{"id":103176,"date":"2026-07-02T18:27:21","date_gmt":"2026-07-02T18:27:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103176"},"modified":"2026-07-02T18:27:21","modified_gmt":"2026-07-02T18:27:21","slug":"stc16985-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16985-2019\/","title":{"rendered":"STC16985-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16985-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03968-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte, la acci\u00f3n de tutela promovida por el Consorcio CCPAZ contra el Juzgado Primero Civil del Circuito y la Sala Civil, Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta \u2013 Norte de Santander; tramite al que se orden\u00f3 vincular a todas las autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso ejecutivo que el accionante present\u00f3 contra el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo \u2013 Fonade. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

La sociedad accionante solicit\u00f3 el amparo del derecho fundamental al debido proceso el cual considera vulnerado con ocasi\u00f3n a las decisiones proferidas el 17 de julio y 13 de noviembre de 2019 que negaron librar mandamiento de pago, por cuanto las autoridades accionadas no realizaron una debida valoraci\u00f3n de los documentos aportados con la demanda los cuales son plena prueba de que en la actualidad la parte pasiva adeuda la suma de $931.711.818 y \u00abconstituye un t\u00edtulo complejo con el cual el juez pod\u00eda evaluar todos los documentos en conjunto para no desestimar las pretensiones de la demanda\u00bb, lo que no ocurri\u00f3. <\/p>\n

Pretende, en consecuencia se tutele el derecho invocado y se ordene \u00ablibrar mandamiento de pago en contra del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo \u2013 Fonade y a favor del CONSORCIO CCPAZ, el cual representa\u00bb. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El Consorcio CCPAZ ahora accionante formul\u00f3 demanda ejecutiva en contra del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo \u2013 Fonade con el fin que se le apremie a pagar la suma de $931.711.818 como saldo insoluto del contrato de obra No. 2140668 y su posterior modificaci\u00f3n, reinicio y pr\u00f3rroga suscritos por las partes el 21 de febrero de 2014 y el 23 de junio de 2015, respectivamente, que corresponde a $271.520.234 del \u00abacta No. 11 valor incluido dentro de las actas finales de liquidaci\u00f3n\u00bb y $660.191.584 por \u00abdevoluci\u00f3n del valor de la retegarantia (retegarantia: valor descontado al contratista en cada pago de acta que se devuelve al liquidar el contrato\u00bb m\u00e1s los intereses moratorios exigibles a partir del 14 de agosto de 2016 hasta que se verifique la cancelaci\u00f3n total de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n

2. La demanda le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta, autoridad que el 17 de julio de 2019 \tse abstuvo de librar mandamiento de pago tras considerar que del conjunto documental aportado por la accionante no se deduce t\u00edtulo ejecutivo en la medida en que no se acredit\u00f3 que la parte demandada se hubiere comprometido a cancelarle a la actora la cantidad de dinero que se pretende ejecutar y mucho menos que ese hipot\u00e9tico pago tuviere que realizarse el 14 de agosto de 2016. <\/p>\n

3. En desacuerdo la tutelante interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n para cuyo efecto se\u00f1al\u00f3 que con la demanda se anexaron todos los documentos que provienen del deudor los cuales se erigen como un t\u00edtulo valor complejo que contiene una obligaci\u00f3n expresa, clara y exigible, en el entendido de que se encuentra determinado \u00abel valor exacto a cobrar tanto en el formato FMI027 ACTA DE RECIBO A SATISFACI\u00d3N (ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL) como en el PROYECTO DE ACTA DE LIQUIDACI\u00d3N FORMATO FMI045, clara en raz\u00f3n a que la obligaci\u00f3n est\u00e1 plasmada en tales documentos y est\u00e1 determinada en el contrato de obra No. 2140668 que suscribieron las partes y es exigible toda vez que en la cl\u00e1usula decima del mentado contrato de obra se estipula que la liquidaci\u00f3n del contrato se har\u00e1 al producirse cualquiera de las causas de terminaci\u00f3n del mismo en un plazo m\u00e1ximo de 6 meses a partir de la ocurrencia del hecho que genera la terminaci\u00f3n, lo cual ocurri\u00f3 el 13 de agosto de 2016, pues es un contrato de obra terminado y recibido a entera satisfacci\u00f3n a tal punto que han sido suscritas la totalidad de las Actas incluyendo el denominado proyecto de acta de liquidaci\u00f3n del contrato formato FMI045\u00bb <\/p>\n

4. El medio impugnatorio horizontal fue desfavorablemente despachado por lo que se concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n subsidiaria. <\/p>\n

