{"id":103177,"date":"2026-07-02T18:27:46","date_gmt":"2026-07-02T18:27:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103177"},"modified":"2026-07-02T18:27:46","modified_gmt":"2026-07-02T18:27:46","slug":"stc16986-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16986-2019\/","title":{"rendered":"STC16986-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16986-2019 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2019-03846-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Marco Tulio Gonz\u00e1lez Jim\u00e9nez en representaci\u00f3n de Sotraoccidente S.A.S., contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa B\u00e1rbara y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia; tr\u00e1mite en el que se dispuso la vinculaci\u00f3n de todas las autoridades, partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

I.\tANTECEDENTES
\nA. La \tpretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al \u00abdebido proceso\u00bb, que estim\u00f3 vulnerado por las autoridades querelladas, con la adopci\u00f3n de las sentencias del 17 de julio de 2017 y el 30 de julio de 2019, mediante las cuales, se declar\u00f3 civil y solidariamente responsable a la sociedad demandada. <\/p>\n

Pretende, en consecuencia, ordenar se \u00abrevoque la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado Promiscuo de Circuito de Santa Barbara Antioquia y confirmado respecto de SOTRAOCCIDENTE SAS, por la SALA CIVIL FAMILIA del TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA, mediante la cual, procedi\u00f3 a confirmar parcialmente y reformar sentencia proferida por el JUZGADO AD QUO y, en su lugar, proceda resolver el asunto (\u2026), procurando una decisi\u00f3n consecuente con la norma fundamental respecto de la prevalencia de los derechos fundamentales, el precedente jurisprudencial y la valoraci\u00f3n de la prueba en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana critica\u00bb. <\/p>\n

B. Los \thechos <\/p>\n

1. Mar\u00eda Bernarda Cuervo Bedoya y otros, iniciaron demanda de responsabilidad civil extracontractual contra Luis Guinez L\u00f3pez Ocampo y William Bustamante en calidad de propietarios del veh\u00edculo de placas TBJ899 y la Sociedad Transportadora de Occidente Antioque\u00f1a \u201cSotraoccidente SAS\u201d como afiliadora del automotor mencionado; con el fin de que se declararan civil y solidariamente responsables de los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia del fallecimiento en accidente de tr\u00e1nsito de Jhon Alejandro Cuervo Tirado y Rub\u00e9n Dar\u00edo Cuervo Cuervo. <\/p>\n

2. El conocimiento del asunto, le correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo de Santa B\u00e1rbara, el que, en decisi\u00f3n del 19 de julio de 2017, accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda y conden\u00f3 a los accionados al pago de la indemnizaci\u00f3n por da\u00f1o moral, perjuicios materiales, lucro cesante consolidado y futuro y por da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n. <\/p>\n

3. Inconformes, el extremo pasivo promovi\u00f3 el recurso de alzada, del que conoci\u00f3 la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, quien, mediante fallo del 27 de junio de 2019, respecto de la aqu\u00ed accionante, confirm\u00f3 la providencia de primer grado. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. En auto del 28 de noviembre de 2019, se avoca el conocimiento de la presente acci\u00f3n de tutela y se ordena el traslado a las accionadas y vinculados para que ejerzan su derecho a la defensa. <\/p>\n

2. Al momento de proferir el proyecto de sentencia, ninguna parte o vinculado hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.<\/p>\n

Los criterios que se han sostenido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

2. En primer lugar, ha de advertirse que, como quiera que el reclamo constitucional se dirige tambi\u00e9n contra la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa B\u00e1rbara, la Corporaci\u00f3n solo se ocupar\u00e1 de la que fue dictada por el Tribunal Superior de Antioquia, toda vez que esta fue la que resolvi\u00f3 de manera definitiva el asunto objeto de debate. <\/p>\n

En el caso sub judice, a partir del examen de la actuaci\u00f3n puesta en consideraci\u00f3n, en la que, la autoridad judicial accionada resolvi\u00f3 confirmar la sentencia del 19 de julio de 2017 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa B\u00e1rbara en lo que respecta a los intereses de la empresa accionante; no se advierte procedente el amparo solicitado, por cuanto la determinaci\u00f3n que tom\u00f3 la encausada no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

3. Adentrados en el caso que nos ocupa, de las documentales allegadas, se evidenci\u00f3 que, el tutelante, propuso recurso de alzada contra la sentencia de primer grado, en la que el juzgador dispuso, en relaci\u00f3n con la empresa:
\n\u00ab(\u2026) Decl\u00e1rese civil, solidaria y extracontractualmente responsable a Luis Guinez Ocampo y William Bustamante en calidad de propietarios del automotor y a la empresa Sotraoccidente S.A.S., representada legalmente por Jorge Eliecer Idarraga Ocampo o quien haga sus veces, como afiliadora del veh\u00edculo de placas TBJ899\u00bb. <\/p>\n

De ah\u00ed que, el Tribunal accionado, al momento de desatar el precitado mecanismo, resolvi\u00f3 \u00abconfirmar la sentencia (\u2026) en lo que respecta a la declaratoria de civilmente responsable de la empresa SOTRAOCCIDENTE S.A.S.\u00bb. <\/p>\n

