{"id":103182,"date":"2026-07-02T18:28:20","date_gmt":"2026-07-02T18:28:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103182"},"modified":"2026-07-02T18:28:20","modified_gmt":"2026-07-02T18:28:20","slug":"stc16991-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16991-2019\/","title":{"rendered":"STC16991-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado Ponente
\nSTC16991-2019 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2019-00417-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del diez de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el veintitr\u00e9s (23) de octubre de dos mil diecinueve por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Fabi\u00e1n Harbeith Roa Due\u00f1ez contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

I.\tANTECEDENTES <\/p>\n

A. La \tpretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la igualdad\u00bb los cuales estim\u00f3 vulnerados por la autoridad judicial accionada, frente a las determinaciones proferidas el 17 de junio y 30 de septiembre de 2019 mediante las cuales: i) determin\u00f3 que los dineros producto del remate de los bienes inmuebles propiedad del demandado al interior del proceso ejecutivo hipotecario que promovi\u00f3, ser\u00e1n destinados en primer orden de prevalencia al proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica y, luego, en segundo orden, a la obligaci\u00f3n existente a su favor \u2013garant\u00eda hipotecaria- y, ii) resolvi\u00f3 no reponer la anterior decisi\u00f3n. <\/p>\n

Asegura que, el cr\u00e9dito derivado de la investigaci\u00f3n fiscal al que hace referencia la Contralor\u00eda General no pertenece a aquellos establecidos en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 2495 del C\u00f3digo Civil -de primera clase-, como quiera que no guarda relaci\u00f3n con los impuestos, por el contrario, es una obligaci\u00f3n de quinto grado pues se origin\u00f3 de la actuaci\u00f3n que realiz\u00f3 como Director de la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma de Santander, ante la que prevalece el cr\u00e9dito hipotecario. <\/p>\n

Pretende en consecuencia que \u00ab (\u2026) ordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias para que dentro del proceso ejecutivo aplique correctamente la ley sustancia y procesal d\u00e1ndole prevalencia al cr\u00e9dito hipotecario (\u2026), determinaciones proferidas el 17 de junio y 30 de septiembre de 2019\u00bb. [Folio 16; cp.] <\/p>\n

B. Los \thechos <\/p>\n

1. El se\u00f1or H\u00e9ctor Murillo se oblig\u00f3 y firm\u00f3 a favor del se\u00f1or Hugo Roa Hurtado, seis letras de cambio por valor de $30\u2019000.000 cada una, para un total de $180\u2019000.000 que se comprometi\u00f3 a pagar el 14 de febrero de 2014. Para garantizar el cumplimiento de dicha obligaci\u00f3n, suscribieron escritura p\u00fablica N\u00ba 5496 del 27 de diciembre de 2013 ante la Notar\u00eda Tercera del C\u00edrculo de Bucaramanga, hipoteca de primer grado sobre los siguientes bienes inmuebles:
\n\u00aba. Lote de terreno sin edificaciones, ubicado en la carrera 4 con calle 7 de Barichara \u2013 Santander identificado con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 302-7472.
\nb. Un lote de terreno ubicado en la carrera 4 n\u00famero 6-36 del per\u00edmetro urbano del municipio de Barichara, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 302-7223\u00bb. <\/p>\n

2. El se\u00f1or Hugo Roa Hurtado falleci\u00f3 en la ciudad de Bucaramanga el 30 de agosto de 2014, por lo que se tramit\u00f3 la sucesi\u00f3n ante la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de M\u00e1laga y se protocoliz\u00f3 mediante escritura p\u00fablica N\u00ba 187 del 26 de mayo de 2015; en dicho tr\u00e1mite sucesorio se le adjudic\u00f3 a Fabi\u00e1n Harbeith Roa Due\u00f1ez \u2013hoy accionante- el cr\u00e9dito hipotecario antes mencionado. <\/p>\n

3. Por lo anterior, en el a\u00f1o de 2015 el promotor de la queja promovi\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario de mayor cuant\u00eda en contra de H\u00e9ctor Murillo, en la que aport\u00f3 como base de la ejecuci\u00f3n las seis letras de cambio por valor de $30\u2019000.000 cada una, para un total de $180\u2019000.000 con su respectiva garant\u00eda hipotecaria. <\/p>\n

4. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga. <\/p>\n

5. En prove\u00eddo de 24 de junio de 2015, el Juzgado de Conocimiento libr\u00f3 mandamiento de pago en contra del ejecutado, de conformidad en su momento con los art\u00edculos 497, 498, 554 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n

6. Agotadas las etapas procesales previas, el 11 de diciembre del mismo a\u00f1o, el Juez cognoscente dict\u00f3 sentencia en que la que orden\u00f3: i) seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y, ii) el remate de los bienes objeto de hipoteca. <\/p>\n

7. Posterior, en oficio radicado el 14 de julio de 2017 el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga remiti\u00f3 con direcci\u00f3n a ese proceso, se procediera al embargo de remanentes de los bienes embargados y que se llegaren a desembargar de propiedad del deudor. Para lo cual, indic\u00f3 el tr\u00e1mite de alimentos que se adelantaba en contra de \u00e9ste, a favor de su hija Isabel Sof\u00eda Murillo Valdez, advirti\u00f3 de la prelaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos de que habla el art\u00edculo 134 de la Ley 1098 de 2006. <\/p>\n

8. En auto de 18 de julio de 2017, el Juzgado Primero de Ejecucion Civil del Circuito de Bucaramanga, a quien fue remitido el litigio por competencia, tom\u00f3 nota de la medida cautelar y se\u00f1al\u00f3 que tendr\u00e1 en cuenta la prelaci\u00f3n del cr\u00e9dito en el momento procesal oportuno. <\/p>\n

9. A su paso, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica inform\u00f3 que decret\u00f3 el embargo preventivo de los bienes inmuebles de propiedad del se\u00f1or H\u00e9ctor Murillo y, teniendo en cuenta que los mismos ya aparec\u00edan a favor del ejecutivo que adelantaba el peticionario del amparo, solicit\u00f3 al Despacho de conocimiento tomar nota del embargo del remanente de los bienes que se llegaren a desembargar. <\/p>\n

10. Con base en los hechos narrados, el Juzgado encausado tom\u00f3 nota de las cautelas anunciadas y manifest\u00f3 que \u00abuna vez existan dineros o bienes a favor del presente proceso, se tendr\u00e1 en cuenta la prelaci\u00f3n o referencia legal de los cr\u00e9ditos, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 465 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n

11. Por su parte, el tutelante en escrito arrimado de forma posterior, anunci\u00f3 que la medida cautelar decretada por la Contralor\u00eda no ten\u00eda prelaci\u00f3n alguna, como quiera que se trata de un embargo preventivo ordenado dentro de un proceso de responsabilidad fiscal, pero no de un asunto de la jurisdicci\u00f3n coactiva. <\/p>\n

12. En prove\u00eddo de 18 de octubre de 2017, el funcionario accionado neg\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n elevada por el recurrente, por haber sido presentada de forma extempor\u00e1nea y, en todo caso, advirti\u00f3 que seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 465 del C\u00f3digo General del Proceso, har\u00e1 la distribuci\u00f3n correspondiente cuando fuere necesario. <\/p>\n

13. Despu\u00e9s, en oficio fechado el 26 de octubre de la misma fecha, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil inform\u00f3 que, al interior del proceso de alimentos iniciado por Mar\u00eda Alejandra y Mar\u00eda Ang\u00e9lica Murillo, se decret\u00f3 el embargo de los remanentes de los bienes embargados y que se llegaren a embargar de propiedad de H\u00e9ctor Murillo. <\/p>\n

14. La autoridad judicial encausada previamente a tomar nota de aquella disposici\u00f3n, requiri\u00f3 al Juez de Familia de San Gil, con el prop\u00f3sito de que aclarara si las demandantes dentro del proceso de alimentos eran menores o mayores de edad, para lo cual se inform\u00f3 que aquellas nacieron en 1998 \u00ab (\u2026) contando en este momento con 18 a\u00f1os de edad\u00bb. <\/p>\n

15. El 7 de noviembre de 2017, el Despacho accionado efectu\u00f3 la diligencia de remate de los bienes embargados, que fueron adjudicados al ejecutado, pero en auto posterior, se improb\u00f3 la subasta por no ser \u00e9ste el acreedor con mejor derecho. <\/p>\n

