{"id":103175,"date":"2026-07-02T18:27:14","date_gmt":"2026-07-02T18:27:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103175"},"modified":"2026-07-02T18:27:14","modified_gmt":"2026-07-02T18:27:14","slug":"stc16984-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16984-2019\/","title":{"rendered":"STC16984-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16984-2019 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03945-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por John Alexander Copete Rodr\u00edguez a trav\u00e9s de apoderado judicial, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Sala Civil Familia y el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a todas las autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales \u00abal debido proceso y el acceso a la justicia en igualdad de condiciones y los derechos a la propiedad privada [\u2026]\u00bb, entre otros, puesto que en el marco del proceso ejecutivo hipotecario radicado con n\u00ba 2016-000925 incoado en su contra, el predio rematado fue avaluado como rural cuando es urbano. <\/p>\n

En consecuencia, pretende: <\/p>\n

[\u2026]
\nSegunda. Que se ordene al Tribunal Superior de Pereira Sala Civil Familia dejar sin efectos el fallo de fecha 17 de octubre de 2019 [\u2026]. <\/p>\n

Tercera. Que se ordene al Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, dejar sin efecto el auto del 4 de junio de 2019, y en su lugar declarar la nulidad de las actuaciones desde la presentaci\u00f3n del aval\u00fao [\u2026]. <\/p>\n

Cuarta. [\u2026], se ordene al [\u2026] Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas [\u2026] [que] ordene a la parte demandante presente un nuevo aval\u00fao, conforme qued\u00f3 estipulado en la Escritura P\u00fablica No. 3191 del 24 de julio de 2015 de la Notaria Cuarta del Circuito de Pereira [\u2026]. <\/p>\n

[\u2026] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Luis Bernardo Granada Eusse instaur\u00f3 demanda ejecutiva hipotecaria en contra de Jhon Alexander Copete Rodr\u00edguez \u2013aqu\u00ed tutetante-, con el objeto de obtener el pago de $240.000.000 por concepto de capital, m\u00e1s los intereses moratorios a la tasa m\u00e1s alta desde el 24 de agosto de 2015; asunto cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas Risaralda con radicado n\u00ba 2016-00092. <\/p>\n

2. El 30 de septiembre de 2016, se libr\u00f3 mandamiento de pago a favor del ejecutante y, en contra de tutelista, conforme a las pretensiones de la demanda, y adem\u00e1s se decret\u00f3 el embargo y secuestro del 8% del bien inmueble hipotecado y, que se identifica con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 294-18358. <\/p>\n

3. El extremo ejecutado se notific\u00f3 personalmente de la orden de apremio sin contestar la demanda ni exponer excepci\u00f3n alguna. <\/p>\n

4. Mediante prove\u00eddo del 12 de abril de 2018, se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, decret\u00e1ndose el aval\u00fao y remate del referido bien, entre otros aspectos. <\/p>\n

5. Presentado el aval\u00fao comercial por parte del demandante, por medio de auto del 22 de noviembre del a\u00f1o en comento se corri\u00f3 traslado del mismo para que se presentaran las observaciones pertinentes por parte de los interesados, conforme a lo normado en el art\u00edculo 444 del C.G. del P. <\/p>\n

6. El querellante elev\u00f3 solicitud de nulidad frente al aval\u00fao, por cuanto el predio fue clasificado como rural cuando era urbano y, por ende, el valor comercial que se le otorg\u00f3 no correspond\u00eda a la realidad, de acuerdo con lo consignado en la escritura p\u00fablica n\u00ba 3191 del 24 de julio de 2015; petici\u00f3n que fue denegada en audiencia celebrada el 4 de junio de 2019, en la que el accionante formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n en contra de tal determinaci\u00f3n. <\/p>\n

Aunado a ello, en dicha audiencia se resolvi\u00f3 adjudicar el bien inmueble al ejecutante. <\/p>\n

7. El Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Civil Familia en providencia del 17 de octubre de 2019, decidi\u00f3 confirmar la anterior decisi\u00f3n, en lo concerniente a la negativa de declarar la nulidad reclamada, tras considerar que no se encontraba enlistada en el art\u00edculo 133 del C.G. del P. para que pudiese invalidar lo actuado. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 27 de noviembre de 2019, se dio curso a la acci\u00f3n de tutela y, se orden\u00f3 vincular a todas las autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, previ\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n