En sustento de lo adoptado, el juzgador expuso que, <\/p>\n

\u00abSi bien la sociedad SOTRAOCCIDENTE S.A.S aport\u00f3 piezas documentales que dan cuenta de un inter\u00e9s, aunque infructuoso, de desvincular administrativamente al veh\u00edculo de placas TBJ899 de su parque automotor desde las anualidades 2007 y 2009, lo cierto es que para tal \u00e9poca el veh\u00edculo a\u00fan pertenec\u00eda a los se\u00f1ores William Bustamante y Luis Guinez L\u00f3pez Ocampo pues mem\u00f3rese que la compraventa que aquellos efectuaron a Yimi Alonso R\u00edos Restrepo data del a\u00f1o 2010, por lo que no es cierto que con ocasi\u00f3n a la compraventa realizada entre los anotados sujetos se haya oficiado a la autoridad de transporte para su desvinculaci\u00f3n, circunstancia que, adem\u00e1s, explica la raz\u00f3n por la cual para el 22 de octubre de 2012, misma fecha en la que se expidi\u00f3 por la Direcci\u00f3n Departamental de Tr\u00e1nsito y Transporte de Antioquia (\u2026) el historial del veh\u00edculo de placas TBJ899 consignando que se encontraba a\u00fan afiliado a SOTRAOCCIDENTE S.A.S., motivos que permiten concluir a esta Sala de Decisi\u00f3n que la sociedad transportadora enjuiciada no despleg\u00f3 con la diligencia apropiada las acciones tendientes a lograr la desvinculaci\u00f3n del veh\u00edculo participe en el siniestro de su parque automotor\u00bb. <\/p>\n

Dicho lo anterior y, constatadas las probanzas obrantes dentro del expediente, la Sala verific\u00f3 que, muy a pesar de lo que expres\u00f3 el quejoso en el libelo introductor de la queja, lo cierto es que, para el momento de la ocurrencia de los hechos, el veh\u00edculo implicado en el siniestro se encontraba vinculado a la empresa de transporte en virtud del contrato suscrito con William Bustamante, pues as\u00ed consta en las documentales aportadas por los extremos litigiosos al proceso, tales como, el certificado de tradici\u00f3n, el registro nacional del automotor y la misma estipulaci\u00f3n realizada, se reitera, entre los propietarios de este y la afiliadora. <\/p>\n

De tal manera que, solo por hacer referencia a uno de los soportes se\u00f1alados, el art\u00edculo segundo de la Ley 769 de 20021, dispone que el \u00ab [r]egistro nacional automotor: Es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, caracter\u00edsticas y situaci\u00f3n jur\u00eddica de los veh\u00edculos automotores terrestres. En \u00e9l se inscribir\u00e1 todo acto, o contrato providencia judicial, administrativa o arbitral, adjudicaci\u00f3n, modificaci\u00f3n, limitaci\u00f3n, gravamen, medida cautelar, traslaci\u00f3n o extinci\u00f3n del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre veh\u00edculos automotores terrestres para que surtan efectos ante las autoridades y ante terceros\u00bb. <\/p>\n

Bajo la constancia del referido documento, el Tribunal cuestionado, encontr\u00f3 plenamente probada la vinculaci\u00f3n del veh\u00edculo a la sociedad accionante. <\/p>\n

En punto de lo aludido, esta Corte, en providencia SP10232-2014, expres\u00f3 que, \u00abpor principio la prueba por cualquier medio probatorio id\u00f3neo de la afiliaci\u00f3n o vinculaci\u00f3n del veh\u00edculo destinado al transporte, \u2018legitima suficientemente a la empresa afiliadora para responder por los perjuicios que se causan a terceros en el ejercicio de la actividad peligrosa que entra\u00f1a la movilizaci\u00f3n de veh\u00edculos automotores para la satisfacci\u00f3n del aludido servicio, pues si ella es la que crea el riesgo \u2026\u2019 (cas.civ. Sentencia n\u00famero 021 de 1\u00ba de febrero de 1992) debe responder por los da\u00f1os causados, dado que \u2018el solo hecho de estar afiliado un veh\u00edculo a determinada sociedad, implica que \u00e9sta en principio soporte alguna responsabilidad y tenga alg\u00fan control sobre el veh\u00edculo\u2019 (CCXXXI, 2\u00ba volumen, 897), quedando comprendido el detrimento en la esfera o c\u00edrculo de su actividad peligrosa\u201d\u00bb. <\/p>\n

4. De lo anterior, surge palpable que la pretensi\u00f3n del gestor del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha. <\/p>\n

Lo antepuesto, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al debate sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Por ello, el accionante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera la desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

5. Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar el fallo proferido en primera instancia. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional invocado. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito, de no ser impugnada la presente sentencia, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABON <\/p>\n

1\u0002 \tPor \tla cual se expide el C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito \tTerrestre y se dictan otras disposiciones.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC16986-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2019-03846-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del tres de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Marco Tulio Gonz\u00e1lez Jim\u00e9nez en representaci\u00f3n de Sotraoccidente S.A.S., contra el Juzgado Promiscuo del Circuito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103177","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103177","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103177"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103177\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103177"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103177"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103177"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}