16. En diligencia del 9 de mayo de 2018, el funcionario cognoscente llev\u00f3 a cabo nuevamente la almoneda de los inmuebles objeto de garant\u00eda real y se adjudicaron a la se\u00f1ora Maribel S\u00e1nchez Jaimes. Adem\u00e1s, requiri\u00f3 a los Juzgados de Familia y a la Contralor\u00eda para que arrimaran la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y las costas, teniendo en cuenta la existencia del embargo de remanentes y dada la prelaci\u00f3n de las cautelas; finalmente, ofici\u00f3 a la Contralor\u00eda General para que indicara \u00aben qu\u00e9 etapa se encuentra el proceso que all\u00ed se adelanta y aclare en qu\u00e9 t\u00e9rminos hace la manifestaci\u00f3n de que all\u00ed existe un embargo preventivo\u00bb. <\/p>\n

17. En ese orden, el Juzgado Cuarto de Familia se\u00f1al\u00f3 que, seg\u00fan la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aprobada la obligaci\u00f3n por alimentos asciende a la suma de $35\u2019053.585. Por su parte, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Gil advirti\u00f3 que en el proceso que se adelanta en su Despacho las demandantes cobran 3 cuotas de alimentos de cuando eran menores de edad, por valor de $1\u2019386.843 cada una, pues lo dem\u00e1s emolumentos se generaron cuando aquellas cumplieron la mayor\u00eda de edad. A su turno, la Contralor\u00eda General precis\u00f3 que ya emiti\u00f3 auto de imputaci\u00f3n dentro del tr\u00e1mite adelantado y se perfeccionaron las cautelas en cumplimiento al art\u00edculo 12 de la Ley 610 de 2000. <\/p>\n

18. En providencia del 9 de octubre de ese a\u00f1o, el Juzgado recurrido orden\u00f3 elaborar t\u00edtulos judiciales a favor de los procesos de alimentos as\u00ed: para el que se adelanta en el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga, cuya beneficiaria es una menor de edad, la suma de $42\u2019733.876 y, para el que cursa en el Juzgado Promiscuo de Familia de San Gil: $3\u2019115.716. De otro lado, no accedi\u00f3 a suministrar dep\u00f3sitos judiciales a favor de la Contralor\u00eda General, toda vez que, el proceso de responsabilidad fiscal no ten\u00eda sentencia en firme. <\/p>\n

19. La apoderada judicial de las menores Mar\u00eda Ang\u00e9lica y Mar\u00eda Alejandra Murillo, inconformes con la anterior determinaci\u00f3n presentaron recurso de reposici\u00f3n, tras se\u00f1alar que debe entreg\u00e1rseles la totalidad del dinero que, por concepto de alimentos adeuda su progenitor, sin importar el hecho de que ya adquirieron la mayor\u00eda de edad. <\/p>\n

20. En prove\u00eddo de 17 de julio del a\u00f1o avante, la autoridad querellada resolvi\u00f3 no reponer su decisi\u00f3n con fundamento en el art\u00edculo 134 de la Ley 1098 de 2006 y, en el mismo auto neg\u00f3 la entrega de los dineros rogada por el ejecutante, hasta tanto la Contralor\u00eda liquidara la obligaci\u00f3n, dado que \u00abdicho cr\u00e9dito tambi\u00e9n goza de prelaci\u00f3n ante el que aqu\u00ed se ejecuta\u00bb. <\/p>\n

21. Inconforme el tutelante con la anterior providencia, la recurri\u00f3 mediante reposici\u00f3n, reiter\u00f3 que la obligaci\u00f3n existente a su favor debe pagarse con preferencia a la deuda a la que hace referencia la Contralor\u00eda General, debido a que es una categor\u00eda superior. <\/p>\n

22. En auto de 30 de septiembre de hoga\u00f1o, el Juez de conocimiento mantuvo inc\u00f3lume su decisi\u00f3n, argument\u00f3 que \u00abpara determinar el grado de prelaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos objeto de cobro por parte de la Contralor\u00eda General debe entender que tales acreencias corresponden a lo que gen\u00e9ricamente se ha denominado cr\u00e9ditos fiscales o favor del fisco. Por tal raz\u00f3n, en virtud de lo dispuesto en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 2495 del C\u00f3digo Civil estas deudas si son consideradas como de primera clase\u00bb. <\/p>\n