5. El 13 de noviembre de este a\u00f1o, el Tribunal confirm\u00f3 tras considerar que ni el contrato de obra celebrado por las partes ni las actas de terminaci\u00f3n y entrega a satisfacci\u00f3n del mismo y ni siquiera el Proyecto de Liquidaci\u00f3n del Contrato que aport\u00f3 la parte ejecutante constituyen documentos que sirvan de fundamento para librar mandamiento de pago, toda vez que refulge necesaria \u00abla factura que con venero en los servicios prestados se expida y se presenta a la entidad deudora para que, en caso de incumplimiento, de lugar a la acci\u00f3n ejecutiva cambiaria correspondiente y, consecuencialmente a la emisi\u00f3n de la orden de apremio que se pretende, toda vez que en ella consta el porcentaje y valor de retenci\u00f3n en garant\u00eda que se descuenta de las sumas facturadas para asegurar el cumplimiento de la obligaci\u00f3n concertada\u00bb. <\/p>\n

6. En criterio de la Sociedad peticionaria del amparo, con las anteriores decisiones se vulneraron los derechos fundamentales invocados por cuanto a su juicio se observa una \u00abclara contradicci\u00f3n entre los dos juzgadores, ya que el primero manifiesta que no hay prueba suficiente para demostrar lo adeudado y la segunda manifiesta que con las pruebas aportadas estamos habilitados para cobrar el dinero pero que para poder hacerlo debe existir una factura\u00bb, lo que demuestra que los accionados no efectuaron una debida valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas con la demanda que evidenciaban un t\u00edtulo valor complejo que requer\u00eda un mayor estudio. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 2 de diciembre de 2019 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 el traslado a todos los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones. <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

2. En el asunto sub judice, aunque el reclamo constitucional se dirige en contra de las decisiones proferidas por el Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta \u2013 Norte de Santander y la Sala Civil, Familia del Tribunal Superior de esa ciudad, la Corte solamente se ocupar\u00e1 de la que dict\u00f3 la \u00faltima autoridad, toda vez que aqu\u00e9lla es la que resuelve de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate en esta sede. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos por el juzgador de segunda instancia para confirmar la determinaci\u00f3n que se abstuvo de librar mandamiento de pago a favor de la sociedad accionante al interior del proceso ejecutivo formulado contra el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo \u2013 Fonade, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

En efecto, para fundamentar su decisi\u00f3n el Tribunal se\u00f1al\u00f3 que \u00abse ha ejercido la acci\u00f3n ejecutiva singular prevista en el art\u00edculo 424 del C\u00f3digo General del Proceso, y se presenta como base o fundamento de la ejecuci\u00f3n el contrato de obra No. 2140668 suscrito por el CONSORCIO CCPAZ con el FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO \u2013FONADE junto con un convenio adicional \u2013 de modificaci\u00f3n, reinicio, pr\u00f3rroga y adici\u00f3n del mismo \u2013 y los formatos FMI026 y FMI027 que responden al Acta de Terminaci\u00f3n del Contrato y el Acta de Recibo a Satisfacci\u00f3n \u2013 acta de entrega y recibo final del objeto contractual \u2013 respectivamente, los cuales seg\u00fan el ejecutante, generaron el formato FMI045 contentivo del Proyecto de Liquidaci\u00f3n del Contrato dentro del que se mencionan las \u201cobligaciones pendientes\u201d que tiene la entidad demandada con el consorcio accionante, indicando un total pendiente de pago por la suma de $931.711.818 \u201cCORRESPONDIENTE AL VALOR DE 271.520.234 DEL ACTA No. 11 (\u2026) Y $660.191.584 POR DEVOLUCI\u00d3N DEL VALOR DE LA RETEGARANTIA\u201d cuya satisfacci\u00f3n es la que se busca en la presente causa. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se tiene que la parte demandante pretende el pago del saldo insoluto de la precitada Acta No. 11 que fuera producto del acuerdo mutuo de obra celebrado por las partes, No. 2140668 y la denominada \u201cretagarant\u00eda\u201d que se encuentra determinada en el \u00faltimo inciso de la cl\u00e1usula cuarta del mentado convenio, que se refiere a la forma de pago, disponiendo que \u201cde cada uno de los valores facturados se cancelara hasta el noventa (90%) por ciento del mismo. El porcentaje restante equivale al diez (10%) se cancelar\u00e1 una vez sea suscrita por las partes la respectiva acta de liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

