{"id":103167,"date":"2026-07-02T18:25:41","date_gmt":"2026-07-02T18:25:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103167"},"modified":"2026-07-02T18:25:41","modified_gmt":"2026-07-02T18:25:41","slug":"stc16967-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16967-2019\/","title":{"rendered":"STC16967-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16967-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2019-04016-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Decide la Corte la tutela instaurada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, concretamente la magistrada Claudia Mar\u00eda Arcila R\u00edos, y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00b0 2017-00274, impulsada por Donavis Ruge Nieto a Audifarma, en la cual el quejoso funge como coadyuvante. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl promotor reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, defensa y seguridad jur\u00eddica, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas.
\n2. En sustento de su queja, expone que en el caso materia de este auxilio, la corporaci\u00f3n encartada, en auto de 21 de junio de 20191, declar\u00f3 la \u201cnulidad de pleno derecho\u201d de la sentencia de primer grado dictada en el asunto confutado, dando aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, aun cuando ninguno de los extremos de la lid present\u00f3 solicitud en tal sentido. <\/p>\n

3. Pide, en concreto, se siga el criterio de esta Colegiatura del fallo de tutela STC14449-2019, proferido el 23 de octubre de 20192, en el cual se revoc\u00f3 una providencia similar porque \u201c(\u2026) no se tom\u00f3 en consideraci\u00f3n que la nulidad de que trata el tan citado [canon] 121, es de car\u00e1cter saneable (\u2026)\u201d, por tanto, \u201c(\u2026) al no haber sido invocada por ninguno de los sujetos procesales antes de haberse dictado sentencia de primera instancia, no ten\u00eda raz\u00f3n alguna para declararla (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En consecuencia, reclama, se invalide el memorado prove\u00eddo y, en su lugar, se preserve la competencia del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira frente al decurso censurado. <\/p>\n

1. Respuesta de \t\tlos accionados <\/p>\n

1. La magistratura cuestionada se reafirm\u00f3 en la tesis ahora objetada. <\/p>\n

2. La sede jurisdiccional del circuito atacada, se limit\u00f3 a se\u00f1alar que asumi\u00f3 el conocimiento de la comentada tramitaci\u00f3n, acatando el mandato que en tal sentido emiti\u00f3 el ad quem. <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. En el decurso confutado, para declarar oficiosamente la nulidad de pleno derecho reglada por el precepto 121 del C\u00f3digo General del Proceso, la autoridad censurada inici\u00f3 por hacer un recuento de los diferentes criterios adoptados por la jurisprudencia nacional, en torno al car\u00e1cter saneable o no de la comentada figura, como se trasunta: <\/p>\n