23. El actor acudi\u00f3 al mecanismo constitucional, tras considerar que la autoridad judicial vulner\u00f3 sus derechos fundamentales, frente a las determinaciones proferidas el 17 de junio y 30 de septiembre de 2019 mediante las cuales i) determin\u00f3 que los dineros producto del remate de los bienes inmuebles propiedad del demandado al interior del proceso ejecutivo hipotecario que promovi\u00f3, ser\u00e1n destinados en primer orden de prevalencia al proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica y, luego en segundo orden, a la obligaci\u00f3n existente a su favor \u2013garant\u00eda hipotecaria- y, ii) resolvi\u00f3 no reponer la anterior decisi\u00f3n. <\/p>\n

Asegura que, el cr\u00e9dito derivado de la investigaci\u00f3n fiscal al que hace referencia la Contralor\u00eda General no pertenece a aquellos establecidos en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 2495 del C\u00f3digo Civil -de primera clase-, como quiera que no guarda relaci\u00f3n con los impuestos, por el contrario, es una obligaci\u00f3n de quinto grado pues se origin\u00f3 de la actuaci\u00f3n que realiz\u00f3 como Director de la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma de Santander, ante la que prevalece el cr\u00e9dito hipotecario. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite \tde la instancia <\/p>\n

1. El conocimiento del asunto en primera instancia, correspondi\u00f3 a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y mediante prove\u00eddo de 11 de octubre de 2019, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho de defensa. <\/p>\n

Por su parte, Mar\u00eda Alejandra y Mar\u00eda Ang\u00e9lica Murillo Rodr\u00edguez, vinculadas al presente tr\u00e1mite constitucional informaron que, en efecto adelantan proceso ejecutivo de alimentos en contra de su progenitor, que cursa en el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil; se\u00f1alaron adem\u00e1s, que si bien el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n estaba dando prelaci\u00f3n al paso de su cr\u00e9dito, en virtud del embargo de remanente decretado en el tr\u00e1mite de alimentos, lo cierto es que, al cumplir los 18 a\u00f1os dej\u00f3 de tener en cuenta dicho beneficio, pues orden\u00f3 la entrega de las cuotas causadas \u00fanicamente hasta el d\u00eda en el que aquellas fueron menores de edad, a pesar de que, en este momento, son estudiantes y dependen econ\u00f3micamente de su progenitor. <\/p>\n

Por lo expuesto, solicitaron que en la decisi\u00f3n que se adopte el Tribunal \u00abtambi\u00e9n se pronuncie con respecto a la prelaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos para alimentos de los hijos mayores de edad y se ordene al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n dejar a disposici\u00f3n los t\u00edtulos que corresponden a favor del Juzgado de Familia de San Gil, previa actualizaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n

En su lugar, la Contralor\u00eda General inform\u00f3 que adelant\u00f3 proceso fiscal en contra de H\u00e9ctor Murillo con fundamento en lo dispuesto en el ordinal quinto del art\u00edculo 267 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que en su tenor establece \u00abEl Contralor General de la Rep\u00fablica tendr\u00e1 las siguientes atribuciones: 5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gesti\u00f3n fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar a su monto y ejercer la jurisdicci\u00f3n coactiva, para lo cual se tendr\u00e1 prelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Manifest\u00f3 que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 610 de 2000, en el transcurso del proceso de responsabilidad fiscal es posible decretar medidas cautelares sobre los bienes de la persona presuntamente responsable de un detrimento al patrimonio p\u00fablico, a fin de conseguir recursos para amparar el pago del posible desmedro al erario; afirm\u00f3 que dichas medidas tienen el car\u00e1cter de \u00abprecautelatorio\u00bb y proceden sin que se haya proferido decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n

Revel\u00f3 que, en todo caso, el tr\u00e1mite fiscal ya se encuentra en cobro coactivo iniciado desde el 29 de marzo de 2019, sin que haya recibido dinero alguno en virtud de las medidas cautelares decretadas. <\/p>\n

Finalmente, consign\u00f3 que en el litigio existe falta de legitimaci\u00f3n por pasiva frente a la entidad y, en consecuencia, pidi\u00f3 que ninguna orden constitucional se imponga en su contra. <\/p>\n

