{"id":103173,"date":"2026-07-02T18:26:52","date_gmt":"2026-07-02T18:26:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103173"},"modified":"2026-07-02T18:26:52","modified_gmt":"2026-07-02T18:26:52","slug":"stc16982-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16982-2019\/","title":{"rendered":"STC16982-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado Ponente
\nSTC16982-2019 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2019-00301-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el veintinueve (29) de octubre de dos mil diecinueve por la Sala de Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Sim\u00f3n Alberto Socha Cifuentes y Pablo Fernando Socha Cifuentes contra el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

I.\tANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

Los accionantes solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales \u00aba la igualdad, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb los cuales estimaron vulnerados por la autoridad judicial accionada, al no emitir sentencia de primera instancia al interior del proceso de sucesi\u00f3n intestada del causante Jes\u00fas Socha Garz\u00f3n que se promovi\u00f3 en el a\u00f1o 2013, pese a que, el expediente se encuentra al Despacho para tal fin, por m\u00e1s de 6 a\u00f1os sin darle tr\u00e1mite a memoriales presentados, sometiendo a las partes a t\u00e9rminos excesivos y no razonables. <\/p>\n

Pretende en consecuencia que \u00abse declare incompetente para seguir conociendo del proceso de sucesi\u00f3n de Jes\u00fas Soacha Garz\u00f3n al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, o en su defecto orden\u00e1ndole al citado funcionario que proceda a resolver todas las peticiones procesales pendientes de decidir, con observancia de los t\u00e9rminos judiciales, de manera acorde con los principios (\u2026)\u00bb. [Folio 5; cp.]. <\/p>\n

B. Los \thechos <\/p>\n

1. Mar\u00eda Apolonia Cifuentes de Socha present\u00f3 apertura del proceso de sucesi\u00f3n simple e intestada en calidad de c\u00f3nyuge sobreviviente del causante Jes\u00fas Socha Garz\u00f3n. <\/p>\n

2. En prove\u00eddo de 4 de abril de 2013, se admiti\u00f3 el litigio y se orden\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal formada por el matrimonio de aquellos. <\/p>\n

3. Surtidas las publicaciones conforme al art\u00edculo 589 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en autos de 6 de junio, 14 de agosto y 14 de septiembre de 2013, se reconocieron a los accionantes, a Mar\u00eda Trinidad Socha Cifuentes y Blanca Cecilia Socha Cifuentes como herederos del causante, quienes aceptaron la herencia con beneficio de inventario. <\/p>\n

4. El 28 de noviembre siguiente, se llev\u00f3 a cabo la audiencia de inventarios y aval\u00faos, oportunidad en la cual las partes presentaron desacuerdo sobre el valor asignado a las diferentes partidas inventariadas, por lo que el Despacho procedi\u00f3 seg\u00fan el art\u00edculo 601 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a designar un auxiliar de la justicia. <\/p>\n

5. Posterior, en providencia de 21 de enero de 2014 se reconoci\u00f3 a Mariano Ospina Cifuentes como heredero del causante. <\/p>\n

6. Mediante prove\u00eddo de 11 de junio de ese a\u00f1o, el funcionario encargado accedi\u00f3 a la suspensi\u00f3n del proceso elevado de mutuo acuerdo por los herederos y la c\u00f3nyuge; y en auto proferido el 25 de septiembre se reanud\u00f3 de oficio. <\/p>\n

7. El auxiliar de la justicia designado, present\u00f3 el aval\u00fao del cual se le corri\u00f3 traslado a los interesados por el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas para lo pertinente. <\/p>\n

8. Dentro de la oportunidad legal los herederos reconocidos solicitaron la complementaci\u00f3n y aclaraci\u00f3n, la cual se accedi\u00f3 por el operador judicial en auto de 20 de septiembre de 2016. <\/p>\n

9. Cumplido lo anterior, el Juzgado procedi\u00f3 a correr traslado a los interesados, quienes de nuevo reiteran aclaraci\u00f3n al dictamen. La nueva aclaraci\u00f3n fue presentada el 15 de noviembre de 2017. <\/p>\n

10. A su paso, se radic\u00f3 memorial en el que se solicit\u00f3 la nulidad de lo actuado al interior del proceso, por vencimiento de t\u00e9rminos para proferir sentencia de primera instancia de conformidad con el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

11. En prove\u00eddo de 10 de julio de 2018, la autoridad judicial accionada neg\u00f3 la aplicaci\u00f3n de tal disposici\u00f3n como quiera que: \u00abel proceso de la referencia est\u00e1 direccionado bajo los par\u00e1metros establecidos en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb. De otra parte, se orden\u00f3 correr traslado a las objeciones por error grave propuestas por los herederos, de conformidad con el art\u00edculo 238 numeral 4\u00ba en concordancia con el art\u00edculo 108 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n

