, se ordene la pr\u00e1ctica de los reconocimientos en menci\u00f3n, conforme lo establecen los art\u00edculos 303 y 304 de la Ley 600 de 2000 (fols. 1 a 23). <\/p>\n

1. Respuesta \t\tdel \t\taccionado y vinculados <\/p>\n

1. la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto dentro del proceso con radicaci\u00f3n 11001310404120040050102, fue resuelto el 28 de febrero de 2012. <\/p>\n

2. El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que a ese despacho le correspondi\u00f3 la vigilancia de la sentencia proferida el 30 de julio de 2010 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1, contra el tutelante. <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el amparo tras considerar que \u201c(\u2026) el simple hecho de que la autoridad judicial a cargo no hubiese accedido a la pr\u00e1ctica de la prueba que el actor echa de menos, no hace procedente el amparo, am\u00e9n de lo expuesto, porque en materia penal rige el principio de libertad probatoria (\u2026)\u201d (fols. 116 a 127). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

La promovi\u00f3 el actor insistiendo en la necesidad de que se practique el \u201creconocimiento en fila\u201d para que se verifique que no particip\u00f3 en el il\u00edcito por el cual, injustamente fue condenado (fols. 141 a 151). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El actor cuestiona la sentencia de 30 de julio de 2010, a trav\u00e9s de la cual el juzgado accionado lo conden\u00f3 por los delitos de hurto calificado y agravado, y porte de armas de fuego, determinaci\u00f3n confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el 28 de febrero de 2012; reprochando que, en la causa, no se practic\u00f3 la prueba de \u201creconocimiento del procesado en fila de personas o a trav\u00e9s de fotograf\u00edas\u201d; medio de convicci\u00f3n que, en su sentir, conducir\u00eda a demostrar su inocencia. <\/p>\n

2. De \tentrada, \tse advierte que aun cuando la \u00faltima de las providencias \tcuestionadas data del 28 \tde febrero de 2012, la queja constitucional cumple con el \tpresupuesto de inmediatez, por cuanto la \tsupuesta vulneraci\u00f3n alegada, se torna actual si se considera \tque el \tactor \tconoci\u00f3 de la sentencia que censura, a partir de su captura, \tel 23 de junio pasado. <\/p>\n

Asimismo, se halla superado el requisito de subsidiariedad, pues, aun cuando el aqu\u00ed actor cont\u00f3 con defensora p\u00fablica durante toda la actuaci\u00f3n, no obra constancia de que hubiese conocido del fallo atacado personalmente o por intermedio de aqu\u00e9lla. <\/p>\n

3. El an\u00e1lisis de la queja se circunscribir\u00e1 a la postura adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el prove\u00eddo de 28 de febrero de 2012. Lo antelado, por cuanto all\u00ed se estudiaron los diferentes reparos planteados por el tutelante y, en \u00faltimas, ese es el criterio que se impone jur\u00eddicamente mientras no sea revocado o infirmado. <\/p>\n

4. As\u00ed las cosas, revisada la precitada providencia, se observa que el colegiado convocado comenz\u00f3 precisando los supuestos para la procedencia de la prueba de \u201creconocimiento en fila de personas\u201d, anotando: <\/p>\n

\u201c(\u2026) \u201cEn este sentido cabe resaltar que si el autor del comportamiento criminal ha sido (i) sorprendido o aprehendido en situaci\u00f3n de flagrancia, (ii) o la identificaci\u00f3n ha sido suficientemente realizada a trav\u00e9s de alguno o varios de los otros m\u00e9todos autorizados por la ley (art. 251), (iii) o se trata de una persona conocida por la v\u00edctima o por un testigo presencial, (iv) o el indiciado o imputado ha admitido su responsabilidad en el hecho, (v) o de manera casual o fortuita sea la v\u00edctima o sea el testigo presencial quienes se encuentran con el autor o autores del hecho delictivo investigado, resulta evidente que en dichos eventos, esto es, en los que no hay dudas sobre la identidad del indiciado, obviamente la identificaci\u00f3n se entiende lograda, de modo que en tales hip\u00f3tesis la diligencia de reconocimiento fotogr\u00e1fico o en fila de personas, seg\u00fan el caso, resultan superfluas\u201d. (Subrayado del Tribunal) (\u2026)\u201d.
\nPosteriormente, al revisar los supuestos f\u00e1cticos del caso, descart\u00f3 la necesidad de ordenar el adelantamiento de la mencionada prueba reclamada por el procesado, tras advertir: <\/p>\n

Se debe recordar que tal prueba testimonial no fue atacada por la defensa, por lo que la misma es v\u00e1lida para que en su conjunto sea evaluada bajo los criterios de la sana cr\u00edtica y, por consiguiente, se pueda emitir un pronunciamiento de fondo, como as\u00ed lo hizo el fallador de instancia, para proferir una sentencia contraria a los intereses del procesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no se advierte v\u00eda de hecho. El tribunal accionado justific\u00f3 la negativa de practicar el \u201creconocimiento en fila de personas\u201d por cuanto Melo G\u00f3mez hab\u00eda sido debidamente identificado por la v\u00edctima del il\u00edcito, una vez realizada su captura. <\/p>\n

De esta manera, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

5. Ha de recordarse, adem\u00e1s, que la apreciaci\u00f3n de las probanzas se caracteriza por ser un acto aut\u00f3nomo del juez natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual <\/p>\n

\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d.
\n\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d,5 impone su observancia irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

7. Por los anteriores argumentos, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb10, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb11; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

Magistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. \tCivil. Sentencia de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n2 \tCSJ. STC de 25 \tde enero de 2012, exp. 2011-02659-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n3 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, \tCosta Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la \tLey 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n7 \tCorte IDH, Caso V\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a \t290, criterio reiterado Caso Masacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t3o de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n8 \tCorte IDH, Caso de \tla Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, \tExcepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a \t274.
\n9 \tCorte IDH, Caso Furlan \ty familiares c. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n10 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n11 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC16955-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2019-01906-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 15 de octubre de 2019, por la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103166","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103166","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103166"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103166\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103166"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103166"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103166"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}