3. El Tribunal Superior de Bucaramanga, en sentencia de tutela del 23 de octubre de 2019, concedi\u00f3 el amparo constitucional tras considerar que el cr\u00e9dito que reclama la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica en el proceso ejecutivo objeto de la queja constitucional, no constituye un impuesto fiscal para que pueda ser valorado como una obligaci\u00f3n de primera categor\u00eda, se trata exclusivamente de las resultas de un proceso de responsabilidad fiscal adelantado en contra del deudor, que al menos para este momento, no debe prevalecer sobre la obligaci\u00f3n hipotecaria, pues no hay un norma que taxativamente as\u00ed lo ordene. En efecto, como lo menciona el accionante, el cr\u00e9dito que cobra la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica debe catalogarse como \u00abdel fisco contra los recaudadores, administradores y rematadores de rentas y bienes fiscales\u00bb toda vez que, obedece a una obligaci\u00f3n fiscal que se adelant\u00f3 en contra de H\u00e9ctor Murillo, por las gestiones que realiz\u00f3 como director de la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Santander. <\/p>\n

De otra parte precis\u00f3 que, no existe yerro alguno por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga al no dar prelaci\u00f3n al cr\u00e9dito derivado del proceso de alimentos que cursa en el Juzgado Promiscuo de San Gil en contra del ejecutado, como quiera que tal y como lo establece el art\u00edculo 134 de la Ley 1098 de 2006, dicho beneficio est\u00e1 contemplado \u00fanicamente a favor de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, esto es, los menores de 18 a\u00f1os, sin que pueda interpretarse que all\u00ed se encuentren incluidos aquellos que, aunque ya superaron la mayor\u00eda de edad, permanecen estudiado, pues el art\u00edculo 3\u00ba de la misma ley limita el concepto. <\/p>\n

4. Inconformes con la anterior determinaci\u00f3n, se presentaron los siguientes escritos de impugnaci\u00f3n:
\nMar\u00eda Ang\u00e9lica y Mar\u00eda Alejandra Murillo Rodr\u00edguez: Vinculadas en el tr\u00e1mite constitucional, reiteraron acerca de la prelaci\u00f3n de su cr\u00e9dito por cuotas alimentarias que adeuda el ejecutado, toda vez que, si bien en la actualidad son mayores de edad, a\u00fan se encuentran estudiando, lo que comporta la necesidad de \u00e9stas.
\nLa Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica: Vinculada en la presente acci\u00f3n, indic\u00f3 que el fallo con responsabilidad fiscal en firme y ejecutoriado, por ser constituido de forma privilegiada a favor del fisco, corresponde a un cr\u00e9dito de primera clase en los t\u00e9rminos del numeral 6\u00ba del art\u00edculo 2495 del C\u00f3digo Civil. Adem\u00e1s manifest\u00f3 que, tal cr\u00e9dito en los t\u00e9rminos del numeral 5\u00ba, art\u00edculo 2 del acto legislativo N\u00ba 04 de 2019 tiene prelaci\u00f3n en concordancia con el art\u00edculo 2493 del C\u00f3digo Civil y numeral 1\u00ba del art\u00edculo 293 del Estatuto Org\u00e1nico de Sistema Financiero. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de la administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas. <\/p>\n

2. En el caso sub examine aduce el reclamante que la autoridad judicial vulner\u00f3 sus derecho fundamentales al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la igualdad\u00bb frente a las determinaciones proferidas el 17 de junio y 30 de septiembre de 2019 mediante las cuales i) determin\u00f3 que los dineros producto del remate de los bienes inmuebles propiedad del demandado al interior del proceso ejecutivo hipotecario que promovi\u00f3, ser\u00e1n destinados en primer orden de prevalencia al proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica y, luego en segundo orden, a la obligaci\u00f3n existente a su favor \u2013garant\u00eda hipotecaria- y, ii) resolvi\u00f3 no reponer la anterior decisi\u00f3n. <\/p>\n

Asegura que, el cr\u00e9dito derivado de la investigaci\u00f3n fiscal al que hace referencia la Contralor\u00eda General no pertenece a aquellos establecidos en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 2495 del C\u00f3digo Civil -de primera clase-, como quiera que no guarda relaci\u00f3n con los impuestos, por el contrario, es una obligaci\u00f3n de quinto grado pues se origin\u00f3 de la actuaci\u00f3n que realiz\u00f3 como Director de la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma de Santander, ante la que prevalece el cr\u00e9dito hipotecario. <\/p>\n