12. Los actores acudieron al mecanismo constitucional, por considerar que la autoridad judicial vulner\u00f3 sus derechos fundamentales, al no emitir sentencia de primera instancia al interior del proceso de sucesi\u00f3n intestada del causante Jes\u00fas Socha Garz\u00f3n que se promovi\u00f3 en el a\u00f1o 2013, pese a que, el expediente se encuentra al Despacho para tal fin, por m\u00e1s de 6 a\u00f1os sin darle tr\u00e1mite a memoriales presentados, sometiendo a las partes a t\u00e9rminos excesivos y no razonables. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite \tde la instancia <\/p>\n

1. El conocimiento del asunto en primera instancia, correspondi\u00f3 a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y mediante prove\u00eddo de 16 de octubre de 2019, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho de defensa. <\/p>\n

2. El Consejo Seccional de la Judicatura, inform\u00f3 que de acuerdo a lo expuesto por el tutelante en su escrito y de conformidad con el art\u00edculo 6\u00ba del Acuerdo N\u00ba PSAA14-10205 de 2014, consider\u00f3 pertinente avocar vigilancia judicial administrativa oficiosa para que el operador judicial rinda las explicaciones de rigor frente a los hechos expuestos. <\/p>\n

Por su parte, el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas interior del tr\u00e1mite en cuesti\u00f3n, adem\u00e1s solicit\u00f3 denegar por improcedente la acci\u00f3n constitucional, pues considera que ha obrado con total apego a la normatividad procesal y sustancial. Finalmente precis\u00f3 que, si bien incurri\u00f3 en mora para resolver, dicha circunstancia no atiende a desidia o negligencia, por el contrario, obedece a la carga laboral que aqueja al Despacho. <\/p>\n

3. El Tribunal Superior de Cundinamarca, en sentencia de tutela de 29 de octubre de 2019, neg\u00f3 el amparo constitucional, tras considerar que: -hecho superado- se ha superado dentro del tr\u00e1mite de la presente acci\u00f3n el hecho que dio origen a la solicitud de protecci\u00f3n, por haberse continuado el proceso al proferir las decisiones que se encontraban pendientes. <\/p>\n

4. Inconformes los accionantes con la anterior determinaci\u00f3n, presentaron escrito de impugnaci\u00f3n en el que solicitaron se proceda a reconocer la p\u00e9rdida de competencia en la que ha incurrido el Juzgado accionado, al tenor del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Como en m\u00faltiples ocasiones lo ha indicado la Corte, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta con la que se busca la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o a\u00fan de los particulares, en los casos establecidos por la ley. Por su car\u00e1cter excepcional, se exige que su ejercicio sea oportuno y que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial para procurar la salvaguarda de sus derechos. <\/p>\n

Luego, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos en la queja, bien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, se pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. Ante este panorama, el juzgador no puede m\u00e1s que declarar la carencia de objeto de la actuaci\u00f3n constitucional.1 <\/p>\n

2. En el caso sub examine, aducen los recurrentes que la autoridad judicial vulner\u00f3 sus derechos fundamentales al \u00abderecho a la igualdad, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, al no emitir sentencia de primera instancia al interior del proceso de sucesi\u00f3n intestada del causante Jes\u00fas Socha Garz\u00f3n que se promovi\u00f3 en el a\u00f1o 2013, pese a que, el expediente se encuentra al Despacho para tal fin, por m\u00e1s de 6 a\u00f1os sin darle tr\u00e1mite a memoriales presentados, sometiendo a las partes a t\u00e9rminos excesivos y no razonables. <\/p>\n

No obstante, no se torna necesaria la declaratoria de esta acci\u00f3n, pues para desarrollar la inconformidad se verific\u00f3 la actuaci\u00f3n cuestionada, lo que de entrada se advierte que el 17 de octubre de 2019, el operador judicial accionado profiri\u00f3 auto en el que decret\u00f3 las pruebas con el fin de llevar a cabo la diligencia para resolver la objeci\u00f3n por error grave contra el dictamen pericial presentado por el perito designado al interior del tr\u00e1mite en cuesti\u00f3n la cual fue elevada por los herederos del causante y, a su vez, orden\u00f3 la elaboraci\u00f3n de los oficios para comunicar y perfeccionar la medida cautelar con respecto a los bienes inmuebles identificados con matr\u00edcula inmobiliaria \u201cN\u00ba 50N-989960, 50N-20044088 y 50N-20338636\u201d de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1; lo que guarda correspondencia con el objeto del pedimento que solicitaron los tutelantes, por lo que carecer\u00eda de objeto dictar una orden de protecci\u00f3n encaminada a que se conceda la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n