\u201c(\u2026) La Corte Suprema de Justicia, en sentencia STC8849 de 2018, dijo: (\u2026) \u201ceste tipo de nulidad, al operar de pleno derecho, surte efectos sin necesidad de reconocimiento, de suerte que no puede recobrar fuerza, ni siquiera por el \u201cpaso del tiempo o la inacci\u00f3n de las partes, de all\u00ed que se excluya la aplicaci\u00f3n del principio de invalidaci\u00f3n o saneamiento\u201d (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Posteriormente, la Corte Constitucional, en sentencia T-341 de 24 de agosto de 2018, expres\u00f3: (\u2026) \u201cen la sede de acci\u00f3n de tutela debe considerarse que el juez ordinario no incurre en defecto org\u00e1nico al aceptar que el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 121 [\u00eddem], para dictar sentencia de primera o segunda instancia, si bien implica un mandato legal que debe ser atendido, en todo caso un incumplimiento meramente objetivo del mismo no puede implicar, a priori, la p\u00e9rdida de la competencia del respectivo funcionario judicial y, por lo tanto, la configuraci\u00f3n de la causal de nulidad de pleno derecho de las providencias dictadas por fuera del t\u00e9rmino fijado en dicha norma, no opera de manera autom\u00e1tica (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Ese criterio fue aceptado por la Sala de Casaci\u00f3n Civil, en sentencia STC145-07 de 2018, en la que se indic\u00f3: (\u2026) la sentencia de primera instancia no pod\u00eda invalidarse pese a haber sido emitida despu\u00e9s de transcurrido el t\u00e9rmino se\u00f1alado en el art\u00edculo 121 [ejusdem], porque dicho lapso no es de car\u00e1cter subjetivo y ninguna alegaci\u00f3n en tal sentido elevaron las partes antes de ser proferida la decisi\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Luego, la misma Corporaci\u00f3n retom\u00f3 el criterio plasmado en la sentencia STC8849 de 2018, para dejar claro que la aplicaci\u00f3n del [preanotado canon 121] es objetiva y trae como consecuencia la declaraci\u00f3n de pleno derecho de la nulidad de aquello que se haya surtido luego de vencidos los t\u00e9rminos y la imposibilidad de sanearse con fundamento en [la cl\u00e1usula] 136 [del estatuto ritual civil] (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) As\u00ed, en la sentencia STC148822 de 14 de noviembre de 2018, dijo: \u201cEntonces, la hermen\u00e9utica que en esta oportunidad reitera la Corte [Suprema de Justicia], la que inicialmente fue plasmada en la sentencia (STC8849 de 2018), alude a que (sic) el anotado plazo para dictar sentencia corre de forma objetiva, salvo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del litigio, norma, por dem\u00e1s vigente y aplicable, desde que comenz\u00f3 a regir el C\u00f3digo General del Proceso, sin que tal postura fuera cambiada por el precedente que en efecto, cit\u00f3 el tribunal encausado en la providencia censurada (T-341 de 2018) (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Seguidamente, el ad quem trajo a colaci\u00f3n varios pronunciamientos de esta Colegiatura, reiterativos de esta \u00faltima intelecci\u00f3n, esto es, la imposibilidad de \u201csanear\u201d el antedicho fen\u00f3meno de invalidez, resaltando la contenida en el prove\u00eddo STC5039 de 25 de abril de 2019, de la cual rescat\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Fluye como corolario que judicatura deber\u00e1 respetar y garantizar que las controversias ligadas a la \u201cprotecci\u00f3n de los derechos colectivos\u201d finiquitar\u00e1n con irrestricta obediencia del t\u00e9rmino otorgado en el canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Con base en los m\u00e1s recientes veredictos de la Sala, el tribunal tutelado anunci\u00f3 la extemporaneidad del prove\u00eddo definitorio de primera instancia, pues la juez cognoscente no dict\u00f3 su fallo tempestivamente ni ejerci\u00f3 la facultad de \u201cpr\u00f3rroga\u201d para habilitar la extensi\u00f3n del citado plazo. Sobre el particular acot\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [P]ara la fecha en que se dict\u00f3 la sentencia, ya hab\u00eda vencido el t\u00e9rmino de un a\u00f1o para hacerlo, previsto en el citado [precepto] 121 [\u00eddem], pues la \u00faltima notificaci\u00f3n a las demandadas se hizo el 20 de febrero de 2018, cuando se orden\u00f3 la acumulaci\u00f3n de las [otras] acciones [populares], mientras que la sentencia se dict\u00f3 el 12 de abril de 2019, sin que se haya producido causal de interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n legal del proceso que permita contabilizarlo de manera diferente. Tampoco se hizo uso de la pr\u00f3rroga que consigna el inciso 5\u00b0 del citado canon (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Atinente al punto de partida para contabilizar el antelado plazo, precis\u00f3 la corporaci\u00f3n denunciada: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [N]o es posible tener en cuenta la notificaci\u00f3n efectuada a la codemandada Audifarma (\u2026) en fecha posterior, esto es, 19 de abril de 2018, porque (\u2026) tal acto procesal se hab\u00eda cumplido el 25 de enero del mismo a\u00f1o y sin justificaci\u00f3n alguna orden\u00f3 repetirla (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Tampoco puede tomarse como punto de partida para el conteo del t\u00e9rmino para resolver, la vinculaci\u00f3n a los propietarios de los inmuebles donde funcionan las sucursales de la mencionada codemandada, porque cosa como esa no la autoriza el legislador y adem\u00e1s, el juzgado, orden\u00f3 su desvinculaci\u00f3n antes del fallo, sin que siquiera hubiesen sido notificados de la providencia que orden\u00f3 vincularlos a la actuaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Los anteriores raciocinios conllevaron a la autoridad querellada a declarar la \u201cnulidad de pleno derecho\u201d de la sentencia de primer grado. <\/p>\n