En efecto, como lo dispuso el Tribunal en fallo de tutela de primera instancia y despu\u00e9s de una cuidadosa y atenta lectura a los preceptos normativos, f\u00e1cil es concluir que el Juzgador incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho que vulnera los derechos de quien acudi\u00f3 al mecanismo constitucional, por las razones que pasar\u00e1n a desglosarse. <\/p>\n

En primer aspecto, se debe precisar que la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos es una instituci\u00f3n civil que opera cuando los bienes del deudor no son suficientes para cubrir la totalidad de las obligaciones dinerarias adquiridas frente a la universalidad de acreedores, raz\u00f3n por la cual, dicha figura permite establecer un determinado orden para que aquellos que concurren, obtengan el pago de sus acreencias a cargo del patrimonio del moroso. <\/p>\n

Se sigue de lo anterior que, la normativa civil establece el orden de \u00abpreferencia\u00bb o \u00abr\u00e9gimen de prelaci\u00f3n de las acreencias\u00bb, con el fin de lograr la satisfacci\u00f3n con base en una valoraci\u00f3n ligada a la importancia del cr\u00e9dito, la naturaleza y las garant\u00edas que persiguen el cumplimiento de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n

Bajo este marco supralegal se ha desarrollado en el ordenamiento colombiano las siguientes categor\u00edas de privilegio: a) primera clase (art\u00edculo 2495), b) segunda clase (art\u00edculo 2497), c) tercera clase (art\u00edculo 2499), d) cuarta clase (2502) y e) quinta clase o quirografarios (art\u00edculo 2509). <\/p>\n

3. De manera que, el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el accionante aduce que promovi\u00f3 proceso ejecutivo en contra de H\u00e9ctor Murillo en el que present\u00f3 como base de la ejecuci\u00f3n garant\u00eda hipotecaria -escritura p\u00fablica N\u00ba 5496 del 27 de diciembre de 2013 protocolizada en la Notar\u00eda Tercera del C\u00edrculo de Bucaramanga, sobre los siguientes bienes inmuebles: \u00aba. Lote de terreno sin edificaciones, ubicado en la carrera 4 con calle 7 de Barichara \u2013 Santander identificado con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 302-7472; b. Un lote de terreno ubicado en la carrera 4 n\u00famero 6-36 del per\u00edmetro urbano del municipio de Barichara, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 302-7223\u00bb-; posterior en el curso de dicho tr\u00e1mite se presentaron tres acreencias m\u00e1s que recaen sobre la parte ejecutada as\u00ed: <\/p>\n

1. Juzgado \tCuarto de Familia de Bucaramanga, cuya beneficiaria es una menor de \tedad -Isabel \tSof\u00eda Murillo Valdez-, en la suma de $42\u2019733.876.
\n2. Juzgado \tPromiscuo de Familia de San Gil: \tcuyas \tbeneficiarias son dos mayores de edad -Mar\u00eda Alejandra y \tMar\u00eda Ang\u00e9lica Murillo Rodr\u00edguez-, en la suma \tde $3\u2019115.716 (cuotas causadas cuando eran menores de edad).
\n3. Contralor\u00eda \tGeneral de la Rep\u00fablica: Proceso de responsabilidad fiscal \tque adelant\u00f3 en contra del demandado (pendiente de la \tliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito). <\/p>\n

Ahora bien, la autoridad judicial querellada procedi\u00f3 una vez efectu\u00f3 la diligencia de remate de los bienes embargados y que fueron adjudicados posteriormente, a realizar la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y, en ese orden, dispuso la elaboraci\u00f3n de los respectivos t\u00edtulos judiciales a favor de los procesos de alimentos; no obstante, frente a la acreencia del promotor de la queja neg\u00f3 la entrega de los dineros, hasta tanto la Contralor\u00eda General liquidara la obligaci\u00f3n, dado que \u00abdicho cr\u00e9dito tambi\u00e9n goza de prelaci\u00f3n ante el que aqu\u00ed se ejecuta\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, para desarrollar la censura que plante\u00f3 el peticionario del amparo en sede constitucional, referente a que, la garant\u00eda hipotecaria prevalece sobre el cr\u00e9dito de la Contralor\u00eda General, se advierte que, seg\u00fan el art\u00edculo 2499 del C\u00f3digo Civil contempla dicha acreencia en orden de tercera clase: \u00abLa tercera clase de cr\u00e9ditos comprende los hipotecarios\u00bb. <\/p>\n