De lo precedente se deduce entonces, que no existe vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas invocadas, en tanto el Despacho judicial vinculado, emiti\u00f3 los pronunciamientos que guardan correspondencia con el objeto del pedimento que elevaron los accionantes, por lo que carecer\u00eda de objeto dictar una orden de protecci\u00f3n encaminada a que se conceda la solicitud. <\/p>\n

3. Sin perjuicio de lo anterior, con respecto a la otra pretensi\u00f3n de los accionantes y lo que manifestaron en el escrito de impugnaci\u00f3n, acerca de que el funcionario perdi\u00f3 competencia para decidir de fondo el asunto, por haber vencido el t\u00e9rmino que dispon\u00eda de conformidad con lo preceptuado en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso; necesario es advertir que corre la misma suerte de la anterior. <\/p>\n

N\u00f3tese que, de los documentos que reposan en el plenario se observ\u00f3 que con anterioridad se radic\u00f3 memorial en el que se solicit\u00f3 la aplicaci\u00f3n de la citada normatividad por vencimiento de t\u00e9rminos, el cual fue resuelto por la autoridad judicial mediante prove\u00eddo de 10 julio de 2018 y se les indic\u00f3 que no era procedente tal precepto; sin embargo, como se extrae de la revisi\u00f3n de la actuaci\u00f3n censurada, es evidente que la acci\u00f3n constitucional no cumple con el comentado principio de subsidiariedad pues seg\u00fan se advierte, los accionantes no emplearon los medios defensivos (recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n) con los que contaban, contra la decisi\u00f3n que result\u00f3 adversa a sus intereses en ese escenario procesal, con el fin de exponer la inconformidad que por esta v\u00eda plantea. <\/p>\n

Adem\u00e1s de lo anterior, se debe precisar que las nulidades sustanciales pueden ser insaneables (absolutas) o saneables (relativas). Las absolutas son incompatibles con el sistema jur\u00eddico por ser il\u00edcitas (objeto o causa il\u00edcitos); o vician el acto desde su origen por no cumplir una condici\u00f3n de posibilidad para su surgimiento a la vida jur\u00eddica (requisitos ad substantian actus o incapacidad absoluta de quien intent\u00f3 constituir el acto fallido). Las relativas son todas las dem\u00e1s que no sean cualificadas como absolutas. <\/p>\n

Seg\u00fan el principio de convalidaci\u00f3n que rige en el derecho procesal civil, por regla general, todas las irregularidades procesales (inclusive las nulidades) se convalidan por el consentimiento de las partes: \u00absi el acto procesal nulo no es impugnado legalmente, queda revalidado por la aquiescencia t\u00e1cita o expresa de la parte que sufre lesi\u00f3n por la nulidad. (\u2026) De lo anterior se infiere que las nulidades de los actos procesales, por regla general no son absolutas, ya que pueden quedar revalidadas en la forma supradicha\u2026\u00bb.2 <\/p>\n

Tal principio se expresa en el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso que \u00abagotada cada etapa del proceso el juez deber\u00e1 realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podr\u00e1n alegar en las etapas siguientes\u2026\u201d); en el Par\u00e1grafo del art\u00edculo 133 \u00ablas dem\u00e1s irregularidades del proceso se tendr\u00e1n por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este c\u00f3digo establece\u00bb; en el inciso segundo del art\u00edculo 135 \u00abno podr\u00e1 alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omiti\u00f3 alegarla como excepci\u00f3n previa si tuvo la oportunidad para hacerlo, ni quien despu\u00e9s de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla\u00bb; y, principalmente, en el art\u00edculo 136 ib\u00eddem \u00abla nulidad se considerar\u00e1 saneada en los siguientes casos: 1. Cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla; 2. Cuando la parte que pod\u00eda alegarla la convalid\u00f3 en forma expresa antes de haber sido renovada la actuaci\u00f3n anulada; 3. Cuando se origine en la interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso y no se alegue dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la fecha en que haya cesado la causa; 4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n

Como insaneables, el estatuto procesal s\u00f3lo contempla \u00abproceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia\u00bb (art\u00edculo 136, Par\u00e1grafo). Todos los dem\u00e1s vicios procesales se convalidan o sanean de la manera prevista en el art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

Luego, al no estar la nulidad del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General de Proceso taxativamente prevista como insaneable y al no ser una \u00abnulidad especial\u00bb, no es posible afirmar que es una anomal\u00eda procesal de tan grande magnitud que no es susceptible de convalidaci\u00f3n o saneamiento. <\/p>\n