En ese orden de ideas se\u00f1al\u00f3 que \u00abcentrando la atenci\u00f3n en el contrato mediante el cual se pretende ejecutar a FONADE, v\u00e9ase que en el par\u00e1grafo segundo de la antedicha clausula se estipula que los \u201cpagos antes relacionados quedan condicionados a la presentaci\u00f3n de las facturas correspondientes y la certificaci\u00f3n por parte del interventor del cumplimiento del objeto contractual (\u2026), por ende la factura es un documento indispensable para la exigibilidad de la obligaci\u00f3n, tan es as\u00ed, que el numeral 4.8.1 de las Reglas de Participaci\u00f3n de la Oferta P\u00fablica OPC 190-2013, que hacen parte integral del contrato genitor seg\u00fan el par\u00e1grafo primero de la cl\u00e1usula primera del mismo, determina que \u201clos pagos y desembolsos de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos (\u2026) al cumplimiento de los siguientes requisitos (\u2026) c. Se realizar\u00e1n dentro de los diez (10) d\u00edas calendario siguientes a las fechas de radicaci\u00f3n de las facturas o cuentas, seg\u00fan el caso, o de la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que se le formulen. <\/p>\n

En ese orden, se tiene que el contratista se encuentra habilitado para exigir el reembolso de las retenciones que fueran descontadas a cada valor facturado por concepto de \u201cretegarant\u00eda\u201d a la entidad responsable del pago \u2013 FONADE \u2013 y para ello debe librar las facturas correspondientes e incluir ese descuento porcentual y radicarse junto con los soportes definidos en el instructivo de pagos de la entidad, de donde surge para la receptora de tales documentos la obligaci\u00f3n de revisi\u00f3n preliminar, teniendo la oportunidad para realizar devoluciones o glosas dentro del tiempo convenio para ello que, como se indic\u00f3, es de 10 d\u00edas a partir de la presentaci\u00f3n de las facturas. Luego, el agotamiento de ese tr\u00e1mite administrativo lo debe realizar el contratista siendo su deber demostrarlo en el evento de que no obtenga la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n a cabalidad y con fundamento a ello presentar los cartulares correspondientes para exigir el pago del valor insoluto que a su consideraci\u00f3n se adeude, pues no resulta procedente requerir el cumplimiento de la obligaci\u00f3n sin que se alleguen los documentos en los cuales se determina la misma, esto es, las correspondientes facturas que deben estar debidamente presentadas y aceptadas, es decir, que no contenga glosas o devoluciones pendientes\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed las cosas resalt\u00f3 \u00abque ni el Contrato de Obra celebrado por las partes, ni las Actas de Terminaci\u00f3n y entrega a Satisfacci\u00f3n del mismo, y ni siquiera el Proyecto de Liquidaci\u00f3n del Contrato que aport\u00f3 la parte ejecutante constituyen documentos que sirva de fundamento para la presente causa compulsiva, toda vez que refulge necesaria la factura que con venero en los servicios prestados se expida y se presente a la entidad deudora para que, en caso de incumplimiento, de lugar a la acci\u00f3n ejecutiva cambiaria correspondiente y, consecuencialmente, a la emisi\u00f3n de la orden de apremio que aqu\u00ed se pretende, toda vez que en ella consta el porcentaje y valor de retenci\u00f3n en garant\u00eda que se descuenta de las sumas facturadas para asegurar el cumplimiento de la obligaci\u00f3n concertada. Por ende, debe ser arrimada para efectos de la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n

Y en efecto concluy\u00f3 \u00abdel conjunto documental arrimado por la parte demandante no se deduce t\u00edtulo ejecutivo que permita la emisi\u00f3n del respectivo mandamiento de pago toda vez que no se arrimaron las respectivas facturas; y aunque el despacho de primer nivel no previ\u00f3 tal situaci\u00f3n, la decisi\u00f3n de abstenerse de librar orden de pago ha de ser confirmada pero por las razones esgrimidas con suficiencia en esta decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

3. De lo anterior, surge palpable que la pretensi\u00f3n de la gestora del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha. <\/p>\n

Lo antepuesto, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Por ello, la sociedad accionante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera la desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

Sobre el particular, se ha definido en la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n

\u00ab (\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb. (CSJ SC 24 Jun. 2004, Exp. 00142-01; 27 Jun. 2007, Exp. 00911-00; 3 Nov. 2009, Exp. 01371-01; 16 Jun. 2011, Exp. 01192-00; 25 Ene. 2012, Exp. 00001-00, entre otras) <\/p>\n

As\u00ed las cosas, no existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que el Tribunal accionado tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de la accionante. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC16985-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03968-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte, la acci\u00f3n de tutela promovida por el Consorcio CCPAZ contra el Juzgado Primero Civil del Circuito y la Sala Civil, Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103176","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103176","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103176"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103176\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103176"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103176"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103176"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}