{"id":103178,"date":"2026-07-02T18:27:53","date_gmt":"2026-07-02T18:27:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103178"},"modified":"2026-07-02T18:27:53","modified_gmt":"2026-07-02T18:27:53","slug":"stc16987-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16987-2019\/","title":{"rendered":"STC16987-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16987-2019 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03956-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Sociedad Agencia de Aduanas Gama S.A. Nivel 1 a trav\u00e9s de apoderado judicial, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn Sala Civil; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a todas las autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El extremo accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, puesto que al emitir decisi\u00f3n de segunda instancia en el marco del proceso de responsabilidad civil contractual n\u00ba 2016-01005, en el que funge como demandada, desconoci\u00f3 que el contrato es ley para las partes, al no tener en cuenta que en \u00e9l se hab\u00eda pactado un l\u00edmite m\u00e1ximo para las indemnizaciones que surgieran con ocasi\u00f3n de su incumplimiento y, sin embargo lo conden\u00f3 a pagar una suma mayor que la pactada.
\n.
\nEn consecuencia, pretende que se deje sin efecto la sentencia proferida por el Tribunal querellado el 23 de mayo de 2019. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. DM Colombia S.A.S. instaur\u00f3 demanda de responsabilidad contractual, en contra de la Sociedad Agencia de Aduanas Gama S.A. Nivel 1, a fin que se declarara civil y contractualmente responsable de haber incumplido el contrato de mandado, al no haber honrado la obligaci\u00f3n de suministrar informaci\u00f3n veraz, lo que conllev\u00f3 a que la DIAN declarara el abandono de las mercanc\u00edas que se pretend\u00edan importar y nacionalizar; asunto cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn con radicado n\u00ba2016-01005. <\/p>\n

2. Notificado el extremo demandado, contest\u00f3 la demanda oponi\u00e9ndose a la prosperidad de las pretensiones, para efecto de lo cual invoc\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito a las que denomin\u00f3 \u00abIMPROCEDENCIA DE DECLARATORIA DE EXISTENCIA DE UN CONTRATO DE MANDATO\u00bb, \u00abIMPROCEDENCIA DE LA DECLARACION DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE MANDATO\u00bb, \u00abIMPROCEDENCIA DE LA DECLARATORIA RESPONSABILIDAD POR EL ABANDONO DE LAS MERCANC\u00cdAS A FAVOR DE LA DIAN\u00bb, \u00abINEXISTENCIA DEL DA\u00d1O RECLAMADO\u00bb, y \u00abOBJECION AL JURAMENTO ESTIMATORIO\u00bb. <\/p>\n

3. El 1\u00ba de noviembre de 2017, se llev\u00f3 a cabo la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 del C.G. del P., en la que se declar\u00f3 fallida y agotada la etapa de conciliaci\u00f3n, se interrog\u00f3 a las partes, se fij\u00f3 el litigio, no se observaron irregularidades ni nulidades a declarar, se decretaron las pruebas deprecadas por los extremos procesales, as\u00ed como las que de oficio consider\u00f3 necesarias el Despacho, pero se deneg\u00f3 la prueba pericial solicitada por la demandante. <\/p>\n

Aunado a ello, prorrog\u00f3 la competencia del Despacho para conocer del asunto hasta el 27 de agosto de 2018, de acuerdo a lo normado en el art\u00edculo 121 ib\u00eddem. <\/p>\n

4. El 25 de mayo de 2018, se adelant\u00f3 la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, en la que se fij\u00f3 el litigio, se practic\u00f3 un testimonio, se presentaron los alegatos de conclusi\u00f3n y, se emiti\u00f3 sentencia por medio de la cual se resolvi\u00f3 desestimar las pretensiones de la demanda. <\/p>\n

La anterior decisi\u00f3n fue apelada por la demandante; recurso que fue concedido en el efecto suspensivo. <\/p>\n

5. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn Sala Civil, a trav\u00e9s de fallo del 23 de mayo de 2019 decidi\u00f3 revocar la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, declarar que la Agencia de Aduanas Gama S.A. Nivel 1. era civil y contractualmente responsable de los perjuicios ocasionados a la demandante, por incumplimiento del contrato de mandato consistente en intermediaci\u00f3n aduanera para tr\u00e1nsito aduanero y nacionalizaci\u00f3n de mercanc\u00eda importada. Y en tal virtud, la conden\u00f3 a pagar a favor de la parte actora $53.130.082, por concepto de da\u00f1o emergente. <\/p>\n

