{"id":103183,"date":"2026-07-02T18:28:28","date_gmt":"2026-07-02T18:28:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103183"},"modified":"2026-07-02T18:28:28","modified_gmt":"2026-07-02T18:28:28","slug":"stc16992-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16992-2019\/","title":{"rendered":"STC16992-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16992-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-04040-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Uner Augusto Becerra Largo, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, tr\u00e1mite en el que se dispuso la vinculaci\u00f3n de todas las autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al \u00abdebido proceso, igualdad y debida administraci\u00f3n de justicia\u00bb, que considera vulnerados por el Tribunal accionado al i) no conden\u00f3 por concepto de costas a su contraparte en la sentencia y ii) al omitir considerar que Well Agency la empresa contratada por la accionada, no se encuentra autorizada por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, tal como lo ordena el art\u00edculo 5\u00ba de la ley 982 de 2005 y quienes presentaron hojas de vida como profesionales int\u00e9rpretes y gu\u00edas int\u00e9rpretes, solo cuentan con constancias de asistencias a talleres durante unas horas, pero no con certificados de idoneidad. <\/p>\n

Pretende, en consecuencia, que se revoque el fallo dictado en segunda instancia y se decrete que existe vulneraci\u00f3n por parte de la accionada. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El accionante promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el Banco Mundo Mujer S.A. por la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos de la comunidad, toda vez que no cuenta en sus instalaciones con int\u00e9rprete y gu\u00eda int\u00e9rprete de planta permanente tal como lo ordena la Ley 982 de 2005, en su art\u00edculo 8\u00ba. <\/p>\n

2. El conocimiento de la acci\u00f3n correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal \u2013 Risaralda, autoridad que la admiti\u00f3 y orden\u00f3 las notificaciones y publicaciones de ley. <\/p>\n

3. Enterada la parte demandada, se opuso a las pretensiones y formul\u00f3 excepciones que denomin\u00f3 \u00abcarencia de prueba que demuestre la vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos colectivos de las personas en condici\u00f3n de discapacidad e inexistencia de la afectaci\u00f3n de los derechos colectivos mencionados\u00bb. <\/p>\n

4. Agotada la actuaci\u00f3n correspondiente, el fallador cognoscente dict\u00f3 sentencia el 6 de mayo de 2019, en la cual acogi\u00f3 las pretensiones de la demanda tras considerar que la entidad bancaria s\u00f3lo ha tomado medidas referentes a la garant\u00eda de acceso de personas con sordera, sin herramienta alguna referente a la atenci\u00f3n de la poblaci\u00f3n con ceguera y\/o sordo-ceguera, por tanto, desestim\u00f3 las excepciones formuladas porque la negaci\u00f3n indefinida hecha en el petitorio no fue desvirtuada por la entidad y la inexistencia de int\u00e9rprete y gu\u00eda, afecta los derechos del grupo amparado, por tanto orden\u00f3 que se garantice la prestaci\u00f3n del servicio y se fijen las se\u00f1ales correspondientes. <\/p>\n

5. Inconforme, la entidad financiera demandada interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra aquella determinaci\u00f3n. <\/p>\n

6. Mediante sentencia de 11 de septiembre de 2019, el Tribunal Superior de Pereira confirm\u00f3 el fallo apelado \u00abhabida consideraci\u00f3n de que se comparten los razonamientos jur\u00eddicos planteados por la jueza de primer nivel pues las acciones afirmativas que hab\u00eda implementado la accionada para el d\u00eda en que se tom\u00f3 la decisi\u00f3n fueron insuficientes para garantizar el acceso al servicio financiero de todas las personas con deficiencias orales, auditivas y\/o visuales\u00bb, sin embargo, \u00abhay que decir que a estas alturas dicha amenaza se conjur\u00f3 porque la demandada ya tom\u00f3 la medida conducente para ello\u00bb y en consecuencia declar\u00f3 \u00abla carencia actual de objeto por el hecho superado\u00bb, y no conden\u00f3 en costas en esa instancia. <\/p>\n

7. El accionante promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, aduciendo que en el fallo dictado en segunda instancia, tal Corporaci\u00f3n olvid\u00f3 fijar condena por concepto de costas a su favor, seg\u00fan lo ordena el art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