A su paso, el art\u00edculo 2502 ib\u00eddem comprende los cr\u00e9ditos del fisco en la categor\u00eda de cuarta clase: \u00ab1. Los del fisco contra los recaudadores, administradores y rematadores de rentas y bienes fiscales\u00bb <\/p>\n

Sin embargo, la precipitada norma antepone en el art\u00edculo 2495 ib\u00eddem los cr\u00e9ditos de primera clase cuando nacen de las siguientes causas: <\/p>\n

\u00ab1. Las costas judiciales que se causen en el inter\u00e9s general de los acreedores.
\n2. Las expensas funerales necesarias del deudor difunto.
\n3. Los gastos de la enfermedad de que haya fallecido el deudor.
\nSi la enfermedad hubiere durado m\u00e1s de seis meses, fijar\u00e1 el juez, seg\u00fan las circunstancias, la cantidad hasta la cual se extienda la preferencia.
\n4. Los salarios, sueldos y todas las prestaciones provenientes del contrato de trabajo.
\n5. Los art\u00edculos necesarios de subsistencia, suministrados al deudor y a su familia durante los \u00faltimos tres meses.
\nEl juez, a petici\u00f3n de los acreedores, tendr\u00e1 la facultad de tasar este cargo si le pareciere exagerado.
\n6. Lo cr\u00e9ditos del fisco y los de las municipalidades por impuestos fiscales o municipales devengados\u00bb. (Subrayado fuera de texto).
\nLa norma transcrita permite dilucidar en s\u00edntesis que, si bien los cr\u00e9ditos hipotecarios se encuentran establecidos en el tercer orden, mientras que, los del fisco hacen parte de la clasificaci\u00f3n contenida en el cuarto orden, el legislador plante\u00f3 una excepci\u00f3n frente a ciertos escenarios, entre los que se destaca, los cr\u00e9ditos del fisco y los de las municipalidades por impuestos fiscales o municipales devengados, los cuales sin la menor duda, conforman la clasificaci\u00f3n contenida en el primer orden. <\/p>\n

Dicha sub clasificaci\u00f3n fue atendida por el Juez encausado quien repos\u00f3 sus fundamentos a ese tenor, al considerar que el proceso que adelanta la Contralor\u00eda General en contra de H\u00e9ctor Murillo, constituye un cr\u00e9dito del fisco por impuestos; pero, contrario a lo esgrimido por el Despacho accionado, se constat\u00f3 que la obligaci\u00f3n adeudada por el ejecutado por ese concepto, fue producto de las gestiones que realiz\u00f3 como director de la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Santander. <\/p>\n

Concadenado con lo anterior, el Consejo de Estado en sentencia del 4 de octubre de 20072, realiz\u00f3 el an\u00e1lisis del numeral 6 del art\u00edculo 2495, as\u00ed asent\u00f3: <\/p>\n

\u00abQue pese a que las tasas y multas hacen parte del Presupuesto General de la Naci\u00f3n, en cuanto son ingresos corrientes no tributarios, no pueden clasificarse como cr\u00e9ditos del fisco de primera clase, pues el art\u00edculo 2495, numeral 6, del C.C. se refiere concretamente a los cr\u00e9ditos del fisco por impuestos fiscales, los cuales est\u00e1n constituidos \u00fanicamente por los denominados impuestos directos e indirectos.
\n3. Que, en consecuencia, le asiste raz\u00f3n a la apelante respecto de que el cr\u00e9dito por concepto de la tasa legalmente establecida a favor de la
\nSUPERINTENDENCIA BANCARIA (hoy SUPERINTENDENCIA FINANCIERA) y a cargo de la CAJA DE CR\u00c9DITO AGRARIO EN LIQUIDACI\u00d3N debe clasificarse como de quinta y no como de primera clase, y en tal sentido la Sala restablecer\u00e1 el derecho de la actora.
\n4. Que las multas tampoco pueden considerarse como cr\u00e9ditos de primera, sino de quinta clase; sin embargo, como el Tribunal orden\u00f3 su reconocimiento a la CAJA DE CR\u00cbDITO AGRARIO EN LIQUIDACI\u00d3N como cr\u00e9ditos de primera clase, decisi\u00f3n que no fue apelada por \u00e9sta, la Sala no puede modificarla en el sentido de ordenar su reconocimiento como cr\u00e9dito de quinta clase\u00bb. <\/p>\n