6. En criterio de la tutelista se vulneraron sus derechos fundamentales, ya que el Tribunal en comento al proferir fallo de segunda instancia incurri\u00f3 en un defecto sustantivo y uno f\u00e1ctico, pues conden\u00f3 a la reclamante a pagar como indemnizaci\u00f3n un monto superior al que fue pactado como l\u00edmite m\u00e1ximo en la cl\u00e1usula 5.6 del contrato de mandato, argumentando que la misma era abusiva, pero sin esbozar fundamento legal alguno y, adem\u00e1s, desatendiendo lo normado en el art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil, que establece que el contrato es ley para las partes, no obstante, que el extremo demandante no solicit\u00f3 que se invalidara de dicho acuerdo y, \u00e9ste no constituye una cl\u00e1usula abusiva. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 2 de diciembre de 2019, se dio curso a la acci\u00f3n de tutela y, se orden\u00f3 vincular a todas las autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

2. En el asunto sub judice, se duele la parte actora porque la autoridad judicial accionada, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho, por defecto sustantivo y f\u00e1ctico, como quiera que desconoci\u00f3 que el contrato es ley para los contratantes, en la medida en que coligi\u00f3 que la cl\u00e1usula 5.6 del contrato de mandato, que establec\u00eda un l\u00edmite m\u00e1ximo para las indemnizaciones que surgieran del incumplimiento del mismo, era abusiva, a pesar de que la demandante no reclam\u00f3 su invalidez ni, lo all\u00ed previsto constitu\u00eda una cl\u00e1usula abusiva y, pese a ello, orden\u00f3 al tutelante pagar una suma mayor a la acordada. <\/p>\n

En ese orden, atendidos los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y las actuaciones obrantes en el expediente objeto de estudio, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que adopt\u00f3 no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

En efecto, se observa que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn Sala Civil emiti\u00f3 fallo el 23 de mayo de 2019, en el que resolvi\u00f3 revocar la sentencia del a quo y, en tal virtud, declarar que la Agencia de Aduanas Gama S.A. Nivel 1. era civil y contractualmente responsable de los perjuicios ocasionados a la parte actora. Y en consecuencia, le orden\u00f3 pagar a favor de la demandante la suma de $53.130.082, por concepto de da\u00f1o emergente. <\/p>\n

Para sustentar la mencionada decisi\u00f3n, de entrada, la autoridad judicial cuestionada se\u00f1al\u00f3 que con ocasi\u00f3n del v\u00ednculo contractual establecido entre los extremos procesales, \u00ab[\u2026] el mandatario como deudor, asumi\u00f3 \u2013como profesional intermediario en importaciones-, la tramitaci\u00f3n ante la DIAN del tr\u00e1nsito aduanero y posterior nacionalizaci\u00f3n de mercanc\u00eda, quedando facultado el mandante para exigir su cumplimiento, o en caso de incumplimiento, para pedir la indemnizaci\u00f3n de perjuicios\u00bb. <\/p>\n

Luego, el Despacho accionado hizo \u00e9nfasis en el derecho que tiene el consumidor de bienes y servicios de ser informado y, por ende, el deber de informaci\u00f3n negocial que ostentan las partes y que emana de la buena fe, el cual implica: <\/p>\n

[\u2026] dar noticia, informar, hacer saber a la contraparte de las circunstancias, cualidades y situaciones de hecho sobre el objeto del contrato, el contenido y los efectos de este, entre otros elementos, que permiten dentro del periodo precontractual, la determinaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de contratar en las condiciones que permitan satisfacer los propios intereses de los contratantes, como tambi\u00e9n la subsiguiente ejecuci\u00f3n del contrato orientado al cumplimiento debido de las obligaciones a cargo, bajo los postulados de buena fe. <\/p>\n

En cuanto a dicha obligaci\u00f3n de informaci\u00f3n, el Tribunal querellado indic\u00f3 que \u00ab[\u2026] encuentra su raz\u00f3n de ser en dos supuestos. Por una parte, la desigualdad de conocimientos entre los contratantes, cuyo cumplimiento pretende lograr el restablecimiento de la igualdad entre las partes evitando el ejercicio abusivo de posiciones dominantes; y por la otra, formar adecuadamente el consentimiento del contratante en cuanto el cumplimiento del deber de informaci\u00f3n robustece dicho consentimiento al permitir su formaci\u00f3n.\u00bb <\/p>\n