N\u00f3tese, la determinaci\u00f3n comentada adquiri\u00f3 firmeza y car\u00e1cter de cosa juzgada, generando en los sujetos procesales involucrados certeza sobre la \u201cinvalidez\u201d de la providencia definitoria cuestionada, situaci\u00f3n que no puede ser variada por esta v\u00eda residual, por cuanto ello ir\u00eda en desmedro de las prerrogativas de aqu\u00e9llos. <\/p>\n

En lo atinente al principio de confianza leg\u00edtima, ha dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [P]rocura garantizar a las personas que ni el Estado ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un fundamento jur\u00eddico, pero que al compararlas, resulten contradictorias3\u201d, ya que el proceder inicial puede generar leg\u00edtimas expectativas en los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia, que deben ser respetadas (\u2026)\u00bb (auto de 4 de febrero de 2008, exp. 2002-00537-00) (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) En efecto, sin perjuicio de reafirmar que las normas procesales son de orden p\u00fablico y de interpretaci\u00f3n estricta, existen casos excepcionales en las que la determinaci\u00f3n de una autoridad judicial genera una expectativa leg\u00edtima en el particular respecto del mantenimiento de una situaci\u00f3n determinada o sobre la manera como una solicitud debe ser planteada ante los jueces, circunstancia \u00e9sta en la que la administraci\u00f3n de justicia no puede con posterioridad adoptar decisiones contradictorias, desconociendo las expectativas que dicho particular, de buena fe, se haya formado. Por esa raz\u00f3n, se ha se\u00f1alado, por ejemplo, que las consecuencias de un error judicial no pueden afectar negativamente a la parte procesal que lo padece al punto de socavar su derecho a la defensa o el acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u201d (sentencia de 18 de diciembre de 2012, exp. 00119-01) (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, la determinaci\u00f3n examinada no se observa arbitraria al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

3. Conviene precisar, si bien esta Sala, acogiendo la declaratoria de inexequibilidad de la expresi\u00f3n \u201cde pleno derecho\u201d contenida en la citada cl\u00e1usula 1216, vari\u00f3 recientemente su postura admitiendo la \u201csaneabilidad\u201d del referido fen\u00f3meno, dicho pronunciamiento no se extiende al ahora estudiado. <\/p>\n

Ello, por cuanto: i) la magistratura atacada emiti\u00f3 el prove\u00eddo censurado cuando la otrora tesis de esta Corte no hab\u00eda sido modificada, lo cual ocurri\u00f3 hasta el 23 de octubre pasado7; y ii) porque los efectos interpartes de las decisiones de tutela s\u00f3lo tienen aplicaci\u00f3n en asuntos id\u00e9nticos y respecto de situaciones f\u00e1cticas posteriores a su proferimiento. <\/p>\n

De conformidad con el art\u00edculo 4 de la Ley 169 de 1896, la Corte puede modificar su doctrina en el evento de que juzgue err\u00f3neas determinaciones anteriores, o apartarse de ella si las circunstancias lo exigen o se estima necesario para adecuar sus criterios al Estado Constitucional y Social de Derecho o para proteger las garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n

Empero, los cambios jurisprudenciales no pueden alterar aquellas controversias resueltas con anterioridad; admitir tal circunstancia, como lo pretende el quejoso, desestabilizar\u00eda el orden jur\u00eddico y el entorno social, al retrotraer discusiones ya zanjadas, generando sobresaltos, ambivalencias y crisis, situaci\u00f3n que resulta inadmisible, porque ello implicar\u00eda desconocer los principio de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima que imponen la prudencia y el respeto al pasado y a lo finiquitado, cuando no est\u00e1 en juego la libertad del ser humano. <\/p>\n

Por esta raz\u00f3n las recientes interpretaciones no han de menoscabar los derechos adquiridos ni sembrar el desconcierto. <\/p>\n

Por lo discurrido, se dejar\u00e1n inc\u00f3lumes las actuaciones consolidadas al estar falladas con cosa juzgada, de modo que la nueva doctrina se aplicar\u00e1 desde su adopci\u00f3n el 23 de octubre de 2019, en sentido gen\u00e9rico. <\/p>\n