8. El conocimiento de este asunto, correspondi\u00f3 en primera instancia a la Sala Civil de esta Colegiatura. Surtido el tr\u00e1mite correspondiente para la acci\u00f3n popular, el 16 de octubre del presente a\u00f1o, se dict\u00f3 sentencia concediendo el amparo invocado, y se declar\u00f3 sin valor ni efecto la sentencia de fecha 11 de septiembre de 2019 que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, pero \u00fanicamente respecto de lo relacionado con la condena en costas, para que en su lugar, el Tribunal emitiera una nueva providencia en la que motivara las razones por las cuales hay lugar o no la causaci\u00f3n de tal concepto. <\/p>\n

9. En decisi\u00f3n del 24 de octubre de 2019 el Cuerpo Colegiado convocado dispuso obedecer y cumplir lo ordenado en el fallo de tutela, por lo que orden\u00f3 declarar sin valor ni efecto la sentencia dictada en segunda instancia, en lo referente a las costas procesales y fij\u00f3 como fecha para celebrar la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo el 30 de octubre del presente a\u00f1o a las 10:00 a.m. <\/p>\n

10. Llegado el d\u00eda y hora se\u00f1alados, se surti\u00f3 la diligencia programada, en la cual se precis\u00f3 que no hab\u00eda lugar a fijar costas procesales, por cuanto se demostr\u00f3 que la accionada hab\u00eda contratado a la entidad Well Agency para prestar el servicio de gu\u00eda int\u00e9rprete, de acuerdo al documento expedido el 1\u00ba de abril de 2019, denominado condiciones de la oferta mercantil aceptada por el banco accionado, por lo que result\u00f3 evidente que desde antes de haberse dictado el fallo de instancia hab\u00eda cesado lo vulneraci\u00f3n alegada por el accionante, \u00abEntonces como triunfa el recurso no hay lugar a condenar en costas\u00bb. <\/p>\n

11. En criterio del promotor de la acci\u00f3n se vulneraron sus derechos por cuanto el Tribunal revoc\u00f3 el fallo de instancia, sin tomar en consideraci\u00f3n que la empresa contratada por Mundo Mujer S.A., no se encuentra autorizada por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional y quienes presentaron la hoja de vida no son gu\u00edas profesionales; adem\u00e1s no hubo condena por concepto de costas procesales. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. En auto de 5 de diciembre de 2019, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de todos los interesados para que ejercieran su derecho de defensa. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. De manera preliminar, una vez estudiada la queja constitucional presentada por el tutelante, se deduce sin asomo de duda, que por medio de esta acci\u00f3n de amparo se pretenden controvertir: i) el tema de la falta de condena en costas a su contraparte en la decisi\u00f3n dictada dentro de la acci\u00f3n popular No. 2018-0494 y ii) que no se tom\u00f3 en consideraci\u00f3n que Well Agency la empresa contratada por la accionada, no se encuentra autorizada por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, tal como lo ordena el art\u00edculo 5\u00ba de la ley 982 de 2005 y quienes presentaron hojas de vida como profesionales int\u00e9rpretes y gu\u00edas int\u00e9rpretes, solo cuentan con constancias de asistencias a talleres durante unas horas, pero no con certificados de idoneidad. <\/p>\n

2. En este orden, se debe precisar que el punto relacionado con las costas, no puede ser acogido, tal y como pasa a verse. <\/p>\n

3. Cuando a trav\u00e9s del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica se cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario para que los particulares reclamaran la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, se parti\u00f3 del supuesto de que el titular del derecho no dispusiera de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb. A menos que la acci\u00f3n se utilizara como \u00abmecanismo transitorio\u00bb para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

Cabe recordar entonces que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de subsidiariedad; pues s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho fundamental conculcado. As\u00ed, no se puede considerar la tutela como un mecanismo alternativo o adicional a favor del particular, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de otros derechos de los ciudadanos. <\/p>\n

En concordancia con lo anterior, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regul\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, fij\u00f3 las causales de improcedencia, entre las que se resalta la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb. <\/p>\n

4. En el caso que se somete a consideraci\u00f3n de esta instancia, se observa que el tema de la falta de fijaci\u00f3n de las costas procesales, es un punto que fue objeto de an\u00e1lisis en la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 el promotor del amparo, contra el Tribunal aqu\u00ed accionante, asunto en el cual el 16 de octubre de 2019 se dict\u00f3 sentencia, en la que se declar\u00f3 sin valor ni efecto el fallo de segunda instancia emitido el 11 de septiembre del presente a\u00f1o, que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, pero \u00fanicamente respecto de lo relacionado con la condena en costas, para que en su lugar, esa Corporaci\u00f3n emitiera una nueva providencia en la que motivara las razones si hay lugar o no a su causaci\u00f3n. <\/p>\n