2. En el caso que es objeto de estudio, la solicitud de protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia en igualdad de condiciones y, a la propiedad privada entre otros, no atiende el referido principio, puesto que es evidente que el accionante no hizo uso de las herramientas jur\u00eddicas con las que contaba para controvertir las determinaciones que por esta v\u00eda cuestiona y, por ello no puede utilizar este mecanismo para revivir las oportunidades procesales que dej\u00f3 fenecer. <\/p>\n

En efecto, el reclamante no present\u00f3 durante el traslado del aval\u00fao a los interesados, las observaciones correspondientes frente aval\u00fao del bien inmueble objeto de litigio que aport\u00f3 el ejecutante, conforme lo prev\u00e9 el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 444 del C.G. del P.; oportunidad procesal que resultaba pertinente para exponer los reparos que ante esta sede constitucional aduce. <\/p>\n

4. Fue entonces, la propia incuria del gestor de la queja la que impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional, sin que pueda reconocerla en su escrito introductor y sin embargo, pretender controvertir las supuestas v\u00edas de hecho en que incurrieron los Despachos querellados al no efectuar un control de legalidad en cuanto al aval\u00fao comercial, que asign\u00f3 al bien hipotecado un valor que no correspond\u00eda a la realidad, al clasificarlo como rural, no obstante, que era urbano. <\/p>\n

Se reitera que atendido el car\u00e1cter residual de la tutela, en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar dicha posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

En casos similares al presente, la Sala ha destacado que: <\/p>\n

[\u2026] cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria. (CSJ STC, 26 ene. 2011, rad. 2011-00027-00) <\/p>\n

5. De otro lado, se advierte que en el asunto sub judice, se duele el actor porque el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas el 4 de junio de 2019, no accedi\u00f3 a declarar la nulidad del aval\u00fao en comento; decisi\u00f3n que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Sala Civil Familia a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 17 de octubre de 2019, no obstante que, como ya se explic\u00f3, el valor comercial otorgado al inmueble hipotecado no correspond\u00eda al real. <\/p>\n

De lo anterior y, si bien, el reclamo constitucional se dirige tambi\u00e9n contra la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, la Corte se ocupar\u00e1 \u00fanicamente de la que dict\u00f3 su superior, toda vez que \u00e9sta fue la que resolvi\u00f3 de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate. <\/p>\n

En ese orden, atendidos los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos por el Tribunal cuestionado, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que adopt\u00f3 no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

En efecto, se observa que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Sala Civil Familia, por medio de providencia del 17 de octubre de 2019, decidi\u00f3 confirmar el auto emitido por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas el 4 de junio pasado y, a trav\u00e9s del cual resolvi\u00f3 \u00abno declarar la nulidad\u00bb del aval\u00fao comercial del bien inmueble hipotecado, tras considerar que dicho hecho no estaba \u00abenlistado en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso como causal que pueda invalidar lo actuado\u00bb y, tampoco: <\/p>\n

[\u2026] tampoco lo consagra la Constituci\u00f3n Nacional como medio para garantizar el debido proceso, pues el art\u00edculo 29 de la Carta consagra como nulidad de pleno derecho la prueba obtenida con violaci\u00f3n a aquella garant\u00eda y en el caso bajo estudio, el aval\u00fao presentado fue sometido al tr\u00e1mite que tiene establecido el art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso [\u2026]. <\/p>\n

En atenci\u00f3n a lo anterior el mencionado Despacho concluy\u00f3, que la nulidad del comentado aval\u00fao no era la figura jur\u00eddica a la que debi\u00f3 acudir el tutelante para controvertir el que present\u00f3 el demandante, de ah\u00ed que lo procedente fuese rechazar de plano el tr\u00e1mite para su declaratoria, de acuerdo con lo normado en el inciso final del art\u00edculo 135 ib\u00eddem, por no fundarse dicha nulidad en alguna de las causales previstas para su procedencia. <\/p>\n

6. En ese orden de ideas, surge palpable que las pretensiones del tutelante se circunscribieron, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad judicial accionada se bas\u00f3 para resolver los asuntos puestos en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que los reprocha. <\/p>\n

Lo antepuesto, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Por ello, el accionante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad querellada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera lo desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

[A]l sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c[\u2026] independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, no existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial o del precedente, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que la autoridad judicial acusada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, ya que los motivos que expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de la tutelista. <\/p>\n

7. Las anteriores razones se estiman suficientes para denegar el amparo constitucional deprecado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional invocado. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito, de no ser impugnada la presente sentencia, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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