4. Si bien en algunos pronunciamientos la Corte Constitucional ha venido defendiendo la tesis seg\u00fan la cual las providencias surten efectos desde la fecha en que se adoptan, a la luz de la regla 56 de la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia; en particular, en la sentencia C-443 de 25 de septiembre de 2019, en donde, como se anot\u00f3 con antelaci\u00f3n, dicha Corporaci\u00f3n comunic\u00f3 la declaratoria de inexequibilidad del texto \u201cde pleno derecho\u201d inmerso en la memorada regla 121, esa determinaci\u00f3n no cobija las situaciones consolidadas con anterioridad a esa data, pues tal postura tiene efectos irretroactivos, salvo que esa Corporaci\u00f3n, expresamente, indique lo contrario. <\/p>\n

Ello, por cuanto el art\u00edculo 45 de la Ley 270 de 1996 estatuye: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Reglas sobre los efectos de las sentencias proferidas en desarrollo del control judicial de constitucionalidad.\u00a0Las sentencias que profiera la corte constitucional sobre los actos sujetos a su control en los t\u00e9rminos del art\u00edculo\u00a0de la constituci\u00f3n pol\u00edtica, tienen efectos hacia el futuro a menos que la corte resuelva lo contrario (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En torno a lo discurrido, esta Sala en pret\u00e9rita oportunidad, ha reflexionado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Como se sabe, el art\u00edculo 71 del C\u00f3digo Civil prev\u00e9 los diferentes eventos a trav\u00e9s de los cuales se genera la derogaci\u00f3n de las leyes y, por ende, regula las distintas alternativas que se presentan en cada uno de los casos all\u00ed previstos. Esa disposici\u00f3n, sin embargo, nada establece acerca de los efectos que se producen cuando un determinado precepto normativo es retirado del escenario jur\u00eddico como consecuencia de haber sido declarado inexequible mediante sentencia dictada por el \u00f3rgano jurisdiccional competente (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a jurisprudencia de la Corte fue reiterada en el sentido de asemejar los conceptos de inexequibilidad y derogaci\u00f3n de la ley, en tanto estim\u00f3 que la sentencia suprim\u00eda hacia el futuro la aplicaci\u00f3n de la norma declarada inexequible. Sostuvo, en efecto, que la \u201cdecisi\u00f3n de inexequibilidad se proyecta sobre el futuro y no sobre el pasado: en principio, ella no produce los efectos de una declaraci\u00f3n de nulidad absoluta sino los de una derogatoria de la norma acusada (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) No obstante que propugn\u00f3 la idea de que la declaraci\u00f3n de inexequibilidad de una norma positiva surt\u00eda consecuencias hacia el futuro y no en forma retroactiva, cual se deja expuesto, la Corte no desconoci\u00f3 lo concerniente a los derechos civiles adquiridos y a las situaciones consumadas en el entretanto que la disposici\u00f3n as\u00ed retirada produjo consecuencias jur\u00eddicas, de donde se expres\u00f3 en el sentido de que como en \u00faltimas esos efectos eran espec\u00edficos, los mismos no se pod\u00edan encasillar en una determinada posici\u00f3n (\u2026)\u201d.
\n\u201c(\u2026) Con el prop\u00f3sito de zanjar toda diferencia suscitada alrededor del aspecto que se analiza, el legislador, a trav\u00e9s de la ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia, perentoriamente dispuso, seg\u00fan su art\u00edculo 45, que las \u201csentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario\u201d (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) La Corte Constitucional al respecto ha dicho: (\u2026) \u201cConforme a la disposici\u00f3n citada, declarada exequible mediante sentencia C-037\/96, si bien es cierto que por regla general las decisiones de esta Corte tienen efectos hacia el futuro, tambi\u00e9n lo es que esos efectos pueden ser definidos en otro sentido por la propia Corporaci\u00f3n. Y para tal fin la Corte ha planteado la siguiente metodolog\u00eda: (\u2026) \u201cLos efectos concretos de la sentencia de inexequibilidad depender\u00e1n entonces de una ponderaci\u00f3n, frente al caso concreto, del alcance de dos principios encontrados: la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n -que aconseja atribuir a la decisi\u00f3n efectos ex tunc, esto es retroactivos- y el respeto a la seguridad jur\u00eddica -que, por el contrario, sugiere conferirle efectos ex nunc, esto es \u00fanicamente hacia el futuro-\u201c (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Es palmario entonces que el principio general implementado en aquel precepto normativo es el consistente en que las comentadas decisiones est\u00e1n llamadas a producir efectos hacia adelante, y en ning\u00fan caso de manera retroactiva, a menos, claro est\u00e1, como la misma disposici\u00f3n lo dice, que el juez competente disponga lo contrario, pues en este evento tales consecuencias habr\u00e1n de apreciarse en consonancia que lo que al respecto aqu\u00e9l hubiera determinado (\u2026)\u201d8. <\/p>\n