En aras de obedecer lo dispuesto por esta Colegiatura el 24 de octubre de 2019 el Cuerpo Colegiado convocado declar\u00f3 sin valor ni efecto la sentencia dictada en segunda instancia, en lo referente a las costas procesales y fij\u00f3 como fecha para celebrar la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo el 30 de octubre del presente a\u00f1o a las 10:00 a.m. <\/p>\n

La anterior diligencia efectivamente se surti\u00f3, en la cual se precis\u00f3 que no hab\u00eda lugar a fijar costas procesales, por cuanto se demostr\u00f3 que la accionada hab\u00eda contratado desde el 1\u00ba de abril de 2019, a la entidad Well Agency para prestar el servicio de gu\u00eda int\u00e9rprete, por lo que desde antes de haberse dictado el fallo de instancia ces\u00f3 lo vulneraci\u00f3n alegada por el accionante, \u00abEntonces como triunfa el recurso no hay lugar a condenar en costas\u00bb. <\/p>\n

5. Ante este panorama, resulta evidente que los presupuestos para la procedencia del amparo no se hallan cumplidos, toda vez que si el actor se encuentra inconforme con lo dispuesto por el Tribunal en aras de obedecer el fallo de tutela dictado el 16 de octubre del presente a\u00f1o por parte de esta Corporaci\u00f3n, puede acudir a otros instrumentos legales para procurar la defensa de los derechos cuya conculcaci\u00f3n invoc\u00f3. <\/p>\n

En efecto, la peticionaria del amparo, si bien lo tiene, puede acudir al incidente de desacato, que consagra al art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991, el cual establece: <\/p>\n

\u00abCumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deber\u00e1 cumplirla sin demora. <\/p>\n

Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigir\u00e1 al superior del responsable y le requerir\u00e1 para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aqu\u00e9l. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenar\u00e1 abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptar\u00e1 directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El Juez podr\u00e1 sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. <\/p>\n

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso. <\/p>\n

En todo caso, el juez establecer\u00e1 los dem\u00e1s efectos del fallo para el caso concreto y mantendr\u00e1 la competencia hasta que est\u00e9 completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.\u00bb <\/p>\n

A su vez el art\u00edculo 52 del citado Decreto indica: <\/p>\n

\u00abDesacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente decreto incurrir\u00e1 en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios m\u00ednimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiese se\u00f1alado una consecuencia jur\u00eddica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. <\/p>\n

La sanci\u00f3n ser\u00e1 impuesta por el mismo juez mediante tr\u00e1mite incidental y ser\u00e1 consultada al superior jer\u00e1rquico quien decidir\u00e1 dentro de los tres d\u00edas siguientes si debe revocarse la sanci\u00f3n\u2026\u00bb <\/p>\n

6. Resulta, entonces, ostensible, que si el reclamante no ha hecho uso de todos los mecanismos defensivos que le brinda el ordenamiento jur\u00eddico, por medio de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n establecida para tal fin. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como las que aqu\u00ed se discute, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

7. De otro lado, como la censura relacionada con el tema de la idoneidad de la empresa contratada por la accionada, para prestar el servicio de gu\u00eda int\u00e9rprete no fue objeto de pronunciamiento en la acci\u00f3n de tutela que present\u00f3 con anterioridad el promotor del amparo, se proceder\u00e1 a realizar un estudio de este aspecto. <\/p>\n

8. En este orden, como se ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de la administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas. <\/p>\n

9. En el caso sub judice, en sentir del tutelante, la providencia emitida el 11 de septiembre de 2019 por el ad quem, trasgrede sus derechos fundamentales; sin embargo, a partir del examen de tal decisi\u00f3n, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n alegada, pues la citada autoridad judicial, realiz\u00f3 de cara a los argumentos expuestos por la entidad recurrente, a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria que obra en la actuaci\u00f3n, a la normatividad y los precedentes jurisprudenciales, que gobiernan el asunto, concluy\u00f3 que hab\u00eda lugar a confirmar el fallo de instancia, pero que se presentaba una \u00abcarencia actual de objeto por el hecho superado\u00bb,, por cuanto desde antes de dictarse esa decisi\u00f3n hab\u00eda cesado la vulneraci\u00f3n que dio inicio a la acci\u00f3n popular. <\/p>\n