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-089 de 2018 precis\u00f3 la postura referente a la naturaleza de la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, la cual coincide con la desarrollada por esta Sala reiterada en diversas providencias: <\/p>\n

\u00ab (\u2026) consiste en una graduaci\u00f3n de los mismos efectuada por el legislador, que corresponde al juez aplicarla en los procesos judiciales y cuya finalidad es cumplir con el pago efectivo de las obligaciones a cargo del deudor, en el orden de preferencia establecido, de tal suerte que si obligaciones pecuniarias del deudor frente a diferentes acreedores no pueden ser cumplidas con los bienes existentes, se pagar\u00e1n hasta donde sea posible y de acuerdo con el orden fijado por la ley\u00bb. (Sentencias STC9388-2016, STC9388-2016, STC2598-2015 y STC9907-2015 Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia). <\/p>\n

4. Por consiguiente y de acuerdo a lo expuesto entre l\u00edneas, no existe justificaci\u00f3n para que el Juzgado Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga, se abstenga a ordenar la entrega de los t\u00edtulos judiciales al accionante por concepto de la obligaci\u00f3n contenida en la escritura p\u00fablica N\u00ba 5496 del 27 de diciembre de 2013, si se tiene en cuenta que de acuerdo a las acreencias presentadas al interior del litigio y en orden de prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, le corresponde a su turno al promotor de la queja, pues tal como se conjur\u00f3, dicha obligaci\u00f3n se encuentra establecida como tercera categor\u00eda. <\/p>\n

Entonces, mal pod\u00eda la autoridad judicial acudir a razones ex\u00f3genas para categorizar la acreencia del extremo procesal \u2013Contralor\u00eda General- como de primera clase, cuando el rubro contenido en dicha obligaci\u00f3n hace parte de la cuarta categor\u00eda, circunstancia que impone confirmar la concesi\u00f3n del amparo invocado, para que la funcionaria tutelada eval\u00fae nuevamente los aspectos a que se han hecho alusi\u00f3n y, con base en ellos, proceda a adoptar una nueva determinaci\u00f3n al respecto. <\/p>\n

5. Por \u00faltimo, en punto al escrito de impugnaci\u00f3n allegado por Mar\u00eda Ang\u00e9lica y Mar\u00eda Alejandra Murillo Rodr\u00edguez, quienes se vincularon en el tr\u00e1mite constitucional y reiteraron su inconformismo frente a la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado accionado, acerca de la prelaci\u00f3n de su cr\u00e9dito por cuotas alimentarias que adeuda el ejecutado, las cuales solo dispuso la entrega de aquellas causadas cuando eran menores de edad; se advierte que, la decisi\u00f3n que se tom\u00f3 no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la impugnaci\u00f3n constitucional. <\/p>\n

Habr\u00eda que precisar que la autoridad judicial querellada, indic\u00f3 que el art\u00edculo 134 de la Ley 1098 de 2006 codifica que: \u00ab PRELACI\u00d3N DE LOS CR\u00c9DITOS POR ALIMENTOS. Los cr\u00e9ditos por alimentos a favor de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes gozan de prelaci\u00f3n sobre todos los dem\u00e1s\u00bb; lo que indica que, tal precepto solo se extiende para las obligaciones por concepto de alimentos \u00fanicamente a favor de los ni\u00f1os, ni\u00f1as, adolescentes y no de aquellos que ya superaron la mayor\u00eda de edad. <\/p>\n

Lo expuesto, en contraposici\u00f3n a lo arg\u00fcido por las impugnantes, da cuenta de que la clasificaci\u00f3n se encuentra enmarcada correctamente dentro del art\u00edculo precedente, siendo evidente que la acreencia que la actora pretende se reubique dentro de los cr\u00e9ditos de primera clase, no constituye a los enumerados por el mismo art\u00edculo. <\/p>\n

6. As\u00ed las cosas, las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tDocumento extra\u00eddo de: \thttps:\/\/debitoor.es\/glosario\/definicion-impuesto \t– 2 de diciembre de 2019.
\n2\u0002 \tRadicado \t25000-23-024-000-00257-01 (8686); sentencia del 4 de octubre de \t2007.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado Ponente STC16991-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2019-00417-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diez de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el veintitr\u00e9s (23) de octubre de dos mil diecinueve por la Sala Civil-Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103182","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103182","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103182"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103182\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103182"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103182"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103182"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}