5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos9 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196910, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d11, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

5.1.\t Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio12. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-13, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales14; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas15. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO:\tNEGAR la tutela solicitada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, concretamente la magistrada Claudia Mar\u00eda Arcila R\u00edos, y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00b0 2017-00274, impulsada por Donavis Ruge Nieto a Audifarma, en el cual el quejoso funge como coadyuvante. <\/p>\n

SEGUNDO:\tNotif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

TERCERO:\tSi este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon salvamento de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon salvamento de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-04016-00 <\/p>\n

Con pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la sentencia proferida en el asunto de la referencia, procedo a exponer las razones de mi disenso. <\/p>\n

En el presente caso, mayoritariamente se consider\u00f3 improcedente el amparo contra la providencia que dio aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, bajo el entendido que la misma se acompasa con los precedentes jurisprudenciales aplicables sobre la materia para la \u00e9poca en que tuvieron ocurrencia los hechos. <\/p>\n

En este sentido, considero que el precepto mencionado no es aplicable en acciones populares por cuanto no se armoniza con la naturaleza de este medio de protecci\u00f3n colectiva y con el hecho de que la normativa que la regula contiene t\u00e9rminos espec\u00edficos. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con el tema esta Sala se\u00f1al\u00f3 en precedencia:
\n\u00abEn juicios como el aqu\u00ed objetado, huelga destacarlo, no es aplicable lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, porque las acciones populares se hallan sometidas a un tr\u00e1mite singular y especial, reglado en las disposiciones tra\u00eddas en la Ley 472 de 1998, la cual prev\u00e9 t\u00e9rminos espec\u00edficos para adelantar las m\u00faltiples etapas procedimentales y establece sanciones en caso de su incumplimiento, distintas a las previstas en el Estatuto Adjetivo. <\/p>\n