De otro lado y, de acuerdo a lo normado en el art\u00edculo 12 del Decreto 2685 de 1999, vigente para la \u00e9poca de los hechos, result\u00f3 claro para la autoridad judicial cuestionada que era necesaria la intermediaci\u00f3n de una sociedad de intervenci\u00f3n aduanera, para que la importaci\u00f3n adelantada por la demandante, al paso que no evidenci\u00f3 en el plenario prueba que demostrara que la misma fuese \u00abun usuario aduanero permanente\u00bb, para que pudiese actuar directamente ante la DIAN, m\u00e1xime cuando \u00ab[\u2026] el valor de la mercanc\u00eda importada sobrepasaba los US$ 1.000, circunstancia por la cual se ve\u00eda obligada la demandante a legalizar la mercanc\u00eda importada mediante una Sociedad Intermediaria Aduanera [\u2026]\u00bb, como en efecto lo hizo con la demandada por medio de un mandato especial que fue aceptado por los extremos procesales. <\/p>\n

En efecto y, conforme a lo reglado en los art\u00edculos 12 y 14 ib\u00eddem, en concordancia con el par\u00e1grafo del art\u00edculo 313 de la Resoluci\u00f3n Reglamentaria n\u00ba 4240 de 2000, el Despacho accionado advirti\u00f3 que:
\n[\u2026] Es clara entonces la regla en cuanto que no se permite el tr\u00e1nsito aduanero de importaci\u00f3n \u201ccuando se trate de importadores que realicen su primera operaci\u00f3n de comercio exterior\u201d, regla de car\u00e1cter imperativo, por lo que fue la autoridad nacional competente la que prohibi\u00f3 esa operaci\u00f3n a las sociedades novicias en el mundo de la importaci\u00f3n, hecho que debi\u00f3 ser conocido por el profesional en la materia, de ah\u00ed que era su deber informar a la demandante que no era posible realizar el tr\u00e1nsito aduanero, haci\u00e9ndose en ese punto su obligaci\u00f3n de resultado y [\u2026] no de medio, empero como la demandada desconoc\u00eda la legislaci\u00f3n acabada de mencionar, no advirti\u00f3 a la empresa importadora de la imposibilidad de realizar la operaci\u00f3n del tr\u00e1nsito, cre\u00e1ndole una falsa expectativa de contar con un amplio margen de tiempo para la consecuci\u00f3n del Registro Sanitario de la mercanc\u00eda importada, cuando lo que debi\u00f3 advertirle era que deb\u00eda apurar en conseguir toda la documentaci\u00f3n para la nacionalizaci\u00f3n de la mercanc\u00eda en un plazo m\u00e1ximo de 3 meses, una vez arribara la mercanc\u00eda al puerto, toda vez que en este caso la operaci\u00f3n de legalizaci\u00f3n deb\u00eda realizarse en puerto, ya que estaba prohibida la modalidad de tr\u00e1nsito aduanero por tratarse de un importador novato.
\nY es que en este caso [\u2026] por ser la demandada profesional en el ramo de las importaciones, no pod\u00eda excusarse en el desconocimiento de las reglas que prohib\u00edan autorizar el traslado aduanero de mercanc\u00edas cuando se trataba de una primera operaci\u00f3n de importaci\u00f3n del due\u00f1o de las mercanc\u00edas, ignorancia que le impidi\u00f3 cumplir con ese deber y por ese camino lleg\u00f3 al incumplimiento de su obligaci\u00f3n de lograr el tr\u00e1nsito aduanero y posterior nacionalizaci\u00f3n de la mercanc\u00eda, posibilidad que se trunc\u00f3 por la falta de informaci\u00f3n en que incurri\u00f3 la mandataria demandada frente a su mandante, pues, de haberse comportado como un buen hombre de negocios, lo que cab\u00eda era aconsejar a su mandante que hiciera la nacionalizaci\u00f3n en el Puerto de Buenaventura y que acelerara el tr\u00e1mite para conseguir el certificado de Registro Invima y dem\u00e1s documentos, porque el tiempo apremiaba, pero obr\u00f3 de manera contraria. \u2013Subrayas de esta Sala-. <\/p>\n

Lo anotado, permiti\u00f3 concluir al Tribunal querellado que se encontraban acreditados los presupuestos de la responsabilidad civil contractual, como quiera que: <\/p>\n

[\u2026] frente a la existencia del contrato, no existe margen de discusi\u00f3n y, tambi\u00e9n, como se acaba de referenciar, est\u00e1 acreditado el incumplimiento de las obligaciones de la demandada y el da\u00f1o causado, y si bien es cierto no desconoce la Sala que el abandono de la mercanc\u00eda obedeci\u00f3 a la imposibilidad de presentar los formularios de nacionalizaci\u00f3n ante la falta del documento denominado \u201cRegistro Sanitario \u2013que deb\u00eda expedir el INVIMA\u201d, lo cierto es que qued\u00f3 acreditado que esa autorizaci\u00f3n \u2013l\u00e9ase registro sanitario-, aunque finalmente fue conseguida por la demandante, empero se obtuvo el 12 de junio del 2013, momento para el cual se hab\u00eda declarado la mercanc\u00eda en abandono, hecho acaeci\u00f3 el 10 de junio del 2013. <\/p>\n