De esta manera, si se actu\u00f3 sin proponerla, o la convalid\u00f3 en forma expresa, la nulidad quedar\u00e1 saneada, pero si la parte la formula en la oportunidad prevista en el art\u00edculo 134, siempre que se cumplan los requisitos se\u00f1alados en el art\u00edculo 135, y una vez verificado el supuesto de hecho indicado en el art\u00edculo 121 \u2013que como se explic\u00f3, no es objetivo y admite el descuento de demoras que no se deben a la desidia del funcionario\u2013, el juez deber\u00e1 declarar la consecuencia jur\u00eddica expresada en esa disposici\u00f3n. <\/p>\n

Por lo anterior, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que deb\u00eda dirimir el juez cognoscente en escenarios procesales que no se suscitaron, pues el amparo no se ha concebido como un instrumento sustitutivo de los medios de oposici\u00f3n establecidos por la ley. <\/p>\n

Se reitera que atendido el car\u00e1cter residual de la tutela, en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

La Sala ha destacado en otras oportunidades que si las personas que reprochan determinaciones judiciales adoptadas en perjuicio de sus intereses \u201cdejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d.3 <\/p>\n

4. De otra parte y bajo el mismo derrotero, se concluye que para el instante en que se present\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n (16 de octubre de 2019) se hab\u00eda superado, con amplitud, el t\u00e9rmino razonable para promover el mecanismo constitucional, sin que de manera alguna se justifique la tardanza en su interposici\u00f3n. <\/p>\n

Lo anterior deja en evidencia que los gestores del amparo para interponer la tutela dejaron transcurrir un per\u00edodo ostensiblemente superior al que la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha considerado como razonable y prudencial para promover el instrumento de defensa de los derechos fundamentales, sin que hubieran alegado y menos a\u00fan, demostrado alg\u00fan hecho o motivo que expliquen la demora para impetrar esta acci\u00f3n.
\n5. As\u00ed las cosas, las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2019-00301-01
\nA pesar de que en el fallo se exponen varias razones para confirmar la negativa del amparo, s\u00f3lo estoy de acuerdo con una de ellas lo que me conduce a aclarar el voto frente a las dem\u00e1s, pues en mi opini\u00f3n tal cosa debi\u00f3 suceder exclusivamente porque los accionantes no formularon reposici\u00f3n frente al auto de 10 de julio de 2018 que desestim\u00f3 su solicitud de p\u00e9rdida de competencia fincada en el vencimiento del t\u00e9rmino del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que denota claramente falta de subsidiariedad e inmediatez.
\nNo comparto la idea de que adem\u00e1s la incuria est\u00e1 sustentada en que dejaron de apelar tal prove\u00eddo – como se sostiene en la sentencia -, en vista que ese recurso era improcedente por no estar autorizado expresamente en la ley, dado que el tema abordado se circunscribi\u00f3 a la \u00abp\u00e9rdida de competencia\u00bb, sin extenderse a la consecuente invalidez.
\nTampoco coincido con que los plazos de duraci\u00f3n razonable del litigio son subjetivos ni que la invalidez que su incumplimiento apareja sea saneable, toda vez que
\njustamente en STC12644 de 1' de octubre de 2018 se reiter\u00f3 <\/p>\n

que los \u00abt\u00e9rminos legales para decidir en primera, \u00fanica o segunda instancia\u00bb son \u00abobjetivos\u00bb, en virtud de la conectividad que tienen con el derecho humano a la tutela judicial efectiva y pronta, entre muchos otros, cuyo destinatario es el usuario de la justicia, nadie m\u00e1s. <\/p>\n

Fecha ut supra
\nOCTAVIO \tAUGUSTO TEJEIRO DUQUE \t<\/p>\n

1\u0002 \tSobre el hecho superado, v\u00e9ase sentencia de la Corte de 13 de \tabril de 2010, exp. T-00135-01, reiterada en sentencias de 24 de \toctubre de 2011, exp. T-00305-01, 1\u00ba de agosto de 2012, exp. \tT-00497-01 y 3 de abril de 2013, exp. T-00044-01.
\n2\u0002 \tEduardo PALLARES. Diccionario de derecho procesal civil. 10\u00aa \ted. M\u00e9xico: Porr\u00faa, 1979. p. 625.
\n3\u0002 \tSentencia de 19 de enero de 2004, exp. 2003-00894-01; en el mismo \tsentido fallos de 26 de enero de 2011, exp. 00027-00; 17 de octubre \tde 2012, exp. 2012-02184-00; 9 de mayo de 2013, exp. 2013-00229-01, \tentre otros.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado Ponente STC16982-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2019-00301-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el veintinueve (29) de octubre de dos mil diecinueve por la Sala de Civil-Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103173","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103173","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103173"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103173\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103173"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103173"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103173"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}