Las acciones populares hallan su fuente directamente en la Constituci\u00f3n y difieren del sistema previsto en el C.G. del Proceso. Este, \u00fanicamente, en casos de vac\u00edos, los colmar\u00e1. Adem\u00e1s, la forma como se reglamentan y prev\u00e9 el acceso es diferente, los estatutos son diversos y el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n cobija escenarios dis\u00edmiles y del mismo modo, su forma de postulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Desde esta \u00f3ptica, no se muestra descabellada la decisi\u00f3n del estrado querellado de desestimar las peticiones de declaratoria de falta de competencia elevadas por ambos extremos de la litis, pues las normas jur\u00eddicas llamadas a regir el asunto no autorizan tal modo de proceder, el cual, vale decirlo, no se acompasa con la arquitectura propia de esas acciones constitucionales, definida y determinada por el legislador. (CSJ STC14340-2018, 2 nov 2018, rad.-2018-00677-01) <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos, dejo fundamentado el salvamento de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nCon el mayor respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito expresar mi disentimiento frente a las consideraciones all\u00ed consignadas con base en los siguientes argumentos:
\n1. La Sala deneg\u00f3 el amparo, tras considerar que la decisi\u00f3n del Tribunal de declarar la nulidad del fallo de primera instancia con sustento en que \u00e9l juez dej\u00f3 vencer t\u00e9rmino dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, era razonable.
\nSin embargo, considero que en el caso debi\u00f3 concederse la protecci\u00f3n, porque no era posible decretar la invalidez del tr\u00e1mite, como quiera que las disposiciones contenidas en el citado art\u00edculo 121 ib\u00eddem, no le son aplicables al tr\u00e1mite popular, por las razones que paso a exponer.
\nEn efecto, la acci\u00f3n popular, tambi\u00e9n de raigambre constitucional, consagrada en el art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y cuya regulaci\u00f3n se deleg\u00f3 al legislador, tiene por objeto la \u00abprotecci\u00f3n de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la
\nseguridad y la salubridad p\u00fablicos, la moral administrativa, el
\nambiente, la libre competencia econ\u00f3mica y otros de similar naturaleza que se definen en ella\u00bb, esto es, de las prerrogativas de las colectividades o garant\u00edas difusas que el Constituyente consagr\u00f3 de manera espec\u00edfica y diferenciada, as\u00ed como su mecanismo de protecci\u00f3n.
\nSu finalidad es la de \u00abevitar el da\u00f1o contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneraci\u00f3n o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible\u00bb; por tanto, se trata de un instrumento efectivo, c\u00e9lere, de impulso oficioso por el juez del conocimiento y preferente sobre otros asuntos.
\nLa indicada herramienta est\u00e1 regulada por una normatividad especial contenida en la Ley 472 de 1998 \u00abpor
\nla cual se desarrolla el art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en relaci\u00f3n con el ejercicio de las acciones populares…\u00bb, la cual es omnicomprensiva de todos los aspectos relevantes de su tr\u00e1mite y decisi\u00f3n.
\nReglamentaci\u00f3n que contempla el objeto, finalidad, procedencia, caducidad, legitimaci\u00f3n por activa y por pasiva y facilidades para promover la acci\u00f3n, adem\u00e1s de la jurisdicci\u00f3n y competencia para su conocimiento, requisitos de la demanda, derechos protegidos, amparo de pobreza, medidas cautelares y coercitivas, pacto de cumplimiento, etapas en que se desarrolla, recursos procedentes contra las decisiones proferidas por el juez, contenido de la sentencia, costas y desacato a las \u00f3rdenes impartidas, entre otros temas.
\nEl art\u00edculo 5\u00b0 de esa reglamentaci\u00f3n precept\u00faa en cuanto al tr\u00e1mite de las acciones reguladas por ella que adem\u00e1s de los principios constitucionales de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad y eficacia, se aplicar\u00e1n tambi\u00e9n \u00ablos principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuando \u00e9stos no se contrapongan a la naturaleza de dichas acciones\u00bb . <\/p>\n

Luego, la remisi\u00f3n que efect\u00faa la anterior disposici\u00f3n no es a las normas de la codificaci\u00f3n procesal que hoy debe entenderse corresponde al C\u00f3digo General del Proceso, sino a los principios generales de dicho estatuto, precepto que debe interpretarse en conjunto con el art\u00edculo 45 ib\u00eddem, conforme al cual el tr\u00e1mite y procedimiento de las otras acciones populares consagradas en la legislaci\u00f3n nacional se sujetar\u00e1 a, lo previsto en la normatividad especial (Ley 472 de 1998), previsi\u00f3n extensiva a aquellas iniciadas en vigencia de dicha reglamentaci\u00f3n.
\nAunque el art\u00edculo 44 de la citada ley ordena la aplicaci\u00f3n de las disposiciones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -l\u00e9ase hoy CGP- y del C\u00f3digo Contencioso Administrativo -reemplazado por el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, restringe \u00e9sta a \u00ablos aspectos no regulados\u00bb y siempre que \u00abno se oponga a la naturaleza y a la finalidad de tales acciones\u00bb, frente a lo cual debo destacar que la normatividad especial consagr\u00f3 de manera expresa la duraci\u00f3n de cada etapa procesal a partir de plazos perentorios e improrrogables (art. 84), de ah\u00ed que la norma general contenida en la actual codificaci\u00f3n procedimental no es aplicable a las acciones populares en lo que refiere al t\u00e9rmino para resolver las instancias y las consecuencias que de su incumplimiento derivan.
\nAti\u00e9ndase adem\u00e1s que de acuerdo con el articulo 1'
\ndel C\u00f3digo General del Proceso, dicho estatuto \u00abregula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, adem\u00e1s, a todos los asuntos de cualquier jurisdicci\u00f3n o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones
\njurisdiccionales, \t\t\ten cuanto no est\u00e9n regulados expresamente en otras
\nleyes\u00bb \t\t\t(se \t\t\tsubraya), de ah\u00ed que si el tema debatido por el tutelante \t\t\test\u00e1, como se indic\u00f3, reglado en la Ley 472 de 1998, \t\t\tla aplicaci\u00f3n del aludido art\u00edculo 121 se excluye.
\n2. \t\t\tAhora bien, en relaci\u00f3n con el t\u00e9rmino para fallar \t\t\tla primera \t\t\tinstancia de las acciones populares, el art\u00edculo 34 de \t\t\tla citada Ley indica:
\n\u00abVencido \t\t\tel t\u00e9rmino para alegar, el juez dispondr\u00e1 de veinte \t\t\t(20) d\u00edas \t\t\tpara \t\t\tproferir \t\t\tsentencia. La sentencia que acoja las pretensiones del \t\t\tdemandante de una acci\u00f3n popular podr\u00e1 contener una \t\t\torden \t\t\tde hacer \t\t\to de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se haya \t\t\tcausado \t\t\tda\u00f1o a un derecho o inter\u00e9s colectivo en favor de la \t\t\tentidad p\u00fablica \t\t\tno culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realizaci\u00f3n \t\t\tde conductas \t\t\tnecesarias para volver \t\t\tlas \t\t\tcosas al estado anterior a la vulneraci\u00f3n \t\t\tdel derecho o del inter\u00e9s colectivo, cuando fuere \t\t\tfisicamente \t\t\tposible. La orden de hacer o de no hacer definir\u00e1 de manera \t\t\tprecisa \t\t\tla conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o \t\t\tel inter\u00e9s colectivo amenazado \t\t\to \t\t\tvulnerado y de prevenir que se vuelva \t\t\ta incurrir \t\t\ten \t\t\tlas acciones u omisiones que dieron m\u00e9rito para \t\t\tacceder \t\t\ta las pretensiones del demandante. Igualmente fijara el monto \t\t\t<\/p>\n