Conforme a lo narrado y, en cuanto a la tasaci\u00f3n de perjuicios y al l\u00edmite de la indemnizaci\u00f3n, la autoridad cuestioanda se\u00f1al\u00f3, de un lado, que de acuerdo a lo acreditado reconocer\u00eda el da\u00f1o emergente, en atenci\u00f3n a que las partes lo pactaron como concepto de indemnizaci\u00f3n y, del otro, que la cl\u00e1usula prevista en el contrato objeto de estudio, en la que se limit\u00f3 la indemnizaci\u00f3n, \u00abes abusiva o leonina y no podr\u00e1 ser tenida en cuenta por el Tribunal\u00bb, por cuanto: <\/p>\n

\u00ab[\u2026] basta referenciar las calidades supuestas de la sociedad demandada, a quien el Estado le encomend\u00f3 la labor de intermediador en las solicitudes de nacionalizaci\u00f3n; tr\u00e1nsito aduanero etc., precisamente por las grandes cuant\u00edas manejadas en las operaciones de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n, mismas que no pueden ser dejadas en manos de personas legos en la materia, pues no conocer los requisitos legales de las operaciones podr\u00eda generar grandes detrimentos, de ah\u00ed que la parte demandada no pueda imponer un l\u00edmite a lo que, por su deficiente gesti\u00f3n, genere una p\u00e9rdida, tal y como ocurri\u00f3 en el caso de marras. <\/p>\n

Lo esbozado de cara a los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n, demuestra que contrario a lo estimado por \u00e9sta, no logra advertirse irregularidad suficiente para que por v\u00eda constitucional se deje sin efecto la determinaci\u00f3n en menci\u00f3n, m\u00e1xime cuando la sociedad demandada falt\u00f3 a los deberes y obligaciones adquiridas con el contrato de mandato especial que celebr\u00f3 con la demandante, pues pese a ofrecerle servicios profesionales y especializados, a fin de adelantar tr\u00e1mites ante el ente estatal para el tr\u00e1nsito de mercanc\u00eda y, adem\u00e1s, encontrarse autorizada por la autoridad competente para ejercer tal labor: <\/p>\n

i) Desconoci\u00f3 que de acuerdo a la ley, la operaci\u00f3n de tr\u00e1nsito aduanero no era procedente en este asunto, debido a que era la primera importaci\u00f3n de la parte accionante; situaci\u00f3n que debi\u00f3 haber sido prevista e informada a \u00e9sta. <\/p>\n

ii) Y opt\u00f3 por nacionalizar la mercanc\u00eda en el puerto de llegada, lo que indudablemente aminor\u00f3 el tiempo para la consecuci\u00f3n del registro sanitario, por lo que al agotarse tal t\u00e9rmino, la mercanc\u00eda fue declarada en abandono y pas\u00f3 a ser de propiedad del estado colombiano. <\/p>\n

Por dem\u00e1s, no puede perderse de vista que, si bien es cierto, los contratantes acordaron limitar el monto de la indemnizaci\u00f3n, tambi\u00e9n lo es, que tal cl\u00e1usula resulta ser abusiva de cara a las especiales calidades de la sociedad accionada, as\u00ed como a la cuant\u00eda de las importaciones y exportaciones que se le encomendaron, las cuales pueden generar cuantiosas p\u00e9rdidas patrimoniales, que no permiten a la demandada imponer un limite a lo que por su cuestionable labor ocasione un detrimento, ya que ello rompe con el equilibrio entre los contratantes. <\/p>\n

3. En ese orden de ideas, surge palpable que las pretensiones de la tutelante se circunscribieron, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad judicial accionada se bas\u00f3 para resolver los asuntos puestos en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que los reprocha. <\/p>\n

Lo antepuesto, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Por ello, la accionante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad querellada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera la desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

Sobre el particular, la Sala ha sostenido: <\/p>\n

[A]l sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c[\u2026] independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, no existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial o del precedente, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que la autoridad judicial acusada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, ya que los motivos que expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de la tutelista. <\/p>\n

4. Las anteriores razones se estiman suficientes para denegar el amparo constitucional deprecado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito, de no ser impugnada la presente sentencia, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC16987-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03956-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Sociedad Agencia de Aduanas Gama S.A. Nivel 1 a trav\u00e9s de apoderado judicial, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103178","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103178","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103178"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103178\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103178"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103178"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103178"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}