Para arribar a la anterior conclusi\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n

\u00abEl caso concreto que aqu\u00ed se deciden la sala confirmara la decisi\u00f3n que se apela, habida cuenta de que los razonamientos jur\u00eddicos planteados en esa decisi\u00f3n se estiman debidamente fundados, toda vez que las acciones afirmativas que hab\u00eda implementado de la accionada para el d\u00eda en que se tom\u00f3 la decisi\u00f3n, fueron insuficientes para garantizar el acceso al servicio financiero de todas las personas con deficiencias orales auditivas y visuales \u2026, aunque se hace referencia a las excepciones que se plantearon, que se analizar\u00e1n despu\u00e9s de estudiar el triunfo de las pretensiones, en el orden t\u00e9cnico es preciso aclarar que no hay ninguna deficiencia definida en el planteamiento que se hace en la acci\u00f3n popular, cuando se se\u00f1ala entonces que el banco mujer ha incumplido con las garant\u00edas que debe ofrecer para prestar estos servicios al grupo poblacional en situaci\u00f3n de discapacidad y eso porque las negaciones indefinidas no encajan dentro de las nociones que se han planteado en este evento, porque perfectamente aqu\u00ed tenemos datos de tiempo y espacio concretos para entender que no hay ninguna negaci\u00f3n indefinida, en primer t\u00e9rmino es argumento se desecha. <\/p>\n

Para empezar a la disposici\u00f3n legislativa que prev\u00e9 el art\u00edculo 8\u00b0 y que atr\u00e1s menciona es una acci\u00f3n afirmativa impuesta por el Estado a todas las entidades p\u00fablicas y particulares que presten servicios p\u00fablicos y consiste en incorporar en sus programas de atenci\u00f3n al cliente, en servicio de interprete para personas sordas y sordo ciegas, es una carga que los prestadores de servicios deben asumir independientemente de que se trate una entidad Estatal o particular, de manera que es obligaci\u00f3n del banco garantizar el acceso a la informaci\u00f3n y la intercomunicaci\u00f3n de los usuarios con discapacidades o limitaciones auditivas y visuales por intermedio del mentado profesional y es de su cargo la erogaci\u00f3n econ\u00f3mica que de ellos se desprenda una vez realizadas las probanzas y se resalta que la incorporaci\u00f3n que se hizo del contrato de trabajo y una informaci\u00f3n que se requiri\u00f3 sobre los t\u00e9rminos en que Yenny Lucely P\u00e9rez Anacona prestaba el servicio, ese material probatorio y finalmente incorporado en esta instancia y con las posibilidades de publicidad y desde luego de contradicci\u00f3n en esta sede permite que se valore, a ello se suma tambi\u00e9n que la congruencia como se dice atr\u00e1s es flexible en acciones constitucionales, como la de esta especie, as\u00ed entonces revisado el material probatorio se advierte que la entidad antes de que se decidiera este amparo, ya hab\u00eda tomado recaudos suficientes para garantizar el acceso de servicio de personas con limitaciones auditivas. <\/p>\n

Ajust\u00f3 su programa de servicio al cliente a trav\u00e9s del documento que denomin\u00f3 pr-177 pol\u00edticas de atenci\u00f3n prioritaria el m\u00e9todo de atenci\u00f3n y las herramientas empleadas, en s\u00edntesis se orienta a los empleados en torno: a) primero trato especial que requiere este grupo poblacional; b) el manejo de las expresiones incluyentes y c) las t\u00e9cnicas de atenci\u00f3n previas a la intercomunicaci\u00f3n virtual con el profesional int\u00e9rprete tambi\u00e9n establece el uso de una alarma preferencial la fijaci\u00f3n de avisos en castellano y sistema braile y la comunicaci\u00f3n mediante el sistema de video llamada con el profesional analistas han contratado por la empresa, eso se puede advertir a los folios 27 y 44 del cuaderno principal, todas estas medidas fueron verificadas en la inspecci\u00f3n judicial Incluso, se hizo una videoconferencia satisfactoriamente adem\u00e1s se constat\u00f3 el uso de un video introductorio de lenguaje de se\u00f1as que muestra al usuario puede mostrar los alimentos establecer la comunicaci\u00f3n con el respectivo experto, ayudas \u00fatiles\u00bb. <\/p>\n

De igual manera, aclar\u00f3 que las labores tendientes a cesar la vulneraci\u00f3n invocada en el libelo no fueron acreditadas en el tr\u00e1mite de instancia, por tanto la decisi\u00f3n del a quo en su momento fue acertada: <\/p>\n