De \t\t\tmanera que la misma norma especial estableci\u00f3 un plazo \t\t\tdeterminado para que se emita la decisi\u00f3n de m\u00e9rito \t\t\tque \t\t\tponga fin a la primera instancia, que se limita a veinte (20) \t\t\td\u00edas contados a partir del vencimiento del t\u00e9rmino \t\t\tpara alegar.
\nDe \t\t\tigual forma, esa legislaci\u00f3n estableci\u00f3 en su \t\t\tart\u00edculo \t\t\t84 ib\u00eddem, \u00abplazos \t\t\tperentorios e improrrogables\u00bb, e \t\t\tindic\u00f3 que \t\t\tsi el funcionario judicial desatiende dicho t\u00e9rmino, al \t\t\tigual \t\t\tque cualquier otro contenido en la norma, incurrir\u00e1, <\/p>\n

\u00aben causal de mala conducta sancionable con destituci\u00f3n del cargo\u00bb.
\nAs\u00ed que no es posible, bajo ning\u00fan razonamiento, prorrogar el plazo para dictar sentencia en una acci\u00f3n popular o ampliarlo, en aplicaci\u00f3n de la regla que consagra el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, pues \u00e9sta regula de manera gen\u00e9rica los procesos civiles y de familia, sin que tenga la virtualidad de derogar o sustituir lo que la norma especial ya precis\u00f3.
\nM\u00e1xime, cuando se advierte que con ello no se da m\u00e1s celeridad a las citadas quejas constitucionales, sino que se establece un t\u00e9rmino muy superior al ya se\u00f1alado por el legislador; a\u00fan m\u00e1s grave, se permite eludir la prohibici\u00f3n de \u00e9ste de prorrogar el mencionado lapso de tiempo.
\nGeneral del Proceso. <\/p>\n

De los se\u00f1ores magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAMIREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tRatificada \ten sede de reposici\u00f3n el 2 de septiembre de 2019.
\n2 \tRadicaci\u00f3n \t2019-03319.
\n3 \tCorte Constitucional. Sentencia C-836 de 2001.
\n4 \tCSJ. Civil. Sentencia de \t21 de febrero de 2014, exp. 76001220300020130056101.
\n5 \tCSJ. \tCivil. Sentencia de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n6 \tCorte Constitucional, sentencia C-443 de 25 de septiembre de 2019.
\n7 \tSTC14449 \tde 23 de octubre de 2019. <\/p>\n

9 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n10 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n11 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n12 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n13 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n14 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n15 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente STC16967-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2019-04016-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Decide la Corte la tutela instaurada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103167","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103167","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103167"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103167\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103167"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103167"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103167"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}