\u00ab\u2026 la accionada dej\u00f3 de acreditar la prestaci\u00f3n del servicio en la primera instancia, pues lo hizo tard\u00edamente; sin embargo, a estas alturas dicha amenaza se ha conjurado, pues ya se adoptaron las medidas conducentes y eficaces para tal situaci\u00f3n, al efecto arrib\u00f3 copia del contrato suscrito con la sociedad y la incidencia relativa al suministro de int\u00e9rpretes y gu\u00edas int\u00e9rpretes para sordo ciegos cuando alg\u00fan usuario as\u00ed lo requieran, folios 122 y 123 del cuaderno n\u00famero uno, consistente en la aplicaci\u00f3n de citas y revisi\u00f3n del profesional a la sucursal con un tiempo de respuesta no superior a 3 d\u00edas; tambi\u00e9n la publicaci\u00f3n tanto en la oficina como en el portal web de informaci\u00f3n sobre este servicio, \u2026 as\u00ed los profesionales que se enviaron tienen la experiencia y capacitaci\u00f3n necesaria para actuar como gu\u00edas int\u00e9rpretes e int\u00e9rpretes; es as\u00ed que se arrimaron tres hojas de vida junto con los respectivos certificados, entre ellas, se destaca la de se\u00f1ora Piedad Jimena Hern\u00e1ndez Villanueva, pues curs\u00f3 variados estudios sobre el lenguaje de se\u00f1as y en especial los de gu\u00edas int\u00e9rpretes no profesionales de soluciones y de sensibilizaci\u00f3n en sensibilizaci\u00f3n en gu\u00eda interpretaci\u00f3n y mediaci\u00f3n para personas sordociegas \u2026 esos instrumentos son id\u00f3neos y suficientes para garantizar el acceso al servicio p\u00fablico financiero de las personas con sordo ceguera, dado que se aviene a las pautas legales del art\u00edculo 8\u00b0 de la ley 982, que se recuerda se\u00f1ala en su parte final mediante convenios con organismos. <\/p>\n

De esa manera entonces aparece infundado el alegato del actor que se centr\u00f3 en que el experto debe permanecer en las instalaciones de la sucursal, esa medida no puede calificarse con base en la demora la que debe someterse al usuario para la corporaci\u00f3n, tres d\u00edas es un plazo razonable que no atenta contra el principio de oportunidad de acceso a los servicios p\u00fablicos, incluso puede rese\u00f1arse que no se requiere que el interesado se acerque a las instalaciones del banco, para enterarse sobre la prestaci\u00f3n de servicio, la accionada tambi\u00e9n lo divulga en su portal web, por lo tanto cualquiera de sus allegados, los familiares, vecinos o amigos podr\u00e1n requerir que le agende una cita y as\u00ed recibir la atenci\u00f3n financiera que requiera la protecci\u00f3n especial que el legislador ha dispuesto para este grupo de personas propende por la inclusi\u00f3n social y acercamiento los servicios p\u00fablicos a los cuales tiene acceso cualquier persona del com\u00fan que no padezca ning\u00fan tipo de discapacidad, por ello el trato preferencial es un medio eficaz para equipararlos con el resto de la sociedad y permitirles vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida; sin embargo, esta directriz no puede traducirse en la imposici\u00f3n de medidas excesivas como las que reclama el actor, pues es dable que se emplee cualquier otro instrumento siempre que sirva para cumplir los fines que sea propuesto el legislador y que ya se han mencionado. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, no cabe duda que la amenaza del derecho colectivo acceso de acceso al servicio p\u00fablico financiero, ya ces\u00f3, no hay objeto jur\u00eddico en este momento para que permita fallar las \u00f3rdenes que se impartan, entonces resultar\u00edan inocuas; en consecuencia, se declarar\u00e1 la carencia de objeto por hecho superado\u00bb. <\/p>\n

5. De lo anterior, surge palpable que la pretensi\u00f3n del gestor del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la parte convocada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha. <\/p>\n

Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Por ello, la parte accionante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera le desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.), <\/p>\n

No existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que la accionada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de la parte tutelante. <\/p>\n

7. Las anteriores razones se estiman suficientes para negar el amparo pretendido. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional reclamada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC16992-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-04040-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Uner Augusto Becerra Largo, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103183","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103183","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103183"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103183\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103183"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103183"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103183"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}